Como consecuencia de las políticas económicas del gobierno, nuestro país pierde 43 pequeñas y medianas empresas por día y alrededor de 28.000 trabajadores y trabajadoras en Santa Fe viven la incertidumbre de los procedimientos preventivos de crisis. El industricidio se acelera, demostrando que en rigor la destrucción del trabajo es sistemática y planificada.
«El sin trabajo mira el cielo / y no descubre qué parte / de ese azul es el dios que se le niega», escribió el poeta Eduardo Mileo en sus «Poemas del sin trabajo». La falta de trabajo como la falta de amor, y la salida a una intemperie desconocida donde se van perdiendo las rutinas necesarias, los gestos compartidos, y hasta las palabras.
La difusión de los índices de población con problemas laborales por parte del Indec, en base a la Encuesta permanente de Hogares, describe la situación de miles de hombres y mujeres de la región, sin trabajo, sin cielos ni dioses: el Gran Rosario tiene el 50% de su población económicamente activa con problemas de empleo (desocupados, más subocupados y demandantes de empleo); el Gran Santa Fe posee el 30% de su PEA en las mismas condiciones; mientras que en el aglomerado Villa Constitución-San Nicolás los trabajadores y trabajadoras con problemas de empleo arañan el 43% de la población economicamente activa.
La situación es clara, y sumamente grave. La matemática del despojo: de acuerdo a los datos de la propia AFIP, entre diciembre de 2015 y abril de 2019, las Pymes registradas pasaron de 559.318 a 540.465, una diferencia de 18.853 cerradas en esos 40 meses de gobierno de la Alianza Cambiemos.
La gestión de Mauricio Macri obligó a bajar las persianas a 471 empresas por mes.
Representan 15 pequeñas y medianas empresas cerradas por día.
Pero eso no es todo: la AFIP también reveló que en el primer cuatrismestre del año 2019 cerraron 5.170 establecimientos en todo el país, en su mayoría de menos de 100 empleados. Son 1292 empresas cerradas por mes. 43 establecimientos productivos menos por día.
Una aceleración sistemática que Leo Bilanski, referente la Asociación de Empresarios Nacionales, definió como «industricidio».
Agosto suele regalar cielos azules, profundos, invictos. Pero «aunque es un día peronista / el sin trabajo tendrá / que apechugársela solo…» escribe Mileo.
La gestión de Mauricio Macri obligó a bajar las persianas a 471 empresas por mes.
Continuidades
La primera semana de agosto –ésa en la que se conmemora al santo patrono del trabajo, San Cayetano- demuestra que la destrucción del trabajo en estos arrabales, desde diciembre de 2015, es sistemática y planificada:
– Diecisiete trabajadores -de los ochenta empleados para las obras en la Ruta Provincial N°1 de Santa Fe- recibieron telegramas de despido. Gastón Pissini, integrante de la comisión directiva de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), señaló que «no hubo ningún tipo de diálogo ni argumento. Se encontraron en la puerta del obrador con 17 telegramas de despido».
– La empresa Cerámica Santiago, radicada en provincia de Santiago del Estero y orientada a la fabricación de ladrillos cerámicos, anunció una docena de despidos, De acuerdo a fuentes ligadas a la empresa, el ajuste se debe a la caída de la demanda y el recorte en la producción.
– La firma asentada en La Matanza, Dino Mattioli SAIC, dedicada desde hace más de 45 años a la fabricación y comercialización de autopartes, envió los telegramas de despido a sus empleados, y comunicó el cierre definitivo. La empresa ingresó el año que pasó en concurso de acreedores, una instancia judicial que les permite readecuar su actividad y evitar la quiebra.
– La multinacional japonesa Honda podría abandonar el país, ante la caída del mercado interno, y con las importaciones que no alcanzan para capitalizar los costos de producción local. La decisión –en suspenso por ahora- se apoya en una situación de crisis prolongada; en 2016 la firma cerró su planta de Florencio Varela -donde fabricaba motocicletas- y trasladó la producción a Campana. En el arranque de este año año, suspendió la actividad de la línea de producción de motos, y de la camioneta HR-V durante todo el mes de marzo último. La determinación de la empresa literalmente paralizó la planta durante todo el mes, aunque los trabajadores percibieron parte de su salario, con un recorte del 30%.
– A pocas semanas del cierre de la planta que tenía emplazada en Mar del Plata, Zanella confirmó también el cese de la actividad de la que funcionaba en Cruz del Eje, Córdoba, dejando a 40 familias las que se quedaron sin trabajo.
– La firma Dart Sudamericana SRL -propiedad del empresario norteamericano Kenneth Dart-, ubicada en el Parque Industrial de la localidad bonaerense de Pilar, anunció que cerrará las puertas de su planta en octubre próximo. La planta donde se producen vasos y recipientes térmicos, tiene hoy 70 empleados en total, luego de la reducción de personal de principios de año. A través de un comunicado, firmado por Cal Cary, vicepresidente de Ventas Internacionales, se confirmó el cierre de operaciones tras 22 años. El establecimiento continuará con sus operaciones en tres turnos hasta octubre, pero una vez que se terminen los insumos ya no habrá reposición y cesará la producción.
– Las marcas alimenticias Knorr y Hellman´s, de Unilever, le comunicaron a los trabajadores de la empresa que planea ofrecer «a los empleados de bajo rendimiento» un plan de retiros voluntarios, lo que desde el Sindicato de la Alimentación entienden como «un proceso de despidos encubiertos», que se impone por la empresa en medio de la negociación salarial.
Desocupado precarizado
En los últimos dos años y medio, el sector del calzado perdió 9.200 puestos de trabajo; mientras que las primeras marcas de calzado deportivo internacionales cerraron su producción e importan todo lo que venden: «Adidas y Nike dejaron de fabricar en el país, Reebok importa todo y a Puma sólo le quedan 400 trabajadores», detalló en varios medios de difusión Alberto Sellaro, presidente de la Cámara del Calzado de la provincia de Buenos Aires.
La historia que cuenta Sellaro es conocida: «en 2002 producíamos 36 millones de pares de calzado. Cuando terminó la convertibilidad y empezamos a ser competitivos, se generaron 5 millones de puestos de trabajo y en el 2015, tuvimos un récord histórico, llegamos a producir 125 millones de pares. En tres años, pasamos de fabricar 125 millones en 2015 a hacer sólo 90 millones ahora. Hoy es libre importar, no hay cupo. Antes se controlaba, no digo que sea ilícito importar, pero a las empresas internacionales sólo les interesa su negocio, no les interesa las fuentes de trabajo que se pierden».
En forma paralela, el Informe de Venta Ilegal Callejera en la República Argentina, elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), pone de manifiesto una faceta no registrada hasta el momento de la crisis económica generada por las políticas de la Alianza Cambiemos: en el segundo trimestre de 2019, la venta ilegal callejera a nivel nacional subió 3% en relación al primer trimestre; mientras que en la variación interanual acumula un aumento del 11%.
El estudio se realizó sobre diez importantes ciudades (entre otras, Rosario, Paraná y Santa Fe); y muestra que la mayoría de estos vendedores informales son jubilados y desocupados que manifiestan sentirse «obligados a salir a vender en la calle» para ayudar en la economía hogareña.
Al tope de la comercialización está la ropa usada, zapatillas, zapatos, frazadas, colchones, artefactos electrónicos, discos, libros, útiles escolares, elementos de pesca, muebles de madera, juguetes, productos de limpieza, comida y bebidas.
Cerrar el kiosko
Cuando la década del 90 golpeaba sin consideración a estos arrabales del mundo, en medio de despidos y cesantías motorizados por los «Nuevos Métodos Laborales», con trabajadores jaqueados por los «retiros voluntarios» y la «reconversión industrial», en los barrios de cada localidad se multiplicaron los remisses, los jardineros, y los kioscos. Fueron las postales de un país doloroso, donde los trabajadores despedidos intentaban la cotidiana gambeta a la malaria comprando un auto en condiciones con la guita de la indemnización recortada, armando un kit de jardinería para changas en el pueblo o adaptando una pieza de la casa para el kiosquito abierto más allá de la medianoche, donde se encontraba desde puchos a un atado de yerba.
Ahora, un relevamiento realizado por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) denuncia que en el tiempo que va de gobierno de la Alianza Cambiemos -poco más de tres años y medio- cerraron en todo el país 33.000 comercios del rubro minorista. El detalle es angustiante: sólo en los últimos 4 meses cerraron 5.000 locales.
De acuerdo a la información hecha pública por esa organización, de los 120.000 kioscos en actividad en el año 2015, hoy apenas quedan 87.000. Una caída vertical y sistemática de 28%. Para la Unión, los motivos son «el derrumbe del consumo que derivó en una caída de las ventas, el aumento de los alquileres, y el aumento de tarifas de los servicios públicos».
El detalle es angustiante: sólo en los últimos 4 meses cerraron 5.000 locales.
El impacto es devastador: las estimaciones de la UKRA determinan que, al menos, se perdieron 33.000 puestos de trabajo, considerando que en cada kiosco trabaja al menos una persona. En su mayoría los cierres golpearon en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
Al mismo tiempo, los cierres multiplicados de kioscos van de la mano con el cierre de marcas históricas productoras de golosinas -el caso de Mielcitas- y los problemas económicos que atraviesan fábricas establecidas como Arcor, Balcarce, Tía Maruca y Vauquita.
Aquella vieja postal multiplicada de cartelitos flamantes de kioscos, remisses y jardineros para zafar del despido comienza también a formar parte de la destrucción laboral. Una gambeta clausurada por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
Lo que vendrá
Leo Bilanski, de la Asociación de Empresarios Nacionales, revela que el último sondeo de la entidad -del segundo trimestre del 2019 sobre 752 empresas de 19 provincias- es contundente: sólo 2 de cada 10 Pymes tiene rentabilidad positiva, mientras que 5 de cada 10 o tienen pérdidas o problemas financieros.
«Las Pymes en situación de vulnerabilidad económica se sitúa en el orden del 48%, es decir, 1 de cada 2 empresas está en riesgo su continuidad», sostiene el trabajo en sus conclusiones.
En Santa Fe –de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo provincial- la cantidad de empresas que pidieron Procedimientos Preventivos de Crisis en el primer semestre de 2019 se estira a 118 trámites nuevos. El número crece a 333 firmas con PPC, si se suman las empresas que pidieron prórroga.
Los índices son claros: cada un día y medio una empresa santafesina pidió ayuda para sortear la crisis económica. La profundización es, también, palpable: el año 2018 cerró con 284 PPC, mientras que en 2017 se registraron 194. Para el Ministro de Trabajo, Julio Genesini, «el incremento de los PPC expresa la profundización y la persistencia en el tiempo de un escenario económico recesivo que ya va por un segundo año de caída de la actividad».
Esos 333 PPC vigentes en los primeros seis meses de 2019, incluyen a 27.800 trabajadores y trabajadoras de la provincia que están a merced de la resolución de estos procesos.
Silencios
Mientras caen los puestos de trabajo registrados, el empleo temporario muestra también un retroceso, que profundiza la tendencia de los últimos años: las sociedades de trabajo temporario, que suministran personal eventual a las empresas por períodos limitados, perdieron un cuarto de su impacto en el mercado laboral. Sólo entre este año y el anterior, la caída es del 23% (de 7.405.022 horas suministradas en 2018 a las 5.670.501 horas facturadas en 2019).
La mayoría de los trabajadores temporarios son empleados en el comercio al por mayor y minorista (10,6%), los servicios de transporte y almacenamiento (8,1%) o la industria manufacturera (10,7%), de acuerdo a la información que brinda el INDEC, a partir de relevar a nivel nacional la totalidad de las empresas habilitadas por el Ministerio de Producción y Trabajo.
En ese marco, un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) junto al Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe (Sitraju) señaló que «la crisis económica desatada en 2018 generó un salto en el índice de desempleo», que en Rosario pasó del 13,3% en el segundo trimestre de 2018 al 15,1% actual; y puntualizó: en un año hay 17.074 personas más sin empleo, «que lo buscan activamente».
El trabajo remarca que existen «niveles alarmantes de precariedad laboral», donde el 45% de los trabajadores y las trabajadoras no tienen aportes jubilatorios. Los jóvenes tienen mayores dificultades al momento de encontrar un empleo -el desempleo en el rango hasta 29 años rasguña el 28%- donde 6 de cada 10 desocupados son jóvenes; al mismo tiempo que la tasa de desempleo de mujeres es más alta que la de los hombres.
El informe del Ceso cierra con cifras y conclusiones contundentes: el 85% de los desocupados buscan trabajo hace máximo 6 meses. Ante la pregunta «¿Por qué cree que no consigue trabajo?», la mayoría respondió: «No hay trabajo».
Escribe Mileo, aquel poeta del sin trabajo, del sin amor, del sin palabras: «En la sangre derramada del ocaso / la trompeta del silencio lo acompaña…»
