En mitad del vendaval desatado por la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015, Santa Fe pierde veinte empresas por mes. Para mayo, la provincia conservaba, a duras penas, 5.805 industrias. La cifra -previa a la última devaluación, que impactó de lleno en el sector industrial- pone ese índice en un piso histórico, por debajo incluso de la década del 40 o los años del vendaval menemista. Al mismo tiempo, 200 empresas sobreviven en la provincia bajo Proceso Preventivo de Crisis. Una situación que termina afectando, de manera directa, a 15.000 trabajadores.
Por Jorge Cadús
[dropcap]L[/dropcap]a Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) detalló en su informe Actualidad Industrial de agosto que para mayo de este año 2018, Santa Fe conserva -a duras penas- 5.805 industrias. La cifra es incluso previa a la última devaluación, que impactó de lleno en el sector industrial, profundizando el ajuste. Un verdadero vendaval que pone ese índice en un piso histórico: en 1947 había 10.495 establecimientos industriales en la provincia; en 1954 sumaban ya 17.411; y en 1999 –después de los años de dictadura militar, hiperinflación y menemismo- habían sobrevivido un total de 10.600 industrias.
El trabajo de Fisfe señala que desde mayo de 2015, las empresas que bajaron las persianas en nuestra provincia suman 441. Y no sólo eso: sólo entre mayo de 2017 y mayo de este año cerraron en la provincia de Santa Fe un total de 244 empresas industriales.
Esto implica que Santa Fe perdió en los últimos tres años un promedio de 12 empresas por mes; pero la debacle se aceleró en los últimos tiempos: son 20 empresas cerradas por mes.
A la hora de marcar las causas del vendaval de persianas bajas, el informe señala la devaluación, el deterioro del poder adquisitivo, los tarifazos, la apertura indiscriminada de importaciones, las restricciones crediticias y las altas tasas de interés,
«Entre los sectores más afectados están el textil y el calzado. Pero también otros: una gran cantidad de pymes de todo tipo, de todos los sectores, van cerrando en función de lo que estamos viviendo, una gran caída de la actividad económica», señaló el presidente de Fisfe, Guillermo Moretti.
Al mismo tiempo, el informe de coyuntura de agosto de Fisfe midió una caída del 5,9% en el nivel de actividad de la industria manufacturera en julio de 2018 con respecto a igual mes del año pasado.
De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la Fisfe, la baja general registra una merma en todos los rubros: procesamiento de semillas de soja, biodiesel, minerales no metálicos, vehículos automóviles e industria metalúrgica.
La propia Ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, advirtió que existen hoy «entre 180 y 200 empresas que están en proceso preventivo de crisis en la provincia»; una situación que termina afectando a cerca de 15.000 trabajadores empleados en esas firmas.
La situación condiciona, obviamente, la cadena de pagos de los empresarios: los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre cheques rechazados en el primer semestre de 2018, traducido en valores operados, consignan que el volumen de cheques rebotados aumentó un 70% interanual en el primer semestre. Desde la Fundación Mediterránea reconocen que para el acumulado del primer semestre los montos de cheques rechazados representaron el 5,6% del total compensado (contra un promedio 2,78% mismo periodo entre 2011 y 2017).
En esa sintonía, el presidente de la Asociación Empresaria Rosario (AER) e integrante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, alertó por un incremento exponencial de cheques rechazados desde el comienzo de la devaluación en mayo: esa cantidad «se multiplicó por catorce con respecto al mismo período del año pasado», sentenció.
Y explicó también: «Lo que antes era 60 o 90 días, hoy está en 180 días».
Sumar despidos
El impacto es demoledor.
Y deja a los trabajadores en la más brutal intemperie:
– La empresa General Motors implementó en su fábrica de General Alvear un plan de suspensiones rotativas a lo largo de cinco meses. El acuerdo –consensuado con el gremio SMATA- tendrá vigencia hasta el 31 de enero próximo: durante el período de suspensiones habrá un turno en lugar de dos, y los trabajadores recibirán el 70% de sus sueldos netos. Los directivos de la firma explicaron que «la devaluación del peso y la suba de los costos de la materia prima perjudicaron las perspectivas de ventas anuales».
– Desde el Sindicato de la Alimentación de Santa Fe denunciaron el despido de 10 trabajadores de la planta de producción de golosinas Sweet SA, en la ciudad de Santo Tomé. La empresa se desprendió de las 10 personas sin iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis previsto en la Ley de Empleo para que se den las razones que motivan los despidos. La planta produce más de cuatro millones de unidades diarias de golosinas -caramelos, chicles y chupetines de la marca Open- y cuenta con un plantel de 80 trabajadores.
– La empresa de electrodomésticos Liliana, en Granadero Baigorria, implementó una nueva serie de despidos, bajo el argumento de «una baja en las ventas», y cesanteó alrededor de veinte operarios que revestían la condición de contratados. Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, hizo responsable de la situación a las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri; y advirtió acerca de «numerosos conflictos en otras fábricas metalúrgicas de la región».
– La fábrica de heladeras Electrolux licenció a todo su personal durante el mes de octubre, una medida adoptada «para bajar el costo operativo, dado el descenso abrupto de las ventas y el exceso de stock almacenado». Son cerca de 1.000 empleados que cumplen tareas en la planta rosarina, y a quienes la compañía aclaró que «continuará abonando el 100% de los sueldos».
«Para la gente es molesto tener que tomar vacaciones ahora, porque cualquiera prefiere hacerlo cuando sus hijos están en el receso escolar de verano, o para las fiestas de fin de año, pero en este escenario de crisis, esto es lo menos malo», advirtió el abogado del gremio metalúrgico local, Pablo Cerra; aunque reconoció que «la cuerda se terminará cortando en algún momento y estamos preocupadísimos por los trabajadores, los que menos resto tienen para aguantar la crisis».
– En la localidad de Fighiera, la empresa Síntesis Química -dedicada a la producción de químicos para el agro- se encuentra paralizada, debido al corte del suministro de energía eléctrica a partir de la imposibilidad de hacer frente a los últimos aumentos. Desde diciembre del año que pasó, los 45 operarios de la firma –adquirida en octubre del 2017 por el grupo AgroEnergía- sufren la reducción de la jornada laboral.
– Metalsur, ubicada en Villa Gobernador Gálvez, anunció que licenciará en forma rotativa a todo su personal –unos 400 trabajadores- a cambio de la garantía de estabilidad para los empleos, pagando el 90% de los salarios; al mismo tiempo abrirá una serie de retiros voluntarios «ante la caída del mercado interno», de acuerdo a la información brindada por la propia firma, que en su mayoría pertenece a la brasileña Marcopolo y la chilena Metalpar.
«Una carrocería cuesta 300.000 dólares y representa 3 mil horas de trabajo de los compañeros. Y ahora entre todas las fábricas hay 100 blancos: están listos, terminados, a la espera de que alguien los compre para pintarlos. ¿Y quién los puede comprar como están las cosas hoy en día?», relató Antonio Donello, secretario general de la UOM. «La apertura de importaciones, los tarifazos y la baja del consumo interno son un combo que cada día va dinamitando más y no sabemos cómo va a terminar», resumió el dirigente gremial
– En la ciudad de Firmat, los trabajadores de DASA mantienen desde el último 20 de julio la toma pacífica de la planta, ante la falta de pago; e implementan cortes intermitentes en el cruce de las Rutas 33 y 93. «Necesitamos que aparezca el directorio a consensuar una salida a este problema», explicó Cristián Romero, quien puntualizó también que «pese a los reclamos no hemos tenido novedades. Estamos esperando un propuesta de pago».
Para Romero, «la solución de fondo la tiene que dar Fabiana Galante, que es la dueña de la empresa. No mandan telegramas de despido, así que seguimos dependiendo de la empresa; y la empresa no presenta quiebra. Si esta señora tiene buena disposición que ponga en garantía algunos de sus inmuebles, saque un préstamo del banco y nos pague».
– Helvética, la fábrica de acoplados y semirremolques para transporte que ocupa tres manzanas en Cañada de Gómez, acordó con la UOM la suspensión de toda la planta de personal y el pago del 50% de los salarios hasta fin de año. Hasta el año que pasó, la firma –cuyo titular es Raúl Corna, y que emplea 90 trabajadores- producía entre 50 y 60 unidades por mes. En agosto de este año apenas se fabricaron 5 acoplados.
– Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción -que agrupa a empresas del rubro como Techint y Roggio- sentenció que «es posible que haya 40.000 despidos o incluso más por el parate de la obra pública», debido a «la parálisis que sufrirán muchas obras de infraestructura por la crisis económica que azota al país». En forma paralela, Gerardo Martinez, líder de la Uocra, reconoció también que «avizoramos que va a haber una caída estrepitosa, por lo que significan los recortes que está anunciando el Gobierno». Según datos privados del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), hay más de 400.000 empleados registrados en el sector, que de todos modos suele tener un alto nivel de empleo informal.
¿A quién ajustamos?
Un Informe elaborado por Claudio Lozano y Tomás Raffo para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) indica que -una vez más- las quince primeras exportadoras asentadas en el país fueron las principales beneficiarias de las últimas corridas cambiarias.
Cargill, Cofco, Bunge, Aceitera General Deheza, LDC Argentina, Vicentín, Toyota, Volkswagen, Oleaginosa Moreno, Molinos, ACA, Ford, Aluar, Agricultores Federados y ADM Agro, son los principales ganadores de un modelo que profundiza la destrucción del trabajo mientras endeuda a las generaciones futuras.
Dice el informe: «luego de la segunda corrida cambiaria, a un valor cercano a los $40 por dólar, el volumen facturado de sus exportaciones se duplicó».
«Es decir, en apenas 5 meses y por arte de magia y devaluación, el Gobierno de Cambiemos le transfirió a estas 15 empresas la suma de nada menos que $546.755,30 millones. Es el mismo monto que pretende ajustar el gasto público para cumplir las metas con el FMI.”
En forma paralela, un documento elaborado por la consultora Ecolatina advierte que -por efecto directo de la devaluación- el salario real registrado caerá casi 6% durante este año, en promedio, aunque sólo en el segundo semestre perdería 12%.
«Sin reapertura generalizada de paritarias, el salario real podría perder en promedio más de 12% interanual en el segundo semestre. Dado que dicha contracción del poder adquisitivo sería muy nociva para el consumo interno, acrecentaría la conflictividad social y minaría la imagen pública del gobierno, el Ejecutivo tiene incentivos para apoyar la reapertura de las paritarias», considera el informe, y puntualiza que «es difícil que se logre revertir esta dinámica el próximo año».
Si ves el futuro
Para la senadora de la Nación, María de los Ángeles Sacnun, la situación «se enmarca en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en el ajuste que esto implica. Estamos dentro de una política económica de enorme endeudamiento que arrasa con el entramado productivo. Argentina no toma créditos para ponerlo al servicio del desarrollo económico, tenemos hoy un 45% de capacidad ociosa en la industria, y tenemos desempleo. Hemos virado nuevamente a un modelo agro exportador, para diez o doce millones de argentinos, y no para todos. Y se está pulverizando ese entramado productivo, que se fue desarrollando con el tiempo, a lo que debemos sumar a los pequeños productores agropecuarios, que no especulan, y que viven al día».
«Los grandes ganadores del gobierno de Mauricio Macri son, sin dudas, las grandes exportadoras, las firmas energéticas vinculadas al presidente de la Nación, y el capitalismo financiero, la timba», consignó la legisladora santafesina.
El periodista y diputado provincial Carlos del Frade sintetizó esa matemática del saqueo que multiplica angustias cotidianas: «mil quinientos trabajadores sufren suspensiones y rebaja del salario en General Motors. Otros mil en Electrolux. Cuatrocientos en Metalsur y 90 en Helvética. 2.990 trabajadoras y trabajadores afectados por las decisiones tomadas en los últimos quince días. Significan 199 trabajadores afectados por día. Ocho por hora. Una persona angustiada por la ausencia de estabilidad laboral cada menos de diez minutos en los últimos quince días».
«Mientras un trabajador no sabe qué significa la palabra futuro cada menos de diez minutos en el sur de la provincia de Santa Fe, los 315.698 millones de dólares de deuda externa que acumula la Argentina, supone un endeudamiento de 864 millones de dólares diarios; 36 millones de dólares por hora; 600 mil dólares por minuto», puntualiza del Frade.
Y define: «la asfixia que sufren los sectores populares en la Argentina debe corregirse con una profunda reforma impositiva a nivel nacional y provincial y se deje de lado las imposiciones del FMI. Si no, una vez más, Juan José Castelli tendrá razón: Si ves al futuro, dile que no venga».
