La región sigue registrando una caída vertical en los puestos laborales. Historias cotidianas que quedan fuera de las estadísticas oficiales, que multiplican las tristezas y hacen –cada día más necesaria y urgente- la construcción de un espacio colectivo de resistencias y esperanzas. Donde se ponga freno a la brutal transferencia de recursos de los sectores populares a las minorías concentradas, donde la variable de ajuste no pase por la exclusión de trabajadorxs, y donde no se privatice el horizonte compartido.
Por Jorge Cadús
[dropcap]E[/dropcap]l gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, y a la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, encabezó el último 18 de junio una reunión con representantes de trabajadores y empleadores, así como con funcionarios de los tres poderes del Estado, en el marco de la Comisión Multisectorial para la Defensa del Empleo, y con el objeto de analizar la situación laboral en la provincia.
«La realidad nos preocupa, no sólo el presente sino las perspectivas para el próximo semestre y el año próximo», advirtió allí Lifschitz. Y señaló que «hoy el escenario que el gobierno nacional está planteando nos anticipa un semestre de estancamiento, en el mejor de los casos, o de recesión en la economía y sumado a que los indicadores de inflación están puestos arriba del 30%, se genera un cóctel de alto impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, los pequeños comercios y los sectores asalariados. Además, no se perciben ideas claras para impulsar políticas contracíclicas y no hay un esquema de financiamiento para el sector productivo que tenga dificultades en la coyuntura».
«Nuestra posición es sostener y defender las fuentes de trabajo de las empresas de la provincia, tanto de los sectores industriales, agropecuarios, de servicios y comercio. Nos parece que en momentos de dificultades lo importante es sostener lo que tenemos, mantener el empleo y la dinámica de la actividad económica», finalizó Lifschitz.
En el cónclave, el Ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini, habló de la recuperación del empleo formal en la provincia, y la generación de puestos laborales. Recuperación que es difícil verificar en el día a día cotidiano de los trabajadores –formales o informales-; o de los pequeños empresarios que viven la angustia cotidiana de una «tormenta perfecta» –en términos negativos- que los pone al borde de la desocupación o el cierre.
Los meses de mayo y junio registraron una sucesión de cesantías y despidos sin tregua. Un breve repaso marca la caída del trabajo:
– La empresa productora de electrodomésticos Mabe confirmó la suspensión de sus 250 empleados durante un mes en la planta que opera en el parque industrial norte de la provincia de San Luis. La compañía de capitales mexicanos -dedicada a la fabricación de productos de la llamada línea blanca, es decir, heladeras y cocinas- consensuó la medida con la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). A fines de abril, Mabe cerró una línea de producción de su planta en Haedo.
– En ese marco, los trabajadores de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán se declararon «en estado de alerta», ante la posibilidad cierta de «que ejecuten entre 80 y 120 despidos en las próximas horas». Fernando Peyrano, delegado de la Junta Interna de la fábrica, anticipó que «están circulando listas con los nombres de entre 80 y 120 operarios», que serían despedidos en el marco de un ajuste presupuestario. El Gobierno nacional anunció un recorte de 50 millones de pesos al presupuesto destinado a obras edilicias e instalaciones eléctricas en el torreón ubicado en Fray Luis Beltrán, una planta que ya sugrió cesantías en diciembre de 2017, cuando el Gobierno concretó un primer y fuerte recorte presupuestario.
-Desde el sindicato de la industria automotriz (Smata), su titular Marcelo Barros, reveló que la firma multinacional General Motors, asentada en Alvear, sostiene un proceso de suspensiones de personal: «Vienen suspendiendo cuatro o cinco trabajadores por mes, con el pago del 80% del sueldo», denunció Barros. «La industria está en peligro, y acá en la zona las pymes autopartistas están muy afectadas», puntualizó el dirigente gremial, en referencia a la crisis del sector, atribuida a la política de importaciones indiscriminadas del gobierno nacional.
– En la angustia de la incertidumbre, los ochenta trabajadores de las cabinas de peaje ubicadas en los kilómetros 636.60 y 749.70 de la Ruta Nacional Nº 33 (Venado Tuerto y Casilda respectivamente), no saben todavía su futuro próximo. Esas cabinas que -conforme a los pliegos de licitación para la concreción de la Autopista Rosario-Rufino- deben ser retiradas a partir del 1 de julio. Desde esa fecha, la empresa adjudicataria -que construirá el tramo de 161 kilómetros de esa autopista- debe hacerse cargo del mantenimiento de la Ruta 33, eliminando las cabinas, con la consecuente incertidumbre respecto del lugar y la función en la que serán reubicados los trabajadores.
– En Venado Tuerto, la textil Procesadora Centro -que está en convocatoria de acreedores- mantiene todavía los 120 puestos de trabajo, con el pago de los salarios básicos, aunque se recortaron adicionales, horas extras y premios. En forma paralela, desde la delegación Venado Tuerto de la Unión Obrera de la Construcción advirtieron que «no hay salida laboral en estos momentos y solamente se están manteniendo las grandes obras que ya tenían cerrados contratos». A su turno, el gremio de Panaderos y Confiteros -según informó el concejal venadense Patricio Marenghini al portal Pueblo Regional- «pasó de tener 205 afiliados a 179, y ellos empezaron a notar que muchas panaderías van cerrando y que esta problemática afecta a todo el país, con la aparición de panaderías sin venta al público para evitar costos de mantenimiento y pago de impuestos».
Venado Tuerto: sin patria metalúrgica
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Venado Tuerto, Oscar Infante, denunció esta semana una veintena de despidos en la fábrica de ollas Essen, a lo que se suma una serie de cesantías en la fábrica de motos, cuatriciclos y autopartes Corven, dos firmas radicadas en la ciudad del sudeste provincial.
En el caso particular de la firma Essen Aluminio S.A. -presidida por Reinaldo Cesar Leuci- el delegado sindical señaló que «sacan a veinte trabajadores. Catorce ya fueron despedidos, y otros seis que en estos días se va a concretar su despido».
Infante advirtió que «bajó la producción, y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo»; y puntualizó que mucha de la materia prima que utiliza esa firma es importada, con lo que se mueve «a valor dólar, lo que perjudica la producción». En forma paralela, apuntó que «retiros voluntarios hasta ahora no ha habido ninguno, sí hay una baja en la producción que la aprovechan para hacer los achiques».
En relación a las denuncias de un total de cuarenta despidos en la planta venadense de Corven (la firma perteneciente al Grupo Iraola-Corven, que preside Leandro José Iraola), Infante sostuvo que «ronda esa cantidad»; y consignó que se desarrollaría una reunión en la empresa para certificar ese panorama.
Fighiera: el peligro continúa
Hacia octubre del 2017, los socios propietarios de Cerámica Fighiera decidieron suspender la actividad de la planta, y cerraron sus puertas. Lejos de los años de gloria en que sus producciones y moldes especiales se habían convertido en referencia obligada, la firma dejó a una treintena de obreros desempleados.
Ahora, con junio amaneciendo en los almanaques, Cerámica del Sur -también instalada en la localidad de Fighiera- cerró sus puertas, sumando diez empleados que quedan sin trabajo. Tocó en suerte al delegado Pablo Corsalini concurrir a la sede del Ministerio de Trabajo provincial, en Rosario, junto al sindicato que los agrupa y a representantes legales de la firma: allí, los titulares -que residen en Rosario- dieron a conocer la noticia.
Al mismo tiempo, Rubén Caroselli -secretario general del sindicato Químico de Rosario- denunció la situación de incertidumbre que sufren los 40 operarios de la firma Síntesis Química, ubicada en la localidad de Fighiera. La planta se encuentra paralizada por falta de insumos, y sin propuesta sobre el pago de los salarios adeudados a los empleados. «Creemos en la buena voluntad de la firma», señaló Caroselli, quien remarcó también las causas de la crisis: «corrida cambiaria, tasas de interés al 40 por ciento, las tarifas, la caída de la demanda y el acuerdo con el Fondo Monetario, que impone políticas de ajuste».
La explicación, una vez más, es la tormenta perfecta -en términos negativos- desatada por las políticas económica de la alianza Cambiemos: importaciones indiscriminadas, baja en el consumo, tarifazos, dificultad para acceder al crédito.
El típico gusto francés
En poco menos de una semana, la multinacional Carrefour cerró dos de sus sucursales en el país: la primera de ellas en Resistencia, Chaco, donde se pierden 47 puestos de trabajo a partir del próximo 22 de junio; pocos días después, la empresa confirmó que bajará sus persianas en una de las sucursales en San Miguel de Tucumán.
El ofrecimiento a los trabajadores es –tal y como se firmó en el Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación, avalado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que conduce Armando Cavalieri- un traslado o un retiro voluntario, con un monto que representa el 150% de la indemnización.
La reconversión de 16 hipermercados en maximercados es la meta de la empresa multinacional, que apuesta al comercio mayorista para competir con empresas como Makro, Vital o Diarco. Además se espera el cierre de al menos dos decenas más de sucursales y un plan de achique pensado de acá a 2020. Sin la certeza de tener que sobrevivir abandonados de la mano del estado que sufren los trabajadores del sur santafesino, la multinacional francesa de supermercados Carrefour había advertido en abril último que «la crisis que atraviesa» pone en jaque miles de puestos laborales en todo el país. Con esa amenaza bajo el brazo, y a partir de las negociaciones entre la FAECYS, los directivos de la firma y el Ministerio de Trabajo, se anunció que la Nación «accede a subsidiar el 50% de las cargas patronales» a la multinacional.
Carrefour puntualizó entonces que se producirán «sólo unos mil despidos». En Santa Fe, la firma emplea 453 operarios en la sucursal Rosario, y 56 trabajadores en su sucursal de Venado Tuerto.
Sin salida
La fábrica Proem, de la ciudad de Rosario, anunció que baja sus persianas ante una crisis que no puede afrontar: un cóctel explosivo, y ya conocido en estos arrabales. Importaciones, baja de ventas, tarifazos, sin competitividad y con una marcada ausencia de acceso al crédito empresarial.
La firma –una empresa familiar radicada en Gabotto al 2.800- tiene 30 años dedicados a la producción de maquinaria y equipamiento hidráulico y neumático, bombas, válvulas y cilindros; y de acuerdo a los dichos de su titular, Carolina López, «hace seis o siete años que la industria metalmecánica viene con muchos altibajos, sin equilibrio, pero se venía sorteando. Hace un año y medio explotó en esta crisis financiera, donde busco ayuda, tramitando un crédito –sin subsidios de tasas, dando mi casa en garantía- pero las entidades financieras me cerraron las puertas», cuenta la titular de la firma.
«Nadie se acercó, no hemos encontrado respuestas concretas, hay muchas presiones, y no tenemos cómo seguir luchando, estamos totalmente cerrados a una solución», certifica. Y puntualiza: «hace un año y medio que salí a buscar ayuda… Y lo peor es que cerramos con proyectos, porque hay gente de afuera que quiere venir a la Argentina y por medio nuestro entrar en el mercado».
Proem emplea seis trabajadores, más su dueños -Carolina y Martín López- que también se desempeñan en la fábrica.
Quema a la producción
Tinka es la única y última fábrica de bolitas de Argentina y Sudamérica.
Está ubicada en la localidad de San Jorge. Nació en el año 1953, de la mano de Victor Hugo Chiarlo y Domingo Vrech.
Con sus 85 años, Chiarlo concurre periódicamente a la planta, donde siete empleados siguen dando forma a una parte importante de los juegos de la pibada de estos arrabales.
La fábrica producía hasta el año que pasó 400.000 bolitas por semana, y así desde hace más de 60 largos años. En ese camino surgió el invento de la mítica bolita «lechera», generada a partir de pedacitos rotos de envases de porcelana fundidos.
Las devaluaciones, los aumentos de tarifas esenciales para la producción –como el gas o la energía eléctrica- y la rabiosa apertura de importaciones que inundó el mercado con productos chinos, empujó a la fábrica a la crisis más grave que tuvo que enfrentar en su larga historia.
De facturas de gas de $5.000, en marzo la tarifa subió a $70.000″, cuenta la diputada provincial Claudia Giaccone. El último tarifazo de la Empresa Provincial de Energía (EPE) sumó otro golpe directo al corazón de la fábrica.
La legisladora –que cada año impulsa junto al Ente Cultural Santafesino los Torneos Provinciales de Bolita- cuenta que Tinka vende las bolsas con 100 bolitas a los comercios a $27 pesos; mientras que las importadas chinas, de menor calidad pero más baratas, se consiguen por $17″.
A pesar de todos los pesares, desde la emblemática firma aseguran: «No vamos a cerrar».
No somos una isla
La región se sacude al pulso de un país desguarnecido.
– El Ingenio San Isidro -localizado en Campo Salto, provincia de Salta- confirmó el despido de 730 trabajadores. En forma paralela, el Grupo Gloria, que adminstra ese ingenio, liquidó solamente el 50% de las indemnizaciones luego de que se cayera la venta de la compañía.
– La firma Alpagatas (exCalzar) despidió 73 trabajadores de su planta de Santa Rosa, La Pampa. El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Nerio Medina, denunció que «están sacando a las personas con menos antigüedad y le pagan la indemnización completa». Desde el año 2016, la planta –que empleaba 420 operarios- se redujo a la mitad.
– Alpargatas también despidió 8 operarios en su fábrica de la ciudad correntina de Bella Vista, donde hay casi 470 puestos laborales en riesgo por la compleja situación de la compañía, que opera al 40% de su capacidad instalada; y se desprendió también de 31 empleados de Alpargatas Textil, en Catamarca, donde se suman 36 trabajadores cesanteados en Calzados Catamarca.
– La procesadora de pollos Avex, controlada por la multinacional brasileña BRF, presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación un pedido de procedimiento preventivo de crisis que le permitiría, entre otras medidas, negociar el despido o el retiro voluntario de empleados. La planta de faena de la multinacional BRF, en Reducción, a 14 kilómetros de Río Cuarto, está faenando sólo 32 mil cabezas por día, en un solo turno, cuando la capacidad instalada supera las cien mil; cuenta con 560 empleados y opera al 30% de su capacidad. “La ley los habilita a indemnizar al 50%, pero pedimos que las indemnizaciones se hagan al 110%”, dicen desde el gremio. Víctor Fabio Oviedo, secretario general del Sindicato de la Carne de Río Cuarto, le dijo al diario La Voz Del Interior que la presentación fue realizada el viernes 1º de junio en Buenos Aires. Con lo cual esperan que la cartera laboral les corra vista para iniciar una negociación en lo que atañe a los puestos y a las condiciones de trabajo.
– La empresa Extreme Gear, licenciataria Adidas, cerró la planta de producción de zapatillas que operaba en la localidad de Transradio, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y despidió a los 35 trabajadores que todavía quedaban en funciones. La compañía había echado a 112 operarios en septiembre de 2017 argumentando que el ingreso de calzados de origen chino había golpeado con dureza al mercado interno y, tras nueve meses de intentar sobreponerse, decidió cerrar. A la caída de la demanda y la competencia de los productos asiáticos a precios más bajos, a la compañía se le sumó la suba de los costos operativos producto del ajuste de las tarifas de electricidad, según dijeron sus directivos a los operarios.
– Los trabajadores de la fábrica La Campagnola de San Martín, siguen con gran incertidumbre por la cantidad de despidos que se han generados en los últimos meses. Sólo en el mes de mayo fueron 20 los empleados que se quedaron sin empleo. En ese marco, empleados de La Campagnola –que pertenece a la compañía Arcor- bloquearon la entrada de la empresa, para protestar por la cantidad de despidos en el último tiempo. La planta de San Martín tenía 350 trabajadores, y en la actualidad, sólo cuenta con 120. En cuanto a trabajadores temporarios contaba con 800, y hoy en día la empresa llamó a 180 en plena temporada.
La voz cooperativa
Cuarenta y dos años después del golpe de estado de 1976, el modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz -ministro de economía de aquella dictadura- goza de buena salud, y sigue entristeciendo el cuerpo y el horizonte de los trabajadores argentinos. Allí están las cifras: el pulso de un país en la intemperie. La destrucción del trabajo en tiempos de la Alianza Cambiemos y Mauricio Macri en el poder.
En un país que se endeuda en 51.720 dólares por minuto -algo así como 862 dólares por segundo- se caen siete pequeñas o medianas empresas por día.
27 despidos por hora. Cada tres minutos, un trabajador cae en el vacío de la desocupación.
El peligro sigue abierto en el presente.
En ese marco, durante dos días, representantes de los medios cooperativos de distintas partes del país debatieron acerca del presente y el futuro de los medios conducidos y llevados adelante por sus propios trabajadores. Fue durante un encuentro que la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) realizó el viernes 8 y el sábado 9 de junio en Villa María –Córdoba-, en la sede de Cooperativa Comunicar, editora de El Diario. Allí, El Correo de Firmat se sumó a FADICCRA, convirtiéndose en el miembro número 27 de esa entidad.
En la reunión se elaboró un documento conjunto: «La autogestión como herramienta y esperanza de los trabajadores frente a la crisis de los medios de comunicación», donde plantean que «los derechos al acceso a la información y la libertad de expresión de los argentinos y argentinas están en peligro. La profundización de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos consolida los monopolios informativos y dificulta la pluralidad de voces, fundamental para que la ciudadanía pueda informarse y expresarse libremente. Y al mismo tiempo, provoca la pérdida de miles de puestos de trabajo y dificulta el acceso al mundo laboral de las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa».
Frente a este panorama, desde los medios cooperativos «volvemos a levantar la voz para denunciar las prácticas oligopólicas de los grandes grupos empresarios, hoy lamentablemente amparadas desde el Estado nacional, pero también para ratificar nuestra convocatoria al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de prensa a contemplar la autogestión como alternativa, tanto para preservar y dignificar las fuentes de trabajo como para honrar el ejercicio de un oficio ligado a estos derechos humanos fundamentales para la democracia y el desarrollo humano».
Para la Federación, está claro que «hoy todas nuestras cooperativas sufren también esta crítica situación. Pero en ninguna de ellas la variable de ajuste pasa por la exclusión de trabajadores o por el abandono de la vocación de aportar pluralidad al mapa de medios de nuestro país».
«Lo que nos guía es la solidaridad, el compromiso cotidiano con nuestras comunidades y la felicidad de ser protagonistas de la larga lucha de los trabajadores y trabajadoras por la definitiva construcción de una patria para todos y todas», termina diciendo el documento de FADICCRA.
