A poco de cumplirse cuatro años de la desaparición y muerte de Franco Casco en la comisaría 7ma de Rosario, hay novedades en la investigación que ya tiene a dieciocho policías procesados. Un vecino del barrio Luis Agote y dos odontólogos serán indagados en el marco de una causa separada por ser sospechosos de los delitos de falso testimonio y encubrimiento.
Por Martín Stoianovich
En los pocos segundos que pasan desde que cierra con llave la puerta de su casa en calle Catamarca al 3800, la atención de Daniel C. se fija en el muchacho que pasa caminando al lado suyo. Lo alarma que ese chico de lentes recetados vestido con una remera blanca y un jean pase relojeando de arriba a abajo las puertas de las viviendas. Lo alarma, también, que ese chico lleve puesta una gorrita y por eso el detalle quedará en su memoria. Le dice a su pareja y a sus dos hijos que se adelanten y caminen al restorán donde piensan almorzar. Él se separa y va a buscar el auto. El plan del mediodía puede esperar. Ahora, Daniel, que es el gestor de las alarmas comunitarias de algunas cuadras del barrio, siente que tiene que cumplir con su rol de vecino responsable.
Sube a su auto y piensa en alcanzar a ese pibe de gorrita que le resulta tan sospechoso. Desde la altura de su casa, lo alcanza a ver a unos cincuenta metros llegando a la plazoleta con forma de triángulo que rodean las calles Alsina, Catamarca y Bordabehere. Al avanzar unos metros más, ve a otro muchacho que está sentado de espalda a la calle. Daniel no sabe si esa mirada entre el chico de gorrita y el chico de la plaza es casualidad o complicidad. Guiado por su temor, y por su chapa de gestor de la seguridad barrial, se inclina por la segunda. Entonces decide continuar con la sigilosa vigilancia: acelera por Alsina, dobla en Urquiza, vuelve a doblar en Lavalle y repite maniobra al llegar a Tucumán, desde donde, llegando a la esquina de Alsina, ve que el chico de gorrita continúa mirando las puertas de las casas. Entonces concluye en que es momento de llamar a la policía. Como nadie en la Comisaría 7ma atiende el llamado, Daniel busca el contacto de Diego Álvarez, jefe de la seccional, y lo llama a su teléfono personal.
El diálogo es rápido: le cuenta que sospecha de una persona que camina mirando cerraduras y que cruzó miradas con un pibe que estaba sentado en la plaza de Alsina y Catamarca.
No satisfecho, prefiere que su familia espere un poco más en el restorán y continúa siguiendo desde atrás al chico de gorrita. Cuando lo pasa, por el espejo retrovisor lo ve entrar en el almacén de Chiche, en Tucumán y Castellanos, y al mirar hacia adelante ve que a unos doscientos metros, por calle Cafferata, pasa un patrullero. Entonces da una vuelta manzana y ve al chico de gorrita salir del almacén. Se baja, encara al comercio y le pregunta al empleado sobre ese pibe que acababa de salir. Después de que el almacenero le cuenta que el chico tenía acento chileno, que había comprado fiambre, pan y una gaseosa, Daniel le agradece y se va. Cuando vuelve a su auto hace unos metros y ve al chico alejándose hasta perderlo de vista. Al volver a la zona de la plazoleta, ve un patrullero con un detenido sentado atrás. Intuye que se trata de la otra persona, el que había levantado sospechas por estar sentado en la plaza. Esta vez, a la misma distancia en la que había visto el cruce de miradas, no alcanza a reconocer a los policías.
Por unas horas, mientras almuerza y pasa el rato con su familia en el restorán, Daniel se olvida del asunto. Hasta que un llamado del comisario lo interrumpe para pedirle que se acercara a la Comisaría 7ma a declarar: el chico de la plaza se había resistido a ser arrestado tirándole una piedra y rompiéndole la camisa al comisario Diego Álvarez.
Parte necesaria
Daniel C. tuvo que memorizar esta secuencia. La repitió tres veces: el 28 de octubre de 2014 en la oficina del suboficial Carlos Ríos de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la policía santafesina, el 31 de octubre del mismo año en la sede del Ministerio Público de la Acusación de la provincia ante la fiscal Mariana Prunotto, y el 3 de marzo de 2015 ante el Ministerio Público Federal. Es que su relato es la base de la hipótesis policial en torno a lo que ocurrió con Franco Casco en octubre de 2014, entre que fue detenido y desaparecido hasta que fue hallado muerto en el río Paraná. Para una de las querellas que representa a la familia Casco en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco, los hechos que relata C. forman parte de un relato policial inverosímil y encubridor.
Por eso, este vecino del barrio Luis Agote integra la lista de personas que los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud presentaron en 2017 ante el juez Federal Carlos Vera Barros con el fin de que se lo cite a indagatorias como ya sucedió con los dieciocho policías procesados por participar en el hecho o en su encubrimiento. Casi un año después, y a días de que se cumpla el cuarto aniversario de la desaparición de Franco, por pedido del fiscal federal Guillermo Lega, el juez accedió a llamar a indagatorias a Daniel C. para imputarlo por los delitos de falso testimonio y encubrimiento.
Para el fiscal, en las distintas declaraciones de Daniel C. “se desprenden irregularidades e inconsistencias que llaman notablemente la atención”. Es que se contradijo cuando explicó cómo se comunicó con el comisario Álvarez, y luego cayó en otro fallido: primero dijo que vio desde lejos cuando los dos sospechosos cruzaron miradas cómplices y luego dijo que no pudo reconocer a los policías que detuvieron a Franco porque estaba sin lentes y entonces solo veía bultos. “Las anomalías detectadas adquieren una significación que impide considerarlas simples errores materiales como pretenden las defensas”, explicó el fiscal en el pedido de indagatorias. Por su parte, los abogados Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet, dijeron en su escrito que de las declaraciones del vecino “se desprenden múltiples incoherencias en sus propios relatos sobre la dinámica de los hechos, todo lo cual indica una participación activa en la construcción del relato policial”.
La versión de la policía, que en octubre de 2014 reinó en el discurso de funcionarios del gobierno y la justicia provincial, tiene una fuerte diferencia con la hipótesis principal con la que se investigan los hechos desde el paso de la causa al fuero federal. Los policías dicen que detuvieron a Franco el 7 de octubre y argumentan esa teoría con el relato de C. y los llamados al fiscal Álvaro Campos que quedaron registrados ese día. En cambio, la Fiscalía Federal y las querellas, amparadas en el relato de familiares y detenidos en la 7ma por aquellos días, entienden que el arresto de Franco fue en la noche del 6 de octubre y que fue asesinado horas después, en la madrugada del 7. Se cree que el relato del vecino está sujeto a un hecho que no ocurrió o al menos no ocurrió el día 7 de octubre de 2014. Que la policía usó a su favor las irregularidades del sistema judicial en el que una llamada alcanza para oficializar una detención, y que realmente se comunicaron con el fiscal Campos el 7 de octubre, pero sobre un arresto fantasma: el detenido ya estaba muerto. Ese procedimiento, junto a la declaración del vecino, serían los primeros pasos de la policía para generar la versión que aseguraba que ese mismo día Franco había sido liberado.
Luis Agote, la 7ma y el contexto de violencia
Daniel C., que dice ser técnico constructor, se proyectó durante el año 2014 como referente en la seguridad de un barrio en el que, a raíz de una sucesión de robos y hechos violentos, los vecinos comenzaron organizarse para efectuar reclamos al gobierno pero también para incidir directamente en un plan de seguridad. Durante sus años de protagonismo en el área, Daniel C. gestionó las alarmas comunitarias, encabezó reuniones en la Comisaría 7ma, en la Jefatura de la Policía, y se mostró como cabeza de los reclamos del barrio cuando se encendían las cámaras de la televisión.
Nervioso porque durante horas de la tarde cientos de personas se movilizaron en la puerta de la Comisaría 7ma, al final de la noche del 30 de octubre de 2014 Daniel C. abrió su cuenta de Facebook y escribió en el grupo de vecinos del barrio Luis Agote. Fue en ese posteo que contó que había ido a declarar por el caso del joven desaparecido, resumió su versión del hecho y pidió el apoyo del barrio para los policías.
“La próxima vez que un vecino necesite de la comisaría y llame ante lo que cree un hecho concreto o un supuesto, no van a atendernos”, escribió. También propuso una reunión en el patio de la comisaría e incitó a movilizarse para apoyar al comisario: “El accionar de la comisaría no es el que todos deseamos, pero sí creo que la voluntad que pone este comisario en patrullar él mismo, de acudir ante los llamados, en darle a muchos vecinos su número personal, nos obliga a que tratemos de hacer alguna manifestación de desagravio”. Esa misma tarde el cadáver de Franco Casco apareció flotando en el río. Tres años más tarde, el comisario y sus subordinados quedaron detenidos por el delito de desaparición forzada seguida de muerte.
Quizás Daniel C. se haya sentido presionado al momento de decidir si apoyar o no la versión policial. Pensó en su familia, pensó en sus vecinos, y pensó en los hechos delictivos que afectaron al barrio. Quizás pensó en que no tender una mano a la policía podía poner en riesgo los diálogos del vecindario con la comisaría. O tal vez, lo más probable, estuvo convencido y seguro de su rol afines a los intereses de la fuerza policial. Lo cierto es que su relato sirvió para darle fuerza a la versión policial que se mantuvo como oficial hasta que la causa cambió de fuero en un tiempo suficiente para que se perdieran posibilidades de activar medidas de prueba con el foco puesto en la policía. Lo cierto es que su participación en el hecho debería esclarecerse.
En un barrio como Luis Agote, en el que la Comisaría 7ma fue cuestionada históricamente, el rol de la policía no pasa desapercibido. En el expediente de la causa por el asesinato impune de la trabajadora sexual y gremialista Sandra Cabrera en 2004, se muestra el entramado de venta de drogas en el barrio, prostitución en lugares sin habilitación, coimas a las trabajadoras que paraban en las calles y violencia en el caso de que no pagaran. La noche en que mataron a Cabrera, los patrulleros de la 7ma no dejaron de circular por la zona. En 2008 el periodista y diputado provincial Carlos del Frade denunció a la Comisaría 7ma luego de que a través de escuchas judiciales se conociera un maneje de la comisaría para garantizar la llegada de menores de edad a la zona roja: los policías falsificaban certificados de DNI extraviado con fecha de nacimiento adulterada.
De las declaraciones tomadas a los detenidos que estaban en la 7ma cuando Franco Casco fue arrestado, surgen varias que aseguran que “la jaula”, el cuarto pequeño en el que Franco fue golpeado y donde se sospecha que lo asesinaron, era el lugar por el cual desfilaban los detenidos por averiguación de antecedentes. Sobre todo durante las noches de los fines de semana, en las que las calles del barrio se pueblan de jóvenes que salen a los boliches de la zona, de trabajadoras sexuales y de cuidacoches. En “la jaula” eran encerrados y desde ahí retumbaban los gritos de dolor. En mayo de 2017 una joven fue detenida en la Comisaría 7ma. “La jaula” ya estaba clausurada, por eso fue llevada a otro lugar, desnuda y golpeada hasta quedar en coma. El hecho, que sacudió la agenda de los medios por haber ocurrido particularmente en esa comisaría, volvió a poner sobre la mesa ese contexto de violencia institucional del que se habla en la causa Casco.
También los odontólogos
A poco de cumplirse cuatro años de la desaparición y muerte de Franco Casco, dieciocho policías esperan juicio. Ahora, además de Daniel C., quedarán imputados en una causa separada por falso testimonio y encubrimiento dos odontólogos legales. Se trata de Elisandro G. y Aníbal P., integrantes del Departamento de Identificación Cadavérica Odontología Legal y Forense, quienes en octubre de 2014 hicieron una pericia al cadáver de Franco Casco. El 12 de julio de 2017, Félix Rodríguez, doctor del Instituto Médico Legal, ofreció a la Fiscalía Federal los resultados de dicho informe. Sí: casi tres años después.
Además de este destiempo en la entrega de la pericia, surgen otras incongruencias. El informe de los odontólogos está fechado en el 30 de octubre de 2014 con horario de las 11.30, siendo que el acta oficial del hallazgo y extracción del cadáver tiene la misma fecha pero la hora es 13.30. Así también el acta del levantamiento del cadáver que firmó la Policía de Santa Fe dice que el cuerpo se examinó a las 15.30. Vale destacar que dicha pericia afirma que a Franco le faltaban dos piezas dentales pero que habían sido perdidas en vida y no de forma traumática. En contradicción, otra pericia afirma que Franco perdió tres piezas dentales como consecuencia de los golpes que sufrió en la comisaría. “Lo antedicho invalida en efecto la veracidad de dicho informe y a criterio de esta instrucción se encuentra conformado el estado de sospecha al que alude el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, en relación a los delitos de falso testimonio y encubrimiento”, consideró el fiscal.
Los tres van a declarar el miércoles 19 de septiembre por la mañana.
