El universo científico atraviesa nuevamente una crisis de financiamiento y apoyo del Estado en políticas que fomenten la formación intelectual. Recorte presupuestario progresivo, reducción de acceso a la carrera de investigador científico, eliminación del rango ministerial de la cartera de Ciencia y Tecnología son rasgos profundos de la política de Cambiemos en el área. Enredando habló con Julia Cricco, investigadora del Conicet y docente de la UNR para dimensionar la magnitud de esta problemática.
Por Alvaro Arellano – Foto: Página12
[dropcap]E[/dropcap]l recorte en la ciencia y tecnología nacional no es un mensaje de alerta o parte de una campaña sino más bien una realidad que se manifiesta en la disminución presupuestaria asignada al sector entre 2016 y 2018. Mientras lo destinado al servicio de la deuda pública ocupa hoy (según datos del ex Ministerio de Hacienda) el segundo lugar en el presupuesto nacional con un 13,78%, ciencia y tecnología representa un 1,22%. Su participación presupuestaria en 2017 fue de 1,4% y en 2016 había sido 1,5%, es decir, los recursos asignados al trabajo y desarrollo de becarios, doctores, e investigadores científicos fue en constante disminución nominal estos últimos tres años.
Si seguimos analizando datos oficiales, la inversión en el área (investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, formación y promoción) durante la era Cambiemos disminuyó a porcentajes menores que los de 2005 que fue el más bajo en los últimos años (1,34%). Luego de una inversión que representó el 1,46% en 2015, el número en 2016 cayó a 1,27%, y tuvo un leve repunte en 2017 con un 1,31% de inversión. El presupuesto, su ejecución, y la inversión en el área hablan por sí solos y refutan más de lo que cualquiera busque explicar en defensa del desfinanciamiento que sufren ciencia y tecnología. Con el inicio de la gestión Cambiemos se estipuló mantener la inversión y acompañamiento desde la primera instancia en el doctorado, manteniendo el apoyo en los posdoctorados, y extendiendo el fomento de la ciencia ampliando los ingresos a la carrera de investigadores científicos. Pero el diseño padeció incumplimientos, generó desajustes y dejó trunco el proyecto.
A la erosión en materia presupuestaria que afecta directamente el bolsillo del universo científico, cabe sumarle decisiones que trazan un modelo a seguir. La restricción progresiva en los últimos años para becarios con aspiración a ingresar a la carrera de investigador científico, refleja la decisión de excluir y desaprovechar el intelecto que el mismo Estado formó. Por eso la amplitud que exige la ciencia, persigue un proyecto que exceda límites políticos, de manera que un cambio de gestión no comprometa el futuro del área. A eso apunta la ley de Protección de Ciencia y Tecnología que sorteó el Senado, y aún duerme en comisión de presupuesto en Diputados. En función a estos ejes, enREDando dialogó con Julia Cricco, Investigadora independiente del Conicet, docente de la UNR e integrante del grupo CyUA (Científicos y Universitarios Autoconvocados Rosario)
– ¿Cómo quedó dispuesta este año la ejecución del presupuesto para ciencia y tecnología?
Conicet recibe un presupuesto que en gran parte está destinado a cubrir salarios y becas, y parte a gasto de infraestructura y para dar subsidios a la investigación. Los salarios de investigadores están atados a lo que arregla UPCN. Este año se acordó que para Ingreso menor a $40.000 bruto (no de bolsillo) se asignaba un 15% de aumento, sin aclarar con qué mejoras, para ingresos mayores a $40.000, un aumento único e 4500 pesos (menos de un 10%). Hasta el año pasado los aumentos para investigadores eran acompañados por incrementos en los estipendios para becarios. Eso se rompió este año, porque vienen en incisos presupuestarios distintos. A los becarios no les aumentaron lo que se pactó aumentarles a los investigadores. En junio anunciaron que cuando haya fondos iban a recompensar el atraso a los becarios a través de una mesa de negociación, pero los últimos días las negociaciones quedaron suspendidas.
– ¿En este marco inflacionario se puede revisar el presupuesto inicial o con ese monto hay que compensar salarios e infraestructura?
Se supone siempre que tiene que estar sujeto a actualización por inflación. Lo que se aprobó para 2017 y 2018 en relación a la inflación, hay un incremento muy bajo que no llegó a compensar la inflación. Por otro lado tenés la infraestructura y gastos corrientes, si lo destinado a sueldos cada vez se va más, tenés menos margen para lo otro (subsidios a trabajos de investigación por ej.). La luz roja este año fue que todas las unidades ejecutoras (institutos de Conicet) todavía no saben cual va a ser su presupuesto, recibieron hasta ahora un porcentaje menor a lo que recibieron en 2017 (menor directamente nominal, no en relación a la inflación). También el año pasado se incluyó en la partiaria el presentismo, teniendo en cuenta que los científicos tienen exigencias que les demanda trabajar en otros lugares. Eso evidentemente lo estipuló alguien que desconoce la dinámica del trabajo del investigador. No es sencillo poner un régimen de presentismo estricto.
– ¿La solución tiene que ver con una cuestión presupuestaria o apunta a un enfoque conceptual distinto sobre ciencia y tecnología?
Tenemos que tener un consenso amplio sobre qué lugar ocupa la ciencia y tecnología en nuestro país, no podemos depender del partido gobernante para que esto tenga mayor o menor impulso. Por eso una ley que delinea el desarrollo da un marco en el que uno puede proyectar. Para esta gestión que tiene un modelo neoliberal la ciencia y tecnología no es una inversión, es un gasto, la tecnología la compran, y el proyecto que plantean es un proyecto agroexportador.
– ¿Se restringió el acceso a la carrera de investigadores científicos en estos últimos años?
Nosotros teníamos un plan de crecimiento que era Argentina innovadora 2020, diseñado por el ex Ministro de ciencia y tecnología Lino Barañao, que pretendía llegar al año 2020 con un número de 7 investigadores por mil personas económicamente activas. Para llegar a ese número había una proyección de aumento de ingresos a la carrera de investigadores científicos (que venían siendo entre 800 y 900 en 2014 y 2015) de un 10% por año. Para esos ingresos primero necesitan pasar por las becas doctorales y postdoctorales. Para eso continuó Barañao, pero el proyecto cambió, o en realidad se cortó, porque lo que se esperaba para 2017 eran 900 personas y entraron 450 personas y luego llegó a 600. Ahora están proyectando 450 ingresos a la carrera. Es decir que vos venís con una masa de gente que proyectó su vida durante 6 años (como becario) para tener chances de seguir una carrera de investigador, y de golpe reducís el número de ingresos a la carrera de investigador a la mitad.
– ¿Los egresados de doctorados que no puede acceder a la carrera de investigador están siendo desaprovechados?
Una parte de los que terminan el doctorado (financiado por el estado), son absorbidos por el mismo sistema de ciencia y técnica o por las universidades, porque las industrias no emplean doctores, este es otro gran problema. Toda esa gente que queda afuera, ¿qué hace? No hay desarrollo científico tecnológico en lo privado en Argentina, ese es otro dilema. Las empresas que emplean tecnología ya compran esa tecnología funcionando. Por otro lado tenemos el tema que el estado no emplea doctores en otras reparticiones que necesitan personas capacitadas en ciertos temas. Un ejemplo es lo que sucedió con la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado. Estábamos discutiendo una ley donde los senadores votaban por creencias míticas o religiosas. Muy pocos se basaron en evidencia científica, siendo que tenemos profesionales que hubiesen podido asesorar en la materia. O en el área estadística, para hacer estudios demográficos.
– ¿De qué se trata la ley de protección de ciencia y tecnología que promovieron y en qué estado parlamentario está?
Pensamos en una ley que proteja y promueva el desarrollo tecnológico en el país. Se propone qué queremos tener en el país como desarrollo científico y tecnológico. Esa ley de financiamiento, tiene que ver con organismos de ciencia y técnica (dentro de los cuales está el INTA y el INTI). Esa ley propone llegar a un financiamiento que sea como mínimo un 3% del PBI escalonado para llegar al 2030 con ese piso. Fue aprobada en el Senado, impulsada por Omar Perotti, y la ley pasó a diputados. Hoy está en la comisón de presupuesto que preside Luciano Laspina y está parada ahí, hasta que no se trate en comisión no puede pasar a discutirse en diputados.
Ese 3% es un número estudiado en función de distintos organismos y en práctica en otros países sobre como es la inversión en ciencia y técnica en esos países a los cuales nos queremos parecer en este ámbito.
– ¿Qué genera ese desfinanciamiento e incumplimiento en el plan que se trazó sobre el área de ciencia y tecnología?
Venis formando profesionales en área social y humana, hasta ingeniería, que son absorbidos por el sistema, y de golpe el plan de absorción de profesionales se reduce. Así estás desperdiciando años de formación invertida por el estado que financia esas formaciones, estás expulsando del sistema a la gente. Porque ahí se van afuera, ¿qué estado no va a querer recibir científicos capacitados listos para trabajar y que no les haya costado la formación? Esta crisis es una decisión política, no es un gasto tan grande para el estado mantener la ampliación del sistema científico tecnológico.
