El gobierno de la provincia de Santa Fe busca, con apoyo del gobierno nacional, avanzar en la adhesión a la ley de desfederalización del narcomenudeo. Argumentan que es una forma de atacar la violencia creciente, a la que relacionan exclusivamente con la venta de drogas. Mientras siguen muriendo pibes, quienes se niegan a esta ley hablan de la necesidad de políticas públicas con otras perspectivas.
Por Martín Stoianovich
[dropcap]H[/dropcap]ay un pibe con un par de bolsitas con faso, merca y pastillas. Primero pide fuego, después ofrece su catálogo de drogas. Es 28 de abril y hay miles de personas en el partido que Newell’s terminará perdiendo con Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa. Pero el pibe, que es leproso, ni siquiera tiene un teléfono para escuchar el partido. Está afuera, a varias cuadras. Cuida autos, ofrece drogas. Y pide diez pesos cuando devuelve el encendedor.
Ese pibe, flacucho, con consecuencias de un consumo duro y prolongado que se evidencian en su forma de hablar, también en su mirada, no es ningún narco. Tampoco la señora que el rumor del barrio señala como la vendedora de marihuana que anda por los pasillos con sus pequeños -a veces nietos, a veces hijos- en brazos. Tampoco son narcos los muchachos de la plaza céntrica. Esos muchachos que parecen sin rostro porque cambian a partir de sucesos como el del 2 de septiembre de 2016, cuando agentes encubiertos de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones los dejaron boca abajo después de sorprenderlos con poco menos de dos veinticinco de marihuana y diez gramos de cocaína.
Chicos que venden droga para tener unos mangos que se irán en alguna pilcha, algún vino. Que venden para ganar ese prestigio tan buscado porque suele tener la capacidad de hacer subir escalones, como si pudiera desviar las balas, o en definitiva no evitar más muertes que la propia, aunque sea por un tiempo. Madres que venden para darle de comer a sus hijos, a pesar de que las autoridades consideren ese hecho como el lugar común de un relato benévolo, antes de lo que es: la simple realidad. También aquel de clase media que tiene sus plantas y las enfrasca para curarlas, y le regala a algún amigo o le vende a algún conocido para hacerse un mango que ayude, también a su pilcha o vino. O el médico que hace aceites y cremas para dar a sus pacientes por debajo de la mesa mientras espera que la burocracia legislativa ponga el ojo en la salud.
Cuando en el ámbito judicial o cualquier otro se habla de perejiles, se habla de personas como estas: los que se comen el garrón mientras la joda sigue.
Abril cerró su edición 2018 con 29 víctimas de homicidios en el Departamento Rosario, y subió al tercer lugar del podio en la tabla de meses con más muertos en los últimos años, después de los 29 en febrero de 2014 y los 33 en octubre de 2013. El 1º de mayo inició el nuevo período legislativo en la provincia de Santa Fe y el gobernador Miguel Lifschitz hizo su balance.
“Lo que ha crecido en los últimos cinco meses son los homicidios y hechos de violencia que están ligados a las economías delictivas, a las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Son grupos que se van reacomodando ante el enjuiciamiento, la condena o en algunos casos la muerte de las primeras líneas”. Un argumento cuando menos simplista es el que el gobernador utiliza para encontrarle explicación al derrotero de asesinatos que en lo que va del 2018 ya supera los 85 en el Departamento Rosario, acaso el termómetro de la provincia.
“Estamos convencidos que la violencia está vinculada muy directamente al fenómeno del narcomenudeo. La mayoría de los que matan o mueren en los últimos tiempos, son jóvenes o personas de más edad, pero todos vinculados de una u otra manera al negocio de las drogas y a la venta en el territorio”, insistió Lifschitz. Conclusión apresurada o estrategia política: los funcionarios se dejan llevar de la nariz por la versión policial y le ponen la firma de inmediato al relato del ajuste de cuentas que vuelve a ser la explicación al alcance de las manos para darle algún tipo de lógica a los homicidios que continúan en alza.
Tampoco son narcos todos los pibes muertos. Cuando la policía y el fiscal Florentino Malaponte salieron a explicar que se trataba de un homicidio con sello sicario, no había indicios de este tipo sobre el asesinato de Mario Sosa, el Pili, de 19 años, muerto de dos balazos el miércoles 9 de mayo en Felipe Moré y Ocampo. Solo se sabe que fueron dos tiros por la espalda a corta distancia, y que detrás del joven asesinado hay una familia que cuestiona esa primera versión oficial, que no tardó en llegar a los medios para que en la ciudad se continúe hablando de crímenes narcos. Para el devenir del gobierno provincial será más sencillo y efectivo hablar de crimen con sello sicario y sostener el discurso de “los que se matan entre ellos”, aunque el silencio y la impunidad se apodere de los hechos como ocurrió con una buena mayoría de los más de mil cien asesinatos de los últimos cinco años en Rosario y alrededores.
El silencio es necesario para aturdir los rumores que, como en el caso del Pili, cuentan lo que realmente pudo haber ocurrido. “Un crimen con sello sicario” es una frase trillada que no responde ni aclara quiénes matan, de dónde vienen las armas, quién libera las zonas. Respuestas que muchos no quisieran divulgar porque se desajustarían sus cuentas.
La cocina de la ley
Miguel Lifschitz aprovechó su discurso para meter presión: puso en agenda la intención del gobierno provincial de adherirse a la ley 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, simplificada para el discurso como ley de narcomenudeo.
La ley de narcomenudeo fue aprobada en el año 2005 en la provincia de Buenos Aires luego de que el entonces gobernador, Felipe Solá, presentara el proyecto con el fin de encontrar una herramienta rápida para intervenir sobre una serie de homicidios vinculados al narcotráfico en el conurbano bonaerense. En los años siguientes se sumaron las provincias de Chaco, Formosa, Córdoba, Salta, y en las últimas semanas Entre Ríos. Para quienes se adhieren, la ley 26.052 modifica la actual ley nacional de drogas número 23.737, que mantiene la competencia de la Justicia Federal en los delitos vinculados a comercio de estupefacientes con la excepción de las provincias que adhieren y deciden “asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”.
A nivel nacional es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que encabeza el discurso del desvencijado paradigma de la guerra contra las drogas y propone que las demás provincias que no están adheridas a la desfederalización lo hagan y se unan así a la mentada guerra. En Santa Fe la gran mayoría del arco político del oficialismo provincial le da el visto bueno a la propuesta. A fines de noviembre pasado el senador Lisandro Enrico, de la UCR, intentó sin éxito impulsar la ley con la que ahora vuelve a insistir el oficialismo, con Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a la cabeza.
“Creo que ha llegado el momento de habilitar a la Justicia Provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el escalón que habitualmente llamamos narcomenudeo”.
Dijo Lifschitz en su discurso. También mencionó la necesidad de ir contra los “cómplices ocultos”, “las empresas y las actividades económicas pseudo formales a través de las cuales se lava el dinero de estas organizaciones”. Es que después de tantos años de gestión, de varios líderes narcos muertos o presos por homicidios y asociaciones ilícitas, permanece impoluto y sin respuestas eficientes el interrogante que pone en el eje de la cuestión a esos famosos eslabones superiores del negocio del narcotráfico, a esos llamados delincuentes de guante blanco sobre los que muy de vez en cuando se hace mención o recae la ley.
El argumento de Lifschitz, como el del partido que representa, continúa basándose en las críticas a la justicia Federal. Dijo el gobernador: “Cada vez que queremos avanzar en cuestiones de narcotráfico, cada vez que queremos avanzar sobre organizaciones cuya principal tarea, cuyo principal insumo, es el negocio del narcotráfico, nos encontramos con una barrera, que es la dificultad de la justicia Federal para avanzar en los procesos de investigación, para desmembrar y desarticular estos grupos y su expresión más visible, que es la venta de drogas al menudeo en los barrios. Falta de estructura, falta de equipos, de tecnología, de infraestructura técnica, lo que fuere, pero los resultados están a la vista, no alcanza”.
“No podemos tirar la pelota para otro lado porque la tenemos en nuestro campo”, dijo, convencido de que la mejor estrategia está en la receta de la desfederalización.
Un NO basado en hechos reales
Las voces en contra sostienen que de por sí la ley de drogas 23.737 criminaliza al consumidor. Se basan en informes oficiales como el de la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar) que establece que en 2016 en Rosario una de cada cinco causas iniciadas en el marco de esta ley refiere a faltas sobre el artículo 14, que pena el consumo personal y la tenencia simple.
Si la provincia de Santa Fe se adhiere a la ley de desfederalización, suponen quienes se niegan a este cambio, la justicia provincial podrá engordar sus estadísticas llenando los tribunales de expedientes de causas por consumo personal y tenencia simple. Desfilarán por el sistema penal consumidores y también jóvenes sospechados de tener algún tipo de vinculación con redes de comercio de drogas en mayor escala. Y, suponen quienes impulsan y apoyan este cambio, será este último aspecto un paso que habilitará no solo a disminuir los niveles de violencia que se manejan en estos ámbitos, sino también a desmenuzar desde abajo a las redes narcocriminales.
Hay aspectos elementales a tener en cuenta. Estos sujetos, supóngase jóvenes de barrios marginales que venden droga fraccionada en pequeñas dosis y además utilizan la violencia para mantener la changa en pie, son tan reemplazables como las armas con las que a veces asesinan o son asesinados. Cuando muere alguno, al poco tiempo -quizás en otra esquina, en otro búnker, con otro teléfono, con otro fierro- habrá uno nuevo. Lo mismo puede pasar si en vez del cementerio el destino es la cárcel. La estructura se mantiene y eso posibilita el flujo de ese recurso humano reemplazable que ocupa el narcotráfico en sus eslabones más visibles. El gobierno santafesino se esperanza con que el cambio de estrategia conlleve un cambio en los resultados.
A veces se insiste aunque la historia enseñe, dé la posibilidad de aprender de la experiencia y barajar así probables resultados. La misma Procunar explica, mediante un informe del año 2014, que en la provincia de Buenos Aires, precursora en la ley, desde la adhesión se produjo “una continua merma en la cantidad y calidad de las causas iniciadas en el ámbito de las Fiscalías Federales, incluso por las figuras más complejas previstas en la ley de Estupefacientes y que no estarían comprendidas en la ley de desfederalización, merma que sostenemos vulnera el espíritu de la norma y afecta el diseño de una política criminal uniforme sobre la materia”.
El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, define: “La ley de narcomenudeo es control social, las pibas y los pibes pobres van en cana y el negocio por arriba sigue”. Dice el diputado que el foco tiene que ponerse en la policía, pero como una institución parte del problema y no de la solución, que es lo que espera el gobierno provincial de su policía si se avanza con la desfederalización. “Hay 130 oficiales de la Santafesina que están denunciados por enriquecimiento ilícito, y ninguna de esas causas avanzó. Las fuerzas de seguridad son las que manejan el territorio. Cuando le arrancan la vida a los pibes los que manejan la distribución de las zonas y las zonas liberadas son integrantes de las agencias del Estado”, explica del Frade.
En un informe que el también periodista compartió recientemente, se cita a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quien hace unos días salió a responder el discurso de Lifschitz. “Tratándose de delitos menores, y siendo que no causan una importante alarma social, pero sí producen una importante cantidad de ingresos económicos, existen más posibilidades que se den situaciones de corrupción institucional. La baja de la cantidad de causas importantes de narcotráfico, se produce porque el delito que se intenta reprimir, es continuo en el tiempo, tiene alta complejidad y muchas ramificaciones de personas, incluyendo en muchos casos agentes policiales que se corrompen y pasan a ser integrantes de estas organizaciones criminales sobre todo teniendo en cuenta los casos emblemáticos de público conocimiento en la Provincia de Santa Fe”.
Otros caminos contra la violencia
Silvia Inchaurraga, psicóloga y directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida de la Universidad Nacional de Rosario, adhiere al punto de vista que sitúa a la propuesta de desfederalización como una “respuesta oportunista”. “Se busca responder a la preocupación de inseguridad ciudadana, pero es una respuesta que parte de una falacia que es pensar que el problema es lo que en realidad es la consecuencia”. Para Inchaurraga, el problema no es la droga ni los consumidores, y mientras hacia allí apunte la mira del Estado desde una perspectiva de represión nunca se va a perseguir “a las grandes redes de comercialización de drogas y a aquellos que se enriquecen con estas políticas”.
Pensando en alternativas, Inchaurraga explica: “En la vereda opuesta a esto está la posibilidad de pensar que haya una inversión del Estado en políticas de salud coherentes. Y que el Estado se preocupe por la seguridad de sus ciudadanos justamente desbaratando las redes de circulación de dinero, las grandes redes del narcotráfico y no persiguiendo a los usuarios ni a los pobres”. Cuando habla de políticas de salud coherentes, la especialista se refiere a estrategias de intervención que vayan de la mano con las leyes actuales, como la nacional de Salud Mental 26.657, con una perspectiva de trabajo que no castigue ni reprima al consumidor. “Hay que brindar dispositivos asistenciales para quienes tienen problemas con las drogas, y estrategias de reducción de daños para aquellos que no pueden o no quieren dejar de consumir”.
“Si bien en las distintas gestiones ha habido discursos amigables con la idea de la reducción de daño, en los presupuestos municipales, provinciales y nacionales no se ve esta lógica. Aunque en ocasiones se pueda ser coherente en un abordaje teórico, para que el abordaje sea parte de la política oficial es necesario que haya un financiamiento del Estado con agentes de salud en terreno, que partan de esta idea: una persona tiene derecho de seguir consumiendo drogas y es responsabilidad del Estado desarrollar estrategias para que ese consumo sea con los menores riesgos y daños posibles”, concluye la psicóloga.
