La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir salió del closet en el año 2015. En estos tres años de trabajo articulado, la Red se ha consolidado como una voz política y colectiva fundamental en la pelea por el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. En todo el país, son alrededor de 800 profesionales que en distintas provincias y efectores de salud públicos, garantizan a conciencia, desde el activismo y la militancia, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Por María Cruz Ciarniello – Foto: Facebook Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
“Quiero dedicarle los últimos segundos de esta intervención a hablarle a ustedes. A todas las que desean tomar decisiones libres. Nosotras y nosotros, las y los profesionales de la salud por el derecho a decidir las estamos esperando. En esta ciudad somos más de 30 centros de salud. En todo el país, somos más de mil profesionales, que como yo, estamos a favor de garantizar tu derecho a decidir. Contás con nosotras».
Estefanía Cioffi, médica, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en CABA y militante del colectivo Mala Junta de Patria Grande, cerró su exposición en lo que fue la octava audiencia informativa del Congreso, donde actualmente se lleva a cabo el debate por la ley de interrupción legal del embarazo, hablándole a todas aquellas mujeres y personas gestantes que desean abortar.
Su mensaje fue directo:
-Contás con nosotrxs, les dijo.
En esa premisa básica que abraza el feminismo se fundamenta la acción política de una Red de Profesionales de la Salud que teje trama allí donde una urdimbre de poderes e intereses económicos obstaculizan y niegan derechos.
María Paula Botta es médica especialista en Medicina General y Familia de Rosario. En el Congreso de la Nación señaló, con la contundencia de la experiencia y el trabajo en territorio: “Vengo a traer la voz de las mujeres que acompaño garantizando interrupciones legales del embarazo mediante la técnica AMEU en un hospital público de Rosario”. Así fue como Paula, que integra la Red en Rosario, compartió tres relatos de mujeres que abortaron de manera cuidada, acompañada, en el ámbito de la salud pública.
-Karen, 17 años: “Estar en el medio hospitalario y con médicas me dejó mucho más tranquila. Fue un alivio muy grande”.
-Sara, 32 años: “Nunca me voy a olvidar la sensación que me dio poder acceder a esta práctica en un hospital, de manera legal, segura y gratuita. Agradecida a quienes trabajan a conciencia, con respeto y compromiso hacia las mujeres que decidimos interrumpir un embarazo que no planificamos ni deseamos”.
-Maite, 27 años: “Decidí abortar a los 27 años, ojalá todas las mujeres tengan esa posibilidad de ser atendidas, informadas y educadas por profesionales de la salud como las que me atendieron”.
Segundos después, Paula aseguró: “Es sin duda el modo en que las mujeres acceden al sistema de salud y la contención que éste pueda dar lo que hace inscribir una interrupción de un modo distinto, y no solo seguro y de calidad, sino también en una práctica centrada en la escucha y el respeto”.
La escena se repite, persiste en el tiempo. Las mujeres abortan y lo que ocurre es que “aquellas que pueden pagarlo acceden a una experiencia de aborto clandestino dentro del sistema privado que si bien cumple con algunas condiciones sanitarias, no brinda una atención integral, solo persigue un lucro. Por otro lado, se criminaliza a las mujeres con menores recursos económicos, empujándolas a prácticas inseguras en las que pueden perder su salud o incluso encontrar la muerte”, expuso Pablo Dalmasso, enfermero de la ciudad de Rosario y parte del equipo docente de la materia electiva “El aborto como problema de salud” que se dicta en la Facultad de Medicina de la UNR.
Su compañera, Raquel Tizziani, médica y sexóloga, con 14 años de trayectoria como docente en la facultad de Medicina citó a Loahana Berkins en el Congreso: “la biología no es un destino”, dijo. “La maternidad es una elección, no puede ser forzada. “La ilegalidad del aborto no modifica la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo, solo genera desigualdad”.
La voz de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir es una referencia ineludible para entender de qué hablamos cuando hablamos de aborto legal, seguro y gratuito. De por qué es tan necesario contar con una ley que garantice este derecho y cuál es el nudo de una discusión que hoy atraviesa a toda una sociedad. “No se trata de aborto sí o no”, aseguran estxs profesionales quienes también son militantes, integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, marchan con los pañuelos verdes y dan batalla en cada efector de salud, en cada barrio, en cada centro de salud, en cada hospital público garantizando y realizando a conciencia interrupciones legales del embarazo, en defensa de los derechos de toda persona gestante a poder decidir libremente sobre su propio cuerpo.
Sabemos que el aborto es un hecho. Alrededor de 500 mil mujeres lo hacen al año. “El debate que venimos a dar es si vamos a seguir condenando a las mujeres a un aborto clandestino, situación que no solo lleva en uno de los extremos la muerte, sino que también, en ese recorrido, se carga de un alto monto de estigma y de culpa”, le dijo María Paula Botta a diputados y diputadas que el próximo 13 de junio, en una fecha histórica para el inmenso movimiento feminista, tendrán la enorme responsabilidad de legislar a favor de éste derecho humano fundamental: el aborto legal.
Salir del closet
Es miércoles, dos de la tarde. Franca Bianchini, Raquel Tizziani y Pablo Dalmasso, docentes de la materia “El aborto como problema de salud”, dialogan con enREDando en un café cercano a la Facultad de Medicina. Integran la Red de Profesionales formada en el 2015. Desde ese entonces, aseguran, ya no se sienten solxs.
Es que la Red lo que genera es precisamente esto: la articulación, la experiencia compartida, la problematización de los saberes. Y ante todo consolida una voz plural y política que se afirma en el campo de la salud pública para garantizar derechos allí donde la objeción de conciencia y el accionar de organizaciones antiderechos, en muchísimas situaciones, los vulnera.
“La Red lo que viene a mostrar es que hay profesionales que podemos garantizar interrupciones legales del embarazo. Éramos personas que ya veníamos realizando trabajos de forma aislada y lo que intentamos es aunar todos esos esfuerzos para configurar un espacio político, para garantizar el acceso a la salud, pero por otro lado para problematizar los espacios de formación, poder pensar folletos informativos para la comunidad e ir elaborando distintas estrategias para visibilizar algo que a nivel social circula como un tabú”, explica Pablo.
La “salida del closet”, como le gusta decir a Raquel sucedió un 28 de mayo de 2015, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, con un manifiesto público donde señalaban quiénes eran, qué hacían, cuáles eran sus objetivos. Un documento que también le apuntaba al Estado y a otros profesionales de la salud, expresando cuál es el deber ético y legal frente a una mujer que decide interrumpir su embarazo. “Brindar la atención adecuada para que este evento no ponga en riesgo su salud y su vida”. Allí también la Red se posicionaba públicamente “Nosotrxs estamos a favor de la legalización del aborto, y somos quienes realizamos abortos no punibles en el sistema de salud. Estamos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Estamos a favor de la vida: de la vida de las mujeres, de una vida digna, sin miedos ni sufrimiento a causa del ejercicio del derecho a decidir cuántos hijxs tener, cuándo tenerlos, o si tenerlos o no. La legalización del aborto es una deuda que esta democracia mantiene con las mujeres. Una deuda ilegítima e injusta”.
Actualmente son más de 800 profesionales provenientes de distintos campos de la salud quienes la conforman, en todo el país. En el año, realizan encuentros nacionales y plenarias para conocerse y conocer experiencias muy distintas atravesadas por las realidades de cada provincia. Cada vez se suman más. La lista de correos se engrosa con consultas y la sensación de ser parte de un inmenso espacio político fortalece el andar. Sus argumentos son sólidos. Hablan desde el cuerpo; porque son sus cuerpos también los que hablan a favor del aborto legal. Sus cuerpos muchas veces agotados, precarizados, sobrepasados, politizados. Cuerpos médicos que intentan salir del corset que impone el academicismo, para potenciar la escucha desde la experiencia junto a otrxs.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir es parte activa del movimiento feminista. Y afirman, en cada palabra, que el actual debate en el Congreso Nacional es fruto de la lucha incansable e histórica del feminismo. “Nos juntamos para seguir en esta lucha que entendemos tiene mucho recorrido anterior”, subraya Franca. Entonces, esxs profesionales formados desde la academia con una fuerte mirada reduccionista, patriarcal, punitivista y deshumanizadora, se transforman en activistas. Activistas que además transforman la Universidad Pública. Desde hace un año en Rosario se dicta la materia electiva que por primera vez instala la problemática del aborto con una perspectiva de salud integral y de justicia social. Una propuesta pedagógica e interdisciplinaria que pone el acento en el derecho al acceso a la salud y el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo.
Existen 300 horas de cursado en las que lxs estudiantes pueden optar por diversas materias electivas que es, “básicamente un conocimiento que se les brinda como opción para complementar en relación a la currícula formal y obligatoria”, dice Tizziani. La materia que ella dirige aborda el tema del aborto desde una perspectiva de derechos, en una facultad de Medicina que tiene en su matrícula, un 80% de estudiantes mujeres.
El cupo es de 100 personas, el aula desborda y cada vez son más las consultas de estudiantes con el deseo de inscribirse a la materia. A pesar del fuerte lobby de grupos antiderechos que se oponían a su realización, hoy ya transita por el segundo año de dictado, posibilitando además qué en otras universidades del país la experiencia se replique.
Para Raquel, la materia debería ser obligatoria. Pese a ello, el avance es notorio. “Al final del cursado del año pasado entendí por qué tenían tanto miedo de que se realice y nos difamaban tanto: empezamos a capacitar a 100 personas y a su vez, esas 100 personas lo multiplican con el “boca en boca”. Franca, por su parte, agrega y define: “las materias electivas hablan de lo que es la periferia y lo que es el centro. Y siempre se ingresa por la periferia”.
En la Universidad del Comahue se abrió una Cátedra Libre sobre aborto. Lxs profesionales de Rosario han viajado a distintas provincias para contar de qué se trata la materia. «Es el movimiento de mujeres el que ingresa a la Universidad» dice con convicción Raquel Tizziani. “Esta materia no surge desde la academia”. El activismo provoca cambios profundos, remueve estructuras patriarcales y construye redes feministas para garantizar derechos. “Este proyecto se multiplicó porque hay compañeras del movimiento de mujeres que están activando para que esto suceda dentro de la academia”.
Rosario y su política de salud
“Cuando vamos a los encuentros nacionales de la Red notamos que hay diferencias en un país muy heterogéneo, y es por eso que estamos peleando por una ley que despenalice y legalice el aborto porque evidentemente con el marco normativo vigente no se garantizan las ILE (interrupción legal del embarazo) en todas las provincias”.
Lo que Raquel remarca es la enorme diversidad de políticas públicas en materia de salud y la desigualdad que también se hace carne en cada provincia. Son únicamente 8 las que adhieren al Protocolo de atención integral para abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, acorde a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia con el histórico fallo F.A.L del año 2012. Por esto, Paula Botta fue clara al expresar que hoy es 20 veces más riesgoso quedar embarazada en Formosa, por ejemplo, que en Rosario. Por esto resulta imprescindible contar con una ley nacional que deje de poner en riesgo la vida de las mujeres según el lugar donde habitan.
Recientemente la noticia sacudió e indignó a todo el país: en Salta, una niña de 10 años, violada por su padrastro y con un embarazo de 19 semanas, era obligada a continuar con esa gestación debido a un decreto del año 2012 que el gobernador de Salta había firmado, estableciendo de manera arbitraria e ilegal un plazo de 12 semanas para abortos no punibles. Un decreto violatorio de la propia legislación nacional vigente. Fue la movilización del movimiento feminista de todo el país la que forzó al gobernador Urtubey a adherir al protocolo nacional. El Código penal no delimita ningún plazo en casos de interrupciones legales del embarazo por dos causales: violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer.
Rosario es casi una excepción a la norma. No así la provincia de Santa Fe, donde en pequeñas localidades del norte como Vera o Reconquista persisten fuertes prácticas patriarcales que obstaculizan derechos.
“Desde el 2007, la gestión socialista ha decidido garantizar interrupciones legales, en el contexto de la salud reproductiva. Esto nos ha brindado un marco para que los profesionales podamos trabajar garantizando derechos, aunque todavía hay muchas dificultades porque esto no se realiza de la misma manera en todos los efectores de salud. Dentro del sistema de salud municipal tenemos efectores donde hay profesionales que siguen violentando a las mujeres”, puntualiza Tizziani.
Pablo Dalmasso remarca algunos hitos importantes que ubican a Rosario como una ciudad accesible en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. En el 2012, la compra de Misoprostol para su distribución en los centros de salud. En el 2016, la incorporación del aborto instrumental por AMEU (aspiración manual endouterina) una técnica recomendada por la OMS, de muy baja complejidad que garantiza una intervención de bajo costo y pocas complicaciones. También es la provincia de Santa Fe la primera en comenzar a producir públicamente el Misoprostol, la droga que hoy monopoliza el laboratorio Beta y se comercializa a un precio inalcanzable para tantísimas mujeres que quieran abortar de manera segura.
Pero también es Pablo el que señala que el hecho de que en Rosario no se registren muertes por abortos clandestinos desde el año 2012 es fruto, además de una gestión municipal que ha generado políticas públicas para reducir la cifra, del trabajo activo y autogestionado del socorrismo. “En Rosario han existido dos líneas de socorristas que acompañan con la guía de la OMS (Organización Mundial de la Salud) a abortar mujeres. Esto ha permitido también generar un mapa de accesibilidad, un trabajo muy artesanal. Tenemos redes para saber qué centros de salud o efectores son amigables para poder derivar. Y después tenemos efectores de tercer nivel que son lugares a los que no hay que ir, porque en un momento tuvimos todo un servicio de ginecología que se declaró objetor de conciencia”.
Los y las profesionales se siguen topando con muchísimas dificultades a pesar de contar con un marco normativo adecuado. La objeción de conciencia es uno de ellos. “No se está gestionando adecuadamente los servicios de salud en torno a la objeción de conciencia. Esto es una gran deuda que tiene la gestión actual con las mujeres. Hay servicios en los que todos los profesionales son objetores de conciencia y el Estado es el que debe articular esta organización del servicio”, denuncian. Es responsabilidad del Estado que en los servicios de salud pública se garantice un derecho contemplado por ley y esto muchas veces depende de la voluntad y el compromiso de los profesionales que integran la Red.
“Por eso, el objetivo de la Red es también minimizar los obstáculos con los que se enfrenta una mujer cuando se acerca a un servicio de salud. Muchas veces es una tarea muy artesanal, por eso necesitamos la ley”, aclara Franca.
El lobby antiderechos en el Congreso
Además de los objetores de conciencia que en muchos efectores son quienes vulneran los derechos de las mujeres, los grupos antiderechos, en su mayoría vinculados al poder eclesiástico, operan con fuerza al interior de las instituciones de salud. Se escuchan sus voces en las audiencias informativas del Congreso. Sus argumentos se fundamentan en la moral, casi siempre religiosa. Y esta posición moral es la que impide avanzar en el debate. “Al sostenerlo en términos morales no termina nunca. Mientras tanto, la realidad que las mujeres abortan y son criminalizadas se niega permanentemente”, opina Dalmasso. “Este es un debate íntegramente religioso, aunque incluso hayan intentado borrar eso porque saben de alguna manera que no van a encontrar consenso. Pero el nudo central es desentrañar eso y ponerlo en evidencia: poder pensar un Estado laico”.
Raquel va un poco más allá y cuestiona: “lo que nosotros tenemos la duda es si esto realmente es un debate. Lo que hay son exposiciones con dos miradas totalmente diferentes en relación al embarazo y a la posibilidad de continuar o no con esa gestación. Los grupos antiderechos discuten de todas las maneras posibles la vida. Construyen una discusión en base a un pensamiento metafísico de cuándo o dónde empieza la vida, donde termina, etc. Esta sería la única discusión. Y nosotros pensamos en el aborto. Es un hecho que existe y sucede cotidianamente. O lo tomamos como un problema de derecho, justicia social y de salud o seguimos favoreciendo el aborto clandestino y el circuito mercantilista del privado donde desregulamos el misoprostol”.
“Es una realidad que no pueden aceptar, que las mujeres abortan”, suma Pablo y agrega: “intentan dicotomizar feto por un lado y mujer por el otro, y no es así. Eso está dentro del cuerpo de la mujer, esta vitalmente unido a ella. Y nos constituimos como una persona cuando una mujer decide habitarnos en su cuerpo, nutrirnos dentro de su cuerpo, eso lo decide la mujer. Para estos grupos, las mujeres tienen si o si la obligación de maternar, y para la Red de Profesionales obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo que pone en riesgo su salud integral forma parte de lo que se conoce como torturas o tratos crueles”.
Lo que se observa y escucha en las audiencias que desde el 10 de abril se realizan en el Congreso de la Nación, son dos posturas claras con argumentos disímiles. De un lado, la ciencia, las estadísticas que aseguran que en aquellos países donde el aborto está legalizado no ha habido incremento de la práctica ni tampoco se han registrado muertes por abortos inseguros, la experiencia concreta en el campo de la salud pública acompañando a mujeres a interrumpir embarazos, la fundamentación legal amparada en tratados de derechos humanos internacionales y legislaciones vigentes. Del otro, la mirada es moral, metafísica, prejuiciosa y en muchos casos, con argumentaciones basadas en informaciones falsas o “en la descripción morbosa en relación a prácticas que no existen sobre cómo se interrumpe una gestación. En este punto vemos que no existe un debate porque son dos miradas que no pueden dialogar”, dice Raquel.
Es la experiencia de cada unx de estxs profesionales la que puede desmitificar ciertas aseveraciones con las que se intenta argumentar en contra del aborto legal. Una de ellas es el llamado “síndrome post aborto”. Tizziani es contundente: “no existe. Esto no está descripto por ninguna organización mundial. No hay ningún tipo de trauma si una mujer es acompañada de manera segura, conociendo sus derechos, transitándolos activamente y como protagonista de su proceso de salud. Han dado exposiciones falsas en sus argumentaciones”. Es decir, además de la criminalización a través de la ley penal lo que intentan es “patologizar”, suma Pablo. “Patologizan a esa mujer porque no pueden aceptar que una mujer pueda decidir no maternar”.
Franca asiente y dispara: “La disputa real está sobre el cuerpo de las mujeres”.
Vigilar y castigar
Alguna vez escribió la activista feminista lésbica, fundadora de Mujeres Creando de Bolivia, María Galindo: “Lo que está en discusión en torno a la despenalización del aborto es la capacidad plena de libertad sobre nuestros cuerpos, las prácticas sexuales que determinan embarazos no deseados, y la maternidad como mandato y sentido condicional del valor de la vida de las mujeres en la sociedad. Bloquear todas esas discusiones y forzar a ver todo a través de una visión confesional religiosa es en, ese contexto, una operación neurótica, enfermante y tóxica que solo demuestra que la sociedad, en la esfera del sistema político formal, le tiene terror al cuerpo”. Porque, siguiendo a Galindo, “el cuerpo concentra soberanías irrenunciables y liberadoras que son urgentes de explicitar políticamente”.
Asumir el valor político del cuerpo, propone María Galindo. Una política desde el cuerpo y una política con cuerpo. Y cuando el odio hacia el cuerpo se manifiesta, el disciplinamiento y la vigilancia sexual operan como formas de dominación. “Los grupos antiderechos no quieren que ninguna mujer aborte bajo ningún causal entonces intervienen en el plano judicial. Y dentro del ámbito de la salud hacen cosas horrorosas”, señala Pablo. La criminalización, la denuncia, la persecución, la intromisión para intentar “convencer” a mujeres o niñas víctimas de violaciones para que no aborten, etc, son algunas de las prácticas “horrorosas” de las que habla Pablo.
“La judicialización y la denuncia son sus herramientas frente a un Estado que habilita todo este grupo de denuncias. También estos sectores operan en el ámbito de la educación”. “Nos quitan información y esa información es un derecho, y no solo a lo referente a interrupciones legales del embarazo, sino también en relación al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, e incluso también se oponen a la ley de Educación Sexual Integral”. “Es una objeción y judicialización permanente de las mujeres donde generan múltiples escenarios de discriminación”, señalan los profesionales de la Red con conocimiento de causa porque son ellos los que se enfrentan cotidianamente con el accionar de estas oenegés que cuentan con recursos económicos para solventar sus prácticas.
Dos casos paradigmáticos ocurridos en el último tiempo evidencian esta doble manera de operar de los grupos antiderechos: por un lado, en el interior de un efector de salud como el Hospital Iturraspe de Santa Fe donde una psicóloga de la organización Grávida obstaculizó un aborto legal a una niña víctima de violación. El otro caso es la denuncia que realizaron contra una médica del Maitén que fue condenada por la justicia, luego de garantizar una interrupción legal del embarazo.
“El disciplinamiento es permanente”, dice Raquel Tizziani. “Dentro de la facultad de Medicina tuvieron históricamente el poder en cátedras donde se debiera haber hablado de aborto de una manera laica. Hasta que no logremos separar el Estado de la iglesia, en todas las instancias que las personas atraviesan, la educación o el sistema de salud público, existirán situaciones en las cuales se las está disciplinando. Cuando entrás a una sala de internación y tenés una imagen religiosa en la puerta, ahí estamos viendo que existe un nivel de creencias religiosas y morales que van atravesar todo ese proceso de atención. Entonces, las mujeres permanentemente desde el momento en que van a pedir la consulta, la ecografía, en todas esas instancias tiene la posibilidad de ser sometidas a situaciones de violencia institucional que el único objetivo que tiene es el disciplinamiento y reforzar la maternidad como un destino ineludible”.
Frente a este disciplinamiento, “la salida es colectiva”. Integrar una red federal que abrace, que contenga y que politice los cuerpos. Ser parte de un espacio político cuya voz es hoy un pilar fundamental dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Cuestionar y deconstruir la hegemonía médica, el poder médico, el saber médico. Acompañar, aprender, activar en cada lugar de trabajo. Acá están, estos son los y las profesionales que garantizan derechos y que argumentan en el Congreso Nacional a favor de una legislación que por fin saque al aborto del “closet de la hipocresía”. En definitiva, que garantice sin restricciones, un derecho humano fundamental.
