El socialismo deja el gobierno provincial después de doce años de mandato y diez años de ejercicio de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las consecuencias de todo lo que no se hizo o se hizo mal quedarán en manos de la nueva gestión.
Durante el año que se va se cumplió el décimo aniversario de la aprobación de la Ley Provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Una ley que se adaptó a la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley Nacional 26.061 que buscaron un cambio en el paradigma desde el cual el Estado intervenía en casos de vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia. Del sistema tutelar a la protección integral, todo un logro desde lo discursivo. En este diciembre el socialismo se despidió del gobierno provincial después de doce años y tres gestiones en los cuales, en lo que respecta a la citada ley, en la práctica ha estado muy distante de sus 74 artículos. O al menos se ha pasado estos años corriendo de atrás, tapándole sus huecos, a ese montón de supuestos que se habían planteado como ideales y se manifestaron, en muchas ocasiones, inalcanzables. Durante estos años la ciudad de Rosario, que acentuó tanto sus contrastes -tan linda pero tan turbia-, necesitó de aquel sistema de protección integral pero prácticamente no lo tuvo. Los únicos privilegiados fueron de los que más padecieron.
“Explotaba Rosario”, dice Javier, trabajador de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social desde principios de 2012. Que Rosario explotaba significa que había padecido cambios muy bruscos en muy poco tiempo. Los barrios más pobres de la ciudad se adaptaron como eslabón de un circuito de negocios ilegales que no empezaba ahí pero sí manifestaba en ellos su cara más violenta. Chicos menores de edad y jóvenes de veintipocos años empezaron a protagonizar una dinámica social atravesada por la violencia en la forma de relacionarse con sus pares, con sus contras, con las fuerzas de seguridad. Las estadísticas que indicaban algo certero fueron las de homicidios: un incremento llamativo en la cantidad de adolescentes asesinados en el marco de ese contexto. Y después, sin llegar a generar el impacto de una muerte, estaban los que bien podrían catalogarse como sobrevivientes. “Trabajábamos el riesgo de vida del joven en el territorio, que mayormente eran adolescentes de entre 14 y 17 años, que les tiroteaban la casa, o eran baleados, o estaban internados en el HECA”, dice Javier. Se refiere a su trabajo en el extinto equipo de “Crisis”, de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario.
Esa explosión en Rosario significó que el sistema de protección que había inaugurado la Ley 12.967 atravesara una ampliación en la población sobre la cual debía poner su foco. A las vulneraciones de derechos de niñas y niños más típicas y sostenidas en el tiempo se le agregaron las consecuencias de aquel contexto violento desencadenado por los entramados del comercio de drogas ilegales. Las víctimas del consumo, o sus hijos e hijas. Las víctimas -también protagonistas- de la violencia necesaria para instalar y sostener en aquellos territorios esas formas de vivir. Y, además, las víctimas de la violencia que, por fuera de estos circuitos, se naturalizó como modo de relacionarse.
La Ley 12.967 buscó conformar al “Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia” para diseñar, coordinar e implementar políticas públicas que impulsen, defiendan y reestablezcan derechos. Para eso consideró necesaria la articulación entre provincia, municipios, comunas, el poder judicial y organizaciones de la sociedad civil trabajando bajo esa misma lógica, la del “interés superior” de los sujetos que comprende la ley. Incluso, en su artículo 34, la ley crea la Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia, con representantes de los ministerios de Desarrollo Social; Gobierno y Reforma de Estado; Salud; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Innovación y Cultura; Producción; y Economía.
El sistema de protección está integrado por el llamado Primer Nivel de Intervención, destinado a actuar en situaciones de urgencia dentro del territorio, y formado por: Centros de Acción Familiar, centros de día y guarderías, centros de salud, escuelas y equipos socioeducativos, vecinales, e incluso comisarías, entre otras instituciones. Y luego, si ese primer nivel no pudo superar o prevenir una vulneración, se pone en marcha el Segundo Nivel de Intervención: equipos de guardia, equipos territoriales, instituciones de alojamiento transitorio estatales o con convenio, equipos de vinculación familiar. Estos actúan con la aplicación de Medidas de Protección Excepcional, que de acuerdo a la ley implican retirar a la niña, niño o adolescente de su centro de vida si es necesario, pero con una temporalidad establecida de noventa días que solo puede superarse si las causas que originaron la aplicación de la medida se sostienen.
“Yo empiezo a trabajar en la Dirección de Niñez a fines de 2011, como parte del Programa de Acompañantes Personalizados. Ahí me voy enterando del contexto de la ciudad por el contacto con cada pibe, se estaba poniendo muy picante. Pibes en medio de tiroteos, implicados en asesinatos, relacionados a los narcos del barrio”, recuerda Iván, otro ex trabajador de la Dirección de Niñez, actualmente en otra área de Desarrollo Social. “Nos decían que íbamos a tener que laburar con todos esos pibes, protegerlos, lo que legalmente era obligatorio, pero en lo práctico era inviable”, explica.
Es difícil establecer donde empieza el problema. Si son decisiones políticas, si es consecuencia del siempre carente presupuesto destinado a las áreas de promoción y protección de derechos de la niñez y la adolescencia, o si se trata de la íntima relación entre una y otra. Lo cierto es que al paso de los años la protección integral fue complicándose al punto de que lo dicho en la ley 12.967 rompiera distancia con lo hecho en la práctica. O fallaba -falla- el primer nivel de intervención, entonces las Medidas de Protección Excepcional se hicieron más frecuentes y menos temporales porque, claro, las causas que originaban las medidas se perpetuaban. O la articulación interministerial buscada por la ley no funcionaba porque, claro, Desarrollo Social tenía que proteger al chico pero otros ministerios sostenían perspectivas distintas, quizás directamente punitivas. Entonces la desarticulación, la improvisación, el cortoplacismo: el discurso y la realidad tan distantes.
Iván recuerda, por haberlo vivido de cerca, el asesinato de Leando Zini, año 2011, barrio Industrial, en medio de un robo. Del hecho había participado Jonatan G., un chico que por entonces tenía 15 años. “Seguridad Comunitaria tenía que construir legitimidad con la clase media, y le pedía a la Dirección de Niñez que actúe, considerando que actuar era castigar”, explica Iván para graficar con un caso extremo los choques de perspectiva entre una y otra área del Estado. Aquello de la inviabilidad de lo obligatorio. Ante otros casos -como un menor de edad con consumo problemático insistente en un centro de salud para conseguir psicofármacos- la respuesta empezó a ser la toma cada vez más frecuente de Medidas de Protección Excepcional. “Está bien, derivan un pibe porque es necesario, ¿pero están pensando en el chico o están pensando en que en el centro de salud no se haga quilombo porque el pibe está yendo a buscar pastillas?”, se pregunta Iván.
El recorrido por las instituciones del llamado Primer Nivel de Intervención deja ver puntos en común sostenidos en el tiempo: escuelas y jardines de infantes desbordados, centros de salud que no dan abasto en cuanto a turnos, personal e insumos, barrios sin clubes o espacios deportivos públicos, falta de instituciones donde abordar el consumo problemático de sustancias, y comisarías que -además de sostener una relación violenta con los jóvenes- generan más temor que seguridad entre los vecinos. Algunas de estas instituciones, y también dispositivos vinculados a Desarrollo Social, están atravesados por otro factor: la precarización laboral. Es un combo que provoca una forma de trabajar arraigada a la improvisación, sujeta a la posibilidad constante de cambios de equipos de trabajo, de traslado de referentes para las niñas, niños y adolescentes.
Aunque, en palabras de los trabajadores, se asoman otras posibles causas del fracaso de los primeros niveles de intervención. “Una vez desde un área de Seguridad nos preguntaron si sabíamos lo que era el doble pacto”, dice Iván refiriéndose a la forma en que se llama al involucramiento policial en los entramados delictivos. En el año 2013 Marcelo Saín, flamante ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, lo describió así: “Este doble pacto implicó, por un lado, la delegación del gobierno de la seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las cúpulas policiales (pacto político-policial). Y, por otro lado, el control de los delitos, y en especial de la criminalidad compleja, por parte de la policía a través de su regulación y su participación (pacto policial-criminal). Este doble pacto está en la base del problema actual”.
En el tema en cuestión en más de una ocasión ocurrió lo siguiente. Chicos vinculados de una u otra manera a negocios ilegales corren riesgo de vida, entonces son retirados de sus barrios en el marco de Medidas de Protección Excepcional pero no pueden volver: porque el doble pacto. “Se puede articular todo lo que quieras, pero ya hay un pacto que limita”, dice Iván. Javier coincide: “A veces la articulación sale solo de los trabajadores para generar un espacio confortable para el pibe. Pero que el barrio sea peligroso es un negocio, porque es un lugar en el que se manejan cosas sobre las cuales la ley no llega. El sistema necesita de lugares peligrosos para que no entre cualquiera a ver lo que está pasando”.
“A Niñez lo que le pasó fue hacerse cargo de un montón de cosas que no le correspondía. Muchas veces para trabajar en estas problemáticas tenemos que tener todas las patas puestas. Eso no pasa, los ministerios están separados”, dice Javier para reforzar. “Los centros de salud, las escuelas, se encuentran desprotegidos. En esos lugares en los que no hay cuidados, donde están permitidas un montón de cosas y donde realmente el trabajador de un centro de salud pone su vida en riesgo, se genera miedo y apuro para tomar una medida excepcional cuando en el primer nivel no se hizo todo”.
Pero el problema no termina en el primer nivel de intervención y tampoco lo es solo que se tomen medidas excepcionales de manera cada vez más frecuente. Sino que continúa en sintonía con la falta de recursos y la precarización laboral del primer nivel. Entonces, encima que se toman medidas excepcionales en exceso, no hay una estructura para sostenerlas de acuerdo a como lo plantea la ley. El último informe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes sobre el asunto, titulado “Las instituciones de acogimiento en la provincia de Santa Fe”, indicó que de 41 instituciones consultadas -entre estatales y conveniadas- en toda la provincia, el 71 por ciento aseguró que alojaba niñas, niños o adolescentes con medidas excepcionales vencidas, que superaban el año y medio de aplicadas. Los resultados del informe fueron lapidarios, y quizás mucho se reflejó en este dato: el 56 por ciento de las instituciones consideraron que era insuficiente la cantidad de acompañantes convivenciales y que el 60 por ciento de los trabajadores tenían contratos informales o ni siquiera tenían contrato; y que en un 90 por ciento calificaron como regular o mala las articulaciones con la Subsecretaría de la Niñez.
Ante la situación precaria de las instituciones estatales la ley dejó un hueco que la Subsecretaría llenó con convenios con alojamientos como hostales, hoteles y pensiones. Y también con convenios con instituciones de salud de gestión privada, que al paso del tiempo abrieron la puerta a otra problemática: la vulneración de derechos y la falta a lo establecido en otras leyes como la nacional de Salud Mental 26.657. Los ya conocidos casos de las comunidades terapéuticas bonaerenses como San Camilo, o las locales IMPAR, San Felipe o el Sanatorio Neuropático, donde murió Lucas Figueroa, algo nunca investigado por las autoridades. Casos que en enredando ya contamos varias veces y que ya no funcionan como revelación, aunque sí como panorama a las nuevas gestiones que se encontrarán con una herencia tan pesada como disimulada.
La toma de una medida excepcional es sugerida por un equipo de trabajo interdisciplinario (ETI). Pero, acá también, el tema no empieza ni termina ahí. En otras ocasiones trabajadores del programa de Acompañantes Personalizados contaron a enredando que en la Dirección de Niñez había cargos superiores que pasaban por encima de las recomendaciones de los ETI y adecuaban la toma de medidas excepcionales a las instituciones de alojamiento disponibles. Y que, sobre todo a partir del año 2016 y durante el 2017, muchas medidas excepcionales estuvieron motivadas por la necesidad de correr del escenario público a jóvenes que habían protagonizado situaciones violentas en la Dirección de Niñez.
Y luego, qué pasa con las instituciones privadas que continúan vulnerando derechos. “Hay lugares regularizados para alojar al joven. ONG, centros de días, que en los folletos dicen una cosa pero después te encontrás con otra. Si hay convenios es porque garantizan que el joven alojado en ese lugar va a estar cuidado. La responsabilidad no puede caer contra el trabajador sino contra el que regula los convenios con esos lugares”, dice Javier al respecto. En ese sentido resulta fundamental el trabajo de las áreas destinadas a la supervisión y monitoreo: el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, las direcciones de salud, o la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, creada por la Ley 12.967, aunque su trabajo se ha limitado a generar informes estadísticos y resoluciones con recomendaciones a la Subsecretaría, más que a prevenir vulneraciones de derechos o tomar medidas sobre las ya ocurridas.
*Por la seguridad laboral de los entrevistados, sus nombres completos quedan reservados.
