«Enfrentamos una tormenta, pero mantenemos el rumbo», señaló el presidente de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, en conferencia de prensa, el último miércoles 18 de julio. La «tormenta perfecta» –en términos negativos- fue desatada por las medidas económicas del propio gobierno nacional que encabeza Macri. Un verdadero vendaval que sigue arrojando a los trabajadores a la intemperie de la desocupación, mientras multiplica el cierre de industrias y comercios.
Por Jorge Cadús / Foto: Ojo de Prensa
[dropcap]E[/dropcap]l día de la fundación de Venado Tuerto será recordado por muchos años como una jornada negra por una veintena de personas ligadas al Sanatorio Abel Beroiz. Es que ese 26 de abril la Asociación Mutual del Sindicato de Camioneros decidió despedir a los 27 trabajadores que aún permanecían ligados a la empresa. La forma en que fueron notificados los empleados produndizó la herida, aunque es una metodología que se ha impuesto desde la gestión del ministro Triaca al frente de la cartera de Trabajo de la Nación. En lugar del tradicional telegrama los trabajadores fueron informados por una escribana que les leyó lo dispuesto por el gremio. Al mismo tiempo la oferta indemnizatoria sería por sólo el 50%, alegando el Sindicato de Camioneros que el origen del conflicto es la falta de trabajo y una situación de fuerza mayor.
Pero los despidos generados en el Sanatorio Abel Beroiz no son una excepción. Sólo en el primer semestre del año 2018, se contabilizaron un promedio de 4.368 puestos laborales perdidos por mes, sea por despido o suspensión. La cifra –brutal- se desprende del informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado «Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018».
Hasta el 30 de junio, el Informe del CEPA contabiliza 26.206 despidos y suspensiones, a un promedio de 4.368 por mes. De ese total, 13.924 casos corresponden a despidos; 3.529 a cierres de empresas o plantas; 1.092 a retiros voluntarios; y 3.179 fueron suspensiones. El grupo más impactado es el del empleo estatal, con el 46% del total (Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas, Senasa; gobierno bonaerense y municipios; ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía; y empresas de capital estatal como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires, Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM); seguido muy de cerca por sector industrial, con el 38% de esos despidos. En ese sector, son 9.872 trabajadores los que se ven privados de su fuente laboral: para el CEPA, «hay una continuidad en el proceso de expulsión de obreros de la industria, con un promedio de 1.645 expulsados por mes. La suma total de despidos en la industria desde noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores»; cifra que se corresponde con los 74.320 que computó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta abril último. En el segundo trimestre, destaca el trabajo, «uno de cada seis despidos se relacionaron con el cierre de plantas o empresas, porcentaje aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria».
El relevamiento recorre suspensiones y despidos en las textiles Alpargatas, Dass, Karavell y Coteminas; cesantías en las firmas dedicadas a elaboración de alimentos y bebidas como el ingenio San Isidro de Salta -con 730 despidos-, El Tabacal, Alijor/ La Salteña –300 expulsados en su planta de Garín–, Citrus Alem, La Campagnola y Villa del Sur; en el sector metalúrgico despidos en Emepa, Epson, Stockl e Indequil; autopartes como Itec de San Juan con 350 despidos, Metalpar; y los frigoríficos Beltrom, Pehuajó y BRF; en el ámbito de los servicios, el sector de comercio sumó los casos de los supermercados Disco, Jumbo, Carrefour y Coto, el Mercado Central y Winery; y siguen ampliso sectores dedicados a salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina y juegos.
Quebranto comercial
En Rosario, el 10 de mayo retiraron las maquinarias de la tradicional Panadería Alcorta, y ya no se permitió el ingreso a la decena de trabajadores que empleaba y que quedaron en la calle y sin respuestas. El primero de julio, otra panadería tradicional de Rosario, Lucana, cerró sus puertas con un lacónico mensaje a sus clientes pegado en el ingreso: «Años siriviendo a Rosario. Hoy les decimos adiós».
Desde la Asociación de Industriales Panaderos indicaron que en el último año y medio cerraron alrededor de sesenta panaderías sólo en esa ciudad. Las causas son ya conocidas: «El aumento de las tarifas impactó en nuestra estructura como industria y la caída del poder adquisitivo de los clientes hizo descender un 40% las ventas. Además, en los últimos 90 días la bolsa de harina aumentó un 140%. Todo eso sumado es un combo explosivo. Subsistimos como podemos».
La situación se multiplica en el sur provincial: el gremio de Panaderos y Confiteros de Venado Tuerto -según informó el concejal venadense Patricio Marenghini- «pasó de tener 205 afiliados a 179, y ellos empezaron a notar que muchas panaderías van cerrando y que esta problemática afecta a todo el país, con la aparición de panaderías sin venta al público para evitar costos de mantenimiento y pago de impuestos». A mediados de julio, la Multisectorial Contra los Tarifazos relevó alrededor de 350 negocios cerrados sólo en la zona del centro rosarino delimitada por las calles España, San Martín, y de Pellegrini a San Lorenzo. Los rubros más perjudicados son el de indumentaria, panaderías y boutiques: «Locales que están vacíos, desocupados y que están en alquiler, lo que revela que la crisis ha calado profunda en la ciudad», dijo Juan Milito, titular del Centro Unión de Almaceneros, al portal Conclusión. Y puntualizó que «muchos han tenido que cerrar y muchos otros no han podido dar la baja porque se han fundido y han quedado fuera del esquema tributario dejando una deuda, y dar la baja de un local es caro».
Bajo la tormenta ajena
«Enfrentamos una tormenta, pero mantenemos el rumbo», señaló el presidente de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, en conferencia de prensa, el último miércoles 18 de julio. La «tormenta perfecta» –en términos negativos- fue desatada por las medidas económicas del propio gobierno nacional que encabeza Macri, medidas muchas veces refrendadas por el gobierno provincial santafesino: devaluación, corrida cambiaria, tarifazos, apertura indiscriminada de importaciones, dificultades de acceso al crédito y caída de la demanda. Un verdadero vendaval que sigue arrojando a los trabajadores a la intemperie de la desocupación, mientras multiplica el cierre de industrias y comercios. No hay rubro de la geogafía económica-productiva que escape a la tempestad de Cambiemos.
La empresa de carrocerías Metalpar (empresa de fabricación de ómnibus establecida en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, de capitales chilenos y controlada del grupo brasileño Marcopolo, que además tiene la fábrica Metalsur en Villa Gobernador Gálvez) pretende despedir a 150 de sus 600 trabajadores, por lo cual se están llevando a cabo reuniones tripartitas con el gremio y el Gobierno. En un encuentro en el Ministerio de Trabajo se evaluó la decisión empresarial del achique e incluso circuló la versión del cierre de la firma, que se dedica a la producción de colectivos urbanos. En forma paralela, se concretó el cierre de la firma Nicoll Eterplast (de caños y tanques de agua de PVC, fundada en 1982 y dependiente del Grupo Corporativo Aliaxis), que dejó sin trabajo a 170 personas; y avanza la crisis en la textil Sedamil, que en noviembre pasado su planta de hilados de Trelew, lo cual dejó en la calle a 107 trabajadores, a raíz del impacto del ingreso de las importaciones. En estos mismos días, el Sindicato Químico y Petroquímico de Zárate denunció el despido injustificado de 15 empleados de Pampa Energía, al tiempo que advirtió el avance en retiros voluntarios de otros 20 operarios y la posible desvinculación de 53 personas.
En Firmat, los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli Fabril aceptaron reducir de 8 a 4 horas la jornada laboral, desde el jueves 19 al viernes 27 de julio, bajo el compromiso de la firma de pagar la totalidad de los jornales para no afectar los ingresos laborales. Vassalli Fabril, bajo la firma de su Ceo, Luis Cagliari, emitió un comunicado donde explica que «tenemos por delante la tarea de volver a colocar a nuestra empresa a la cabeza de la industria metalmecánica del país. La semana pasada se concretó el convenio de accionistas que permite el ingreso de un nuevo equipo de gestión del cual soy la cara visible en Firmat.
La Nación comprometió un apoyo económico que se irá desembolsando en tramos de 25 millones de pesos desde agosto». El propio Cagliari remarcó que «la idea es volver a montar un plan de producción de cosechadoras y repuestos para estar preparados para una excelente cosecha de trigo y que se renueven equipos y repararlos. Lo más importante es reforzar el área comercial y tener un programa de financiamiento adecuado». Sin embargo, la conducción de la empresa no cumplió con lo acordado hace menos de dos meses, cuando se comprometió a pagar diariamente a los trabajadores. El viernes 20 de julio no abonó el pago semanal y el lunes comenzó un nuevo paro y movilización de los obreros, quienes luego de una breve pausa volverán a la calle con el reclamo.
«Lo que ocurrió en Vassalli no nos extraña porque sabemos con quién estamos tratando, ya que esta gente siempre está en la expectativa de estafarnos y no cumplir con la palabra», dijo el secretario general de la seccional Firmat de la UOM, Diego Romero. De esta manera, los obreros de Vasalli se sumaron a los de DASA, que el viernes tomaron la planta (ubicada en la intersección de Ruta 33 y 93) por los constantes incumplimientos de la patronal. Por el impacto de las importaciones, Envases del Plata -ubicada en El Palomar- despidió 68 operarios.
La situación es concreta: pasó de producir 30 millones de aerosoles de aluminio por mes, a solo cinco millones. De siete líneas de producción, a sostener sólo dos. La firma trabaja directamente con Unilever -que tiene el 80% del mercado de las fragancias de aerosoles, los conocidos desodorantes de aluminio-, que hace un año atrás llevó la mayor parte de su producción a Brasil. De manera simultánea, la Compañía Americana de Alimentos -subsidiaria de la multinacional Nevares- despidió de su planta en Luján a diez trabajadores sin motivo, que se suman a las 68 cesantías del 2017; mientras que la avícola entrerriana ServiAves desvinculó 20 trabajadores, debido a la «pérdida de rentabilidad por el impacto de la suba de los insumos y los tarifazos».
Además, tiene severos inconvenientes con el pago del sueldo y del medio aguinaldo.
Sin costuras
Apenas iniciado el segundo semestre del 2018, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) advirtió que el complejo de la industria textil profundiza su caída, y que «la destrucción de puestos de trabajo en 2017 fue la mayor desde la crisis de inicio de siglo». La industria textil acumula una baja del 6,9% en lo que va del corriente año, en línea con el retroceso registrado desde inicios del 2016. En ese sentido, la capacidad instalada de la industria «se encuentra en los niveles más bajos desde la crisis de 2001».
«El sector fue uno de los pocos que presenta un retroceso productivo tanto en 2016 (-4,3%), como en 2017 (-6,7%) y en los primeros meses del corriente año (-6,9%)», detalla el informe. Y advierte que ese retroceso se observa a lo largo de toda la cadena: la producción de algodón (que retrocedió a los niveles de 2004); los hilados y las fibras sintéticas (con caídas de 11,1% y 10,9%, respectivamente, comparado con 2015); y los productos textiles y la confección, con bajas del 15,8% y 16,7% considerando el mismo período. Según la Undav, «las causas son conocidas, este sector tiene una estrecha relación con el mercado interno ya que la producción nacional de productos textiles se destina principalmente al consumo local, y este mercado se encuentra deprimido por la caída del salario real». «El efecto de la reducción del poder adquisitivo también se observa en el corrimiento de las ventas a los supermercados, donde se venden productos importados de menor calidad, pero a precios más bajos», puntualiza el trabajo; que detalla también: «las consecuencias de la crisis del sector textil se reflejan en el nivel de empleo.
En total, 10.693 empleos registrados ya se perdieron en el sector textil en dos años: 3.600 en hilados y tejidos, 1.300 en confecciones y 5.400 en indumentaria producto de la apertura de importaciones, el aumento del precio de la energía y el retiro del Estado en políticas de apoyo a la actividad productiva». En su último informe sectorial, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria subrayó que sólo en el primer trimestre del año 2018 ingresaron al país 7.900.000 toneladas de ropa. Casi el triple de las 2.800.000 toneladas que entraron en igual período de 2015. En ese marco, la firma textil Procesadora Centro SRL, radicada en el Parque Industrial de Venado Tuerto, recurrió a la convocatoria de acreedores para hacer frente a una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos –que oscila en los 10 millones de pesos-, marcando el pulso de la angustia de los 120 puestos de trabajo que ocupa. Bajo el paraguas de la convocatoria, se recortaron adicionales, horas extras y premios; aunque los operarios continúan cobrando el salario básico.
A la situación de Procesadora Centro se suma la crisis de otra textil venadense que fabrica prendas de jean para vender en el mercado interno. De acuerdo a lo señalado por el portal Pueblo Regional, la pyme se encuentra «fuertemente afectada por la apertura de las importaciones y la caída en las ventas, y son 20 los puestos de trabajo comprometidos allí». El titular de Procesadora Centro, Maximiliano Jeannot, sostuvo al portal Punto Biz que «recurrir a la convocatoria de acreedores fue la única salida» que encontraron para enfrentar la situación: «Hoy tenemos el consumo parado, las ventas bajaron un 30%», dijo. El expediente del concurso se tramita en el juzgado civil y comercial de Melincué, a cargo de la magistrada Analía Irrazabal, quien a fines de mayo designó como síndica de la causa a la CPN María Cristina Morales. Según consta en la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la sociedad enfrenta además imcumplimientos con dos de los siete bancos con los que opera: un pasivo «con alto riesgo de insolvencia» por $12.300.000 con Banco Macro SA, y otro por $2.200.000 con Banco de Galicia y Buenos Aires SA, «con problemas». Para Jeannot, «hace tres años la cosa se empezó a desplomar», a causa de la apertura de importaciones: «Entre finales de 2015 y principios de 2016 se liberaron todas las Declaraciones Juradas de Importación, y entró mucha ropa paraguaya y china, una locura», sintetiza.
Las voces oficiales
A más de dos años y medio de iniciado un brutal proceso de destrucción sistemática del trabajo en todo el país, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, alertó sobre la situación: las cesantías en el sector privado, señlaó, superan las 2.500 en los primeros seis meses del año 2018. Casi 200 más que las registradas el año anterior; y sin contar aquellos casos donde no se formalizó la desvinculación: «son los que se tramitan ante el Ministerio de Trabajo porque puede haber otros que acordaron las partes y no vinieron a formalizar el acuerdo en el Ministerio. Pero el grueso viene a registrarlo para darle certeza y vemos que estos guarismos se corresponden con un escenario recesivo que admite hasta el propio gobierno nacional», señaló el funcionario provincial.
En el primer semestre de 2018 ya quedaron en la calle 2.539 trabajadores en toda la provincia; por encima de los 2.382 operarios que habían perdido su puesto de trabajo en 2017. Para Genesini se trata de «un efecto goteo», es decir, despidos constantes, individuales, «por acuerdos de desvinculación laboral entre las partes» que registra y homologa su cartera; y los atribuyó a la recesión económica en el país que «impacta primero en las micro empresas y pequeños comercios». Allí, los más afectados son los emprendimientos más pequeños, distintos servicios, y talleres de rubros variados. «Advertimos mayores dificultades en línea blanca, algunas situaciones en maquinaria agrícola, muebles o bienes durables», dijo Genesini.
Consultada por este medio, la ministra de Trabajo provincial, Alicia Ciciliani, descargó las responsabilidades en el gobierno nacional: «es un momento muy difícil, los tiempos son claramente la lucha entre capital financiero y capital productivo», sentenció, al tiempo que señaló: «el capitalismo del siglo veintiuno nos desafía a los dirigentes a pensar cómo damos valor en las nuevas sociedades a los que producen y trabajan». «Cuando digo que la empresas nacen y mueren es una verdad de perogrullo. Las persona nacemos y morimos, las instituciones también, y las empresas también. Tenemos que tener la inteligencia de valorar las empresas que producen, y a los trabajadores. Y defender a los que producen y a lo que trabajan», advirtió Ciciliani.
Ganadores y perdedores
Más allá de los discursos y las proclamas, lo concreto es que las medidas económicas implementadas por la Alianza Cambiemos, muchas de ellas refrendadas por el gobierno provincial santafesino, tiene ganadores y perdedores. El informe «La actividad económica en la Argentina reciente: sectores ganadores y perdedores», generado desde el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) a partir del análisis de los dos primeros años de gestión de Cambiemos, es contundente al respecto. Entre los sectores mas beneficiados por el modelo vigente, se encuentra la «Intermediación financiera», que se convierte «en la actividad que más ha crecido durante la gestión de Cambiemos», de la mano de «una serie de medidas adoptadas por la gestión de Cambiemos favorables al sector: la suba de la tasa de interés, la desregulación del sistema financiero, el acuerdo con los fondos buitres, y la libre disponibilidad de divisas, entre otros.
Estas medidas permitieron recrear las condiciones necesarias para el carry trade o bicicleta financiera garantizando grandes ganancias al sector pese a la baja en la demanda de créditos». Ese sector, «en promedio, desde 1996 a la fecha, representa el 3% del empleo registrado privado». También fue beneficiado el sector de «Electricidad, gas y agua», otro «de los grandes ganadores de los dos primeros años de la actual gestión», con base –claro- en los aumentos de tarifas.
En promedio, desde 1996 a la fecha, «el sector representa el 1% del empleo registrado privado». «Agricultura, ganadería, caza y silvicultura» es otra de las ramas que «ha mostrado un crecimiento importante en cuanto a su representación en el Valor Agregado Bruto». Para el CEPA, «esto representa un cambio estructural ya que la rama pasó a ser el sector ganador del modelo económico durante el 2016. Este cambio de escenario responde a las medidas económicas tomadas por el gobierno en los primeros meses de gestión, la devaluación, la baja de las retenciones a la soja y la eliminación total de los derechos de exportación. En promedio, desde 1996 a la fecha, el sector representa el 6% del empleo registrado privado». Entre los principales «perdedores» del modelo, se encuentra la Industria Manufacturera (una de las ramas más perjudicadas por las políticas económicas impulsadas), impactada fuertemente por el aumento de tarifas, aumento de las importaciones, caída del consumo interno y el costo de financiamiento. Desde 1996 a la fecha, ese sector representa el 21% del empleo registrado privado.
El relevamiento del CEPA marca también que la Construcción se ha visto también profundamente afectada por las medidas económicas adoptadas por la actual gestión, «en particular durante el 2016 por la paralización de la obra pública». A pesar de esto, «experimentó un fuerte crecimiento en 2017, asociado al año electoral y la obra pública. De esta manera es posible identificar un principio de estacionalidad política que rige los tiempos económicos de la construcción. En promedio, desde 1996 a la fecha, el sector representa el 6% del empleo registrado privado». Para el CEPA, «el nuevo esquema de ganadores y perdedores propone una nueva incipiente situación estructural en la cual los sectores que más trabajo aportaron durante los últimos empiezan a reducir su participación, y los tradicionales sectores ligados a las ventajas comparativas del sector primario comienzan a ser protagonistas. Es esperable, entonces, que de no revertirse este proceso, en el futuro nos enfrentemos a una economía crecientemente primarizada y con eje en la especulación financiera, escasa transformación industrial y consiguientemente mayor desempleo».
La lógica rentista
El Boletin Estadístico sobre la Situación Social de junio de este año, editado por Instituto Pensamiento y Politicas Públicas, aporta una mirada necesaria a la hora de entender que bajo el modelo económico de la Alianza Cambiemos no hay ajuste, en rigor, sino transferencia de recursos. Dice el Informe: «se observa que, a fines de 2017, todas las ramas de la industria tienen un nivel de empleo inferior al verificado a fines del 2015. Sin embargo, se encuentran diferencias en la magnitud de esta caída entre los distintos sectores». Y puntualiza: «si consideramos la relación entre el movimiento del empleo y la producción, surge que en 9 de las 13 ramas los despidos representan una sobre-reacción respecto a su situación económica. Es decir, el empleo se redujo más que la producción».
Para el IPyPP, «las empresas que despiden continúan alimentando su lógica rentista», ya que «las situaciones de crisis sectoriales, sobreactuadas en muchos casos, llevaron a proliferar los escenarios de despidos y retiros voluntarios pero no impidieron que las empresas continúen llevando adelante la fuga del valor producido localmente. Entre las sumas giradas en concepto de remisión de utilidades y dividendos y el pago de intereses a sus acreedores, la industria transfirió al exterior, durante los dos últimos años, un total de US$ 4.389 millones. Las empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones giraron US$ 465,2 millones y las mineras U$S 247,2 millones», desglosa el trabajo. Y define: «la sustitución de mano de obra no está asociada al avance tecnológico sino a la sangría de dólares, propia de la lógica rentista que domina a nuestra elite empresaria. Para ilustrar hasta qué punto este comportamiento rentista no es inocuo sino que tiene serio impacto en la ‘economía real’, se observa que la cantidad de salarios contenidos en la suma girada al exterior por las principales industrias extranjeras asciende a 197.990. Es decir, de haber mediado en estos dos años decisiones de inversión para propiciar una salida a la situación recesiva en lugar de la voracidad predatoria, hubiera sido posible con el excedente generado crear casi 200 mil puestos de trabajo».
Nombrar el trabajo
En abril de este año, la Corriente Federal de Trabajadores reunida en Santa Fe emitió una declaración generada tras un debate amplio y profundo de representantes de todo el país. El texto sostiene la importancia de «unificar a todos los trabajadores argentinos en una única Confederación General del Trabajo»; cuestiona la «inmovilidad» del Consejo Directivo de la central y exige que asuma su responsabilidad frente al momento que atraviesa la Nación; y señala la importancia «de congregar a trabajadores activos y desempleados, a las organizaciones sociales y cooperativas, y al conjunto de los damnificados por los planes de ajuste». El documento exige al Congreso la declaración de emergencia económica y social, la disposición de un nuevo salario mínimo, la revisión de los tarifazos y la anulación de la Reforma Previsional, entre otros puntos; al tiempo que insta a la oposición política «a unirse y elaborar un programa para resolver el dramático presente de los argentinos».
Ese presente, dramático, crudo, en el que están sumergidos los trabajadores, y que sigue desaparecido de la agenda de discusión y debate. Es necesario recuperar el tema del trabajo en cada cruce, en cada esquina. Rescatarlo para el necesario diálogo entre los dirigentes políticos y el pueblo; hoy reservado –al parecer- sólo a «los que saben», «los que entienden», o «los que están en la cosa»; argumentos que en rigor son zonceras políticas que vienen de lejos. Hacia mitad de la década del 30, cuando estos arrabales eran saqueados por la Década Infame, Raúl Scalabrini Ortiz escribía: «estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Sólo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros».
