El acuerdo con el FMI sugiere revisar los números en el Estado y propone avanzar sobre el financiamiento del sistema previsional argentino. Intereses políticos y económicos que ponen en riesgo el futuro jubilatorio.
Por Alvaro Arellano / Foto: enREDando
[dropcap]E[/dropcap]n medio del desembolso de dinero acordado a través del acuerdo stand by entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el gobierno nacional, la entidad con sede en Washington sugiere una serie de medidas que afectan el futuro de la estructura estatal, tal como la conocemos. Entre paritarias del 8% en el sector y recorte sostenido de empleados no prioritarios, la letra chica habla de “amortizar los activos del fondo de pensión que tiene el gobierno para financiar parcialmente el pago de los reclamos judiciales”. Esta última textual enfatiza sobre el posible rumbo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), patrimonio compuesto por activos que garantizan un fondo contracíclico para la seguridad social, pero que en 2016 pasó a quedar a merced del pago de reparaciones históricas y, en el corto plazo, podría prescindir de activos que le generan rentabilidad.
Según publica en su página la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), sus fondos (compuesto por impuestos y aportes), tienen que estar equilibrados con las jubilaciones, ya que ante una crisis la recaudación fiscal o los aportantes se reducen, pero los jubilados se mantienen. Es por ello que el FGS (compuesto por activos financieros como acciones de empresas privadas) genera una rentabilidad destinada a incentivar la economía a través de diversos programas (Procrear, Progresar y obra pública) que generan más empleos, por ende más aportantes para ese equilibrio entre fondos del ANSES y jubilados. Dicha rentabilidad la logra con rendimiento en el mercado de empresas privadas, que pertenecían a las AFJP, y que pasaron al Estado una vez estatizado el sistema previsional. A partir de allí, acciones de empresas como Macro, Galicia, Telecom, Clarín, entre otras, conforman casi un 20% de los activos del FGS.
La génesis
“Las AFJP tomaban el dinero (de los jubilados) y compraban acciones de empresas, cuando el Estado las estatiza al sistema (2007), se transfiere todo esto al ANSES, que queda como titular de todas esas acciones (más los bonos públicos)”, explicó el economista Diego Kofman, sobre el surgimiento del FGS. Este conjunto de activos perteneciente al Estado, en parte, “son bonos públicos que están en una pieza del sistema de seguridad social”, lo que sintetizó como dinero que el Estado le debe al Estado. “Lo que está acá en disputa es lo que está integrado por acciones de empresas, ese 20%, 250 mi millones de pesos en marzo, con el dólar a 20”, remarcó el economista, en virtud de la discusión que desató la letra chica del acuerdo con el Fondo.
“La rentabilidad de títulos o acciones es permanente, eso genera un ingreso por rendimiento”, explicó Kofman, en una dinámica que indica que cuando esas empresas que conforman el FGS obtienen ganancias en el mercado, parte de esa ganancia va al FGS. “Es un ingreso extra, que se puede usar para pagar jubilaciones o capitalizar, vos seguís teniendo los bonos y usas solo la renta que genera”, y agregó que al descapitalizar el sistema, si se venden los activos que generan rendimiento, se da un ingreso de dinero, pero “vas a poder hacer pago solo por una vez”.
Kofman sostiene que el verdadero sentido de acatar la sugerencia de “amortizar” los activos del fondo, es más político que económico. En este sentido, esos activos solo representan el 20% del total, y llegar al mercado con una oferta por todo ese paquete lo considera “sospechoso”. “Puede ser también que sean determinadas acciones que se quieran comprar, empresas que quieran sacarse la intromisión que tenga el Estado a futuro, o quizás algunas empresas piensen re comprar sus propios activos”.
El análisis apunta a que, detrás de esto, no hay intenciones exclusivamente recaudatorias o de baja del déficit, sino la intención de desarticular la injerencia del Estado en esos activos. “El FMI sugiere que se vendan los activos para los pagos que tiene que hacer en el corto plazo la ANSES, que una parte salga de ahí, y que eso libere recursos presupuestarios para pagar los intereses de la deuda con el fondo”, sintetizó. Y por último añadió que “el fondo está hecho para darle sustentabilidad al sistema previsional, no para tocarlo”.
La precuela a las sugerencias del FMI
La discusión que gira en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad obliga a revisar lo sucedido en junio de 2016, cuando se votó la ley de reparación histórica a jubilados y pensionados, que a su vez habilitó el blanqueo de capitales no declarados. Al respecto, el abogado Luciano Tamou, asesor en casos de reparación histórica, manifestó en diálogo con enREDando: “Hay gente a la que le corresponde mucho más dinero del que está percibiendo”, en referencia a los acuerdos a los que arribaron jubilados para renunciar a los juicios a cambio de una indemnización (reparación histórica). Según explicó, esto surge a partir de jubilados que “percibían una cifra menor a la que le correspondía por los aportes hechos, entonces iniciaban un reclamo ante la ANSES”. Ante la negativa de la entidad estatal, una gran cantidad de juicios llegaron a la Corte Suprema de Justicia que le exigía a la ANSES pagar lo adeudado.
“Lo que hizo el gobierno fue proponerle al jubilado que tenía un juicio, una indemnización en cuotas a cambio de que renuncie al juicio que le está haciendo al Estado”, señaló el abogado. La ley, que a su vez contenía el “sinceramiento fiscal” (blanqueo), ya habilitaba una eventual venta de activos del FGS para pagar parte de esas indemnizaciones, que es lo que se está discutiendo ahora a raíz de lo que sugiere el FMI. Por último Tamou señaló: “La venta de activos pasa a proponerse para que el Estado se haga de 10 mil millones de dólares, y por una cuestión ideológica de que el Estado no intervenga en empresas privadas”.
Las precisiones de Kofman y Tamou parecen mantener cierto paralelismo, pero en realidad se trata de hilos conductores que se desprenden del mismo carretel. La famosa Ley de Reparación Histórica, que contuvo la ley de blanqueo, posibilita a que el gobierno, si acata las sugerencias, pueda acceder a vender los activos del FGS. Esos activos que representan acciones de empresas privadas como Telecom, o Clarín, permiten que el Estado perciba dinero al tiempo que esas firmas tienen ingresos por rendimiento en el mercado. Esa rentabilidad discontinua posibilita al Estado sanear el sistema previsional e incentivar la economía con obras y más trabajo.
Si la liquidación de esas acciones se lleva adelante, solo quedaría el dinero de la venta y la incertidumbre sobre cómo el ANSES sería capaz de sustentar jubilaciones futuras, con lo cual, pensar en jubilarse en unos años bajo el sistema estatal, sería insustentable ante la falta de fondos. Y por otra parte, quienes podrían comprar esas acciones son las mismas empresas, como Telecom o Clarín, de manera que se desprenderían del Estado como socio en la toma de decisiones. Para los jubilad@s quedaría la incertidumbre o los ya conocidos sistemas privados de seguridad social. Para las empresas, la posibilidad de tener el control absoluto de sus acciones sin injerencia del Estado.
