En Rosario se recrudece la violencia con más de un asesinato por día en lo que va del año. La apuesta del nuevo gobierno provincial en el Ministerio de Seguridad parece tener sus consecuencias en las calles. Es la realidad contra un lema de campaña.
[dropcap]S[/dropcap]on 17 homicidios en 14 días. Cuatro de esas víctimas murieron apuñaladas en contexto de discusión, y en uno de esos casos un chico mató a su padre. Otros dos murieron en un supuesto intento de robo, tanto el ladrón como el robado, que era gendarme. Los once restantes fueron baleados en circunstancias similares: personas que llegaron o pasaron a bordo de un vehículo y gatillaron. Uno de esos casos, el que terminó con la muerte de Enrique Encino, baleado desde la calle cuando estaba en un balcón del casino City Center el sábado 11, puso en vilo a la provincia. Se trató de un crimen distinto, sin motivación directa sobre la víctima. Entonces, funcionarios y especialistas relacionaron esa acción a un nuevo tipo de intimidación de sectores vinculados a negocios ilegales que se vieron afectados por las medidas del nuevo Ministerio de Seguridad de la provincia. A partir de ahí las preguntas. Si es posible que esta purga de la policía santafesina no provoque un reguero de muertes todavía más profundo. Si es posible no recaer en viejas recetas de la mano dura para intentar sobrellevar los cimbronazos que estos cambios acarrean. Las dos parecen muy difíciles en este terreno en el cual la inseguridad social es el termómetro de los gobiernos.
No es extraño que el Departamento Rosario padezca un aumento de la violencia en el primer mes del año. Según cifras oficiales enero de 2014 tuvo 32 homicidios, en 2015 hubo 27 de los cuales doce ocurrieron en los primeros diez días. En 2016 y 2017, los años en que descendieron las cifras de homicidios, hubo 20 y 19 respectivamente. En 2018 hubo 17 pero todo creció en los meses posteriores, en los que para abril se alcanzó la cifra de 87 crímenes. El año pasado hubo 14 y fue, según el entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, el enero menos sangriento en doce años. Las explicaciones a los inicios de año violentos viraron siempre en pocas opciones: primero fue la disputa desquiciada por el territorio entre bandas que manejaban el negocio de las drogas, después fue el reacomodamiento de bandas por la prisión de sus líderes, y en los últimos dos años la explicación estuvo relacionada a las limitaciones del gobierno provincial por no adherir a la ley de narcomenudeo. Pretendían, con la adhesión a la ley nacional 26.052, que el Estado provincial tuviera competencia para investigar y perseguir penalmente al mercado de drogas a pequeña escala, que suele ser la motivación de tanto crimen.
Pero en este 2020 el aumento de la violencia, que llevó a que en dos semanas hubiera más crímenes que en todo diciembre de 2019, parece tener otras motivaciones. Los funcionarios del gobierno de Omar Perotti lo relacionan a una serie de decisiones encaradas por el Ministerio de Seguridad que llegaron para hacer tambalear lo que la gestión del gobierno socialista no pudo o no quiso enfrentar en sus años.
“Tenemos años de experiencia en esto. Ustedes sabrán lo que hacen, pero no los vamos a defender ni por la malversación de un cucurucho de helado”, avisó en su presentación oficial el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, ante los jefes de las unidades regionales de la policía provincial. En el mismo discurso se refirió al levantamiento del servicio de custodia en los edificios públicos de Rosario, que desde el 2018 fueron blanco de ataques a balazos, y dijo que le había costado “tres tuits ordenar el problema”. Sain, que tiene una prolongada trayectoria como especialista y teórico en materia de seguridad, se mostró confiado, fue filoso y minimizó la capacidad de la policía provincial en comparaciones con otras más preparadas. Eso quizás no cayó bien en el sector policial, no solo en quienes después se verían comprometidos con la remoción de sus cargos, sino con el resto de la institución, que se sintió atacada, tal como lo sostuvo la agrupación policial Apropol, que se autoproclama como sindicato aunque no es reconocido legalmente.
Aunque el paso más fuerte de Sain fue la decisión de encarar una renovación de la policía. “Vamos a iniciar un trabajo de revisión de la institución policial. No los vamos a tirar por la ventana. Tienen un crédito por el tiempo que les toque conducir esto, que es un crédito como el mío. Porque tenemos responsabilidad política. Yo el mes que viene puedo estar afuera. Ustedes también. Tenemos que tener conciencia del lugar que ocupamos», dijo probablemente anticipándose a los costos que podrían tener ese tipo de decisiones. En los primeros días después de su asunción el ministro intervino la Jefatura policial de San Lorenzo, que tiene a oficiales imputados por estar ligados a Esteban Alvarado, un narco de peso en la región. Los días siguientes pasó a retiro a 31 comisarios y recientemente desplazó al jefe de la Unidad Regional II, de Rosario, Claudio Romano, a quien el jefe de la policía provincial, Víctor Sarnaglia, responsabilizo de “no haber cumplido los objetivos que se le fijaron al nombrarlo”.
Sobre todo a partir del crimen en City Center, el gobierno provincial cree que la ola de violencia y las balaceras registradas el 3 de enero contra el Centro de Justicia Penal y el 10 de enero contra una sede de la Secretaría de Asuntos Internos, están relacionados a una reacción de los sectores que se vieron afectados por estos movimientos. En la madrugada del lunes posterior al ataque al Casino fue detenido Maximiliano D., un hombre de 30 años a quien relacionan con Los Monos, como posible partícipe de la balacera.
“El ataque a balazos al casino este sábado está asociado a una necesidad de buscar conmoción social y desestabilización política. Esto se inscribe en que desde el primer día de este gobierno se tomó la decisión de romper con el vínculo histórico entre la policía y el crimen. Y en esto hay que ser claro: en todas las investigaciones donde se desarticularon organizaciones narco en la provincia se detectó una fuerte protección policial. Y esa protección era de la alta jerarquía de la fuerza de seguridad, que duró en esos cargos durante mucho tiempo”, dijo el ministro Sain al periodista Germán de los Santos en una entrevista para La Nación.
En esa sintonía se pronunció Carlos del Frade, periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular. “Por primera vez en la historia política de la democracia en la provincia de Santa Fe se hace una purga policial. Eso generó el corte del flujo de dinero en las cajas negras sobre la cual se están moviendo las fuerzas policiales que son integrantes de las bandas narcos policiales que hay en Rosario, en Santa Fe, en San Lorenzo, en Reconquista. Están llenando de muertos a la ciudad de Rosario, a partir de lo que significa justamente sacar del juego ilegal y del manejo de la política a esos tipos que forman parte de la mugre policial”, dijo en charla con enREDando. Para el diputado el asesinato en el casino también tiene una particularidad: “Es un hecho que se inscribe en los relatos de la etapa terrorista en que se convierten ciertas bandas narcos como ha pasado en México, Colombia o Brasil, que cuando hay un atisbo de cambio político en las fuerzas de seguridad que son los que administran los negocios ilegales, quieren generar miedo en la población para que el poder político termine resignando esos cambios en la estructura madre, que son las estructuras de las fuerzas de seguridad”.
Antecedentes
Carlos del Frade trajo a colación el nombre de León Arslanián, ex juez y ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires que desde su asunción en 1998, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, encabezó una purga policial que en cuatro meses removió a 270 policías de alto rango. Eran los tiempos de la maldita policía bonaerense, acusada de cientos de casos de gatillo fácil y corrupción. Con Arslanián se dio un proceso de reforma policial que se vio arrinconado porque, paralelamente, el aumento de la violencia en las calles comprometió al gobierno en materia de seguridad. Eso promovió que en el marco de la campaña electoral de 1999 el candidato a gobernador Carlos Ruckauf, también del peronismo, se despegara del lineamiento “garantista” del ex juez. Cuando finalmente asumió la gobernación, con Arslanián ya afuera de su cargo, Ruckauf se inclinó por un perfil manodurista, puso al carapintada Aldo Rico al frente de Seguridad y frenó la reforma policial.
Arslanián volvió a encarar la reforma cuando asumió nuevamente el cargo con el gobierno provincial de Felipe Solá, a partir del 2003. Pero, otra vez acorralados por el incremento de la violencia, cuando en 2007 asumió Daniel Scioli se encaró una contrarreforma que dejó a las intenciones del ex juez en un camino inconcluso.
Los fierros
El asesinato en el casino tiene todas las características para definirlo como un mensaje mafioso y un acto terrorista. Pero también es cierto que en los últimos años han ocurrido muchos crímenes similares, en otros sectores de la ciudad también frecuentados pero no tan conocidos. Muchas personas, incluso niños, han sido asesinadas en los rincones olvidados de Rosario en los que el terror se hace presente más seguido. Soledad Gómez, por poner un ejemplo reciente, tenía 14 años cuando murió al quedar en medio de una balacera en Lima al 2700, Villa Banana, en abril de 2019.
Se entiende el mensaje del crimen en el casino. El terror se genera cuando ocurre de forma inaudita, y así se profundiza el miedo de que le puede ocurrir a cualquiera. La cuestión es cuándo, por qué y cómo se naturalizó el terror en los otros sectores de la ciudad. Porque lo que eso generó ya está a la vista.
En estos días el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia, dijo que no todos los crímenes recientes están ligados a las disputas por drogas. Varios de ellos ocurrieron por conflictos entre personas que se dirimen a los tiros o a las puñaladas. “Una sociedad muy violenta”, explicó. Aunque dicha violencia está tan indefinida como el origen de los recursos que se tienen a mano para materializarla.
“Venimos denunciando un contrabando de armas que hace de la ciudad de Rosario un lugar de exportación”, sostuvo Carlos del Frade. “En Argentina el año pasado se exportaron 1500 armas de altísima tecnología diseñadas en Estados Unidos, que llegaban desarmadas y fueron exportadas a Brasil desde Rosario, que es un mapa con altísima democratización de las armas. Por eso es tan fácil conseguir un arma. Ese problema nunca fue tenido en cuenta por las administraciones anteriores y debe ser tenido en cuenta por esta administración”. Para el diputado el narcotráfico y el contrabando de armas son “dos caras más detrás de las cuales existe el flujo de dinero ilegal que se lava en el principal circuito de dinero que tiene la Argentina, que es el circuito exportador de San Lorenzo y Rosario”.
Una bala en la recámara y los federales otra vez
Sarnaglia habló de una sociedad muy violenta el mismo día en que firmó la resolución 001/2020 de la Jefatura de la Policía de la Provincia, que dejó sin efecto una de 1998 y autorizó al personal policial a poseer un cartucho en la recámara de su arma reglamentaria. No se trata, sin embargo, de algo que pueda llegar a ser determinante. Es una resolución meramente administrativa porque, si bien aquella resolución de 1998 lo regulaba, es cierto que la policía santafesina suele ser rápida para el disparo. Los 66 homicidios a manos de efectivos de la provincia registrados por el Ministerio Público de la Acusación en los últimos cinco años pueden ser un indicador. Será, en todo caso, una herramienta más para el relato policial de la violencia urbana.
Lo que se desliza por detrás de esa resolución del jefe de la Policía puede ser una suerte de jugada estratégica. Por un lado un guiño de camaradería policial ante tanto tirón de oreja por parte del Ministerio de Seguridad. Por otro, un mensaje directo a la opinión pública que, conociendo el historial reciente de la ciudad, no tardará en reclamar por políticas de mano dura.
En esa sintonía Sarnaglia también aseguró que en los próximos días estarán llegando entre dos mil y tres mil efectivos de las fuerzas federales a la provincia. Según explicó, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación le manifestaron el compromiso para el envío de agentes de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
A corto plazo la llegada de los federales puede servir como un acompañamiento necesario para continuar con el horizonte planteado por el Ministerio de Seguridad y tratar de paliar las consecuencias: el aumento de la violencia en las calles. Pero en caso de sostenerse en el tiempo como una carta a mano para calmar los reclamos de la opinión pública, solo se tratará de más demagogia punitiva. Una estrategia política repudiada hasta el hartazgo por los movimientos de derechos humanos que ya ha demostrado su fracaso.
Así lo explica el Centro de Estudios Legales y Sociales en su informe Hostigados: “El fenómeno del ‑miedo al delito‑ y las demandas por mayor seguridad se intensificaron desde mediados de la década de 1990 hasta convertirse en uno de los temas principales y permanentes de las agendas políticas y mediáticas. Esta preocupación social y política no implicó que las problemáticas ligadas al delito y la violencia fueran abordadas teniendo en cuenta los efectos sobre grupos históricamente maltratados y discriminados. Antes bien, primaron enfoques punitivos y soluciones efectistas y demagógicas que, muchas veces, agravaron los problemas de seguridad”.
Foto: Juan José García.
