A 40 años de la histórica llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina, una delegación del organismo vuelve al país para participar de distintas actividades. Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, la CIDH, dependiente de la Organización de los Estados Americanos, llegaba a estos arrabales para recoger testimonios, visitar cárceles y recorrer varias ciudades del país, trazando un breve aunque necesario mapa de la violación de los derechos humanos bajo la dictadura militar. Parte de ese recorrido se hacía público en el «Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina», aprobado el 11 de abril de 1980.
[dropcap]C[/dropcap]uarenta años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retorna a la Argentina. En este caso, en una visita protocolar, que llegará a Buenos Aires para participar en una serie de actividades sobre la temática de los derechos humanos y los distintos tipos de violencias. No hay en esta oportunidad inspección ni monitoreo alrededor de la situación de los derechos humanos en el país, aunque desde la asunción de la Alianza Cambiemos la CIDH advirtió al presidente Mauricio Macri en varias ocasiones: el caso de la prisión de la dirigente Milagro Sala, la criminalización de las manifestaciones sociales y las condiciones de hacinamiento en comisarías de la provincia de Buenos Aires, con su saldo de muertes evitables -el caso de Pergamino, por ejemplo- son casos puntuales donde el organismo reclamó al gobierno nacional sobre la vulneración de derechos.
1979: La Comisión
«La CIDH ha recibido en los últimos años, antes y después del pronunciamiento militar de marzo de 1976, denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Argentina, a las cuales ha dado el trámite reglamentario. Expresó además, en diferentes oportunidades, a representantes del Gobierno argentino su preocupación por el número cada vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades fundamentales del hombre».
Así comienza el «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina», resultado de la «observación in loco» llevada a cabo por esa Comisión en nuestro país desde el 6 y hasta el 20 de septiembre de 1979, hace 40 años.
La llegada de la Comisión estuvo precedida de un pedido formal realizado a las entonces autoridades del país, instaladas a partir del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Como respuesta, «el gobierno argentino, por nota del 18 de diciembre de 1978, extendió a la CIDH una invitación para realizar esta observación in loco», originalmente programada para el mes de mayo de 1979, relata aquel informe.
Por distintos motivos, la visita fue aplazada, y la delegación -integrada por Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro, Marco Gerardo Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo, más personal técnico y administrativo- comenzó finalmente sus actividades el 6 de septiembre de aquel ’79.
«El propósito de la visita es realizar una observación relativa al respeto de los derechos humanos, a las denuncias acerca de violaciones a dichos derechos y estudiar y analizar la situación de la materia a efecto de preparar un informe», sostenía el primer comunicado de prensa de la Comisión, recién llegada al país.
Las entrevistas
A partir del 7 de septiembre se sucedieron las entrevistas con el máximo representante de la dictadura, el teniente general Jorge Rafael Videla, la Junta Militar de Gobierno integrada por el teniente general Roberto Viola, el brigadier general Omar Graffigna y el almirante Armando Lambruschini, el entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Adolfo Gabrielli, y otros tantos funcionarios ejecutivos, de las fuerzas de «seguridad» y de la llamada «justicia» de la dictadura, a nivel nacional y provincial.
Las entrevistas abarcaron a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, y al mismo tiempo, se concretaron encuentros con los ex-presidentes de la Nación: Arturo Frondizi, los generales Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse, Héctor Cámpora -refugiado en la Embajada de Méjico- e Isabel Martínez de Perón dejaron su testimonio. Otro general, Juan Carlos Onganía, se negó a recibir a la delegación.
También se escucharon las voces de representantes de los partidos políticos mayoritarios, asociaciones profesionales, gremiales, sindicales, comerciales y empresarias.
En forma paralela, brindaron su relato las entidades del campo de los derechos humanos: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y las imprescindibles Madres de Plaza de Mayo.
La lucha diaria de las Madres
En esos encuentros, la representante de Madres planteó: «la experiencia que nos dio esta lucha diaria, menuda en sus logros, nos hizo madurar. Comprendimos que ‘cada caso’ era ‘todos los casos’, que de lo individual debíamos pasar a lo genérico. Si todos los casos tenían connotaciones similares podía llegar a darse una definición de lo que era un ‘desaparecido’. Es tan nueva esta acepción de la palabra que al usarla la encomillamos. Urge pues precisar el trozo de realidad que se cubre con este nuevo uso del término ‘desaparecido’. Y pasar así a la norma del sistema».
«Queda ahora abierto el camino para que las instituciones que salvaguardan el cumplimiento de los derechos humanos puedan pronunciarse, no ya sobre un caso particular, sino sobre la organización de las desapariciones como sistema de represión», indicó ante los miembros de la Comisión internacional, y con una lucidez entrañable, la referente de las Madres de los pañuelos, que para entonces tenían ya tres años de ronda constante contra el olvido y la impunidad.
El testimonio de la representante de Madres señaló también la historia por venir: «debemos asimilar esta verdad porque es nuestro compromiso con las generaciones futuras. Sino quedará por siempre una sombra de tristeza en los descendientes de esta generación tronchada y no llegará la paz a tanto familiar desolado. Siempre mirará a su alrededor pensando en qué lugar incógnito podrá seguir sufriendo su hijo o qué árbol o qué trozo de cielo recogió su última mirada, su último suspiro, su último pensamiento…»
Las desapariciones
El 20 de septiembre, la Comisión en pleno se reunió nuevamente con Jorge Rafael Videla y sus ministros, y entregó al representante de la dictadura un documento de Recomendaciones Preliminares. Allí, la delegación internacional pidió la libertad de aquellos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin causas razonables, que mejoren las condiciones del régimen carcelario, que se den las seguridades judiciales necesarias y se otorguen las garantías procesales negadas.
Ese documento, entregado en mano al dictador Videla, sostenía: «el problema de los desaparecidos es uno de los más graves que en el campo de los derechos humanos confronta la República Argentina», y recomendaba «que se informe circunstanciadamente sobre la situación de las personas desaparecidas»; «que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a raíz de la detención de sus padres y familiares y los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros familiares cercanos» y «que se adopten las medidas pertinentes a efecto de que no continúen los procedimientos que han traído como consecuencia la desaparición de personas…»
Si bien la Comisión «no está en condiciones de dar una cifra exacta del número de desaparecidos en Argentina», el Informe sostiene que «parece la más verosímil, por concordar con las propias denuncias que ha recibido, la lista que le fue entregada por el Ministro de Interior, general Albano Harguindeguy», confeccionada por APDH, LADH, MEDH y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, «la que comprende un número de 5.818 personas que entre el 7 de enero de 1975 y el 30 de mayo de 1979 fueron aprehendidas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por grupos armados que -prima facie- y casi siempre invocándolo expresamente, actuaban en ejercicio de alguna forma de autoridad pública».
El número -sostiene el documento final de la CIDH- «no abarca a la totalidad de los desaparecidos», aunque «cualquiera que, en definitiva, sea la cifra de desaparecidos, su cantidad es impresionante y no hace sino confirmar la extraordinaria gravedad que reviste este problema».
Las conclusiones
«… por acción u omisión de las autoridades públicas v sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos…», cierra diciendo el Informe presentado por la Comisión Especial el 14 de diciembre de 1979, y aprobado en la sesión del CIDH del 11 de abril de 1980.
En sus conclusiones, el Informe sostiene que esas violaciones han afectado el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la justicia y proceso regular, el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información, los derechos laborales, los derechos políticos, y el ejercicio de determinadas actividades religiosas.
El documento sostiene también que después de la visita de la CIDH «han disminuido las violaciones de estos derechos…»
LOS MEDIOS
«Los argentinos somos derechos y humanos», rezaba la publicidad del Banco de la provincia de Buenos Aires publicada en el diario La Prensa del 5 de septiembre de 1979. La frase -multiplicada en medios de difusión, calcos en los parabrisas de los autos y hasta en los relatos de fútbol- marcó el pulso del discurso oficial de esos días.
La edición del 6 de septiembre del diario Clarín consignaba en su tapa: «Llega hoy la Comisión de Derechos Humanos». Por su parte, el diario La Nación brindaba un ángulo de tapa a la noticia: «La CIDH inicia hoy su trabajo. Se prevén contactos con el Presidente, el canciller y el ministro del Interior. La recibe Lanusse; campaña antiargentina», señalaba el matutino.
«Comisión de Derechos Humanos: ¿Qué buscan?», tituló la revista Somos su edición del 7 de septiembre de 1979. En la portada, un civil de rostro adusto -representando al presidente de la delegación, el venezolano Andrés Aguilar- observaba con una lupa gigantesca a un militar que se mostraba sorprendido. En la revista, Monseñor Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica, se preguntaba: «¿Cómo puede hablar de derechos humanos Estados Unidos, un país que ha tenido un millón de abortos en un año?». Los titulares de portada del diario Crónica de ese día pintaron el clima del país: «Oficial: detenidos a disposición del PEN: 1.438 personas»; «La Junta Militar recibe a la CIDH»; y «Más derecho y humano imposible: de La Quiaca hasta el Japón… Argentina corazón..!», en referencia a la final de la Copa Mundial Juvenil, donde Argentina -en la que descollaba un joven Diego Maradona- enfrentaba al «oso ruso». El juvenil terminó derrotando a la Unión Soviética en el lejano Japón, y la madrugada argentina estalló en los gritos de gol, a partir de las transmisiones de Radio Rivadavia, con José María Muñoz en los micrófonos, y Radio Mitre, donde Julio Lagos llamaba al festejo en las calles. El mismo Muñoz sentenció: «Vayamos todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los señores de la CIDH que la Argentina no tiene nada que ocultar».
El diario La Nación, del 22 de septiembre, fue el encargado de brindar la posición oficial de la dictadura ante la CIDH. Lo hizo en palabras del ministro del Interior, Albano Harguindeguy: «No nos hemos confesado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos hemos limitado a exponer los hechos. La Argentina sólo se confiesa ante Dios».
Desde las columnas de El Cronista Comercial, Mariano Grondona ya lo había explicado claramente el 12 de septiembre: «por creer que el derecho a la seguridad es un derecho humano que el Estado debe proteger, los argentinos recibimos hoy la visita de la CIDH. Esto es lo malo. Que están aquí porque somos derechos y humanos».
El testimonio de la región
El 18 de septiembre de 1979 la delegación viajó a la ciudad de Rosario.
Allí recogió la versión «oficial» a partir de los encuentros con el comandante del 2º Cuerpo de Ejército, general Adolfo Jáuregui; el jefe de la Unidad Regional II de Policía de Santa Fe, teniente coronel Horacio Berdaguer y el juez federal Rafael Carrillo Avila. Unos días antes, una delegación de Familiares había viajado desde Rosario a Buenos Aires para denunciar ante el organismo internacional la represión desatada en el sur santafesino.
El Informe de la CIDH publicado en 1980, resume una serie de casos testigos para demostrar las violaciones cometidas por el Estado argentino y que fueran constatadas en aquella visita.
Ese documento hace pública la situación de Sergio Hugo Schilman (Caso 4674), estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario.
Relata el informe: «La Comisión recibió en Argentina la denuncia sobre el arresto arbitrario, malos tratos y torturas del joven Sergio Hugo Schilman, quien había sido detenido el 22 de agosto de 1979, en Rosario, lugar de su domicilio, por personal que se identificó como perteneciente a la Unidad Regional II de la Policía de la provincia». El joven fue «posteriormente liberado, en estado muy grave, debatiéndose entre la vida y la muerte…»
La CIDH presentó el caso ante el Ministro del Interior, Albano Harguindeguy, quien «ofreció una investigación exhaustiva al respecto». El 7 de diciembre de 1979, el gobierno argentino entregó a la Comisión información sobre el caso, indicando cínicamente que «se ha podido constatar la efectiva producción de apremios ilegales en la persona del causante, así como determinar la identidad de los presuntos responsables».
«Los ocho oficiales de la policía de la Provincia de Santa Fe, actualmente detenidos, serán juzgados próximamente por Consejo de Guerra», sostenían en el colmo de la burla los máximos responsables de la represión.
El caso Schilman
Como lo registró la CIDH, Sergio Schilman fue secuestrado el 22 de agosto de 1979, y trasladado a la «División de Informaciones» -en realidad, el Servicio de Informaciones- y trasladado al Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, pleno centro de la ciudad de Rosario, donde funcionaba la Jefatura de Policía. Permaneció detenido desde la 1:00 del día 23 hasta las 20:00 del día 28; y fue allí brutalmente torturado.
En mitad de su secuestro, el 24 de agosto, lo llevaron a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ramón Carrillo Ávila. A pesar de las amenazas, exhibió al juez las marcas de la tortura en su cuerpo -que al final del cautiverio sumarían 242 marcas de picana eléctrica en el torso y el rostro-. El juez respondió que no era tiempo de esa denuncia, que era juzgado por su actividad política -Schilman, que tenía 25 años, militaba en el Partido Comunista (PC)- y lo devolvió al Servicio de Informaciones.
Con el estado público del caso, con gestiones de su padre y ante la llegada de la CIDH, Shilman fue liberado el 28 de agosto. Apenas recuperó su libertad, denunció públicamente las torturas a las que fue sometido: «durante mi detención he sido víctima de todo tipo de tormentos que pusieron en peligro mi propia vida… las torturas de las que fui objeto con posterioridad a las 12.30 del 24 de agosto de 1979 fueron de tal magnitud que motivaron mi internación en terapia intensiva de CAMI, ubicado en Pellegrini 1353 de esta ciudad (Rosario), donde estuve al borde de la muerte».
En noviembre de 1980, el jefe de la División Informaciones, comisario inspector Rubén Guzmán, reconoció la detención de Sergio Schilman; y remitió al juzgado federal número 3 de Rosario, a cargo del doctor Rafael Carrillo Avila, la «nómina completa del personal» de la mencionada división.
En junio de 1981, el entonces delegado interventor de la Unidad Regional II, teniente coronel Rodolfo Enrique Riegé, escribió que «el procedimiento policial en el cual resultara detenido el causante así como su permanencia, alojado en la división Informaciones de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, durante el período comprendido entre los días 23 al 28 de agosto de 1979, fue concretado bajo ‘control operacional’ producto de órdenes impartidas por la ex jefatura de Area 211 (actual Comando Sub Zona 21) del Comando Cuerpo Ejército II, habiéndose ya instruído actuaciones sumariales con motivo de presuntas irregularidades cometidas por personal policial bajo control operacional durante esas fechas».
En la detención, tortura y cautiverio de Schilman participaron los oficiales Alberto José Antegiovanni, César Heriberto Peralta, Roberto Scardino, Hugo Carlos Colombo, Ramirez, Carlos Urpiano Altamirano, Lucio Cesar Nast, el auxiliar Mario Alfredo Marcote y el principal José Rubén Lo Fiego. En esos días, la División Informaciones rosarina estaba a cargo del comisario inspector Rubén Mario Guzmán; mientras que el delegado interventor de la Unidad Regional II era el teniente coronel Milcíades Verdaguer
El periodista Carlos del Frade -que investigó los delitos cometidos en el Servicio de Informaciones de Rosario- puntualiza que con anterioridad, el 4 de noviembre de 1980, la doctora María de las Mercedes Caballero, del poder judicial de la provincia de Córdoba, sobreseyó a los policías rosarinos José Carlos Scortechini, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, Nicolás Citriglia, Alberto José Antegiovanni y Enrique Daniel Ferrara, imputados de los delitos de «privación ilegítima de la libertad y robo calificado o reiterados».
La represión en Villa Constitución
«Preocupa a la Comisión que desde hace varios años, pero especialmente a partir del 24 de marzo de 1976, dirigentes sindicales han sido apresados en centros industriales del país sin orden judicial, detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o han desaparecido», consigna el documento final de la CIDH. En el marco de esa observación de las cotidianas violaciones a los derechos laborales, la CIDH se entrevistó -entre otros dirigentes sindicales- con Alberto Piccinini, «secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución detenido desde 1975 en la aislada cárcel de Rawson, destinada a presos calificados de mayor peligrosidad».
Piccinini había sido detenido el 20 de marzo de 1975, durante el llamado «Operativo Serpiente Roja del Paraná», ordenado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
El Operativo se implementó -de acuerdo a la explicación oficial- debido a «un complot subversivo tendiente a paralizar la actividad industrial, con epicentro en Villa Constitución», descubierto por los organismos de inteligencia del Estado.
Sesenta procedimientos, desde el norte de Gran Buenos Aires hasta la santafesina San Lorenzo. En ese marco, Villa Constitución es sitiada por las fuerzas represivas Cuatro mil efectivos de las llamadas «fuerzas conjuntas», más 500 matones a sueldo y grupos de la Juventud Sindical Peronista (JSP), fundada por José Ignacio Rucci, tomaron la ciudad.
Fuerzas «legales» y acciones clandestinas de la Triple A. Más de 300 obreros fueron encarcelados. Otros secuestrados, torturados y asesinados. La Comisión Directiva de la seccional de la UOM, excepto Luis Segovia, cae detenida: Alberto Piccinini, Juan Rodolfo Acuña, Benicio Donato Bernachea, Dante Melchor Manzano, Adolfo Onorato Curti y Aragón son alojados en la Jefatura de policía de Rosario. También es detenido el secretario general de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución, Carlos Sosa.
Como respuesta a la represión, se lanza la huelga general por tiempo indeterminado hasta la libertad de todos los detenidos. La huelga metalúrgica del sur santafesino se extendió a lo largo de 59 días, con el apoyo de los pequeños comerciantes de la zona, abarcando -entre otras localidades- a Arroyo Seco, Villa Diego, Rosario, San Nicolás y Figueras.
Pero la represión se profundizará. Villa Constitución sumó, al final de la dictadura, más de una treintena de militantes desaparecidos y asesinados. La ciudad fue, en 1975, el campo de ensayo de lo que después se aplicaría en todo el país.
Tanto Piccinini como los demás dirigentes villenses fueron absueltos en la causa por «complot» en primera instancia por el juez federal Guillermo Tschopp en 1977. La absolución fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 1978. Más allá de la absolución, ya instalada la dictadura de Videla, Massera y Martínez de Hoz, los dirigentes sindicales metalúrgicos Piccinini, Acuña, Bernachea, Manzano y Curti continuarían arrestados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, «en virtud del Estado de Sitio, por decretos suscriptos por la ex-presidente de la Nación, María Estela Martínez».
El mismo Piccinini recordó -ante este medio- aquella jornada del 20 de marzo de 1975: «es una fecha triste para nosotros. Fue una gran represión, donde nos encarcelaron a alrededor de 300 compañeros, una represión que no se hizo sólo en Villa Constitución sino en todo el cordón industrial, y que terminó con largos años de cárcel, con una huelga heroica de los obreros metalúrgicos sostenida a lo largo de dos meses. Esa represión causó una derrota muy grande al movimiento obrero».
Los pasos de Norma
«El número total de denuncias recibidas asciende a 5.580, de las cuales son nuevas 4.153, que se encuentran en proceso de tramitación», y se suman a las 1.261 denuncias que la CIDH registraba antes de su llegada al país, detallaba el Informe final de la CIDH.
Una de esas 1.261 denuncias anteriores, que motorizaron aquella visita del organismo internacional, fue radicada con fecha 26 marzo de 1979 por Norma Birri de Vermeulen.
«Mi hijo fue detenido el día 1 de abril de 1977 en la intersección de las calles José Ingenieros y Mario Antelo, de la ciudad de Rosario, por personal policial sin que hasta la fecha se conozca la causa de dicha detención, ignorándose igualmente su paradero», resumía aquella denuncia, en breves cuatro líneas tipeadas a máquina, la historia de la desaparición de Osvaldo Mario Vermeulen, y la búsqueda de su mamá, Norma.
Osvaldo fue detenido el 1 de abril del ’77, en el corazón del barrio Lisandro de la Torre, de Rosario, alrededor de las cinco de la tarde. Una hora después, personal de la Jefatura de Policía allanó el domicilio de Norma. Siete automóviles, entre patrulleros y autos particulares, sitiaron la casa para detener a la compañera de Osvaldo. Recién el 3 de mayo, la esposa de Osvaldo Vermeulen recuperó su libertad.
En la sede de Jefatura, el subcomisario Raúl Haroldo Guzmán, Jefe de la División Informaciones de la Unidad Regional II, le indicó al esposo de Norma que «recibieron una llamada telefónica que decía que había dos personas sospechosas en calles J. Ingenieros y M. Antelo»; y que al llegar un patrullero Osvaldo «huye de a pie, perdiendo la campera con sus documentos».
Sin embargo, Norma -como tantas Madres rosarinas- no se conformó. Fue al lugar señalado. Recorrió baldosa por baldosa el largo de la cuadra. Preguntó. Buscó. Mostró las fotos queridas de Osvaldo a cada vecino. Así pudo reconstruir aquellos minutos de su hijo: estaba en esa esquina, junto a un amigo, cuando un grupo de tareas le dio la orden de detención. Buscó refugio en el interior de un negocio, en José Ingenieros 1820. Frente a la dueña del local, de un cliente y de varios vecinos, se lo llevaron.
Los pasos de Norma siguieron marchando, en aquella escalera de cortada Ricardone; se multiplicaron después cada jueves de ronda contra reloj en la Plaza 25 de Mayo, junto a esas mujeres de enorme ternura, imprescindibles mujeres, irreemplazables ya.
Los pasos de Norma levantan vuelo cada vez que bajo el mentón se anuda el pañuelo blanco.
Las Madres rosarinas
Para aquel 1979 de la observación de la CIDH, en Rosario los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas tenían ya un vasto recorrido de luchas cotidianas.
En febrero de 1977, a casi un año de la instalación de la dictadura militar, demandaron mediante una solicitada: «Sin ausencias… sin angustias… sin odios. Peticionamos al Excelentísimo. Sr. Presidente, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, al Comando del II Cuerpo de Ejército, a la Corte Suprema de Justicia, a las autoridades eclesiásticas y a la prensa nacional y local para que contribuyan al total esclarecimiento de: Nuestros desaparecidos, estén vivos o muertos, y dónde se encuentran».
Las primeras reuniones se concretaron en una vieja casona, cedida por la Liga de los Derechos del Hombre, ubicada en cortada Ricardone 58. Allí, los familiares y allegados de detenidos- desaparecidos comenzaron a recibir denuncias, a sistematizar esa información, a redactar solicitadas, en definitiva: a organizarse.
«En la Cortada eran cinco personas que se rotaban para abrir el local. Había que subir una escalera porque el lugar que nos habían prestado estaba en la planta alta de una casa muy antigua. La verdad era un lugar muy peligroso, cualquiera podía subir. Estábamos por lo menos dos horas solas, hasta que iban llegando las demás. Allí conocí a Fidel Toniolli, a Mari Prats, a Lucrecia Martínez, a White. Ahí también conocí a Irma y a Darwinia», recuerda Norma Vermeullen. De la mano de Darwinia Gallicchio, Irma Molina, Nelma Jalil y un puñado más de mujeres, comenzaba a gestarse el grupo de Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario.
Treinta años después de aquella inspección de la CIDH -que derivara en su «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina»- dieron inicio los juicios por delitos de lesa humanidad en los Tribunales Federales de Rosario.
Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, parte del aparato represivo del Estado que sembró de pólvora y picana el sur santafesino, fueron sentados por primera vez en el banquillo de los acusados, y sentenciados a cadena perpetua, en cárcel común y efectiva. La larga marcha de los pañuelos comenzaba a completar su ciclo preciso: memoria y verdad sostenidas para consagrar la justicia.
Darwinia Gallicchio, María Irma Molina, María Rosa White, Nelma Jalil, Elena Belmont, entre otras muchas Madres, no llegaron a verlo.
Mucho de esa geografía de dignidades recuperadas les pertenece.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
– Aguirre, Osvaldo. «Los pasos de la memoria». Rosario, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 1996.
– Basualdo, Eduardo / Lozano, Claudio / Fuks, Miguel Angel «El conflicto de Villa Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los trabajadores. El caso Acíndar». Buenos Aires, Asociación Trabajadores del Estado / Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, 1991.
– Blaustein, Eduardo, y Zubieta, Martín. «Decíamos ayer». Buenos Aires, Colihue, 1998.
– Cadús, Jorge y Palacios, Ariel. «Combatiendo al capital. Rucci, sindicatos y Triple A en el sur santafesino». Rosario, Editorial Municipal de Rosario, 2006.
– Cadús, Jorge y Toscanini, Facundo: «Un tiempo ayer ceniza. Historias de la dictadura en el sur de Santa Fe». Rosario, Editorial Municipal de Rosario, 2009.
– Del Frade, Carlos. «Desaparecidos Desocupados». Rosario, Fantasía Industrial II, 1996.
– Del Frade, Carlos. «El Litoral, 30 años después. Sangre, dinero y dignidad». Rosario, del Autor, 2006.
– Novaro, Marcos / Palermo, Vicente. «La dictadura militar. 1976/1983». Buenos Aires, Paidós, 2003.
– Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina». Original en Español. Secretaría general OEA, Washington, Abril 1980.
Entrevistas con Norma Vermeullen, Darwinia Gallicchio, María Irma Molina, Nelma Jalil, Elena Belmont, Lucrecia Martínez, Carlos del Frade, Sergio Schilman, Alberto Piccinini, Victorio Paulón, Osvaldo Foressi, Hebe de Bonafini, Osvaldo Bayer, Juan Gelman,
