La ausencia del diálogo. Las balas como respuesta. Un militante social piensa y define la autocrítica. También lo hace el coordinador del programa Nueva Oportunidad, un dispositivo provincial pensado para contener vidas en riesgo que sigue siendo sacudido por las dinámicas de la realidad.
Por Martín Stoianovich
Vecinos y vecinas de Ludueña se acumulan sobre Puelche, una cortada cubierta de un pavimento dañado e invadido por el césped, con sus zanjas, sus casas entre ladrillos y chapas, sus pasillos que son atajos para llegar a otras calles. Se amontonan alrededor de la capilla Santa Rita, una construcción de paredes lisas sin ventanas y apenas una puerta, nada parecido a las otras casas de este dios al que ahora una doña del barrio le pregunta por qué. Por qué mataron a Mario.
Cuando llegue el cuerpo de Mario los más grandes se meterán a la capilla, un lugar simple donde destacan las imágenes de Pocho Lepratti y Don Bosco. Rezarán, escucharán al sacerdote salesiano Federico Salmerón tocar la guitarra y entonar suave. Varios jóvenes entrarán y saldrán enseguida, pero la mayoría de ellos se quedará afuera. Algunos tomarán un vino en frente, sobre la sombra de las paredes.
– Ya está, dejá, murió, te va a costar, a mí sabés lo que me duele no tener a mi hermano. Ya está, si esto sigue, va a seguir uno de ellos, después uno nuestro, y esto así no para más.
Aconseja un amigo a otro mientras se consuelan. En Ludueña la dinámica es tan intensa después de un crimen. Para el Ministerio Público de la Acusación puede resultar complicado encontrar testigos, muy difícil echar algo de luz sobre lo ocurrido y casi imposible esclarecerlo del todo. Tanto así que solo por rumores podrán vincular con el hecho a un menor de edad. Pero en el barrio no pasaron ni diez horas y ya se habla de nombres, de diálogos previos al asesinato y de un conflicto permanente.
Los funcionarios provinciales que conocen el barrio aparecen de a ratos. Saludan, se quedan en silencio. Murmuran, se van. Que tienen el culo sucio, que les sale todo mal, dirá un vecino. Hay muchas caras conocidas. Madres que en algún momento se juntaban en otra capilla, la comunidad Sagrada Familia, para hablar sobre la violencia de “los caminantes”, aquellos de la Policía de Acción Táctica que siguen caminando el Ludueña. Pibes y pibas que participaron de una, algunas, varias movidas de organizaciones barriales. Y todas, todos, que alguna vez ya compartieron velorio.
El Bicho, militante social nacido y criado en Ludueña, se recuerda a los diez años cargando con otros niños el ataúd de Priscila, una nena de tres años asesinada por su padre. Y después nombra a Mercedes Delgado, militante social asesinada en enero de 2013. Brian Saucedo, víctima de balas policiales de la comisaría del barrio, la 12, en septiembre de 2013. Gabriel Aguirrez, asesinado en octubre del mismo año. Y Emanuel Cichero, testigo del crimen de Saucedo, acallado pocos días después, en la primer semana de aquel noviembre. Siempre nombra a ellos, porque eran cercanos. Pero hay tantos otros, dice.
– Lo primero que se me viene a la cabeza es una autocrítica. Llegamos tarde a poder organizarnos, a concientizarnos de que los pibes pueden empezar a discutir más y gatillar un poquito menos. No digo que anden todo el tiempo a los tiros, pero es parte de la realidad. La preocupación es de dónde mierda sacan las armas de guerra que tienen. A Mario lo mataron con un arma reglamentaria que utiliza la policía. Uno se queda pensando en eso y en la capacidad que tienen los pibes para conseguir esas armas.
Dice que Ludueña es uno de los barrios más organizados de Rosario, y se pregunta por qué cuesta generar una contracara a esto de la muerte frecuente. Por qué, por ejemplo, se usa tanto la bala y tan poco la palabra. La indignación es temor, bronca también, y todo junto se acumula en conclusiones, ideas y proyecciones para un futuro esperanzador que se empeña en seguir siendo futuro, algo que nunca llega.
– El Estado está presente pero de manera corrupta o precaria, y nosotros no sabemos aprovechar las migajas que nos suelen acercar. Nos tenemos que preguntar cómo poder disputar los recursos para hacer algo distinto.
Desde adentro
En una ocasión, a principios de este año, un grupo de ocho jóvenes de Ludueña fueron noticia. Por haber dado un giro en sus vidas, decía la nota, gracias a un programa de capacitación que encabeza el gobierno provincial. Que habían podido dejar atrás un entorno difícil. Entre esos ocho jóvenes estaba Mario, el último velado en Ludueña. El 16 de agosto pasado fue baleado por la espalda en ese todo oscuro en que se transforma el barrio por las noches. Tenía 23 años, había hecho cursos de técnico en sonido y hasta había changueado en ese oficio que intentaba despuntar. Mario quizás dio un giro en su vida o dejó atrás ese entorno difícil. Pero esas cosas no son tan lineales, ni simples, ni personales. El entorno difícil no deja de serlo a pesar de las voluntades individuales.
El citado programa es el Nueva Oportunidad. Luciano Vigoni, coordinador del proyecto, comienza la entrevista con enREDando aclarando justamente que no es un taller de capacitación.
“El Nueva Oportunidad no surgió como un programa con un fin en sí mismo, del cual se podía decir que era una capacitación con un acompañante y un docente y que tenía como objetivo en sí mismo formar en un oficio a un grupo de jóvenes. Para nosotros tiene que ver con un lineamiento político e ideológico que pueda hacer camino con el paso del tiempo”. Vigoni pone en común una serie de consideraciones, análisis y dudas sobre cómo hacer frente a una problemática social tan enquistada en los barrios rosarinos como lo es la violencia como solución a conflictos que pueden ir de menor a mayor escala con uno o dos balazos de diferencia. Problemática que tiene a jóvenes como principales víctimas, hasta el punto de involucrar también a quienes hace años mantienen vínculos con programas del Estado como es el Nueva Oportunidad. Fueron cerca de 25 el año pasado y son unos 15 durante el corriente los chicos vinculados al programa que terminaron asesinados.
“Nos sigue llenando de contradicción e indignación la muerte de cada joven que participa en el programa. Muchos de los homicidios que se dan en el marco del Nueva Oportunidad no están vinculados a una economía delictiva profunda como intentan instalar los grandes medios. En general los homicidios que tenemos en el Nueva Oportunidad tienen que ver con vínculos entre jóvenes que se conocen, en donde la palabra tiene poco lugar, en donde la resolución de conflictos termina siendo porque hay un acceso al arma que parece muy fácil y donde a veces sentimos que es insuficiente. Si hay jóvenes con los que hace años venimos trabajando y cometen o son víctimas de un homicidio, indudablemente hay algo que no pudimos ver o hacer”, dice. El programa Nueva Oportunidad se caracteriza por vincular a jóvenes de entre 16 y 30 años en proyectos colectivos que se inician una vez que se firma un convenio con organizaciones civiles, sociales, partidarias o religiosas. En un principio se pensó para jóvenes que no estaban escolarizados, que no tenían trabajo, que habían transitado por el sistema penal o que estaban bajo algún tipo de riesgo. Pero con el tiempo, complicada situación social y económica mediante, el programa se fue reajustando a necesidades y urgencias. Así, hay encuentros atravesados por distintas disciplinas laborales, culturales, deportivas. Actualmente hay más de diez mil chicos y chicas en toda la provincia, más de siete mil en Rosario, vinculados al proyecto. En definitiva, está pensado por funcionarios pero llevado a la práctica por los movimientos sociales.
El programa intenta hacer pie en un terreno político plagado de contradicciones, en barrios en los cuales otras áreas del Estado se relacionan con la misma población de una forma violentísima. Sobre todo la policía, y así lo considera Vigoni cuando puntualiza en los jóvenes con quienes “el Estado se ha vinculado solo con el área represiva”. Son, entonces, pibes principalmente pero también pibas, que a la presencia estatal en sus barrios la han padecido más que aprovechado. Y con otras instituciones el contacto también tiene sus baches. Hay casos de chicos que desde los doce años terminan su relación con el área pediátrica del centro de salud y que desde entonces empiezan a ser atendidos con turnos programados, a veces lo suficientemente lejanos como para cortar el vínculo. “Tenemos una dificultad mayor, todo depende de mucha voluntad de los trabajadores y no de que se haya logrado entre todos los ministerios que los jóvenes que estén en el Nueva Oportunidad sean incluidos en el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema cultural”, explica.
Qué pasa el resto del tiempo con ese chico que va a un taller o encuentro entre seis y nueve horas semanales. Ese aspecto también hace a la relación que los jóvenes mantienen con el Estado o explica las complicaciones a la hora de abordar desde un programa específico una situación que desborda en otros ámbitos. Si cuando era menor no lo pudo contener la Dirección de Niñez o la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, o fue institucionalizado en espacios cuestionados. O si aún al paso del tiempo se complica su escolarización. O si en su paso por el sistema penal juvenil estuvo en el IRAR que es esa cárcel de menores camuflada en un nombre legal. O si no puede asistir al taller porque tiene algunas changas que no puede dejar. O si a la salida del taller aparece la policía y sus averiguaciones de antecedentes, sus malos tratos. O si la merca, el pegamento o las pastillas. O los berretines del narco, que siguen seduciendo a la juventud como principal mano de obra barata. Son tantas huellas como historias personales y realidades subjetivas que, en definitiva, no cuentan con la protección y promoción de derechos necesarias.
Este conjunto de debilidades tiene un trasfondo en el que se percibe un lineamiento político a nivel provincial. No hay voluntad que pueda con un presupuesto bajo. Del total del presupuesto de la administración central de la provincia durante 2018, que es de $ 146.012.393.000, solo $ 2.772.068.000 (1,89 %) fueron destinados al Ministerio de Desarrollo Social, de donde sale la mayoría de fondos que sustenta a este tipo de programas y políticas públicas. Para el Ministerio de Seguridad, en cambio, se destinaron $ 18.182.410.000, es decir un 12,4 % del presupuesto total. Los fondos para los ministerios de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, de Obras Públicas, de Justicia y Derechos Humanos, están muy por debajo del designado a Seguridad. Quizás en estas ecuaciones se explique que en tantos barrios escaseen dispositivos y trabajadores estatales, o que la única luz que alumbra por la noche sea la de los patrulleros inteligentes.
Más allá de las condiciones de cada barrio, Vigoni plantea otra cara a tener en cuenta, ligada a la apropiación de estos espacios por parte de sus protagonistas. Trae un ejemplo: el barrio Ludueña tiene una red de instituciones estatales y organizaciones sociales que se repite en muy pocos barrios de la ciudad, pero es “el lugar con mayores niveles de conflictos que hemos tenido, con mayor pérdidas de pibes”. Este punto lleva al coordinador del programa a considerar que la situación “no se resuelve únicamente con infraestructura y presencia de organizaciones, sino que hay otras dimensiones más invisibilizadas con las cuales no estamos pudiendo dar para explicar los niveles de violencia”.
Entre esas dimensiones podría ponerse en juego el potencial de cada pibe o piba por fuera de lo que el Estado haga. Acaso aquella “vitalidad” de la que habla Juan Pablo Hudson en su libro “Las partes vitales” sobre su experiencia como docente con la pibada del propio Ludueña. “La vitalidad es una fuerza, una energía que estos pibes despliegan en sus movimientos cotidianos para construir sus vidas”, dijo el autor a enREDando en 2016 al presentar el libro. En ese marco explicó: “Hay que sacar a los pibes del lugar de pasividad y puras víctimas. De lo contrario se pierden todas las capacidades de estos jóvenes de zafar de los destinos que se les imponen, y las capacidades creativas que tienen para vivir y juntarse con otros. A la vez es tranquilizador para el que los ubica en el lugar de puras víctimas, porque eso deja en pie a un adulto – ya sea el militante, el docente, el trabajador estatal, o el investigador – que necesariamente los tiene que alumbrar y ayudar a que ellos cambien”.
Por su parte, la vuelta de tuerca que el programa busca está en la relación construida tanto con los jóvenes como con las organizaciones que convenian para la puesta en marcha del programa. “Nuestra aspiración es que el joven evidencie la participación colectiva, política y social, y no como el tránsito del beneficiario de un programa estatal. Pero tenemos problemas porque hay pibes que hace tres años vienen al Nueva Oportunidad y siguen pensando que es una capacitación en oficios o un plan. Entonces nos preguntamos qué hicimos que no dejamos esa marca de participación real de los pibes que es nuestra responsabilidad”, analiza Vigoni. “A veces la vida de los pibes nos queda demasiado lejos y sentimos que muchas de las acciones que desarrollamos no impactan en sus vidas”, agrega.
Por eso, considera, es elemental el rol de las organizaciones sociales, partidarias o religiosas que tienen participación en este programa. Lo es desde el comienzo del Nueva Oportunidad, forzado a implementarse después del asesinato de Mercedes Delgado, que militaba en el comedor San Cayetano de Ludueña. “El programa depende de la enorme capacidad y entrega de las organizaciones sociales, religiosas y políticas de todos los partidos políticos menos del PRO. El optimismo que hoy tengo es que en Rosario hay una camada de dirigentes jóvenes que no tienen el ojo puesto en el ombligo y en su interés personal, sino con una visión social de cómo modificar la realidad de las grandes mayorías”, analiza. “Intentamos fortalecer las organizaciones territoriales, no para que militen para el partido que gobierna, sino para que si este proyecto pasa, en lo territorial queden los lazos profundos. No hay posibilidad de garantizar derechos en soledad hoy en día”, dice y explica: “Se busca salir de la negociación económica y el control de cumplimiento de lo que el Estado baja, y se utiliza lo económico para materializar lo que discutimos”.
Aunque lo económico en números no sea suficiente, aunque los obstáculos sean otros, quizás los mismos que dificultan al propio Estado, son muchas las organizaciones que ven en esta articulación la posibilidad concreta de lograr mayor participación de jóvenes en los proyectos colectivos que se proponen, que al fin y al cabo son un bastión de la resistencia, sobre todo en tiempos de crisis. Del otro lado queda en juego la honestidad de los gobernantes, de quienes depende que la voluntad de algunos no sea utilizada solo para las estadísticas o para discursos apaciguadores en tiempos de alerta o de campaña. De lo contrario, estará ahí la respuesta a esa pregunta que carcome.
