El Registro Nacional de Barrios Populares habilitó la sanción de la “ley de integración urbana”. A nivel local el relevamiento dejó expuesta la situación de los 112 barrios rosarinos afectados por la pobreza y el abandono.
Por Martín Stoianovich
Imágenes: Raíz Comunicación
[dropcap]E[/dropcap]nergía eléctrica segura en Empalme Graneros, Arroyito Oeste, La Cariñosa, Alvear Sur, barrio Toba, Saladillo sur y San Martín sur. Agua corriente en Empalme Graneros, Puente Negro, La Cariñosa y barrio Toba. Repavimentación en Empalme Graneros, La Bombacha, Vía Honda y La Roca. Contenedores de residuos para Ludueña, La Cariñosa, La Bombacha, Alvear Sur, Villa Banana y San Francisquito. Todas estas demandas, y otras, son promesas convertidas en decretos sancionados por la Municipalidad de Rosario. Promesas que finalmente no se cumplieron. Hay decenas de decretos que surgieron de proyectos presentados, en su mayoría, por los bloques de Ciudad Futura y el Frente Social y Popular en la Comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal. Demandas de la población traducidas en palabras. Y, otra vez, palabras que solo quedaron ahí: el ejecutivo municipal no las puso en práctica.
En la descripción anterior los barrios mencionados se repiten porque en cada uno hay más de una necesidad insatisfecha. Y no son solo estos trece barrios nombrados los que se ven afectados por una realidad alarmante: los 112 barrios populares de Rosario atraviesan distintas dificultades de manera permanente. Así lo deja ver el resultado a nivel local del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que un amplio arco de organizaciones sociales llevó a cabo junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 4.416 barrios del país. El Movimiento de Trabajadores Excluidos y su Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (MTE-CTEP), la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Techo y Cáritas, son las organizaciones que lograron la realización de este relevamiento iniciado en agosto de 2016, que a fin de cuentas expone con estadísticas la realidad que le toca vivir a los sectores populares víctimas del ajuste económico del propio gobierno nacional. Pero también -caso Santa Fe- expone a los gobiernos provinciales y municipales que durante sucesivas gestiones no atendieron las necesidades de salud, educación, trabajo, vivienda y urbanización de sus poblaciones.
A partir de este relevamiento el gobierno nacional se dispuso a entregar a todas las personas registradas en el Renabap un certificado de vivienda familiar. Es emitido por Anses y permite que a los habitantes de los barrios populares se les reconozca su domicilio para que puedan solicitar formalmente conexiones de agua, energía eléctrica, gas, cloacas, entre otras demandas. De este proceso no solo participaron las organizaciones que impulsaron el proyecto sino además muchas otras que realizan trabajo social en los barrios relevados, como así también vecinas y vecinos vinculados a estos espacios. En la región de Rosario el proyecto fue encabezado por Victoria Clerici, referente del MTE, quien explicó a enREDando que al momento de iniciar el relevamiento no se mencionaba como objetivo la posterior sanción de una ley. Pero finalmente ocurrió: a principios de octubre el Senado de la Nación aprobó la “Ley de Integración Urbana” que dejó sujetos a expropiación a los terrenos donde se levantan los barrios del país registrados en el Renabap, suspendiendo por cuatro años los desalojos y brindando a las cooperativas de las organizaciones sociales el 25 % de las obras públicas de urbanización a realizarse.
La supuesta urbanización entraría en práctica basándose en los datos brindados por el relevamiento. En Rosario, desde agosto de 2016 se registraron 18.473 viviendas, 20.632 familias y 71.078 personas. De esas consultas se desprenden los datos que configuran el paisaje de los barrios rosarinos:
– El 95 % no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica.
– El 99 % no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente.
– El 98 % no cuenta con acceso formal a la red cloacal.
– El 68 % utiliza energía eléctrica para calefacción.
– El 99 % utiliza gas en garrafa para cocinar.
Además de estas carencias, hay otros aspectos que dan cuenta de una actualidad compleja. De la población activa relevada, a partir de los 16 años, solo el 55 % trabaja. A la vez, de ese porcentaje el 22 % realiza tareas del hogar, un 14 % tiene trabajo independiente, otro 14 % tiene empleo en negro, solo un 8 % por ciento goza de jubilación o pensión y tan solo el 19 % tiene un empleo en blanco. El 39 % de los activos que trabajan lo hacen en el rubro de la construcción, un 8 % son cartoneros y el resto se reparte en un próximo a otras diez actividades.
“Si bien uno sabe que no se resuelve nada con una ley, este relevamiento da cuenta de la prepotencia de la construcción y la unidad cuando el eje está puesto en el mejoramiento de la cotidianidad y la vida de los sectores populares. En ese sentido es un balance positivo”, analiza Victoria Clerici. “El relevamiento viene a confirmar con datos duros lo que veíamos planteando hacía años. Pero uno no termina de asombrarse por la situación en la que viven determinadas personas, no se puede creer”, dice. Y agrega que, de manera indirecta teniendo en cuenta los resultados, el relevamiento deja la puerta abierta al planteamiento de nuevas políticas públicas. Por ejemplo, en los barrios populares entre el 50 y el 60 % de los habitantes son niños y niñas, y el 60 % de las familias monoparentales tienen al frente a mujeres. “Eso puede generar políticas públicas destinadas a la niñez, o con perspectiva de género”, explica.
En cuanto a la relación con el gobierno nacional -no caracterizado por aplicar políticas públicas que favorezcan a la población de los barrios populares sino todo lo contrario- Clerici admite: “Lo que logramos, nos lo sacan por otro lado”. Lo que no significa que lo que surja a partir del Renabap no sea un avance. “Tenemos un piso que es esta ley y lo que se ha generado a partir de este relevamiento”.
En tanto, sobre el gobierno provincial, Clerici dice que hasta el momento mantuvieron un contacto distante. “Al Ejecutivo provincial le dijimos que necesitamos establecer prioridades. Nos dicen que está el Plan Abre, pero el Plan Abre de los 112 barrios de Rosario está en aproximadamente diez. En el Concejo Municipal salieron cantidades de decretos para mejoramiento y obras de distintos barrios que nunca fueron ejecutados. Fuimos a hablar con el Ejecutivo, después nos llamó la gente de Plan Abre, en una primera reunión se les mostró todo, íbamos a tener una segunda reunión donde ellos nos iban a responder qué podían hacer, pero nos la cancelaron y no quieren saber nada con nosotros”. En vistas de la entrada al año electoral, el gobierno provincial apunta a seguir con el Plan Abre como el caballito de batalla con el que ingresa a los barrios populares, terreno en el que, por ejemplo en Rosario, en las elecciones legislativas de 2017 perdieron ampliamente contra Cambiemos. Quizás perciben que abrir el juego es darle espacio al gobierno nacional. Por eso las reticencias.
Más allá de los gobiernos y más acá de las vecinas y los vecinos, es necesario tener en cuenta las debilidades que pueden verse a partir de esta ley, que implica que las provincias y municipios que adhieran deberán ceder sus terrenos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este aspecto genera dudas por distintos motivos. Sobre todo porque la ley no menciona con claridad ni certezas que los ocupantes actuales de las tierras podrán algún día ser propietarios. Lo único que puede calmar el miedo a ser desalojados es el artículo de la ley que suspende los desalojos por cuatro años. Este panorama, sin embargo, haciendo uso del derecho a desconfiar de un gobierno neoliberal, deja abierto un abanico de posibilidades.
Hay un análisis de María Cristina Cravino, antropóloga e investigadora del Conicet, que vale la pena compartir. “Creo que la misma ley puede constituirse en un obstáculo para los derechos de los habitantes, ya que el inciso 2 del artículo 6 afirma en alusión a las tareas que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: ‘implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentren los bienes inmuebles sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, proyectos de integración socio urbana, que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes’. Es correcto que el proceso de intervención sea acorde a las normativas locales y provinciales. No obstante, este artículo deja abierta la posibilidad de desplazamientos promovidos por organismos del Estado. Por ejemplo, la relocalización de familias a fin de dejar predios con emplazamientos centrales para el interés del mercado inmobiliario si es defendido así por organismos públicos; en particular con una AABE que se dedica a hacer subastas para obtener recursos. Al mismo tiempo, puede quedar pendiente la intervención en algunos barrios por considerarse que no hay recursos suficientes (factibilidad económica) o no está contemplada en documentos o normas de planificación urbana. Es más clara en relación a las relocalizaciones por razones ambientales (que son habituales) y allí establece que se realizarán cuando no queden otras alternativas”.
