En los últimos dos años el Estado Nacional bajó sustancialmente el presupuesto destinado a cubrir subsidios para servicios en los hogares. Los residenciales pagan más caro a empresas que han frenado sus inversiones, aunque cada año recauden más. Datos que dimensionan el tenor de los aumentos de tarifas en nuestra región.
Por Alvaro Arellano
[dropcap]E[/dropcap]l prólogo a la llegada del tan esperado segundo semestre de 2016, comenzó a dar atisbos de lo que sería el camino a desandar por parte de la administración Cambiemos. La intención de fijar tarifas que extirpaban un importante porcentaje del salario de trabajadoras y trabajadores, se correspondía directamente con un nuevo diseño de políticas económicas. El nuevo esquema alteraría algunas variables para re orientar los ingresos de los asalariados, obligados a resignar esa tajada con el fin de cubrir el bache que dejó la quita de subsidios por parte del gobierno, que re direccionó ese flujo a otros intereses.
A mayor ganancia, menor inversión
Según un informe del espacio EJES (Enlace por la Justicia Energetica y Socioambiental), en el año 2015 la ganancia de las empresas hidrocarburíferas fue de 315 millones de dólares, en tanto a partir de 2016, lo recaudado pasó a ser de 591 millones de dólares. La particularidad es que en ese primer año se invirtieron 2512 millones de dólares, contra los 922 millones de dólares invertidos el año siguiente, donde la recaudación fue ampliamente superior. Los datos que provee esta organización producto de la fusión del Taller Ecologista de Rosario y el Observatorio Petrolero Sur de Buenos Aires y Neuquen, arroja también novedades sobre el nuevo destino del gasto público. Ell 11% de presupuesto nacional que en 2015 iba a subsidiar servicios, en 2017 bajó al 5%, mientras que en esa misma comparación de períodos, el 8% que cubría intereses de la deuda, pasó a ser el 12%.
Marco Kofman, economista y miembro de EJES, analiza la situación en relación al direccionamiento de las políticas y explica: “Los subsidios hasta 2015 por un lado garantizaban el acceso a la energía a un precio barato, y por otro lado tenía otro objetivo que era generar a través de sus transferencias lo que se conoce como salario indirecto”. A esto último se refiere como «la forma de incrementar el salario de los trabajadores de la economía, a través de una política indirecta que lo que hace es reducir el precio de los insumos básicos”. Según lo que manifiesta, apoyándose en el informe de EJES, el presupuesto que destinaba la gestión gobernante hasta 2015 para subsidiar tarifas llegó a ser del 11%, siendo que comenzó su mandato con un 4% de presupuesto destinado a ese fin.
La transferencia de recursos y de responsabilidades
Al referirse al tema, el oficialismo hace hincapié al esquema descripto precedentemente como consecuencia de un despilfarro o un descalabro fiscal. Kofman considera que esas precisiones responden a una cuestión de objetivos macroeconómicos de cada gestión. “Lo que quedó claro en estos dos años es una nueva política económica basada en una nueva distribución, quitando ingresos de las grandes mayorías, y transfiriendo a empresas, y al capital especulativo”, explica en virtud a las estadísticas brindadas en el informe. “Lo que antes era un 11% de presupuesto a subsidios, y 5% a cubrir intereses de la deuda, pasó a invertirse”, cambio que evidenció un importante retiro del Estado en la protección del rubro que no propició una lluvia de inversiones ya que por el contrario, en el sector hidrocarburífero “empresas que habían invertido en 2015 10 mil millones de dólares, en 2016, invirtieron 6 mil millones de dólares”. En materia energética, en 2017, “las inversiones mantuvieron las mismas cifras que en 2016, y en esos dos años, Vaca Muerta invirtió un 40% menos que en 2015”.
Los criterios que establece cada política económica dependen también de la cultura de cada gobierno, y por eso según Kofman “no es inocente que el concepto de moda sea la meritocracia, un discurso que lleva consigo que nada es un derecho y todo te lo tenés que ganar, como si el sujeto estuviera escindido de la sociedad”. De allí se puede entender el discurso oficial sobre el derroche de energía, el exigente pedido de austeridad, y la acusación de «irresponsables» hacia aquellos que piden que el Estado amortigüe el impacto que tienen las tarifas sobre los salarios. “Si por ejemplo la empresa reconoce un precio del gas a 7 dólares por unidad, pero al usuario se le cobran 2 dólares, esos 5 dólares de diferencia los paga el Estado, se los da a la empresa”, a partir del retiro progresivo del Estado, todo lo que éste deja de cubrir, sale del bolsillo de los usuarios y pasa directamente a las empresas.
“Lo que quedó claro en estos dos años es una nueva política económica basada en una nueva distribución, quitando ingresos de las grandes mayorías, y transfiriendo a empresas, y al capital especulativo”
Garantizar necesidades básicas, ¿a base de mérito o derechos?
Los aumentos iniciales más significativos dispuestos por el Ministro de Energía Juan José Aranguren, tuvieron que esperar hasta el año 2017 a raíz de una serie de instancias cautelares que demoraron las subas, aunque no lograron torcer esa voluntad. Alberto Muñoz es integrante de la Multisectorial Contra los Tarifazos, entidad que intenta aún oponer cierta resistencia a los aumentos, y que ha acompañado en instancias judiciales y audiencias con amparos en pos de un freno. “Nadie dice que la gente no tiene que pagar nada, lo que decimos es que tiene que haber correlación entre lo que aporta el usuario y lo que aporta el estado en servicios que tienen que ver con los derechos humanos”, señala, haciendo referencia a cuestiones como la calefacción, la refrigeración, el aseo o la hidratación.
En el caso de luz y gas, los costos se componen por generación, transporte y distribución, siendo en el primer caso la distribución lo más significativo, y el valor del gas en boca de pozo en el segundo. “Aranguren fijó el precio del gas en boca de pozo mucho más alto de lo que es el costo de producción nacional, lo puso a precio de importación, siendo que lo que importamos es una mínima parte de lo que consumimos”, asegura Muñoz, que agrega datos recopilados por la Multisectorial. En ese informe encontramos un aumento del gas acumulado de 2015 a 2017 que fue de 1680%, y en enero de 2018 volvió a aumentar, lo cual indica que el acumulado escaló a 2276%. Ya en abril, con el nuevo anuncio, llegamos al 3000% acumulado de 2015 al dia de hoy. En el caso de la luz, donde explica que “nación y provincia son socios en el tarifazo”, para el rango 2 (intermedio), desde noviembre de 2015 a febrero de 2018 el aumento es de 541%. Y en el caso del agua, donde el servicio está sujeto a responsabilidad de la provincia, entre 2009 y 2017, el aumento acumulado para el Rango 3 (intermedio) fue de 1650%.
La particularidad no tiene que ver solo con las subas, sino que en el caso del gas, las mismas reflejan la clara disparidad que muestran las boletas entre los que menos consumen y los que hacen abuso del servicio. La suba para los que menos consumen (Rango 1), hasta diciembre de 2017 fue de 759%, mientras que para los que más consumen (Rango 3) fue de 227%. A esto cabe sumarle el atenuante de como evolucionan los sueldos, con paritarias y jubilaciones que en el acumulado 2016/2017 subieron en torno al 68% y 70%, lo que arroja que la luz aumentó ocho veces más que esas subas acumuladas, el agua tres veces más, y el gas cuarenta veces más, según indica el boletín de la Multisectorial. Los números ratifican un fuerte retiro del Estado a la hora de tener que garantizar que las ganancias de empresas concentradas no sean efectivas en detrimento de los usuarios, que ante cada aumento, transfieren dinero de su bolsillo a empresas que año a año invierten menos en el país.
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Sitio web de EJES http://ejes.org.ar/
Datos iniciales extraídos del informe de EJES http://ejes.org.ar/CuadernilloGanPer.pdf
