Seis profesionales del centro de salud Mauricio Casal, ubicado en Vía Honda, integran un equipo de derechos sexuales y reproductivos para garantizar la accesibilidad a los abortos legales por causales, derecho establecido en el Código Penal Argentino desde 1921. El resultado de esta estrategia de intervención revela lo importante que significa contar con un Estado que garantice una práctica segura y humanizada. De solo 2 interrupciones registradas en un año (2015-2016), antes de la formación del equipo, pasaron a realizar 21 entre 2016 y 2017. El 100 % de los abortos fueron seguros, sin ningún tipo de riesgo ni complicaciones. Estas trabajadoras exigen además que el aborto sea legal, seguro y gratuito, sin causales. “Garantizar el acceso igualitario a todas las mujeres que quieran abortar es justicia social”, señalan.
Por María Cruz Ciarniello
[dropcap]M[/dropcap]aría Laura Colao y Rosa Fererro son dos de las integrantes del equipo de derechos sexuales y reproductivos del centro de salud Mauricio Casal. Son dos de las trabajadoras que impulsaron, en el año 2016, un grupo de trabajo que acompaña a mujeres, garantizando el acceso a la información en derechos sexuales y reproductivos y fundamentalmente, el derecho a una salud integral. Son dos mujeres que entienden que abortar es un derecho, que el aborto es un problema de salud pública y que hacerlo en las mejores condiciones de salubridad es una responsabilidad del Estado. Son dos militantes del movimiento de mujeres que también aseguran que el acceso al aborto para todas las personas con capacidad de gestar bajo las mismas condiciones, es justicia social.
Como trabajadoras del Estado, entonces, y junto a otras cuatro profesionales del centro de salud se propusieron implementar una estrategia de intervención en el marco de la Atención Primaria de la Salud. Esa estrategia fue pensada respetando una premisa básica: la autonomía reproductiva.
El centro de salud Mauricio Casal es uno de los más importantes efectores públicos de atención primaria del distrito Oeste de Rosario. Atiende a unas 20 mil personas y en su inmensa mayoría, a familias que habitan en uno de los barrios con más derechos básicos vulnerados: Vía Honda.
Más allá de Boulevar Seguí y más allá de Boulevar Avellaneda, entre Felipe Moré y Uriburu, se encuentra lo que se conoce como Vía Honda. Un territorio con enormes dificultades: el acceso al agua potable, por ejemplo, es limitado para las más de 5 mil familias que allí viven y que tienen que instalar de manera precaria conexiones de red. En el barrio el trabajo escasea como en tantos otros territorios de la periferia rosarina. Changas, cirujeo, trabajos informales. Apenas alcanza para la subsistencia diaria y las raciones de comida en los comedores comunitarios se acrecientan en tiempos de ajuste.
El centro de salud se articula con otras organizaciones barriales y comunitarias. Nada es fácil. La pobreza estructural afecta a las familias. Las historias de vida, y la violencia machista que sufren muchas mujeres del barrio encuentra eco en estas trabajadoras que le ponen el cuerpo a un compromiso: garantizar sus derechos. Uno, fundamental, es la interrupción legal del embarazo, sobretodo cuando en muchos efectores de salud de la ciudad, y a pesar de contar con protocolos de atención, las mujeres se enfrentan a situaciones de violencia institucional, maltrato y a objetores de conciencia que vulneran su derecho.
Las seis profesionales que desde el 2016 atienden situaciones de aborto en la zona oeste de Rosario decidieron conformarse como equipo al observar una problemática recurrente: la falta de accesibilidad que prevalecía al momento de querer interrumpir un embarazo bajo todas las condiciones que ampara la restrictiva legislación argentina.
“En el marco del trabajo cotidiano se fueron presentando situaciones, con distintas particularidades relacionadas al aborto, que requerían atención inmediata. Las pacientes deambulaban por diferentes efectores de salud sin encontrar una respuesta a sus pedidos de ayuda, dilatando los tiempos y afectando su estado de salud emocional, por lo cual se daban intervenciones excepcionales en marcos de urgencias, con las complicaciones que esto pudiera provocar. Nos encontramos entonces con la problemática de la dificultad de accesibilidad a los efectores de salud de aquellas mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, no garantizándose una atención de calidad donde primen los derechos».
Un dato les llamó la atención: de una población de 20 mil pacientes se habían efectuado solo dos abortos en el lapso de un año, entre 2015 y 2016. “Era un número muy bajo. Y ahí empezamos a pensar en la accesibilidad, si las mujeres se animaban a plantear la problemática, si eran escuchadas. Muchas venían a pedir una interrupción legal y terminaban yéndose con el próximo turno de control de embarazo”, señala Rosa, la actual directora del centro de salud, recién llegada de Cuba, adonde viajó junto a sus compañeras de equipo para presentar la experiencia en un Congreso de Salud Pública celebrado en la Habana entre el 23 y 27 de abril de este año.
Lo que también notaron es que esas interrupciones se realizaban bajo un manto de silencio, soledad y tabú. Como si hablar de aborto legal y realizar la práctica significase un delito, incluso cuando es la propia legislación la que lo contempla.
Así fue como la necesidad de organizarse para implementar una estrategia de intervención colectiva surgió por voluntad propia de las trabajadoras. “Evaluamos la necesidad de formar un equipo interdisciplinario que ponga a disposición de la población los servicios de salud pública, en el marco de las legislaciones vigentes”, dicen.
En este contexto, los objetivos que se propusieron como equipo fueron: disminuir cualquier riesgo en la salud de las mujeres, mejorar el proceso de atención para que lleguen a realizar un aborto seguro en el menor tiempo posible, garantizar accesibilidad y calidad de atención de mujeres del área de influencia y otras áreas si fuera necesario y asegurar un método anticonceptivo post aborto. En definitiva, que el Estado sea garante del derecho a la salud integral.
El equipo de atención del centro de salud hoy es un espacio de referencia para muchísimas mujeres y personas gestantes que se acercan para solicitar una ILE. También para otros trabajadores del mismo efector que saben a quiénes derivar las situaciones que se presentan. “Es un trabajo que hicimos de manera muy lenta. Nos empezamos a juntar los días martes cada 15 días, a acordar criterios, a leer, a formarnos. Nadie sabía para qué nos juntábamos. Empezamos a escribir y lo presentamos en una reunión de equipo. Lo compartimos y ahí fue más visible e institucionalizamos la experiencia”, cuenta María Laura.
La importancia del acompañamiento
Acompañar en la decisión resulta indispensable para que ese aborto sea transitado de manera cuidada, respetuosa y segura. Todo cambia cuando es el Estado el que se hace responsable de garantizar la salud integral de la mujer y reducir la morbi mortalidad a causa de abortos inseguros; cuando es el Estado el que pone a disposición todos sus instrumentos para que esa persona aborte de manera adecuada.
Los resultados son claves: desde que se conformó el equipo interdisciplinario en Vía Honda, de 28 solicitudes registradas durante un año, se realizaron 21 interrupciones legales sin ningún tipo de complicación para la vida de esa mujer. Es decir, la demanda existía. Lo que no había era una escucha respetuosa de los derechos ni el acompañamiento necesario para abordar la situación respetando la autonomía y haciendo accesible los métodos de interrupción seguros que hoy existen en Rosario para realizar la práctica, como es el AMEU (aspiración manual endouterina) y el Misoprostol. “Definir el método hace que puedas acompañar a la paciente de distinta manera. A veces hay condiciones tan precarias, donde la mujer no tiene un espacio de privacidad, con parejas violentas, hay situaciones en las que no están dadas las condiciones para que la mujer lo pueda realizar en un ambiente contenido. Hay montón de condiciones que hacen que esa mujer no pueda realizar su aborto en su casa de manera segura, y entonces sugerimos el Ameu”, explica Rosa. Algunas situaciones, por su complejidad, también son derivadas a efectores que pertenecen al segundo nivel de atención, apelando a esa red artesanal amigable de profesionales comprometidos con el derecho a decidir.
“La demanda estaba, pero no era escuchada”, refuerza María Laura Colao, una de las dos psicólogas con las que cuenta el equipo del Casal, en el cual participa una ginecóloga, una trabajadora social y una médica generalista y de Familia. Y también resalta algo indispensable: “No somos una consejería”. El actual proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional no contempla la creación de consejerías precisamente para evitar intervenciones profesionales que influyan en la decisión de la persona. “El equipo de trabajo funciona ad hoc. Nos convocamos cuando llega al centro de salud una situación de interrupción de embarazo para poder atenderla o derivarla y acompañar a la paciente para que esa toma de decisión sea lo más autónoma posible”.
Al centro de salud Mauricio Casal hoy no solo acuden mujeres del barrio Vía Honda. También se acercan de otras zonas de la ciudad que saben que allí pueden encontrar profesionales respetuosas de sus decisiones, e incluso también llegan mujeres que cuentan con cobertura social, pero les resulta imposible plantear su situación en un efector privado donde no rige un marco de derechos sino fines meramente lucrativos. María Laura es clara: “nosotras atendemos todas las situaciones”.
“La atención de la mujer que consulta espontáneamente solicitando la interrupción del embarazo, se realiza de manera inmediata, sin necesidad de pedir turnos con anticipación. Este primer contacto puede ser tomado por cualquier trabajador del Centro de Salud, quien, luego de la escucha atenta y sin introducir influencias basadas en sus consideraciones personales y/o religiosas realiza la derivación a alguna de las trabajadoras del equipo que se encuentre en ese momento en el efector de salud”, señalan.
La legislación nacional vigente, desde 1921, establece que el aborto puede realizarse por causales, y una de esas causas contempla el peligro de vida o riesgo para la salud de la mujer. El concepto de salud que las profesionales entienden es el que definió el Dr. Floreal Ferrara, es decir la salud entendida “como la capacidad que tiene el hombre de luchar contra las condiciones que limitan la vida”. Un concepto de salud integral que va mucho más allá de aspectos físicos o biológicos, sino que contempla las propias posibilidades, decisiones y capacidades del ser humano para definir su entorno, sus condiciones de vida, sus elecciones acerca de cómo vivir.
“La implementación de este equipo permitió poder atender integralmente a las pacientes desde una perspectiva de derecho, promoviendo intervenciones médicas en un marco de contención emocional. Entendiendo a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable y al aborto como un problema de salud pública”, señalan las trabajadoras quienes además viajaron hasta Cuba para compartir la experiencia de trabajo en un Congreso de Salud Pública. En Cuba el aborto es legal desde el año 1962. “Allá el aborto es universal, se encuentra dentro de la planificación familiar”. María Laura Colao destaca además un dato fundamental: el bajo índice de abortos que tiene este país. “Esto desmitifica el argumento que señala que en aquellos países donde está legalizado, el aborto se incrementa”.
Rosario es una ciudad que redujo a 0 el índice de mortalidad por abortos inseguros. Mucho se debe a la política de salud pública implementada por el gobierno municipal desde el 2012, y también al compromiso de muchísimos profesionales de la salud que en cada lugar de trabajo ponen el cuerpo para garantizar lo que ya está legalizado por ley.
Lo que también exigen es que la legislación no sea restrictiva y que el aborto sea legal sin causales, sin objeciones, que se respete la libre decisión y el deseo de esa persona a no maternar, promoviendo así un acceso igualitario en cualquier efector público de salud de cualquier provincia del país.
“Se trata de construir ciudadanía desde un marco de derechos. Si el aborto estuviese legalizado en su totalidad nosotras no deberíamos estar preguntándonos cómo abordar estas situaciones”, dice Rosa Ferrero. El aborto es un hecho. Existió, existe y seguirá existiendo. Atraviesa a todos los sectores sociales. Eso no se debate porque la realidad es incontrastable. La discusión central es si por fin una ley garantizará su universalidad y bajo condiciones dignas, humanizadas y adecuadas contempladas por el Estado. Porque cuando las interrupciones del embarazo son acompañadas en el marco de la ley, no hay complicaciones post aborto, no hay muertes de mujeres por prácticas insalubres, no hay estigmas ni criminalización fruto de la clandestinidad. De eso hablan los relatos de cientos de profesionales de la salud que hoy ya garantizan el aborto en Argentina. “El problema es el acceso y ahí debe intervenir el Estado. Que todas las mujeres puedan abortar en las mismas condiciones, eso es justicia social”, cierra Maria Laura.
