En un contexto nacional de políticas sociales y económicas regresivas, donde el ajuste se digita desde el Fondo Monetario Internacional, la conflictividad social aumenta. ¿Cuál es la noción de lo criminal que se instala desde el poder dominante con respecto a la protesta social? ¿De qué manera se configura ese sujeto perseguido? ¿Cuáles son los mecanismos que viene aplicando el Estado en relación con esa criminalización? La persecución sindical, la judicialización de la protesta y el trabajo de prensa en el ojo de la represión.
Foto de portada: Agencia Paco Urondo
[dropcap]E[/dropcap]n los últimos años hubo en nuestro país una escalada represiva de la protesta social. La actitud persecutoria y de hostigamiento hacia las distintas formas de la organización social, política y sindical ha tenido un correlato en los dichos y en los hechos. Discursos que legitiman acciones y que intentan instalar una forma de actuar que como política de Estado se vuelve sistemática. Distintos escenarios con el mismo objetivo: la criminalización de la protesta social. En la calle la represión y en los tribunales la judicialización de la protesta.
El abogado penalista Juan Manuel Combi explica las tres formas en que el Estado avanza: con el poder ejecutivo a través de la práctica real de la represión en sí misma (el palo, las detenciones, la prisión preventiva de dirigentes); el avance del poder legislativo con el aumento de penas y la generación de nuevos tipos penales que criminaliza a la clase trabajadora; y la complicidad del poder judicial que encierra dirigentes, interviene sindicatos e imputa a trabajadores. Estas tres patas del poder del Estado se mueven en conjunto. “Es una mentira que existe la división de poderes, el poder es uno. En todo caso lo que existe es una división de funciones de ese poder”.
En un Informe realizado en conjunto entre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se identifica en las represiones policiales el uso desproporcionado de las llamadas “armas menos letales” como las balas de goma y los irritantes químicos. El uso irracional e ilegal de la fuerza es el común denominador de estas prácticas represivas.
En 2017 pasaron cosas.
Después de la marcha con la que terminó el Paro de Mujeres el 8 de marzo, quince mujeres fueron detenidas de manera violenta y arbitraria, y fueron requisadas de forma humillante. Ese mismo día, veinte personas quedaron imputadas con diferentes figuras como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.
El 6 de abril, en un corte de ruta durante un paro general, Gendarmería Nacional reprimió a los manifestantes y detuvo a seis personas que fueron liberadas recién al día siguiente.
El 3 de junio, luego de la marcha del movimiento Ni Una Menos, una trabajadora de prensa fue agredida con un aerosol de gas pimienta a diez centímetros de la cara mientras intentaba sacar fotos a un grupo de policías.
Así fueron pasando los meses con sus respectivas represiones, detenciones y hostigamientos.
El 1 de septiembre hacía un mes que habían visto con vida por última vez a Santiago Maldonado. Por eso la marcha. Aparición con vida era el pedido. Y la represión no tardó en caer sobre las espaldas de quienes estaban en el lugar. Cacería de manifestantes y uso brutal de la fuerza. Palo al que protesta, palo al que exige, palo al que se manifiesta, palo al que registra. Nuevamente las y los trabajadores de prensa como foco. La represión que no puede mostrarse no existe. Por eso es necesario que ´esto quede acá´, que parezca un enfrentamiento, que se la buscaron, que no tenían que estar ahí en ese momento haciendo eso, que el desacato a la autoridad.
La autoridad del palo amasador.
«Se enfurecieron conmigo por ser insistente en preguntar a la Policía adónde llevaban a los detenidos. Me insultaban de forma racista por mi forma de hablar, ya que soy misionera, me decían ‘paraguaya de mierda’. Un policía me metió un tubo de gas en la boca, fue el mismo que nos tiró gas. Me dispararon seis balazos en las piernas desde muy corta distancia, a diez pasos. Tengo heridas muy feas», le contaba a SiPreBA Lilian Velázquez, una periodista de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed).
Durante este operativo fueron detenidas más de treinta personas que luego trasladaron a distintas comisarías de la ciudad de Buenos Aires. El juez federal Martínez de Giorgi procesó a veintidós de los treinta y un detenidos por los delitos de intimidación pública, resistencia a la autoridad y atentado a la autoridad. El 6 de diciembre la Cámara Federal de Apelaciones dictó la falta de mérito de trece de los procesados y el sobreseimiento de los cuatro trabajadores de prensa que estaban en la lista de los detenidos. Esta decisión fue apelada por el fiscal Germán Moldes, que dijo: “Les tocó ir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”.
Los días 14 y 18 de diciembre se realizaron en Capital Federal y distintas ciudades del país masivas movilizaciones de protesta en contra de la reforma del sistema previsional que se discutía en el Congreso de la Nación. Esos días se dieron operativos conjuntos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Otra vez la represión violenta y las detenciones arbitrarias. Unas cuarenta personas fueron privadas de su libertad durante varias horas y luego procesadas penalmente por el juez federal Claudio Bonadío. En este caso, los delitos alegados fueron el de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”. Algunos de los procesados estuvieron más de un mes detenidos por orden del juez.
El año pasado también pasaron cosas. Y los anteriores. Y este año. Y lo que queda. Y lo que viene. La cuestión no se limita a tal o cual caso sino a una política de Estado. Y si no son los trabajadores de los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, serán las docentes que reclaman salarios, los pueblos originarios que reclaman por sus tierras, y por tantas cosas reclaman, como el movimiento de mujeres y esa ola verde que dice y grita basta de muertes por abortos clandestinos, basta de femicidios, basta. Como los gremios que también quieren basta, o como los trabajadores a los que les dijeron basta-no-laburás-más-andate-estás-despedido. Los y las estudiantes que también protestan y aquel verdurazo del 15 de febrero que incluyó el secuestro de las hortalizas que iban a ser vendidas al costo.
Criminal mambo
A la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, que como identificamos, recurrentemente se despliega de manera violenta y arbitraria, se suman las intervenciones judiciales que criminalizan a manifestantes y organizaciones sociales y sindicales. Las figuras penales mayormente utilizadas para criminalizar a las y los trabajadores tienen que ver con el impedimento de la circulación, entorpecimiento del transporte, resistencia a la autoridad, daño y lesiones, entre otras. Sin embargo, durante 2017 la estrategia judicial (que responde a una orden política) fue acusar a las personas detenidas de “intimidación pública”. Éste es un tipo penal grave porque corresponde a un delito de competencia federal. En el Informe del CELS “Argentina: el derecho a la protesta en riesgo”, explican que para que se trate de un delito federal se tiene que haber puesto en riesgo, de alguna manera, la seguridad del Estado o la soberanía nacional. ´Al federalizar supuestos delitos cometidos en una protesta pública, se intenta transmitir el mensaje de que los hechos de violencia que se atribuyen a los manifestantes o aprehendidos son más graves que un mero disturbio y que en cada acto de violencia hay una finalidad de generar temor colectivo´, dice el informe.
El primero de marzo de 2018 hubo una audiencia sobre protesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se demostró la falta de sustento en el uso del tipo penal de ´intimidación pública´. A partir de ese momento retomaron figuras más usadas como´resistencia a la autoridad´, ´daños´, ´lesiones´ o ´interrupción del tránsito´.
Dentro de la aplicación del código penal sobre la clase trabajadora, Juan Manuel Combi agrega un método que se viene desarrollando: la extorsión. La publicación de audios y comunicaciones que tienen los trabajadores y dirigentes sindicales con las patronales se utiliza para imputar el delito de extorsión, siendo que las medidas de fuerza son las herramientas que tienen los trabajadores y que forman parte de toda huelga contemplada en la Constitución. Combi aclara que siempre existieron estos mecanismos pero que lo que sucede con este tipo de Gobierno es que se agudiza la persecución. “Se trata de generar miedo para que los trabajadores tengan cada vez menos representación”.
Con la criminalización de la protesta se vulneran, entre otros, el derecho a huelga, el derecho a la organización sindical y el derecho a reunirse. Pero además, hay proyectos de modificación del Código Penal que plantean nuevos tipos penales y contravencionales que también se dirigen a la persecución de quienes protestan. La intención es ampliar el margen de la arbitrariedad policial y sembrar el miedo para disminuir el nivel de manifestación social. Dentro de esas modificaciones también se legitimaría la criminalización de las organizaciones. Actualmente se pueden imputar a las personas físicas pero no a las personas jurídicas. Con esta nueva reforma las personas jurídicas también serían pasibles de sanción penal, lo que habilitaría la persecución a la organización colectiva. El Doctor Combi plantea que públicamente sólo se dan a conocer algunas de las muchas aristas que tiene el proyecto de reforma del Código Penal. Dice que los expositores de la reforma hablan de los tipos penales en relación con el narcotráfico y el lavado de dinero y omiten otros tipos de figuras penales que se están incluyendo y que terminan solapadas. “Esto es muy grave y creo que las organizaciones sindicales tienen que estar alertas. Es un proyecto de ley que se puede llegar a aprobar”.
En la primera huelga de Rosario, en 1907, hubo piquetes en distintos puntos de la ciudad. El piquete es una herramienta que tienen quienes protestan para hacerse escuchar. Más de cien años después, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó avanzar con un protocolo antipiquete que finalmente nunca se formalizó. Por eso actualmente el protocolo de actuación de las fuerzas policiales en contexto de protesta social sigue siendo el mismo. La periodista Claudia Acuña, fundadora de la Cooperativa Lavaca e integrante de Periodistas Argentinas, dice que a través de las campañas de prensa instalan cosas que después no se formalizan pero que sí generan un sentido común acerca de lo que está pasando. “Se habla de un protocolo hecho por Bullrich que nosotros nunca vimos publicado en el Boletín Oficial ni en ninguna normativa o resolución interna del Ministerio de Seguridad”.
Combi entiende que el protocolo no se pudo materializar porque el pueblo siguió saliendo a la calle de forma masiva. Plantea que a mayor masividad de la protesta el poder tiene menor legitimidad para criminalizar. Pone el ejemplo del 2001, donde la justicia no pudo técnica ni fácticamente imputar a las millones de personas que inundaron las calles. “Por eso es tan importante que los trabajadores no se vean amedrentados. Cuanta más organización y más poder cualitativo y cuantitativo tenga la lucha, es más difícil que puedan aplicar ese tipo de legislaciones que son totalmente perversas”.
Para poder criminalizar a determinado sector social hay que generar una imagen negativa de ese actor. La construcción de ese sujeto perseguido, ese ´otro criminal´, legitima las acciones llevadas adelante por las distintas funciones del poder que es uno. El abogado Combi plantea que en la campaña de estigmatización al pueblo mapuche fracasó el invento de la RAM y que también quisieron estigmatizar a los dirigentes sindicales pero tampoco pudieron. Dice que no es sólo lo que se muestra en televisión y que del otro lado también hay fuerza. Por eso, entiende, no han podido con la estigmatización de los movimientos sociales. Refiere puntualmente al caso de Milagro Sala en el cual se han expedido, entre otras, la Corte Interamericana y demás organizaciones internacionales. “Pueden meterlos presos, intervenir sindicatos y generar un sujeto del ´dirigente sindical delincuente´, del supuesto mapuche que no es mapuche o del supuesto militante político. Quieren lograr eso pero no van a poder porque somos muchos más”, dice e invierte la carga de la prueba: “Ellos son el sujeto que generan. El delincuente es el empresario que roba, el que retira la plata del país, el que no paga impuestos en las transacciones financieras, el poder judicial que no paga impuesto a las ganancias”.
Claudia Acuña explica que la intención es mostrar a los manifestantes como terroristas. A partir de identificar que en los operativos policiales en contextos de movilizaciones de mujeres las personas que llevaban detenidas eran en su gran mayoría lesbianas, presentaron un habeas corpus preventivo en donde exigían saber si el Estado había dado esa instrucción. “Las fuerzas policiales actúan con una instrucción concreta y eso el Estado no puede hacerlo. Es un acto racial, ideológicamente nazi, darle instrucción a una fuerza de seguridad para que criminalice a determinada población”. Claudia agrega que si en otros contextos institucionales se criminalizaba al pobre, lo que avanzó ahora con respecto a este gobierno es que le están dando instrucciones poblacionales específicas a la policía que tiene que ver con una ideología. “Las fuerzas de seguridad deben tener un identikit. Queremos saber si esto está pasando porque no puede ser que haya semejante uniformidad en las características de la población perseguida y criminalizada”.
A quien pone el ojo le llegan las balas
A partir del relevamiento de los casos y testimonios que hicieron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el Informe ´Protesta social: violencia policial contra reporteros/as y periodistas´, hay datos y números concretos:
Durante 2017, en al menos ocho ocasiones periodistas y reporteros gráficos vieron obstaculizada su tarea de registro del accionar de las fuerzas de seguridad en una manifestación, o fueron intimidados para que desistieran; al menos diez periodistas y reporteros gráficos fueron víctimas del gas pimienta y de los gases lacrimógenos por cumplir con su tarea de registro; al menos siete personas sufrieron heridas por los golpes recibidos por la policía, dos de ellos por impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno; al menos cuarenta y cinco periodistas, reporteros gráficos o trabajadores de prensa recibieron balas de goma lanzadas por la policía en las manifestaciones; algunos fueron casos de violencia grave donde la misma persona recibió una decena de perdigones de goma en su cuerpo mientras estaba registrando; al menos trece periodistas o reporteros gráficos fueron detenidos arbitrariamente en el marco de una protesta. En todos esos casos las personas detenidas pasaron varias horas y hasta días privados de su libertad. Además, algunos fueron procesados penalmente por la justicia federal.
Para Juan Manuel Combi son importantes los números pero también es necesario entender la cualidad, es decir, qué es lo que se persigue y por qué. Dice que un sólo hecho puede ser más importante que la suma de otros si es que ese hecho engloba ciertos aspectos que al sentar jurisprudencia sea preocupante en el futuro. Claudia Acuña plantea la necesidad de poder ver más allá de los casos individuales. Es momento del bosque, dice, y se refiere al trabajo de la prensa como un eslabón necesario en la cadena de la criminalización. “Para poder armar las causas a los manifestantes tienen que impedir que se vea la verdad. Nosotros somos parte del proceso necesario de criminalización de la protesta”. En este sentido, el hecho de dar testimonio, sobre todo en el contexto actual donde las transmisiones se hacen en el mismo momento con un celular, impide que los procesos de criminalización se puedan dar con total impunidad.
En la investigación del caso de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía bonaerense en Puente Pueyrredón en junio de 2002, las imágenes registradas y los testimonios de periodistas y fotógrafos fueron claves para esclarecer los hechos. Lo mismo pasó con el caso de Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, donde los videos de la prensa mostraban cómo fue asesinado por la patota sindical. Ese es el poder de la imagen.
En el sistema interamericano de derechos humanos existe una amplia protección del derecho a la protesta social y de las personas que realizan tareas de periodismo registrando la manifestación y la actuación policial. Desde Naciones Unidas y la CIDH declararon que “en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad”.
Claudia Acuña menciona dos hechos de represión y violencia policial de la época en que el macrismo sólo gobernaba en la ciudad de Buenos Aires: el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín y la represión contra pacientes y trabajadores del Hospital Borda que dejó más de cuarenta heridos. Ambos hechos fueron en 2013 y en las dos ocasiones la prensa fue el objetivo del tiro al blanco. En el desalojo de Sala Alberdi dos reporteros gráficos recibieron balas de plomo en la rodilla. La intención era clara: hacerlos caer y que no tomen la foto; en el caso del Borda, uno de los reporteros gráficos baleado fue Pepe Mateo, del diario Clarín, quien estuvo sacando fotos en Puente Pueyrredón cuando asesinaban a Darío y a Maxi. En este caso tuvo que ser internado por la cantidad de balas de goma que recibió en la espalda. Ese día fueron varios los periodistas reprimidos e incluso detenidos. Claudia cuenta que por estos dos hechos litigaron contra el gobierno -luego las autoridades porteñas fueron sobreseídas- y fueron condenados los comisarios y policías a cargo de los operativos por la violencia explícita que se desató sobre los trabajadores de prensa.
Escena 1. Verdurazo. Locación: Plaza Constitución. El 15 de febrero pequeños y medianos productores hortícolas protestan bajo el lema “Verdura para el pueblo, ante un modelo de hambre y ajuste”. La metodología de la protesta es vender las verduras al costo. Esa es la forma de visibilizar el conflicto. Bernardino Ávila, fotógrafo, busca-el-encuadre-hace-clic-dispara-saca-la-foto. En la imagen que luego recorrería el país, se ve a una señora muy mayor levantando del piso las berenjenas tiradas. Atrás, un desfile interminable de efectivos policiales portando armas largas. Después, la represión y el secuestro de las hortalizas.
Escena 2. Cuadernazo. Locación: Congreso de la Nación. Una semana después del verdurazo, trabajadores de la cooperativa gráfica Madygraf protestan contra los monopolios de la industria gráfica. La metodología es una entrega masiva de cuadernos. Bernardino Ávila está con su cámara para hacer su trabajo: buscar-el-encuadre-hacer-clic-disparar-sacar-la-foto. Después, la represión y la detención de dos trabajadores de prensa. Uno de ellos, Bernardino.
Al día siguiente de la represión, desde la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), Periodistas Argentinas, SiPreBA y ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos), presentaron un habeas corpus con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia. Lo que denunciaban en el habeas corpus no era un caso puntual sino una política de Estado. El objetivo era prevenir futuras violencias y abusos policiales. Y que el Estado garantice el normal desarrollo de la tarea periodística en las movilizaciones. El juez pidió que se investigara lo denunciado para ver si existía algún delito en relación con la persecución hacia la prensa, para identificar si la policía había recibido alguna instrucción de impedir el trabajo periodístico. Hoy se está intentando avanzar en esa investigación.
Claudia dice que hace muchos años vienen trabajando este tema; que los reprimían cuando en su momento iban a cubrir los piquetes; que en 2002 lograron que Naciones Unidas hiciera una declaración que está en la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; que entre la precarización que hay en los medios en general y los riesgos que impone la cobertura, muchos de los que están todo el tiempo en la calle son medios sociales y no comerciales. Habla del entrenamiento y la capacitación que exige trabajar en estos contextos. Y de la necesidad de autogestionar el cuidado de los cuerpos.
También habla de la importancia de entender que “somos parte del problema”. Vuelve al bosque y propone ver todo el panorama, amplio, Latinoamérica. “Llevado a un extremo, cuando vemos los contextos de México o Colombia, países que están sufriendo desapariciones y muertes, padeciendo las políticas extractivas sostenidas a sangre y fuego, vemos que en esos contextos los periodistas y reporteros están en las listas de víctimas”. En el mapa las políticas de Estado se van calcando en los distintos países. Por eso Claudia entiende que hay que detectar esas situaciones apenas se insinúan y a partir de ahí responder. Es el huevo de la serpiente, dice, y llama a estar alertas. “Tenemos que analizar las dolorosísimas experiencias de países latinoamericanos donde estas políticas se impusieron y llevan un dolor muy difícil de soportar. Son políticas de Estado y no tenemos que dejar que se instalen en Argentina”. Habla de la organización y la importancia de incorporar como recursos los dolores de esos pueblos. “No puede ser que pasen estas tragedias tremendas y que nosotros no lo tengamos como un capital de lo aprehendido. Hay que profundizar. En cada detalle está el todo”.
Es claro que el ajuste no cierra sin represión. Pero Juan Manuel Combi es un convencido de que el pueblo argentino va a resistir estos embates. “Confío en el pueblo. No hay relajarse y hay que militar todos los días”.
