Con lo producido en una sola jornada laboral, se genera la masa salarial para pagar a veintidós trabajadores durante 27 meses. La postal exacta fue narrada por trabajadores y trabajadoras de la firma Electrolux, que atraviesa un conflicto central para entender la realidad de los sectores populares en la región. Una geografía que se desangra en millones de dólares por los puertos recostados sobre el Río Paraná, al tiempo que multiplica despidos y urgencias.
[dropcap]E[/dropcap]n la primera quincena de febrero del 2019, se denunciaron alrededor de 80 despidos generados por la firma Electrolux, lo que alguna vez fue la mítica Gafa, en la ciudad de Rosario. La mayoría de los cesanteados y cesanteadas -personal contratado y trabajadores y trabajadoras permanentes-desempeñaba sus tareas en la línea que produce freezers. Desde entonces, la firma (que es la fábrica de línea blanca más grande del Gran Rosario) atraviesa un estado de despidos y retiros voluntarios que mantiene a su planta laboral en la incertidumbre permanente. A fines de abril, una veintena de operarios se sumaron a la tanda de despidos. «Hay compañeras que son sostén de familia, que tienen hijos pequeños, otros tienen hijos con discapacidad o familiares con problemas de salud», señalan los propios trabajadores.
Ante la situación, trabajadores y trabajadoras decidieron realizar un acampe frente a la planta, donde se instaló una carpa y –por decisión de la asamblea- se decidió también una serie de bloqueos al ingreso, en Batlle y Ordoñez al 3400; al tiempo que los directivos de la empresa realizaron una denuncia y amenazaron con desalojarlos del lugar. En un comunicado, los despedidos y despedidas plantearon que «la empresa, con el apoyo de la Fiscal Haurigot, quiere resolver un conflicto laboral amenazándonos con causas penales gravísimas y acusaciones falsas, así como con desalojo y represión. A pesar de que el juez Postma desestimó el pedido desalojo y remarcó que se trata de un conflicto laboral, la empresa y la Fiscalía siguen con su intención de imputarnos legalmente. Por eso decimos: el gobierno tiene en su poder la posibilidad de resolver nuestro reclamo».
La empresa argumenta la serie de despidos y el ajuste de personal en «una importante baja en las ventas, producto de la apertura de importaciones», que –sostiene- la llevó incluso «a frenar la producción de una linea de freezers en desarrollo». En ese marco, el Ministerio de Trabajo de la provincia anunció la posibilidad de la reapertura de un Proceso Preventivo de Crisis, hecho que agravó la angustia de los empleados y empleadas.
Sin embargo, el periodista y diputado provincial Carlos del Frade reveló que Electrolux «forma parte del grupo Frimetal. El balance presentado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el año 2018, indica que durante 2017 vendió por 3.151 millones de pesos. Cifra que representa 8,63 millones diarios; 359.703 pesos por hora y 5.995 pesos por minuto. Mucho dinero».
«en un día de trabajo se producen 1300 heladeras de 9 mil pesos, o sea casi 12 millones de pesos. Es decir que con un día de trabajo le pagan el sueldo a los 22 despedidos durante 27 meses»
«El mismo documento sostiene que durante 2017 tuvo utilidades netas por 172 millones de pesos, es decir que ganó a razón de 471.232 pesos por día. Esas cifras ponen en tela de juicio su supuesta situación de crisis», detalla del Frade.
«La empresa dice que está en crisis, pero en la misma audiencia judicial en la que nos quieren criminalizar, lo dijeron: en un día de trabajo se producen 1300 heladeras de 9 mil pesos, o sea casi 12 millones de pesos. Es decir que con un día de trabajo le pagan el sueldo a los 22 despedidos durante 27 meses», advierten los operarios despedidos.
Procesar la crisis
La situación en Electrolux es un botón de muestra de los tiempos que les toca atravesar a trabajadores y trabajadoras. A lo largo de la provincia, y de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Trabajo santafesino, durante el año 2019 ya se han tramitado 255 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC). Las áreas más afectadas de la economía son la metalurgia, el comercio y la sanidad, y la situacion comprende las fuentes laborales de 21.900 trabajadores y trabajadoras.
Sólo para comprender el marco de crisis y la profundización de la destrucción sistemática del trabajo que sufre la provincia, en el año 2018 se tramitaron un total de 148 PPC, comprendiendo a 12.800 trabajadores y trabajadoras. La crisis avanzó el año que pasó sobre la cadena metalúrgica, los frigoríficos y la gastronomía.
De acuerdo a los propios números oficiales, en el período diciembre 2015 – noviembre 2018 cerraron alrededor de 3.000 empresas. La industria nacional utiliza hoy apenas el 60% de su capacidad instalada. Es decir, cuatro de cada diez máquinas están apagadas; mientras que cinco de cada diez trabajadores está sin tareas. El extremo de la situación lo sufre hoy la cadena metalmecánica, donde se utiliza sólo el 38,4% de la capacidad instalada de trabajo.
En 35 de los 36 meses del ciclo macrista hubo caída en la ocupación, sobre todo en la industria, donde se destruyó casi el 10% de los puestos que existían en diciembre de 2015.
En el período diciembre 2015 – noviembre 2018 cerraron alrededor de 3.000 empresas. La industria nacional utiliza hoy apenas el 60% de su capacidad instalada. Es decir, cuatro de cada diez máquinas están apagadas; mientras que cinco de cada diez trabajadores está sin tareas.
Un dato no menor que muestra el trabajo es que el empleo formal cayó 1,5% durante el 2018. Representan 191.300 puestos laborales formales caídos, según los datos relevados por el Ministerio de Producción y Trabajo en base al Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA).
Son 524 puestos laborales destruidos por día. 21 trabajadores despedidos por hora.
Un trabajador o trabajadora que se cae del universo del empleo cada tres minutos.
El peligro abierto
Cuerpos de hombres y mujeres, historias personales, que van a poblar el mapa de la desocupación y la incertidumbre, ese «punto muerto de las almas» del que hablaba Enrique Santos Discépolo.
De acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el estudio «Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Cuarto trimestre de 2018», los aglomerados urbanos del Gran Rosario, Mar del Plata, el Gran Buenos Aires y el aglomerado de Villa Constitución-San Nicolás encabezan el triste ranking de la desocupación en Argentina. Todos esos distritos están por encima del promedio nacional: para el total de aglomerados urbanos la tasa de desocupación alcanza el 9,1%, registrando también un aumento en relación a la última medición.
El Informe del INDEC revela que Rosario y Mar del Plata son las ciudades con mayor índice de desocupación, con el 12,8%, seguida por los partidos del Gran Buenos Aires, con el 11,4% y el desarrollo urbano del eje Villa Constitución – San Nicolás, con el 11,3%. En todos esos centros urbanos e industriales la desocupación creció en relación con las últimas mediciones.
En el aglomerado Villa Constitución – San Nicolás los problemas laborales afectan a un amplio abanico de trabajadores: al 11,3% de desocupados se suma el 10,4% de ocupados demandantes de empleo; el 8,4% de subocupados; y el 6,4% de subocupados demandantes. Es decir, el 36,5% de la población económicamente activa tiene problemas laborales en la región.
Sobre una población estimada en 187.000 habitantes, con 85.000 personas incorporados a la categoría económicamente activa, los problemas laborales aquejan aproximadamente a 31.000 trabajadores de la región.
Al mismo tiempo, el ministro de Trabajo santafesino, Julio Genesini, sostuvo que «El Nodo V de la provincia, con asiento en Venado Tuerto, es la región más golpeada por la desocupación», y que –incluso- supera al Gran Rosario. Conocidos los datos del INDEC, Genesini aseguró que «el nodo Venado presenta las cifras más altas de la provincia. Eso convierte a esta región en la más complicada de todo el territorio nacional, dado que estaría por encima del Gran Rosario que tiene un 12,8% y es la más elevada entre las regiones detalladas en el informe»; al tiempo que puntualizó que «el impacto se da en las microempresas que empiezan a notar el impacto recesivo. Si bien la región más comprometida es Venado, la desocupación también se está notando en los grandes conglomerados como el Gran Rosario». Este aumento en la tasa de desocupación se dio en un escenario de retroceso del Producto Bruto Interno (PBI), la caída de financiamiento externo y la merma de la producción industrial, la construcción, y el consumo. De acuerdo a esos índices, la desocupación afecta a 1.100.000 habitantes, unas 200.000 personas más que en la medición de fines del 2017. Una crisis laboral que se acentuó con la devaluación y el ajuste recesivo acordado con el FMI.
Urgencias
En este marco, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe presentó un proyecto de declarando «su más profunda preocupación» ante la situación laboral que atraviesa la provincia, al tiempo que «se solidariza con todos los trabajadores, trabajadoras y los comerciantes y pequeños y medianos empresarios afectados por la situación económica», e insta al Gobierno Nacional «a cambiar el rumbo económico» y a que «interceda para mantener las unidades productivas y las fuentes laborales».
Los legisladores señalan en la iniciativa que «por efecto de la caída del consumo interno, las altas tasas de intereses bancarias, el aumento de las tarifas, la alta inflación mensual, la apertura de importaciones, la devaluación, y la falta de apoyo del Gobierno Nacional, un número cada vez mayor de comercios, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia están cerrando, eliminando turnos de trabajo, adelantando vacaciones, suspendiendo a su personal, eliminando horas extras entre otras medidas»; y advierten que en los primeros meses del año «los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) han aumentado exponencialmente, lo que trae aparejado pérdidas de derechos laborales para sus trabajadores».
Los legisladores enumeran sólo algunas de las firmas que atraviesan esta situación:
– Empresa Láctea Verónica, con plantas en Buenos Aires, Rosario, Suardi, Classon y Lehmann, donde trabajan alrededor de 600 empleados de manera directa y solicitó un PPC que fue rechazado.
– Argental (la firma asentada en Granadero Baigorria que realiza máquinas para panadería), que suspendió a sus 180 trabajadores durante 8 días en el mes de abril abonando el 75% del sueldo neto. Tiene pactada una nueva audiencia para fin de mes para analizar como continua la situación. En total la fábrica directa e indirectamente brinda trabajo a unas 500 personas.
– Verbano (Faiart), la fábrica de cerámicos de Capitán Bermúdez, que suspendió a sus 135 trabajadores durante el mes de abril, con una reducción del salario de un 40%.
«No podemos dejar de mencionar el cierre de locales comerciales de todo tipo de rubro como Musimundo en Rosario y Santa Fe, el problema de la fábrica de acoplados Helvética de Cañada de Gómez, las suspensiones en General Motors, la línea blanca, e Ingenio Las Toscas, donde peligran las fuentes laborales de unos doscientos trabajadores», describe el texto de la iniciativa.
«La política económica instrumentada por el gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2015, ha empeorado la calidad de vida de amplios sectores de todo el país. Estas medidas económicas han afectado a la industria nacional, al sector de las Pymes y comerciantes, destruyendo el mercado interno y las economías regionales. Esta política neoliberal ataca brutalmente a la producción nacional expulsando a miles de trabajadores a la calle», sostiene la iniciativa suscripta por una decena de legisladores de distintas fuerzas políticas.
Una tormenta sin fin
La profundización de la «tormenta perfecta» en términos negativos que desató el gobierno de la Alianza Cambiemos es refrendada también por el balance anual del Observatorio Laboral de Santa Fe: la provincia cuenta hoy con 51.867 empresas, que ocupan un total de 502.030 trabajadores y trabajadoras registrados; las microempresas (que emplean de 1 a 5 trabajadores) representan el 75% del total de esas empresas; pero existe una «tendencia decreciente» en el número de empresas registradas. La evaluación del organismo consigna que a lo largo del 2018 desaparecieron en la provincia 878 empresas, un fenómeno concentrado en «unidades productivas de menor tamaño del sector agropecuario, el comercio y los servicios inmobiliarios y personales». El informe oficial de la provincia muestra que del total de empresas que cerraron en la provincia, el 99,6% son micro y el 0,4% son medianas.
Y el proceso se agrava: el propio ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, anticipó a principios de marzo un «escenario de complicaciones crecientes»; al tiempo que planteó que «el año 2018 cerró con 284 procedimientos de crisis, que involucraron a 22.000 trabajadores. Y en dos meses de 2019 se tramitaron en el Ministerio de Trabajo 150 expedientes, entre renovaciones y nuevos pedidos».
Ganadores del modelo
Sin embargo, el modelo de la Alianza Cambiemos mantiene invictos a los sectores concentrados de la economía. En su informe «Exportaciones por aduanas de origen y aduanas de salida de la provincia de Santa Fe», el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (Ipec) detalla que en el período enero – diciembre de 2018, por San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución y Santa Fe, se registraron transacciones por 19.921,7 millones de dólares.
Como lo reveló el diputado provincial Carlos del Frade, es necesario conocer «cuánto dinero quedó en las arcas del Estado santafesino como consecuencia de haberse concretado un monto de exportaciones por aduanas de origen y salida de la provincia por un total de 19.921,7 millones de dólares, en el período enero – diciembre de 2018, una cifra que representa alrededor de 800.000 millones de pesos, casi tres presupuestos provinciales 2019».
La Aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de volúmenes físicos y monetarios comercializados. Desde allí salieron en el año 2018 exportaciones por U$S 14.970,9 millones. El principal producto exportado fue «harina y «pellets» de la extracción del aceite de soja, seguido por maíz y trigo, aceite de soja en bruto y biodiesel, que se dirigieron principalmente a India, Vietnam e Indonesia.
Las exportaciones con salida por Aduana de Rosario alcanzaron U$S 4.878,2 millones: los principales productos exportados fueron maíz y trigo; seguido en importancia por harina y «pellets» de soja; biodiesel; aceite de soja en bruto y aceite de maní en bruto; porotos de soja, maníes sin cáscara y semillas forrajeras. Los envíos tuvieron como destinos más importantes Argelia y Vietnam, seguido de Brasil, China y Egipto.
Por su parte, la Aduana de Villa Constitución registró salidas por U$S 72,6 millones, principalmente por alambrón de hierro o acero sin alear, además de maíz, trigo y cebada, con destino a Colombia, Reino Unido, Haití, Bolivia y Cuba. Representan alrededor de $ 3.250.000.000; que escapan entre los dedos de la Aduana de Villa Constitución, ciudad cabecera de un departamento del sur santafesino donde sobreviven más de 30.000 personas con serios problemas laborales; al tiempo que multiplica los índices de pobreza e indigencia, como lo devela el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Juan Ignacio Bonfiglio, uno de los autores de ese estudio, afirmó que «en 2018 hubo situaciones que llevaron a que las condiciones de la población tendieran a empeorar, particularmente lo que tiene que ver con los ingresos, porque hubo mucha inflación y los ingresos crecieron menos que lo que crecieron los precios». El resultado es el peor registrado por este observatorio en los últimos 9 años, y confirma el impacto devastador de las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos, la devaluación, la pérdida de fuentes de trabajo, la alta inflación y los tarifazos.
El informe del Observatorio no toma en cuenta solamente el nivel de ingresos sino también aspectos como el acceso a la salud, la educación y las condiciones de las viviendas, lo que técnicamente se conoce como pobreza multi-dimensional.
En este sentido, Bonfiglio advirtió que «hay menos trabajo y menos trabajo formal y, además, hay otro problema que se agudiza este año que es la dificultad para acceder a los alimentos y la dificultad para acceder a los medicamentos y la atención médica; la situación de estos dos elementos empeoraron en 2018».
Sin embargo, el ingenio popular define la situación con agudeza y lucidez: como reza una pintada garabateada en las puertas de ingreso a los arrabales de Villa Constitución, «no hay pueblos pobres, hay pueblos empobrecidos…»
