En los 46 meses que corrieron desde diciembre de 2015 a octubre de 2019 desaparecieron en nuestro país 16 empresas por día, al tiempo que se perdían 27 puestos laborales diarios. Un despido cada tres minutos en un país marcado por el pulso de una deuda que creció 860 dólares por segundo. Fueron 46 meses de un dolor abierto y sangrante en el costado.
[dropcap]E[/dropcap]l 12 de enero del 2016 publicamos en enREDando la primera de una serie de crónicas abordando las políticas económicas de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, y su impacto en el ámbito laboral.
«Los trabajadores de Paraná Metal, Frideco y Vassalli -entre otras muchas empresas de la región- buscan alternativas a la hora de gambetearle al fantasma de la desocupación. Postales dolorosas de una provincia que fue será», escribimos en aquella primera crónica de enero de 2016.
Un trabajo que comenzamos a plantear en octubre de 2015, convencidos del hecho de que a partir de la llegada al poder de los herededos de la última dictadura militar comenzaríamos a sufrir un proceso sistemático de destrucción del trabajo, que decantaría -como lo había señalado Rodolfo Walsh- en una miseria planificada. La primera parte de ese trabajo fue editada en abril del 2018 por el Grupo Editorial La Chispa, bajo el título de «Los días que vivimos en peligro. La destrucción del trabajo en la región».
Reunimos allí más de doscientas voces de trabajadores y trabajadoras, periodistas, economistas, poetas, delegados y delegadas sindicales, investigadores e investigadoras, desocupados y desocupadas. Voces cruzadas por angustias, reflexión, intemperie e indiferencias. Desde la salida del libro, esas voces -esos testimonios- se multiplicaron. Comenzaron a llegar no sólo a partir de la entrevista directa, de la llamada telefónica, de la visita a la fábrica, sino que que se hicieron cartas, notas, mensajes de texto o WhatsApp, audios, fotos domésticas. Mensajes desesperados, para los que tratamos de ser -apenas- botella y mar. En el camino, vivimos en carne propia -una vez más- ese instante profundamente oscuro de contar a nuestro pibe que nos habían despedido del laburo, al mismo tiempo que vimos naufragar un proyecto periodístico colectivo que supo sobrevivir, incluso, la crisis del 2001.
Fueron 45 meses de gobierno de la Alianza Cambiemos hasta este octubre de primaveras renovadas. Un tiempo largo donde –al decir del periodista y diputado provincial Carlos del Frade- se aplicó el Plan DDT: Devaluación, Despidos y Tarifazos.
En estos 45 meses, el gobierno de Mauricio Macri motorizó un programa económico de transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados de la economía. Como describimos en esta misma página, «devaluación, quita de retenciones, desregulación cambiaria y financiera, despidos masivos del sector público, política de no intervención del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales desatados por suspensiones y cesantías en el ámbito privado, aumentos de tarifas, apertura indiscriminada de importaciones, desmantelamiento de los ámbitos destinados al control de los formadores de precios, reincorporación del país al ámbito del FMI, rebaja de impuestos a bienes suntuarios y autos de alta gama y suspensión de servicios del PAMI fueron algunas de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos».
Los efectos están a la vista: «el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo; se derrumbó el circuito de consumo de los sectores populares; el salario real se redujo; creció el desempleo, al tiempo que cayó el trabajo temporario; la industria -a excepción de sectores ligados al agronegocio- agoniza, mientras las pequeñas y medianas empresas comienzan a cerrar sus puertas; las economías regionales están al borde de la quiebra al tiempo que crece la importación en todos los rubros; cayó la inversión al ritmo del crecimiento vertiginoso de la deuda externa; y los tarifazos y los aumentos de combustibles sentencian la continuidad de una inflación que sigue impactando de lleno no sólo en los bolsillos de los ciudadanos comunes, sino en el corazón mismo del aparato productivo nacional».
Por día, desaparecieron 16 empresas y se perdieron 27 puestos laborales.
Un despido cada tres minutos.
El pulso de un país que se endeudó en 860 dólares por segundo.
Fueron 45 meses de un dolor abierto y sangrante en el costado. Estigma impuesto a las mayorías populares con el hierro candente de un modelo económico que sólo encuentra referencia en los años de la última dictadura militar. «Son 45 balazos al alma del pueblo», me escribe el periodista oriundo de Totoras, Darío Tauil.
Fin de ciclo
La agonía sigue abierta, de cara a un futuro sumamente difícil.
Un informe elaborado por la Fundación Observatorio Pyme revela que las pequeñas y medianas empresas industriales despidieron 30.000 empleados a lo largo del tercer trimestre del año 2019. La cifra representa una caída del 5% interanual en el total de personas registradas laboralmente, y constituye un escenario repetido por tercer trimestre consecutivo, desde fines de 2017. La devaluación «post PASO» encontró al sector con realidades diferentes: la actividad en las medianas empresas (aquellas que cuentan entre 51 y 250 empleados) creció 9,1% interanual -luego de tres trimestres de caídas-; mientras que en las pequeñas firmas (que emplean entre 10 a 50 trabajadores) bajó 4,2%.
«Las dificultades de financiamiento hasta septiembre de 2019 aumentaron 21% en forma interanual para las industrias manufactureras de menor dimensión», advierte el informe, y prosigue: «en términos de expectativas sobre algunas variables centrales para el fin de 2019, la mayoría de las pymes manufactureras no prevén aumentos de las ventas al mercado interno ni de la planta de personal ni de las exportaciones, pero sí un incremento en sus precios de venta».
Al mismo tiempo, un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos publicados en el Boletín Oficial, advierte que entre los meses de julio y septiembre de 2019, siete empresas entraron en concurso o quebraron por cada día hábil. El relevamiento abarca la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, donde están radicadas el 61% del total de empresas de la Argentina. La proyección de esos resultados a todo el territorio nacional marca que en el tercer trimestre de 2019, once empresas entraron en concurso o quebraron por día. En comparación con el mismo período del 2016, el registro de concursos y quiebras se duplican.
El informe de CEPA, sostiene que «cuando los procesos preventivos, concursos y quiebras aumentan significativamente es debido a que las condiciones macroeconómicas hacen inviable que se mantenga la actividad por causas que le son ajenas. Lo que en definitiva ocurre es un proceso de destrucción económica de valor». Ese promedio de once empresas diarias «representa tanto un indicador de la gravedad de la crisis económica actual, como una alerta sobre el riesgo sistémico en el futuro cercano de continuarse tensionando la cadena de pagos y el deterioro sobre la situación financiera de las empresas», dice el CEPA.
El propio registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) confirman la dimensión del estrago: sólo en los últimos 12 meses se dieron de baja 12.953 empresas de la lista de «empleadores». En septiembre de este año hay exactamente 9.405 empresas menos – entre industria, comercio y transporte- que en el mismo mes del año 2018.
El reciente Informe de Seguridad Social de la Afip puntualiza también que en los 45 meses de gobierno de la Alianza Cambiemos, la cantidad de empleadores registrados ante el organismo pasó de 568.737 «empleadores registrados» en diciembre de 2015 a 546.287 en septiembre de 3019.
Es decir: desaparecieron 22.450 empresas. En promedio, representan 498 empresas por mes. Son 16 empresas cerradas por día.
El derrotero de los sectores productivos coincide en la gravedad de la situación: la industria metalúrgica registró en septiembre una disminución de 8,1% interanual, de acuerdo con datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). El sector acumula 17 meses de caída, mientras que el nivel de producción en la actualidad es similar al que había en 2006, al tiempo que el nivel de empleo en el sector metalúrgico en la actualidad es similar al que había en 2007.
El 42% de las empresas redujeron las horas extras y un 16% redujo la jornada laboral durante el mes de septiembre; en tanto que el 11% de los empresarios afirma haber solicitado el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o proceso preventivo de crisis.
Pocos días atrás, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó al gobierno de Mauricio Macri declarar la «Emergencia PyME», para afrontar la dura crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante la gestión de Cambiemos. «En la Argentina, las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica ya que representan el 44% del PBI nacional», sostuvo CAME, que puntualizó también que sólo en los últimos doce meses cerraron 1.734 empresas manufactureras.
A su tiempo, la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) plantearon «la necesidad de declarar la emergencia en el sector». Los números que manejan las entidades son drásticos: desde el año 2017 a la fecha se perdieron 40.000 puestos laborales en el sector de la construcción en todo el país. Sólo en la provincia de Santa Fe, la crisis abarca a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras.
En forma paralela, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), Horacio Jerez, afirmó que sólo en el complejo del calzado son 12.000 los empleos perdidos desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, y puntualizó que el sector resultó «uno de los más afectados por la profunda crisis económica» desatada por el gobierno de Cambiemos. Las cifras reveladas por el propio INDEC certifican el estado terminal de la industria del calzado: en el último cuatrimestre del año 2018, el sector del calzado registró una nueva caída del 17,2% interanual.
Alma de win
En aquel enero del 2016, la crónica marcaba el cierre del frigorífico Frideco, en Totoras; la resistencia de los trabajadores de Paraná Metal, en Villa Constitución; y la pelea de los operarios de Vassalli en Firmat.
Después de 45 meses, en Totoras la planta del frigorífico continúa cerrada, puesta a la venta por sus dueños. Enorme herida abierta en el corazón de una ciudad entristecida, y solidaria.
En Villa Constitución, la ciudad marrón, la planta fabril que ocupara las vidas de operarios y operarias de Paraná Metal fue comprada en subasta pública por la Companhia Florestal do Brasil, que pagó cuatro millones de dólares por el predio y todas las instalaciones. Por el momento se desconoce el destino que la empresa oriunda de San Pablo, Brasil, tiene para el inmueble.
En Firmat, la mítica firma Vassalli logró sobrevivir a fuerza de coraje, sostenida por el empuje de la Unión Obrera Metalúrgica, que tomó la planta para evitar su vaciamiento y terminó hechando a empujones a un puñado de contratistas que hicieron negocio devastando la empresa.
Son 45 meses como 45 balazos. Y sin embargo, el pueblo. En las calles, en las movilizaciones, en las fábricas tomadas o paradas, en las asambleas, en las bibliotecas populares, en las aulas de nuestras escuelas públicas. Hombres y mujeres apretando los dientes, yendo a buscar, creando resguardos ante tanta intemperie programada, con la cabeza alta y las medias caídas, inventando la gambeta obrera que permita mantener viva la esperanza del zurdazo contra reloj, buscando estremecer la red para subirnos al alambrado y quedar abrazados, felices, junto a nuestra gente.
Hombres y mujeres enlazados en memoria, rebeldía y esperanza. Como pide aquella enorme canción del juglar Ariel Prat: «Sobre la hora, sobre la hora / cuando los flojos lloran y está cerquita el fin / quiero ver sobre la cancha / a aquellos que se bancan tener alma de win…»
