Eva Dominguez y Yanina Segovia integran la mesa de familiares atravesados por el femicidio, un espacio que nació hace dos años atrás y que hoy lo integran más de 20 familias en toda la provincia. Eva perdió a su cuñada Vanesa Celma y Yanina a su hermana menor, Rocío Segovia, víctimas de la violencia machista pero sus causas fueron archivadas por todo un poder judicial machista y patriarcal que jamás tuvo perspectiva de género en estos casos. Su lucha es la de muchas familias que se abrazan para construir otro tipo de justicia.
Por María Cruz Ciarniello
“La principal necesidad es acompañarnos”, dice Eva Dominguez. A su lado, la hermana de Rocío, Yanina Segovia, asiente. Durante toda la entrevista, Yanina tendrá los ojos cargados de lágrimas, la mirada vidriosa y una firmeza en su voz que estremece.
Eva y Yanina comparten un mismo dolor. Las dos perdieron, en un caso, a su cuñada Vanesa Celma, en el otro, a su hermana Rocío Segovia, embarazada de 9 meses. Las dos visten remeras que llevan una estampa como bandera: el rostro joven de Vanesa y Rocío. Con recorridos diferentes, las dos comparten un mismo espacio de lucha: la Mesa de Familiares atravesados por el Femicidio en Santa Fe, conformada en el 2016 e integrada por más de veinte familiares de toda la provincia.
Dice Eva que las cifras siguen aumentando. Que todavía falta mucho. Y tiene razón. Según datos del Registro Nacional de Femicidios que lleva adelante el Observatorio Mumalá, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año, se produjeron en todo el país, 216 crímenes de mujeres en contexto de violencia machista. El 41% convivía con el femicida, el 44% tenía entre 21 y 40 años y el 45 % de las mujeres asesinadas tenían hijxs. “220 hijxs perdieron a sus madres, de los cuales 72 son menores de 12 años”, detalla el informe.
En la provincia de Santa Fe, el equipo de género coordinado por la concejala Norma López reveló que, hasta el 20 de noviembre de este año, se registraron 34 femicidios en todo el territorio provincial, 15 de ellos en la ciudad de Rosario. Y casi la mitad se cometió con armas de fuego, alerta. El informe registra más casos de los que señalan otros relevamientos similares, ya que considera –con aval del protocolo de la UFEM de la Procuración Nacional y la convención de Belém Do Pará- aquellas muertes de mujeres en términos más amplios, es decir, asesinatos de mujeres que no aparecen bajo la carátula judicial de femicidio pero que deben considerarse como tales hasta el término de la investigación.
Las cifras revelan siempre lo peor: el incremento de una violencia patriarcal que se ensaña con el cuerpo de las mujeres, cada vez más jóvenes. Y también dan cuenta que es en el propio hogar donde las mujeres corren mayor riesgo de ser asesinadas.
“Detrás de cada cifra hay una historia, un nombre, una familia”, afirma Eva cuando explica los motivos por los cuales decidieron, en la provincia de Santa Fe, autoconvocarse como familiares de víctimas de femicidios. Nombrarlas a ellas, hermanas, hijas, cuñadas, amigas, compañeras de trabajo, es hacerlas presentes. Es hacer justicia colectiva en las calles y en las marchas, sobretodo cuando enfrente hay un poder judicial que, salvo excepciones, opera bajo una lógica patriarcal, misógina y machista.
Eva Dominguez nunca para. Además de integrar Mujeres de Negro, hoy es una de las referentas de la mesa de familiares. Dice que acompañar, que abrazar en esos primeros momentos, es imprescindible. Junto a otros familiares, se ocupa de los detalles más pequeños que también, a veces, son los más urgentes: cómo gestionar el dinero para solventar un velorio, cómo ayudar a los familiares que ni siquiera tienen dinero para trasladarse hasta los Tribunales, cómo hablar con jueces y fiscales que descreen y maltratan a las familias cuando están solas, pero cuando son acompañadas por una organización social, adoptan un trato diferente. Cómo plantearles exigencias al Estado y a sus instituciones barriales, cómo articular con otros familiares en el país, cómo batallar para que una ley fundamental, como la ley Brisa, sea realmente implementada. Eva lucha ya no solo por hacer justicia por Vanesa, sino para que otras familias no pasen por lo mismo. O simplemente, para que sepan que no están solas. Su lucha es colectiva porque Eva hizo carne esa premisa básica que instala el feminismo y que dice que lo personal es político.
“Siempre nos dicen lo mismo, que se encuentran muy solos”, remarca. Su caso es emblemático porque revela la enorme deficiencia del poder judicial, las graves irregularidades cometidas durante el proceso de recolección de pruebas, y la falta total de perspectiva de género. Una operatoria que se repite en tantos otros casos. Que no es aislada y que no se reduce solo al accionar de un juez discriminatorio, de una fiscal sin formación en género o del trabajo de un cuerpo policial que siempre es violatorio de cualquier protocolo. Desnuda todo un sistema judicial androcéntrico y patriarcal que revictimiza y que “desde tiempos inmemoriales está definido para condenar y juzgar a las mujeres”, señalará con contundencia la abogada feminista Mabel Gabarra.
Vanesa Celma no pudo sobrevivir a las graves quemaduras que afectaron gran parte de su cuerpo. Estaba embarazada de 8 meses cuando el 29 de junio de 2010 sufrió el ataque por parte de su entonces pareja. Su hija, que hoy ya tiene 8 años, nació producto de una cesárea de urgencia y cuatro meses después, tras estar internada en terapia intensiva, Vanesa murió. Su concubino jamás fue imputado. Se perdieron pruebas fundamentales para determinar la responsabilidad de su pareja y hay una causa judicial que investiga la complicidad policial. “Murió por amor”, había señalado la fiscal del caso, mientras que la jueza Mónica Lamperti había caratulado la causa como “Incendio”, desestimando los testimonios de testigos que daban cuenta del contexto de violencia machista en el que vivía Vanesa. “Hace 9 meses logramos que el caso llegue a la Corte Interamericana y nuestro objetivo es apelar adónde sea necesario. Yo necesito que la justicia le pida perdón a su familia y a sus hijos, porque en mi familia hay una menos y al Estado nunca le importó”, dice Eva, luego de ocho años de recorrer los pasillos de los Tribunales, de capacitarse y aprender sobre fallos y leyes y todo lo vinculado a la problemática de género. No estuvo sola: en todo este largo proceso, encontró el apoyo y la asistencia jurídica de organismos como APDH y Cladem. Sin embargo, para la justicia, Vanesa Celma es hoy un “caso archivado”.
¿Qué pasó con Rocío y Génesis?”.
Yanina dice que tiene mucho en común con Eva. Se conocieron hace pocos meses, cuando se realizó en Rosario el Juicio Ético Popular, convocado por las Feministas del Abya Yala. Desde ese entonces, Yanina está acompañada por muchos familiares que la abrazan. Dice que eso es fundamental: “Sentir que no estás sola cuando tenés una duda, cuando tenés una recaída o para poder seguir capacitándote”. Integra la mesa de Familiares atravesados por el femicidio, un espacio que la ayuda a no resignarse frente a un poder judicial que, según denuncia la organización, decidió archivar la causa de Rocío bajo la hipótesis del suicidio, sin investigar el contexto de violencia machista que sufría.
A Rocío la encontró su hermana Vanesa colgada con una sábana en su cuello, de una de las vigas de un techo de 3 metros de alto, en su propia casa, cuenta Yanina. En ese momento, cursaba un embarazo de casi 9 meses. Vivía en una humilde vivienda del barrio Santa Lucía junto a su pareja de 19 años. Ella tenía 15 y según relatan testigos y sus propias hermanas, sufría violencia machista desde hacía tiempo. Su familia jamás creyó la hipótesis del suicidio. “Nosotras sabemos que él la mató, pero no pudimos probarlo. Eso lo tenía que investigar la fiscal”, dice con impotencia Yanina. Reconoce que después de cuatro años de reclamos, movilizaciones y lucha, hoy es la única de la familia que continúa militando día a día para que la muerte de su hermana, ocurrida en el 2014, no quede impune. Que su mamá necesita apoyo psicológico, que sus hermanas creen que es imposible luchar contra “el poder”. El camino es agotador y “devastador”. Es que, dirá Eva, “luchar contra el sistema te pulveriza”. También dirá que los familiares vienen “de la nada misma”. De la más absoluta soledad. Del desamparo y la desolación. Que muchas familias no tienen respaldo jurídico ni recursos económicos para solventar un abogadx defensorx que además tenga perspectiva de género.
En el caso de Rocío, su familia solo contó con el accionar de la fiscalia a cargo de Mariana Prunotto. Rocío era la menor de cuatro hermanas. “Ella vivía con Vanesa, que es la que me sigue, y ella la deja con su pareja en su casa, a las 12.30 del mediodía. Cuando vuelve a las 15.30 la encuentra colgada de una sábana. Entra y empieza a llamar porque le parecía raro que no saliera nadie. Ella estaba esperando con ansias que nazca Génesis. Cuando entra, la encuentra colgada. Su pareja estaba ahí, en el baño, y no salió en ningún momento a socorrer a Rocío. Vanesa pide ayuda a mi madrastra que vive al lado, un vecino corta la soga, y este mismo vecino es que el que nos cuenta después de unos días, haber visto maltrato, empujones y gritos de parte de su pareja hacia Rocío”. Este es el relato que dio Yanina la mañana del 23 de mayo de este año, frente a los Tribunales Provinciales, en el marco del Juicio Etico Popular Feminista a la Justicia Patriarcal, que se realizó en la ciudad con la presencia de reconocidas feministas como Mabel Gabarra, Claudia Korol y la periodista Sonia Tessa. El juicio ético es una herramienta reparadora, un espacio colectivo donde se exponen los impactos de la justicia machista sobre el cuerpo y la vida de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Yanina dirá que para ella fue “sanador”. “Me ayudó mucho para ver que hay otras historias similares, que no estás sola, a poder encontrar esa justicia que no tenés en los Tribunales”.
El principal reclamo de la familia de Rocío es hacia la actuación de la fiscalía que jamás tuvo en cuenta los testimonios que señalaban los hechos de violencia que sufría Rocío. Tampoco el relato que dio una vecina ese mismo día, diciendo que pasadas las 12 del mediodía escuchó llantos y gritos. Yanina y sus hermanas tienen más dudas que certezas. O una enorme certeza: Rocío deseaba tener a su beba, que no estaba deprimida y que llevaba al día sus controles prenatales y ecografías. Una duda que tiene Yanina, entre muchas, es cómo hizo Rocío para colgarse de un techo tan alto, con la panza y el peso que ya tenía a causa de su tan avanzado embarazo. Dudas que la fiscalía desestimó, ya que solo consideró la falta de elementos contundentes para imputar a su pareja.
Eva Dominguez escucha a su compañera y afirma: “cualquiera que veía la foto de Rocío podía darse cuenta que esa sábana estaba muy bien acomodada”. Dice Yanina que la primera autopsia del cuerpo de su hermana reveló que las marcas en su cuello no correspondían con la compresión de una sábana, sino con la de un elemento más delgado. Pero la familia de Rocío jamás recibió explicaciones, no conoció sus derechos, no tuvo acompañamiento por parte de la justicia. Hace apenas tres meses se enteraron que la causa sería archivada. “Recibimos maltrato, hubo muchas irregularidades, dejaron al sospechoso al lado del cuerpo y no a nosotros. Rocío no tuvo justicia, nos vulneró y no tuvimos acompañamiento legal, ni la posibilidad que nos explicaran qué derechos teníamos como familiares”.
La actuación judicial repite patrones comunes: falta de resguardo de la escena, falta de investigación y recolección de pruebas. Descreimiento de la palabra de las víctimas y familiares. Eso ocurrió con Vanesa en el 2010 y se repitió con Rocío en el 2014. “En el ámbito de justicia se siguen utilizando terminologías que son profundamente discriminatorias y violentas en sí mismas”, dice Mabel Gabarra, cuando se refiere a la frase que utilizó la fiscal en el caso de Vanesa. Nadie muere por amor, a las mujeres las matan por violencia machista. “En el caso de Rocío es un compendio de cuestiones: pobreza, violencia de todo tipo. Cómo vienen a decir que esa mujer que estaba por parir, que le puso un nombre a ese bebe, no la quería, que quería matarse ella y su hija. Es absolutamente incomprensible. Nadie lleva un embarazo hasta los 9 meses si no quiere vivir. En este caso, además, hay una cuestión: que una familia desesperada no reciba asesoramiento. Cuando el derecho se transforma en un derecho para un prototipo que es el varón, blanco, heterosexual, de clase media y solo responde a esa figura, pierde humanidad. Y sabemos que las personas cuanto más pobres, más excluidas y más discriminadas están, menos justicia tienen. El caso de Rocío es un compendio de todo eso”, apunta Gabarra.
Yanina parece quebrarse ante cada palabra, pero su testimonio es firme. Al comienzo tuvieron la ayuda de una organización barrial como la Fob. Después, el encuentro con otras familias fue reparador. Aprender, contener, abrazar, sentirse escuchadas. “Poder contar con otros familiares te ayuda a ver y entender que no solo a Rocío le pasó esto, porque en un momento yo le creí a la justicia. Otros familiares pasaron por lo mismo, y estar con ellos te ayuda a sanar, a mí me da fuerzas, me ayuda a deconstruirme. Yo tengo una hija pre adolescente y esto me ayuda mucho porque yo antes naturalizaba muchas violencias. Y la fiscal nos hacía sentir que nosotras éramos responsables de lo que estábamos viviendo y que éramos responsables del lo que le pasó a mi hermana porque no hicimos la denuncia. Pero hoy creemos que no, que en realidad no les importó porque Rocío era una piba pobre. Nos quisieron quebrar, porque estábamos solas en nuestras casas y no sabíamos como seguir y hoy sabemos qué tenemos derechos”.
Yanina menciona también a la beba, Génesis, a quien no pudieron salvar debido a que Rocío llevaba demasiado tiempo sin vida., colgada de la sábana, según informaron los médicos. “Ella era una bebé, estaba a punto de nacer”, dice y agrega: “Rocío la esperaba con muchas ansias. Sabemos que Rocío anhelaba a esa hija”.
Yanina dice que su lucha ya no es solitaria. Que ahora se siente empoderada, con fuerzas para seguir reclamando, para seguir nombrando a su hermana y a todas las pibas que mata el machismo. Porque “nombrarlas es hacerlas presentes”.
Eva cuenta de la lucha de una organización que está naciendo de a poco; de ese abrazo necesario a las familias que voluntariamente se van acercando, sobretodo, en los primeros momentos donde todo es desolación. De la necesidad de “hacer foco en el después”. De que el Estado responda a esas urgencias de familias devastadas que no tienen dinero para trasladarse, para solventar un velorio, para acercarse a un centro de salud o recibir una atención psicológica.
Familias de Daiana Capaccio, Paula Perassi, Nadia Benitez, Marisol Pereyra, Yésica Olivera, Rosalía Jara, Débora Mansilla, María Celeste Encina, Vanesa Celma, Rocío Segovia, entre otras, se reúnen una vez al mes en la sede de Ate Rosario y cada dos meses concurren al espacio el Tocadisco que le brinda la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia, un espacio dónde reciben contención psicológica.
Pero lo fundamental es saberse acompañados; estar en la calle, haciendo política, dice Eva. Porque ya juntarse es un acto político. “Por ellas”, dice la bandera que cargan en cada marcha, en cada viaje que hacen hasta los lugares donde ocurre un nuevo femicidio. En cada espacio donde se encuentran, se abrazan y comparten ese grito colectivo que reclama justicia.
