La niña tucumana víctima de violación fue obligada a parir por cesárea. Llegó con 16 semanas de gestación y tuvo dos intentos de suicidio. El sistema de salud tucumano dilató la interrupción y la expuso a tortura. Ella nunca se soltó de la mano de su mamá. Tiene 11 años y quiere jugar.
Por Luciana Mignoli (especial para APe). Foto Anred
(APe).- La niña tucumana víctima de violación fue obligada a parir por cesárea. Llegó con 16 semanas de gestación y tuvo dos intentos de suicidio. El sistema de salud tucumano dilató la interrupción y la expuso a tortura. Ella nunca se soltó de la mano de su mamá. Tiene 11 años y quiere jugar.
¿Y cómo estará ahora Lucía? ¿Habrá podido dormir? ¿Le duele la herida? ¿Tendrá ahí algún juguete para abrazar?
Me pregunto a dónde irá su mirada en esa habitación. Si estará tomando líquido. Si hay mucho barullo y prefiere el silencio. Qué piensa cuando la mamá le agarra fuerte la mano.
En la noche del 26 de febrero se le practicó una cesárea a la niña de 11 años de Tucumán que había sido violada por la pareja de su abuela. «Lucía» -nombre ficticio para preservar su intimidad- está fuera de peligro, pero fue obligada a parir.
Llegó cuando cursaba un embarazo de 16 semanas por “autolesiones”. Dos veces intentó quitarse la vida. El tormento exasperante de no querer que crezca en tu propio vientre el producto del abuso. Pero no tuvo asistencia psicológica hasta hace dos días, de la mano de las organizaciones Andhes y Cladem que la acompañaron.
Se podría haber realizado una interrupción legal del embarazo de inmediato. Pero no, el sistema provincial de salud tucumano (Siprosa) puso en marcha todo un aparato siniestro de dilaciones y manipulaciones para obligarla a perpetuar el embarazo. No era una niña, fue una incubadora.
Lucía tenía ataques de angustia y llanto. Su declaración fue contundente: «Quiero que me saquen esto que me puso el viejo». Nadie la oyó. Pasó un mes internada. Se dejó avanzar hasta la semana 23 en una clara maniobra para aumentar la viabilidad fetal.
La doctora Cecilia Ousset, que practicó la intervención, explicó al aire de Radio Nacional Tucumán que cuando entró a la habitación, la nena no se soltaba de la mano de la madre y jugaba con unos muñecos. Sólo entendió que le iban a «solucionar» el tema que la atormentaba. Pidió ir al baño, pero lo hizo con su mamá. Nunca permitió que le sacaran la ropa interior, tuvieron que dormirla para eso. En este punto del relato, la doctora se quebró y explicó que es una característica de las infancias abusadas: resistirse a que le saquen la ropa interior.
La cesárea no fue lo solicitado por su mamá ni lo que indican los protocolos para preservar la salud de la niña. Pero el avanzado embarazo y la preeclampsia (un pico de hipertensión que puede llegar ser fatal) obligaron a los profesionales a esta práctica. Otra vez cesárea. Al igual quela niña de Jujuy en enero.
Anoche se podía ver en redes sociales cómo militantes antiderechos fogoneaban una vigilia en el hospital para que no se interrumpiera el embarazo. Mientras tanto, el Sistema de Salud de la Provincia de Tucumán (Siprosa) difundió anoche un comunicado perverso y contradictorio donde por un lado hace referencia al fallo F.A.L. y por último habla de «salvar las dos vidas».
¿Lucía habrá escuchado esa noche la movilización antiderechos en la puerta del hospital? ¿Sentirá la batalla campal que se libró sobre su cuerpo?
El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, hace circular un audio en donde pide rezar por «las dos vidas» y menciona el nombre real de la niña en un brutal avasallamiento de su derecho a preservar su identidad. Y varias veces y en forma elocuente repite la palabra custodiar. “Custodiar toda vida humana” y defenderla “con pasión, valentía y mucha entrega”. Otra vez, un llamado de la Iglesia a movilizarse en contra de los derechos de las niñas.
La interrupción legal del embarazo (ILE) está vigente hace 98 años. Está contemplada en el artículo 86 del Código Penal desde 1921 y ratificado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema en 2012. Cualquier persona gestante puede acceder si el embarazo fue producto de una violación (relación no consentida, aún dentro del matrimonio o noviazgo), si pone en riesgo su salud (física, psíquica y/o social) y/o si pone en riesgo su vida.
Desde distintos movimientos feministas señalan que los responsables de esta tortura tienen nombre y apellido: el gobernador Juan Manzur, la ministra de Salud Rossana Chahla, el secretario de Salud Gustavo Vigliocco y la directora del hospital Eva Perón Elizabeth Ávila. Exigen “que funcionarios implicados en esta violación de los derechos de Lucía sean investigados” y “la renuncia de la ministra Chahla y de Vigliocco”.
Obligar a parir es tortura. La maternidad forzada es tortura. La pelea por el aborto legal, seguro y gratuito pretende enterrar toda la clandestinidad que nos empuja a la muerte y a las maternidades forzosas.
¿Qué sentirá al verse esa cicatriz por el resto de su vida? ¿Cómo será su vida tucumana después de un caso tan público? ¿Podrá alguna vez sanar de toda la cadena de violencias que sufrió desde la violación? ¿Tendrán castigo aquellas personas que no se ajustaron a derecho y la expusieron a tortura?
#NiñasNoMadres no es sólo un hashtag o un lema del momento. Es la profunda convicción de que las infancias merecen ser sanas, plenas y libres. Y que eso no debería ser un privilegio, porque ya es derecho. Porque hoy pensamos en Lucía y nos duele la panza. Porque no queremos más Lucías. Queremos la aplicación efectiva de la ILE (*). Y aborto legal, seguro y gratuito.
Te abrazamos, Lucía.
(*) Para saber dónde consultar ante la necesidad de una ILE, 0800 222 3444 línea de consultas de salud sexual, Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación.
