Hace ya un tiempo largo, Osvaldo Bayer nos señalaba en una entrevista: «en este oficio, no tiene que pasar un solo día sin que recordemos a los compañeros desaparecidos y desocupados. Y ni un solo día tiene que pasar sin que denunciemos a los desaparecedores y a los desocupadores».
Por Jorge Cadús (adelanto del libro «Los días que vivimos en peligro»)
[dropcap]E[/dropcap]sa persistencia histórica desaparecido-desocupado fue develada también por el periodista Carlos del Frade, y marca la vigencia de las medidas económicas de la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 en esta Argentina del 2018, menemismo mediante. De esa secuencia da cuenta el océano colectivo de trabajadores despedidos: en estos arrabales desaparece un puesto laboral cada seis minutos; al tiempo que las multinacionales asentadas en el sur santafesino facturan miles y miles de pesos. La continuidad está al descubierto en la propia voz de desaparecedores y desocupadores.Cuarenta años después de aquel marzo del 76, en la Argentina de la Alianza Cambiemos se caen del universo del trabajo siete empresas por día. La destrucción del trabajo en tiempos de Macri sigue acelerando hacia el pasado: sólo tiene correlato con lo sucedido entre 1976 y 1977, el primer año de la dictadura militar. De esta crónica larga habla «Los días que vivimos en peligro. La destrucción del trabajo en la región (2015/2017)», recientemente publicado por el Grupo Editorial La Chispa.
En sus dos primeros años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un programa económico de transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados de la economía. Devaluación, quita de retenciones, desregulación cambiaria y financiera, despidos masivos del sector público, política de no intervención del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales desatados por suspensiones y cesantías en el ámbito privado, aumentos de tarifas, apertura indiscriminada de importaciones, desmantelamiento de los ámbitos destinados al control de los formadores de precios, reincorporación del país al ámbito del FMI, rebaja de impuestos a bienes suntuarios y autos de alta gama y suspensión de servicios del PAMI fueron algunas de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos. La reforma previsional aprobada en diciembre, y la reforma laboral anticipada para marzo completan ese oscuro mapa del saqueo.
Los efectos están a la vista, y hasta los organismos oficiales sentencian que en el último año el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo; se derrumbó el circuito de consumo de los sectores populares; el salario real se redujo; creció el desempleo, al tiempo que cayó el trabajo temporario; la industria -a excepción de sectores ligados al agronegocio- agoniza, mientras las pequeñas y medianas empresas comienzan a cerrar sus puertas; las economías regionales están al borde de la quiebra al tiempo que crece la importación en todos los rubros; cayó la inversión al ritmo del crecimiento vertiginoso de la deuda externa; y los tarifazos y los aumentos de combustibles sentencian la continuidad de una inflación que sigue impactando de lleno no sólo en los bolsillos de los ciudadanos comunes, sino en el corazón mismo del aparato productivo nacional.
En octubre del 2017, Domingo Felipe Cavallo, ex funcionario de la dictadura y del menemismo, predicaba: «lo de Macri entronca con la apertura de los 90». Y se enorgullecía al sostener que «todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes, entonces eran niños. Macri también tuvo mucha relación conmigo, él como empresario y yo como ministro».
Algunos años antes, en el 1995 de la presidencia plena de Carlos Saúl Menem, nada más y nada menos que el ex ministro de economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, había refrendado una continuidad histórica: «Menem cuando asume la presidencia y, con el ministro Cavallo, dieron la orientación económica en las grandes líneas, prácticamente las mismas que las nuestras. La reforma del Estado, con las grandes privatizaciones y establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas; la apertura de la economía, con su modernización y liberalización».
El propio Martínez de Hoz refrendó, en el año 2007, que «para llevar adelante un cambio tan profundo para pasar de una economía estatizada casi al máximo a una economía de mercado (…) tiene muchas más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza, porque tiene mucha más autoridad política. Ahí tenemos el ejemplo, un gobierno como el del presidente Menem».
Y concluyó: «Nosotros abrimos los surcos, preparamos el terreno para que los gobiernos posteriores retomaran esta apertura económica»
Cuarenta y dos años después, el modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz goza de buena salud, y sigue entristeciendo el cuerpo y el horizonte de los trabajadores argentinos.
Allí están las cifras: el pulso de un país en la intemperie. La destrucción del trabajo en tiempos de la Alianza Cambiemos y Mauricio Macri en el poder.
En un país que se endeuda en 51.720 dólares por minuto -algo así como 862 dólares por segundo- se caen siete pequeñas o medianas empresas por día.
27 despidos por hora. Cada tres minutos, un trabajador cae en el vacío de la desocupación.
«Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados (1976/ 1983)…» sostiene el Juez Federal Jorge Ballestero en su Resolución de la Causa Nº 14.467, de julio del año 2000. Y completa: «Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados».
La causa 14.467 fue iniciada en 1982 por el abogado Alejandro Olmos, y es un recorrido por la geografía de las impunidades cotidianas que fueron construyendo la Deuda Externa Argentina. El único procesado en la causa, José Alfredo Martínez de Hoz, primer Ministro de Economía de la dictadura, resultó sobreseído «en virtud de operar la prescripción de la acción penal».
Sin embargo, el fallo judicial es contundente, y denuncia que a partir de 1976 se concretó «la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados (…) que tendían a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día».
Para el juez Ballestero «el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos, y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional».
Como reflejó con lucidez en 1977 el periodista Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta, «en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada».
Cualquier parecido con el hoy y aquí concreto no es coincidencia: los desaparecedores de ayer son los desocupadores de hoy. Ese proyecto de saquo sistemático está abierto en el presente.
El peligro continúa.
