Paquete tecnológico y alimentos fumigados. El envenenamiento silencioso de las ciudades llega en forma de frutas y verduras con más químicos que nutrientes. En Santa Fe un fallo judicial ejemplar obliga al Estado a controlar niveles de agrotóxicos. La receta del negocio agroindustrial no cierra sin mal nutrición. En este contexto, la agroecología marca la cancha hacia la soberanía alimentaria. La mirada de la especialista Miryam Gorban nos ayuda a entender qué estamos comiendo.
[dropcap]E[/dropcap]n noviembre de 1996 Miryam Gorban se tomó un avión a Roma. En nombre de las nutricionistas argentinas fue a participar de la Cumbre Mundial de la Alimentación. En ese encuentro empezó a escucharse el concepto de soberanía alimentaria. Quien llevó ese debate a la Cumbre –el concepto había nacido en junio de ese año- fue Vía Campesina, un movimiento internacional que nuclea a organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas. Ese mismo junio, Felipe Solá, por entonces Ministro de Agricultura del gobierno de Menem, autorizó el ingreso de la soja transgénica en Argentina. Miryam Gorban -Licenciada en Nutrición, Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, recientemente nombrada Doctora Honoris Causa- recuerda que ya en esa época conocían algunos de los efectos que provocaría el paquete tecnológico en la salud: resistencia a los antibióticos y producción de reacciones adversas.
El principio precautorio respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías signifiquen un riesgo grave para la salud o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva. Ese principio fue violado y hoy la soja ocupa el setenta por ciento de los campos sembrados, que se extienden también al maíz, algodón y otros transgénicos habilitados en los últimos años.
Según investigaciones comandadas por el Doctor Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) -organismo que depende de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet-, Argentina lidera el ranking mundial en el uso de plaguicidas por habitante por año. Miryam remarca que las universidades de Rosario, Córdoba y La Plata ya se pronunciaron sobre la base de experimentación en terreno y sobre los efectos que ha producido en la salud, en especial en los niños, considerando a Entre Ríos como la zona de mayor exposición. Hoy, con veinticuatro otoños fumigados la evidencia sobra. “Son los pueblos fumigados los que están pidiendo justicia. Son los niños internados en el Garrahan con leucemia, cuyas internaciones implican un costo muy alto”, dice Miryam. Explica que si bien el modelo ha sido redituable para los sojeros dueños de los campos, al Estado no le resulta tan beneficioso porque las arcas que entran por un lado salen por el otro. “El Estado tiene que cumplir la ley de protección a los enfermos oncológicos cubriendo todos los medicamentos que necesitan y que son sumamente caros. Es un círculo vicioso del que cuesta salir”.
Miryam se encarga de traer a la mesa un hueso duro de roer, un debate pendiente desde que Argentina nació como nación: quiénes son los dueños de la tierra. En una conformación donde el setenta por ciento son pequeños productores que no acceden a la tierra y que al mismo tiempo son quienes vuelcan sus productos en el mercado interno, la pregunta queda sonando. “El planteo de la Unión de Trabajadores de la Tierra es producir alimentos sanos, seguros y soberanos. Queremos que alrededor de las ciudades haya escudos verdes, granjas de producción de alimentos sanos para que las grandes ciudades tengan auto-suficiencia alimentaria y no que estén fumigadas”. Estos deseos chocan con la realidad y el envenenamiento que pareciera quedar circunscripto a los pueblos fumigados llega a las ciudades en forma de frutas y verduras con más químicos que nutrientes.
Enrique Zárate es abogado ambientalista y desde hace mucho viene estudiando cuestiones relacionadas con los agrotóxicos que se presentan en sociedad con el eufemismo de productos fitosanitarios. En diciembre pasado salió favorable un fallo judicial cuya presentación había hecho el propio Zárate seis años antes con el acompañamiento de la ONG Taller Ecologista. Lo primero que hicieron en 2013 fue pedir información ambiental para ver si se estaban realizando los controles de agrotóxicos en frutas y verduras. De esa manera pudieron comprobar que aunque tanto el municipio de Rosario como la provincia de Santa Fe declaraban hacer los controles respectivos, esa información era inaccesible para la población. En consecuencia, presentaron un recurso de amparo en la órbita provincial y nacional. Recolectaron frutas y verduras de un negocio minorista del centro de Rosario y enviaron esos productos al laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Los resultados indicaron que más del cincuenta por ciento de los productos tenían restos de agrotóxicos. Esos elementos fueron presentados como recurso de amparo en el Juzgado de la Tercera Nominación de Rosario y en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la Doctora Aramberri, para que se hicieran los controles en el orden nacional, provincial y municipal y para que los ciudadanos tuvieran acceso a esa información.
El abogado Zárate explica que los elementos presentados fueron obtenidos a través de escribanos notariales y de la Bolsa de Comercio de Rosario “que tiene un laboratorio muy completo”. Cuenta que en la órbita federal la jueza Aramberri hizo un análisis a cuenta del Juzgado que fue coincidente con el que ellos habían presentado. “Dieron resultados de alimentos altamente contaminados. Nosotros impulsamos esos procedimientos hasta que llegamos a una sentencia con muy buenos resultados en el ámbito provincial y en el nacional”. El fallo federal, que establece la obligación del SENASA para hacer los controles, fue apelado con un recurso extraordinario y la resolución está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo de Santa Fe está firme y abarca a todo el territorio de la provincia. Establece la obligación del Estado de realizar cuatro muestreos semanales y ciento seis semestrales en los mercados de concentración de Santa Fe y de Rosario. Los resultados de las muestras serán elaborados por el PRINARC (Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos) de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Litoral, y van a ser dados a la población mediante una página web. “El PRINARC es una institución señera y tiene muy buenos antecedentes. Trabajan hace mucho y tienen un cromatógrafo que mide la dosificación de agroquímicos en frutas y vegetales”, explica Zárate. En el convenio se establece que cuando se determinara quién introdujo los agrotóxicos en los productos tendrá sanciones muy grandes como el pago de miles de litros de gasoil. En el caso en que no se pudiera detectar el origen del producto, se hará responsable al puestero.
Miryam cuenta más de veinte años de lucha y dice que en ese contexto el fallo va a ayudar; que a pesar de la evidencia hay quienes siguen discutiendo; que si hay algo perverso es lo que están haciendo los sojeros de Entre Ríos que cortan la ruta para seguir fumigando escuelas, desoyendo el fallo de la Corte Suprema de Entre Ríos; que el desmantelamiento de los organismos del Estado como el INTI, el INTA o el Senasa conspira contra los controles; que para hacer los controles se necesitan las leyes.
Miryam no duda en afirmar que “nos están envenenando” pero sí duda en identificar “hasta qué punto no es una regulación demográfica que atenta contra el crecimiento de la humanidad”. Habla de la nueva forma de dominación de los territorios y menciona la guerra por el agua. “Salió la lista de precios cuidados y hay nueve marcas de agua embotellada, cuando tenemos que garantizar el acceso al agua gratuita”. Desde el modelo agroindustrial se fue instalando un discurso que pretende ligar indisolublemente la producción a gran escala con el paquete tecnológico. La ecuación indicaría que no existe otra forma posible de trabajar la tierra cuando la población aumenta. Sin embargo, Miryam se encarga de desterrar el mito: “la población viene aumentando desde que nacimos y la producción la acompañó. No es un problema de mayor producción. En este momento producimos para doce mil millones de habitantes y somos siete mil”. En este sentido, Miryam ubica el problema en la distribución y todo vuelve a girar sobre la misma pregunta: quiénes son los dueños de los alimentos.
La agroecología es un modo de producción ancestral pero eso no implica para Miryam volver a la mula y al arado. “Tenemos que regresar con la tecnología que hoy tenemos a la producción que permitió que se multiplicara por millones la población de la humanidad”. Recuerda que hace treinta años el único destino del alimento que se producía eran los seres humanos y que actualmente ese alimento se divide en varios estómagos: humanos, animales y automóviles. “En estos veinte años apareció la utilización del alimento con fines diferentes a los de alimentar a la humanidad. La vaca era anaeróbica y se alimentaba a pasto; ahora están en lugares cerrados que se llaman feedlot”.
El eje Miryam lo pone en la mal nutrición. A la desnutrición crónica se suma el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso, dice, no es por exceso de alimentación sino por alimentación inadecuada con carencia de micronutrientes. “No es solamente la oferta en calorías, para crecer y desarrollarnos en plenitud también necesitamos hierro, calcio, minerales, vitaminas. Eso en un proceso de mal nutrición como el que atravesamos no está presente”, explica.
Tuve tu veneno
El clorpirifós es un insecticida comercializado para controlar plagas de insectos y se vende tanto para la agricultura como para el uso doméstico en jardines. Es un tóxico que perjudica al sistema nervioso central y puede producir malformaciones congénitas, problemas neurológicos, incoordinación motora, deterioro del crecimiento y de la reproducción. En los análisis que hicieron de las muestras de frutas y verduras de Rosario, además de clorpirifós encontraron entre otros tóxicos cipermetrina y metamidofos, todos productos perjudiciales para la salud que fueron prohibidos en Estados Unidos y en la Unión Europea. “La combinación del crorpirifós y la cipermetrina es una droga de altísima peligrosidad”, explica Zárate. Dice que estos productos son disruptores endócrinos que intervienen en la función hormonal produciendo autismo, afectando la reproducción y trayendo anomalías. Como son mutagénicos, atacan el ADN de la célula. “La historia de la célula está en su ADN y si lo modifican las células mutan, cambian de estructura, y ese es uno de los comienzos del cáncer”, completa el abogado. En los análisis encontraron hasta sextuplicada la cantidad de miligramos que se puede aplicar en los productos, es decir, que no solamente se encontraron productos peligrosos sino que van más allá de los límites fijados a nivel nacional.
Miryam plantea una concepción integral de la salud como condición indispensable de cara a la soberanía alimentaria. Dice que el consumo de los alimentos en las condiciones actuales está provocando graves problemas de salud porque afecta al metabolismo hormonal en general y son las hormonas las que regulan el organismo. Aclara que si bien el glifosato quedó como bandera en realidad se hace referencia a todo el paquete tecnológico, y recuerda un estudio hecho en Rosario en el cual el setenta y cinco por ciento de los alimentos en las góndolas de los supermercados tenían restos de pesticidas o derivados industriales de estos venenos. También menciona algunos indicadores de los campamentos sanitarios que estudiaban las realidades de los pueblos fumigados, en donde aparecían dentro de las primeras causas de enfermedad la hipertensión, el hipotiroidismo y la diabetes. “No es solamente el cáncer, es el desequilibrio hormonal en su conjunto. Aparece el problema de la obesidad en gran escala, sobre todo en los niños en edad escolar. Son muchas las derivaciones que esto tiene y es mucha la inversión en salud pública para paliar esos efectos que son los que tenemos que visibilizar”. Las relaciones entre la salud y el modelo productivo son directas. Por eso Miryam plantea la necesidad de elaborar una política pública articulada con todos los actores. “No podemos decir un discurso parcializado. La política pública abarca todos los órdenes”.
Enrique Zárate hizo la especialización en Derecho Ambiental y fue Presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados durante veinte años. Como no es nuevo en el tema no le sorprenden los intereses pecuniarios de aquellos que prefieren envenenar a la población a costa de maximizar sus ganancias. Como no es nuevo en el tema decidió hacer las presentaciones judiciales como una forma de poner un freno a las lógicas productivas actuales. Como no es nuevo en el tema considera que una forma de darle andamiaje al asunto es que la justicia tome las riendas, exija y persiga a las personas que nos alimentan con agrotóxicos.
El fallo es uno de los primeros en la órbita nacional. Es la primera vez que un fallo judicial obliga al Estado a hacer cumplir estos controles. Zárate explica que en Mar del Plata se empezaron a hacer los controles de forma incipiente pero la población sigue sin acceder a esa información. Por eso cree necesario que las demás provincias adhirieran y hagan un trabajo parecido para poder controlar los alimentos. “Nos interesa darle publicidad a esto para que la gente se entere que tiene el derecho de hacer cumplir estos actos judiciales”. El abogado dice que el fallo es un comienzo que marca un camino a seguir; que no es algo que se solucione de la noche a la mañana; que hay que seguir pidiéndoles a las autoridades que informen; que vale la pena porque está en juego toda la comunidad.
En una nota publicada por Deolinda Carrizo, militante de La Vía Campesina Argentina, se plantea que para erradicar el hambre no sólo hay que pensar en la seguridad alimentaria, es decir, en que las familias tengan acceso a una determinada cantidad de alimentos que cubran sus necesidades, sino que “hay que poner en el foco qué alimentos producimos como país, quiénes los producimos, de qué forma y para quienes”.
Poner sobre el tapete los entramados del mundo de la alimentación, ya sea con demandas judiciales o investigaciones periodísticas, genera movimientos que sacuden el estado de las cosas. Soledad Barruti, periodista especializada en alimentación y autora de los libros Mal Comidos (2013) y Mala Leche (2018), fue intimada mediante una carta documento por la Presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, Mónica Katz, para que no la mencione más en sus artículos y redes sociales. En la intimación amenaza a la periodista con iniciarle acciones penales.
Miryam vuelve a arrojar una mirada integradora. Su discurso interpela, incomoda, provoca. Vincula el sistema agroindustrial con la crisis climática en la cual se suceden las sequías, las inundaciones y los incendios como el de Australia o el del Amazonas. “La agroecología es el camino, también para enfriar el planeta. Todo está relacionado con el modelo capitalista de producción”.
