La política represiva de Cambiemos se aplica casi como una receta calcada en el norte y sur del país. La detención de Jones Huala y Milagro Sala comparten patrones comunes de arbitrariedad, ilegalidad y ensañamiento. La persecución política a líderes originarios, la violación al estado de Derecho y la construcción mediática de un enemigo interno operan con un mismo objetivo: disciplinar la lucha social para garantizar la concentración de tierras en pocas manos y el statu quo del poder económico feudal.
Dicen que en Jujuy la tierra arrasada tiene a sus responsables gozando de impunidad. Allí, donde la diputada del Parlasur Milagro Sala lleva 900 días presa sin condenas firmes en su contra, el empresario dueño del Ingenio Ledesma, procesado por delitos de lesa humanidad, Pedro Blaquier, camina con total soltura por esa misma tierra que lleva arrasando desde hace décadas. Tierra jujeña que así como supo ser testigo del crecimiento de un enorme movimiento social capaz de restituir derechos a una población históricamente olvidada, lo es hoy de su devastación. Hay una decisión política para que eso ocurra, dicen quienes caminan esa tierra arrasada. Voces que en medio del silencio impuesto por el gobierno de Gerardo Morales, se preguntan por qué. Por qué a ellos. Y es cierto: existe el miedo tanto como la esperanza de que alguna vez, algún día, ocurra el milagro.
Al sur del sur cuentan que la tierra está tan arrasada como en la puna. Y aunque los lagos sean espejo de la desaparición forzada y la muerte planificada, todavía hay cuerpos que resisten. Allí, el lonko mapuche Facundo Jones Huala sostuvo durante 23 días una huelga de hambre para exigir un derecho ancestral: celebrar el Wiñoy Tripantu en la fría cárcel de Esquel donde cumple una prisión preventiva desde hace un año. Juzgado dos veces por un mismo hecho, Jones Huala habla en defensa de los territorios libres. Denuncia la persecución del gobierno argentino y al igual que Milagro, sabe que su detención es política. Que son presxs políticxs de la gestión de Cambiemos. Y que detrás de esta feroz criminalización a los pueblos indígenas, lo que se esconde es un enorme poder económico operando en las sombras. Porque a miles de kilómetros de Jujuy, quienes arrasan devoran con voracidad: Grupo Benetton, Joe Lewis, la Sociedad Rural Argentina. Concentrar tierra en muy pocas, en poquísimas manos. Recuperar esas tierras que son sagradas para el Pueblo Mapuche. La represión avanza y el ensañamiento es hoy, una política de Estado.
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El 4 de julio Milagro Sala cumplió sus 900 días en prisión preventiva. Primero estuvo en el Penal Alto Comedero de Jujuy junto a otras mujeres compañeras militantes de la Tupac Amaru. Allí sufrió torturas, malos tratos y hostigamiento por parte del Servicio Penitenciario. A fines del año pasado fue trasladada por segunda vez -la primera detención domiciliaria había sido revocada por la Cámara de Casación Penal- a una cárcel “sui géneris” en un barrio alejado conocido como La Ciénaga, donde cumple prisión domiciliaria a instancias de la CIDH y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Son diversas las causas judiciales que fueron abriéndose a medida que pasaba sus días detenida. La primera y por la cual la justicia determinó quince días después de su arresto el cese de detención, fue a raíz de un acampe realizado en la Plaza Belgrano, frente a la Gobernación de Jujuy. Ocurrió en diciembre de 2015 y ese reclamo apuntaba directamente al gobernador Gerardo Morales ante la falta de respuestas a 20 mil trabajadores cooperativistas. Milagro fue acusada de instigación al corte de calle y tumulto. El mensaje era claro y anticipaba lo que tan solo días después, significaría la línea política de un gobierno provincial que, a dos años de su asunción y en complicidad con el poder judicial de Jujuy, persigue y hostiga a todo aquel y a toda aquella que dice pertenecer al enorme movimiento social de la Tupac Amaru.
Milagro nunca fue excarcelada por esa causa, que además criminaliza un derecho constitucional como lo es la protesta social, y por la cual fue detenida el 16 de enero de 2016. La justicia provincial activó en tiempo récord y en feria judicial, una sucesión de causas judiciales, por hechos ocurridos varios años atrás, que aún la mantienen ilegalmente presa, violando lo que debería ser regla y no excepción: la presunción de inocencia. En solo una, la justicia federal dictó una pena en primera instancia de 3 años de prisión en suspenso, fallo que luego fue ratificado por la misma Sala de la Cámara de Casación Penal que paradójicamente en el año 2015 decidió dictar la falta de mérito al empresario Pedro Blaquier, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Noche del Apagón, en 1976.
Se trata de la llamada “causa de los huevazos” en la que se la acusó a Milagro Sala por haber instigado, supuestamente, un escrache con huevos al gobernador Morales, en ese entonces senador, en el año 2009. Pero Milagro no participó de dicho reclamo, y el único testimonio plagado de contradicciones que la incriminó pertenece al testigo René Arellano, empleado de la administración jujeña quien, por otra parte, la investigación periodística de Horacio Verbitsky y Juan Amorin reveló que había sido beneficiado por el gobierno jujeño con casi 3 millones de pesos mediante una contratación directa para la cooperativa de la que Arellano forma parte. En el llamado “juicio de las bombachas”, un proceso judicial que llevó más de tres años y que fue impulsado por el hijo de Gerardo Morales, Milagro fue imputada por el delito de amenazas. Finalmente, en diciembre de 2017 el Tribunal Criminal N 2 la absolvió al no encontrar ninguna prueba en su contra.
Imputada en otras causas por presunto fraude y asociación ilícita, y con débiles elementos probatorios, Milagro Sala está presa sin condenas, cumpliendo una extendida prisión preventiva pese a que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias dependiente de la ONU y Aministía Internacional se hayan pronunciado, denunciando su detención ilegal y exigiendo al gobierno argentino su inmediata liberación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se expidió solicitando su libertad y a su vez, arbitrando una serie de medidas cautelares, como la prisión domiciliaria, para resguardar su integridad física que fueron incumplidas por el gobierno nacional y provincial. La Corte Suprema de Justicia finalmente confirmó su prisión preventiva y ordenó, tal como había establecido la CIDH, su arresto domiciliario. Milagro está alojada en una casa que fue adaptada como cárcel, con cámaras de vigilancia, y dos puestos de Gendarmería controlando el lugar, violando incluso lo que establece la Ley de Ejecución Penal.
“El caso de Milagro obedece al marco de una persecución política. Como se vencía en enero de este año el plazo de la prisión preventiva pidieron la prórroga al Superior Tribunal, que fue ampliado por el gobernador (Gerardo) Morales y compuesto por varios ex diputados del radicalismo, y se la extendieron un año más. Suponemos que durante este año van a acelerar algunas de las causas, centralmente las que tienen contenido vinculado a la administración de bienes del Estado, para lograr tener una condena a cualquier costo, porque sigue pasando el tiempo y no la logran condenar”, señala hoy una de las abogadas del equipo jurídico de Milagro Sala, Elizabeth Gomez Alcorta y refuerza: “hay que recordar que Milagro no está detenida en el marco de ninguna condena”.
A la par, ya comenzó en Jujuy el sexto juicio de lesa humanidad de una megacausa donde se juzgan delitos cometidos durante la Noche del Apagón y en la Mina Aguilar, entre otras. Son 23 genocidas imputados por delitos cometidos contra 113 víctimas, de las cuales 38 permanecen desaparecidas. Es un juicio clave para avanzar en las responsabilidades civiles y empresariales durante el Terrorismo de Estado y que tiene en Jujuy a uno de sus máximos exponentes: el empresario del Ingenio Ledesma Carlos Pedro Blaquier, procesado en el año 2012 por su participación durante los secuestros de obreros del ingenio azucarero y del médico y ex intendente Luis Aredez al acreditarse la facilitación por parte de la empresa de los vehículos que fueron utilizados por las fuerzas represivas para cometer los secuestros. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, la misma que ratificó la condena a Milagro Sala por instigar, supuestamente, un escrache con huevazos a Morales, le otorgó en el 2015 la falta de mérito que fue apelada por la querella y la fiscalía. Desde hace tres años la apelación espera un demorado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Blaquier se pasea por el mundo, y la Flaca qué hizo para estar donde está”, se preguntan por lo bajo, compañeros y compañeras de Milagro Sala en Jujuy. Saben que la respuesta es solo una. En esa tierra arrasada hoy gobierna la impunidad.
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A Facundo Jones Huala lo detuvieron por segunda vez el 27 de junio de 2017 en el marco de una causa que ya había tenido un juicio previo, que fue anulado por contener graves irregularidades en su proceso y por el cual ya había sido liberado. Pero la persecución política no tiene límites a la hora de violentar derechos ancestrales, tratados internacionales y garantías constitucionales. Por eso mismo Jones Huala se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel.
Elizabeth Gomez Alcorta también integra el equipo de abogados que defiende a Jones Huala. En este caso, explica: “A Facundo Jones Huala, después del primer juicio de extradición que se había declarado nulo y se ordenó su libertad el 31 de agosto del 2016, se lo vuelve a detener el 27 de junio de 2017 y se pide de nuevo su extradición por los mismos hechos y los mismos pedidos de Chile. No hay nada nuevo, incluso estando pendiente todavía en la Corte la apelación respecto a la nulidad anterior. Por esta razón, se plantearon una serie de incidentes en términos personales, terminé denunciando al juez Villanueva y al fiscal Bagur Creta por privación ilegal de la libertad de Facundo”.
Facundo Jones Huala es lonko mapuche de la Lof en Resistencia Cushamen, una de las comunidades que recuperó una parte de territorio ancestral en el sur argentino, en la provincia de Chubut. Es la comunidad que enfrenta una histórica disputa con el grupo Benetton y en esa lucha, es la que siempre ha sido castigada y criminalizada.
En esa comunidad se encontraba Santiago Maldonado cuando el 1 de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional reprimió ferozmente, ingresando sin orden judicial al territorio mapuche y desplegando la cacería tras la cual desaparece el joven artesano que había llegado hasta allí para solidarizarse con la causa mapuche y para exigir la liberación de su lonko. El cuerpo de Santiago apareció sin vida 74 días después, flotando en las heladas aguas del río Chubut.
Pero para ese entonces el enemigo interno ya estaba claramente definido. El gobierno nacional, con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza, se ocupó de construir dicha imagen, con la complicidad de los medios masivos de comunicación, para, por un lado, sembrar pistas falsas en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y por el otro, demonizar el histórico reclamo mapuche por las tierras en una zona de la Argentina altamente codiciada por el avance extractivista.
Las regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel y del Noroeste de Chubut han acompañado la lucha del Pu Lof desde el comienzo, desde hace más de dos años. “Esta lucha de dos años y medio le ha causado a la comunidad del Pu Lof Cushamen más de cuarenta causas”, indica la antropóloga rosarina y presidenta de APDH Regional Rosario, Claudia Gotta. “Estos pueblos viven siendo criminalizados. No tienen acceso a la justicia y todos los derechos y garantías que les adjudica la carta magna son letra muerta a la hora de enfrentar a estos señores terratenientes que manejan su propia fuerza de choque”. Según Claudia, la complicidad del Estado es conocida a un lado y al otro de la cordillera. “La Nación expulsa, no reconoce, excluye y despoja a las otras naciones preexistentes”.
Hostigadas, reprimidas, expuestas a la criminalización y persecución constante, las comunidades mapuches resisten la embestida represiva. Gotta es clara cuando indica que la concentración de la tierra está en consonancia con el neoextractivismo más feroz. “Hablamos de territorios que son robados a las comunidades para establecer proyectos mega mineros, apresar sus ríos en un números de represas que están planificadas, la tala indiscriminada de sus bosques, porque no hay como poner freno a esta voracidad, a esta mercantilización de la vida, que nos cuesta mucho comprender cuando en el marco de nuestra colonialidad hemos cosificado a la madre naturaleza y hemos aceptados que sus bienes comunes estén ofrecidos en el mercado al mejor postor”.
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“No es necesario haberse especializado en el pasado de Jujuy para entender que el odio visceral de Gerardo Morales y de toda una capa social de la provincia hacia Milagro Sala hunde sus raíces en esa historia de la colonización. Durante siglos, cinco para ser más precisos, los sobrevivientes del incario se vieron condenados a servir, a callarse la boca y a esconder su propia cultura. En el siglo XVII, muchas mujeres que continuaban practicando las ceremonias ancestrales fueron quemadas como brujas (…). La bruja Milagro llegó más lejos: no contenta con reivindicarse –reinventarse– como mujer indígena, se apoyó en una población de marginales, jóvenes desocupados a quienes el liberalismo salvaje de los años noventa, y sobre todo, la crisis de 2001, habían abandonado a su suerte”, señala en un artículo que escribió para Infobae, la escritora Alicia Dujovne Ortiz autora del libro “Milagro”, presentado recientemente durante la última Feria Internacional del Libro realizada en Buenos Aires.
Alicia Dujovne Ortiz recorrió las yungas y viajó hasta la puna para recoger testimonios. Visitó en cuatro oportunidades a Milagro en el penal Alto Comedero. Pudo haber sido seis pero no aguantó, dice. “Casi me vuelvo alcohólica. Viendo a las carceleras serviles y melosas conmigo, pero crueles por la noche cuando todos se van, cuando pueden repartir tranquilamente pateaduras, trompadas, impedir que las presas duerman, que vayan al baño solas (sobre todo cuando la presa se llama Milagro), al salir de cada una de esas visitas necesité imperativamente tomarme un whisky”.
Alicia Dujovne Ortiz entrevistó a quince tupaqueros/as. La primera fue María Molina quien le contó la aventura desde el principio. «Cómo Milagro comenzó a hablar con los muchachos de las villas de igual a igual, porque ella misma conocía la vida del pibe sin trabajo que cae en la droga «para huir de la realidad» -una huida que al poder le viene muy bien para tenerlo quieto-, y de las madres solteras de trece años, y de las mujeres golpeadas, y cómo les devolvió la dignidad gracias a la Copa de Leche, así, con mayúscula».
Viajó a Humahuaca para “hablar con los coyas a los que Milagro no convence del todo porque la encuentran verticalista, lo cual es muy cierto”, cuenta. Dice también que viajó a Las Yungas “a ver a los guaraníes que por su parte la adoran, y al Ingenio Ledesma del genocida Blaquier, donde el gordo y emotivo Beto me contó lo que habían sido sus vidas de trabajadores golondrina, sin casa, compartiendo una letrina con quince familias y tomando el agua contaminada de una canilla única situada al lado de esos baños inmundos, y cómo, al entrar por primera vez en una casa de material con un inodoro de verdad, su padre lloró”. También habló “con intelectuales que la apoyan, pero con una distancia crítica muy comprensible. ¿Es posible penetrar ese otro planeta que es el universo de la marginalidad?”, se pregunta Alicia.
A los que no entrevistó, confiesa, es a los enemigos de Milagro. “Me pareció inútil: para saber lo que piensan basta con leer lo que dice la prensa de Morales. Una prensa comprada y amenazada: los diarios, las radios, las televisiones jujeñas no reciben publicidad a menos de echar pestes contra Milagro Sala”.
“La Tupac Amaru está prácticamente proscripta”, le dice a enREDando Claudia Saldaña, recién llegada de Jujuy. La ex diputada provincial de Santa Fe todavía está conmovida. Intenta poner en palabras su experiencia, lo que vió, lo que sintió. El calor de ese fuego compartido junto a Milagro mientras miraban el partido de la Selección Argentina en el Mundial. La sensación de derrumbe al ver una obra totalmente devastada. La vigilancia estricta ante cada visita en la cárcel donde hoy está Milagro Sala. El abrazo cálido de Pachila y la tristeza por no haber podido celebrar el tradicional Inti Raymi en el barrio tupaquero de Alto Comedero. El miedo que recorre la sangre. Los cuerpos de esas mujeres tupaqueras que, a pesar de todo los pesares, no pierden la fuerza.
El enorme complejo recreativo de Alto Comedero, el Cantri, que supo levantar la Tupac Amaru está destruido. Donde antes había baños y vestuarios, hoy hay destacamentos policiales. “Parece una ciudad sitiada”, señala Claudia y asegura que la demolición es también psicológica.
El corazón de la Tupac, su casa, su sede, fue intervenida por orden de Morales hace apenas días. Era el lugar de reunión de los 900 delegadxs de la organización. Hoy la sede no tiene actividad y está vallada y vigilada por las fuerzas federales. “Está tomada por Gendarmería”, dice. Frente a la sede funciona el terciario de la Tupac, también intervenido y con docentes que tienen sus salarios congelados desde hace 3 años. “Todo aquel que nombra la Tupac es perseguido”, asegura Claudia. Quienes integran la Tupac ya no pueden decir abiertamente que son parte del movimiento. “La presión psicológica que ejerce el gobierno es muy fuerte”.
Gladys Díaz, Shakira Guerrero, Graciela López y Mirtha Aizama son cuatro mujeres de la Tupac que aún hoy siguen presas. También se encuentran privados de su libertad Alberto Cardozo y Javier Nieva.
De los siete presos políticos que tiene la provincia de Jujuy, 5 son mujeres. Mujeres que además han soportado los peores tratos dentro y fuera del penal. Mujeres que construyeron junto a Milagro un círculo de sororidad y lealtad. Y no es casual. Las tupaqueras han tenido un rol fundamental dentro de la organización que supo construir 8 mil viviendas, cooperativas que fueron fuentes de trabajo para más de 4 mil personas, 4 escuelas, 4 centros de salud y recreación y parques acuáticos donde miles de niñxs disfrutaban del verano cada año. Una organización que de abajo hacia arriba tenía en su gran mayoría, un componente femenino liderando puestos de decisión. Eran obreras y eran también dirigentes. La Tupac supo ser el movimiento que cobijó a muchísimas mujeres sin trabajo, embarazadas, madres solteras, mujeres violentadas por sus parejas, ex detenidas o en situación de prostitución.
Claudia Saldaña conversó con 20 mujeres que integran la Tupac. Estuvo conviviendo junto a Pachila, una de las integrantes del movimiento que estuvo diez meses presa junto a Milagro Sala. “Me recibió con los brazos abiertos, compartiendo todo lo que tiene”. Claudia viajó para ser testigo de una celebración ancestral andina en Alto Comedero: el Inti Raymi, la fiesta del Sol. Pero este año, y por primera vez, no pudieron realizarla. “No pudieron solventar los gastos de pasajes para las comunidades. Y a medida que fueron pasando los días me fui dando cuenta que no tomamos dimensión de lo que está pasando: no hubiese sido posible la ceremonia por la presencia policial en el barrio”, cuenta Claudia.
La falta de trabajo y dinero es una de las grandes dificultades que hoy padecen quienes forman parte de la Tupac. La estigmatización pesa y condena. “La miseria que circula entre las compañeras es cruel, porque tienen hijos que alimentar, casas que sostener”. Durante dos días visitó a Milagro en El Carmen. La vió fuerte, entera, dice. “Ella transmite la necesidad de que nos unamos, que no nos venzan”. Al penal de Alto Comedero no pudo acceder. Cuenta Claudia que las condiciones de detención para las compañeras que están en el penal son tortuosas. Por eso, remarca, acercarles el apoyo y la solidaridad es fundamental. “Llevé más de 100 audios desde acá con mensajes. Para ellas es una situación paupérrima. Todo el tiempo son tentadas para incriminar a Milagro”.
Cuatro son los pilares que supo construir durante 20 años la Tupac Amaru. Claudia enumera: vivienda, trabajo, salud y educación. Cada integrante lo lleva en su propio cuerpo. “Ellas aprendieron a valorarse, es impactante ver como los niños valoran a su mamá y a las mujeres de la comunidad. Y eso fueron los 20 años de la Tupac. Milagro fue quien inculcó que tenían que tener autoestima fuerte y alta. La mayoría está estudiando, muchas fueron rescatadas de la calle, muchas están cursando el terciario”.
Norma Luis hoy cursa Museología en ese mismo terciario. Dice con orgullo que fue la primera mujer en ser Guardiana del Fuego del Inti Raymy en Jujuy, un rol destinado históricamente a los varones. “Ellas saben que son parte del gran movimiento de mujeres”, define Claudia.
Por eso, la detención ilegal de Milagro Sala no solo obedece a un disciplinamiento social y político por la militancia desplegada. Es también un castigo por su condición de mujer.
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Al lonko Facundo Jones Huala se lo juzgó en dos oportunidades por una misma causa lo que evidencia un mensaje político claro: el disciplinamiento a una de las comunidades que más resiste al inmenso poder económico que avanza irrestrictamente en la Patagonia Argentina.
El primer juicio de extradición quedó anulado en septiembre del año 2016 por graves irregularidades durante el proceso. El único testigo que declaró en contra lo hizo bajo tortura. “El Juez federal Guido Otranto dispuso la anulación de la causa de extradición a Chile de Facundo por irregularidades procesales graves. En la audiencia y en mérito de las defensas del líder mapuche, se develó una espesa trama de actos de persecución política: Facundo y sus familiares fueron calificados de terroristas y autores de delitos basados en investigaciones ilegales de espias de la Agencia federal de Investigaciones. Todo, aseguró la defensa y aceptó el fallo del Juez, era un montaje de seudo investigadores de un lado y otro de la frontera a través de Interpol para incriminar a la comunidad mapuche. Como consecuencia de la declaración de nulidad en la sentencia se archivó el procedimiento judicial sin pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia del pedido de extradición realizado por la República de Chile”, indica La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en un extenso documento que reseña la lucha de la Lof en Cushamen.
Pero el 27 de junio de 2017, poco más de un mes antes de ejecutarse por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación un feroz operativo represivo en el Pu Lof en Cushamen, el juez Gustavo Villanueva ordenó la detención de Jones Huala y su traslado al penal de Esquel donde cumple desde hace más de un año, una prisión preventiva que viola tratados internacionales y derechos indígenas. El motivo de esa detención es el mismo por el cual Facundo ya había sido liberado por el juez Otranto, en ese primer juicio de extradición que fue anulado. No hay elementos nuevos que justifiquen su arresto. Por eso, una de sus abogadas, Gomez Alcorta es clara cuando dice que este segundo juicio de extradición “es una vulneración absoluta de todos los derechos”. Facundo no tuvo “la posibilidad de que se ofreciera un solo testigo, realmente creo que va a ser uno de los casos más paradigmáticos de esta época por las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta que no esté firme esa extradición a Facundo no lo pueden llevar a Chile, y en el caso que quede firme le queda una instancia más, como nacido en Argentina, que es pedir ser juzgado en su país. No es un derecho sino una posibilidad que queda en manos del poder ejecutivo”.
La decisión de extradición a Chile de Facundo hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, tuvo lugar en Comodo Py una audiencia para pedir su excarcelación. A los medios de prensa, otra de sus abogadas Sonia Ivanoff señaló: “El panorama es controvertido por lo que es la figura de Jones Huala, es el líder político que el gobierno ha instalado como el enemigo interno. Jones Huala en el 2016 cuando fue detenido dijo en el primer juicio: si Argentina toma el mismo método de vínculo de relación del Estado Chileno con el pueblo mapuche va haber muertos. Al segundo juicio, Facundo Jones Huala dijo: estan usando la metodología de Chile con el pueblo mapuche y ya hay dos muertos y están todos del mismo lado: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
El 25 de noviembre de 2017, el joven mapuche Rafael Nahuel fue asesinado con un tiro en la espalda, por la Prefectura Naval en un desalojo ordenado por el juez Villanueva en Villa Mascardi, Bariloche. Ese mismo día, velaban los restos de Santiago Maldonado en su localidad natal de 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires.
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Las voces tupaqueras señalan que el gobierno de Morales supo sembrar miedo. Disciplinar. Acallar. Desmovilizar. Para Eduardo Tavani, Jujuy fue el laboratorio de ensayo donde comenzó a diseñarse el plan represivo de Cambiemos. Y dispara un dato contundente: desde diciembre de 2015 hasta hoy se han cometido 400 actos represivos a lo largo y ancho de la República Argentina. “No sabemos cuál es el límite de la perversidad”, señala el militante que además de ser miembro de APDH, integra el Comité Nacional por la Libertad de Milagro Sala, espacio que fue creado para visibilizar la detención arbitraria de Milagro. También asegura que la razón de la persecución es clara: imponer un modelo de ajuste, avanzar con los proyectos extractivos en el suelo de Jujuy, rico en minerales como el litio, y disciplinar a los movimientos sociales. “Eso han hecho con la Tupac Amaru, no solo poniendo a sus principales dirigentes presos, sino arrasando con toda su obra. Escuelas, espacios polideportivos, recreativos, centros de salud, fábricas, miles de puestos de trabajo y viviendas, han sido desgüarnecidos por este gobierno, que ha venido a arrasar con los derechos”.
Una delegación de juristas internacionales acaba de visitar a los y las detenidas políticas en Jujuy. Sus declaraciones a la prensa fueron contundentes: “Lo que nosotros pudimos evidenciar es primero una vulneración a derechos fundamentales respecto a dos puntos. Primero, en relación al juicio, es decir a la causa por los delitos que se les imputan, pero además por el debido proceso. Se está violando el derecho que tienen a que los juzguen de forma imparcial y a que haya pruebas suficientes en las causas que se los imputan. También se está violando el principio de inocencia que tiene toda persona. Y el segundo punto son las condiciones carcelarias en las cuales se encuentran las presas y los presos políticos. Lo que vimos es que precisamente por la condición de liderazgo social de Milagro, hay un ensañamiento contra ellos en el penitenciario, que incluye torturas físicas y psicológicas”, dijo Meyerly Garzón, abogada colombiana, defensora de derechos humanos al diario Página 12.
Norma Ríos, presidenta de la APDH Nacional, quien además fue de las primeras en visitar a Milagro en Alto Comedero asegura que lo que no le perdonan es haber demostrado todo lo que un pueblo originario era capaz de hacer. “Cuando nosotros veíamos a 70 mil compañeros de la Tupac enfrente de los juicios de lesa humanidad cuando a Blaquier se lo intento poner preso, eso te daba la pauta de todo lo que ellos podían”.
En el año 2012, la Tupac Amaru junto a la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy y organismos de Derechos Humanos protagonizaron una masiva movilización que obligó a la renuncia del entonces juez Carlos Olivera Pastor, acusado de frenar las causas por delitos de lesa humanidad que involucraban a Blaquier en la conocida Noche del Apagón en Ledesma, donde fueron secuestrados 400 trabajadores del Ingenio de los cuales 30 permanecen desaparecidos. Desde ese entonces, las causas paralizadas comenzaron a tomar curso hasta que finalmente se logró el procesamiento de Blaquier.
Dice el periodista Horacio Vertbisky que Ledesma es mucho más que una empresa. “Los directivos de Ledesma no solo participaron de la represión, sino que la planificaron. Ledesma es realmente el verdadero patrón de la provincia de Jujuy, y en torno del ingenio crece toda una sociabilidad que le depende en forma absoluta. Desde el año 66, está legislado por la dictadura de Onganía el hecho de que la Gendarmería se asiente en las tierras de Ledesma. Defiende lo que Onganía llamaba las fronteras interiores, es decir, la represión de los trabajadores”.
En la patagonia argentina, las fuerzas federales también tienen sus puestos de control en tierras apropiadas por el Grupo Benetton. “Cuando hablamos de la complicidad de los gobiernos con los grupos económicos estamos hablando de una nueva concentración de la tierra en pocas manos, y esa concentración es paralela a una extranjerizacion de la tierra que tiene apellidos claros. Para los pueblos originarios, los cerros, los apus, los ríos, los árboles, todo lo que la mapu o la pacha en otras latitudes les ha brindado, son sagrados, y para nosotros son cosas que están allí para servirnos. Esto es una gran diferencia que no nos permite entender como ese saqueo además vulnera la sacralidad de todas las vidas.”, apunta Claudia Gotta.
No hay duda que la criminalización del pueblo mapuche va de la mano del avance extractivista en el sur. La Pu Lof en Resistencia Cushamen es hoy uno de los principales escollos del grupo Benetton. Y es el grupo Benetton uno de los mayores interesados en mantener preso a Facundo Jones Huala, líder político de la comunidad. En diálogo con Resumen Latinoamericano, Sonia Ivanoff señala que hoy hay más de 36 mapuches procesados o con elevación a juicio por delitos simples. Y cita las declaraciones del secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti : “que sepan los mapuches que los vamos a detener”. “Aplican el código penal para endilgarles una serie de delitos simples pero para disciplinar. Tener al líder preso implica que el resto de la comunidad que lo considera una autoridad política de alguna manera dejen de ejercitar su derecho ancestral”.
Para Claudia Gotta, Jones Huala es “el rehén preferido del gobierno macrista”. Y completa: “El gobierno ha hecho de diferentes organizaciones sociales y líderes sus enemigos internos. Lo que comenzó al mes después con la detención de Milagro, nos llamó a todos a repensar en que situación nos encontrábamos, está claro el rehén preferido, o por lo menos de más actualidad, a pesar del silenciamiento de los medios, es el lonko Facundo Jones Huala. Está detenido arbitraria e ilegítimamente puesto que esta nueva detención que el 27 de junio cumplió un año, está basada en cargos de los cuales ya ha sido juzgado y que fueron anulados. Es un enemigo interno público, de gran peso para el gobierno actual que no solo es cómplice, sino el representante de los grupos económicos de capital nacional e internacional que ven la necesidad de avanzar en los territorios ocupados de manera legitima. Como primera etapa esta la instancia de criminalizar la protesta y encarcelar a sus líderes. La causa de Facundo se enmarca en este contexto. El neoextractivismo viene hoy por todo y son nuestros pueblos los que resisten cotidianamente. Consideramos que el pueblo mapuche es un enemigo interno y lo va a ser en tanto no va aceptar condicionamientos que atenten contra lo que consideran sus derechos ancestrales».
En Jujuy, la realidad no es tan diferente si se tiene en cuenta la riqueza en litio que tiene el suelo de la provincia y el avance, ya declarado, de proyectos mineros para extraer el mineral. El abogado colombiano Francisco Ramirez Cuellar que fue parte de la comitiva de juristas que visitó Jujuy en los primeros días de julio, señaló en una entrevista con Página 12: “Lo que hemos comprobado es la mano oscura de las compañías, no solo de las que venían comprometidas con la dictadura militar como el grupo Ledesma, sino también de las empresas mineras que actúan en la parte alta de Jujuy, donde hay una mina de litio muy estratégica para las multinacionales que son las que están detrás de la detención de la compañera Milagro y de los grupos que la acompañan. La estrategia del Gobierno es la destrucción de cualquier tejido social que pueda oponerse a la implementación de un modelo de saqueo de recursos naturales”.
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Para la abogada defensora Elizabeth Gomez Alcorta, Milagro es, sin ninguna duda, la mayor oponente política del gobierno de Gerardo Morales. “La Túpac Amaru para el 2015 era la tercera empleadora de la provincia de Jujuy. En el 2009 llegó a tener 70 mil miembros y claramente para el gobierno de Morales tenerla a Milagro en libertad le iba a implicar una serie de crisis en la gobernabilidad”. En cambio, para la abogada “el caso de Facundo está más vinculado a la idea de nuevas amenazas que bajan desde Estados Unidos y la necesidad de romper con este principio delimitador entre seguridad y defensa. Es decir, la idea de la utilización de las fuerzas armadas en caso de terrorismo, pero como no tenemos un enemigo terrorista, lo inventamos”.
En ambos casos, y en ambos extremos del país, Gomez Alcorta señala que “existe una utilización del poder judicial porque tiene un manto de legitimidad y legalidad en el que, todavía, mucha gente sigue creyendo. Los dos son conocidos a causa de que se convierten en líderes populares o comunitarios y ambos sufren amplios niveles de racismo. El hecho de que sea un mapuche y una negra coya tiene un punto en común muy importante: su persecución es sencilla. Los dos vienen con un fuerte contenido mediático para estigmatizarlos, uno es un “terrorista” y la otra es una “ladrona” y no hay ninguna duda. A pesar de que nadie conocía a Facundo antes o nadie sabía cuál es su comunidad, de repente, nadie duda que se trata de un terrorista a causa de una muy fuerte campaña de parte del gobierno”, que encuentra su clara complicidad en el aparato mediático.
Claudia Gotta, por su parte, remarca a enREDando algunas diferencias en la repercusión pública que han tenido ambos casos, bastante más invisibilizada en el caso de Jones Huala y destaca el claro corte anticapitalista de la causa mapuche. “Su lucha no es solo por la comunidad de Cushamen. Su llamamiento nos convoca a prestarle atención y apoyar su lucha y su reivindicación de los derechos que le asisten porque así lo enuncia la Constitución Nacional y muchos de los pactos internaciones que ha firmado nuestro país”.
Durante 23 días, Jones Huala mantuvo una huelga de hambre que deterioró su salud física. Lo hizo para exigir un derecho ancestral que el poder judicial le estaba negando: poder celebrar la ceremonia del año nuevo mapuche. “Uno de los reclamos de Facundo es que se respete un protocolo intercultural para todos los presos en todos los penitenciarios del país”, dice Gotta. La ceremonia finalmente se hizo y hoy Facundo se está recuperando de una gran pérdida de peso. “A pesar de eso nunca dejó de estar entero”, dice Claudia.
Por estos días, se espera la resolución de la Sala II de la Cámara de Casación Penal en lo que respecta al pedido de excarcelación. En esa audiencia se dejó en claro el contexto de ilegalidad de su detención. Su abogada, Sonia Ivanoff manifestó: “El juicio de extradición es paradigmático, porque es el primer juicio de extradición a un indígena luego de la reforma constitucional de 1994, en donde este Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Resolver en contrario es violar esas garantías y violar, fundamentalmente, el derecho que se les reconoce a los pueblos indígenas con la ratificación del Convenio 169 de la OIT”.
La distancia en ruta entre Jujuy y Esquel es de 2.713 kilómetros. En el norte profundo y al sur del sur de la Argentina, ser indígena, ser dirigente, ser líder político, ser joven y ser mujer, bajo el gobierno de Cambiemos, tiene su costo. Violar principios de inocencia, la cosa juzgada, la prohibición a ser juzgado dos veces por el mismo hecho, tratados internacionales y derechos constitucionales son patrones comunes de un poder judicial en clara complicidad con el poder político y económico de ambas provincias. Milagro Sala y Facundo Jones Huala son dos figuras claves para entender la política represiva de Cambiemos, aplicada de punta a punta de la República Argentina. Denominadores comunes que evidencian un objetivo claro: el disciplinamiento de la lucha social y la avanzada del poder económico sobre las tierras, los recursos y bienes naturales.
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Entrevistas a Elizabeth Gomez Alcorta, Claudia Gotta, Norma Ríos, Claudia Saldaña
Fuentes consultadas: Cels, Cij, Página 12, Apdh, Infobae, Enredando, Canal Abierto
