Después de años de luchas de los movimientos de mujeres, comenzó a debatirse una de las demandas más fuertes por la soberanía sobre los cuerpos y las vidas. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo llegó al Congreso Nacional. Arrancó con un día intenso de exposiciones de posturas a favor y en contra en las comisiones. En Rosario la plaza San Martín se invadió de pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Por Laura Charro
[dropcap]E[/dropcap]l otoño engaña en una tarde de calor intensa. Es martes, pero no cualquier martes. Es un día histórico para el movimiento feminista y, sobre todo, para las mujeres. Por fin, después de 13 años de trabajo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y 6 intentos ignorados para incorporar el proyecto en el Congreso Nacional, diputadas y diputados comienzan a debatir en comisiones las propuestas de legalización de una práctica que reivindica el derecho negado históricamente de decidir y que eso no nos cueste la vida o varios miles de pesos en clínicas privadas.
En Rosario, la esquina de Córdoba y Moreno se llenó de gente, de pañuelos color verde, de miradas atentas a una pantalla que transmitió lo que se vivió en la sala de debate de las comisiones de Legislación General, Familia, Salud y Legislación Penal en la Capital Federal. Durante la escucha atenta en la Plaza San Martín, y no casualmente frente a la Facultad de Derecho y el Museo de la Memoria, se escucharon aplausos, silbidos, cantos («¡aborto legal en el hospital!») y se hizo un pañuelazo final.
Viviana Della Siega, integrante de la Campaña Nacional comparte la emoción que se vive esa tarde «es un día histórico para quienes venimos en la Campaña y para todas las que estaban antes que nosotras, porque las luchas son historias de luchas. Que por fin se esté debatiendo en el Congreso lo que la sociedad ya ha debatido hace rato.»
Hay 8 proyectos en discusión y el principal, y más avalado, es el elaborado por Campaña Nacional que cuenta con la firma de 72 diputadas y diputados. Plantea en 13 artículos la legalización de la práctica del aborto para todas las mujeres y cuerpos gestantes hasta la semana 14, en toda circunstancia, de forma segura, tanto en efectores de salud públicos como en coberturas de Obras Sociales, mediando el consentimiento. Establece, además, la derogación de artículos específicos del Código Penal que condenan a las mujeres por la práctica y a profesionales de la salud involucradxs, sin mediar instancias de «consejerías», ni posibilidad de obstáculos devenidos de la apelación a la «objeción de conciencia».
Otros proyectos, en cambio, sí platean la obligatoriedad de consejerías – instancias de 3 a 5 días que la mujer debe cumplir, previos a la práctica del aborto para una instancia de posible arrepentimiento – que no suelen servir a estos fines sino como buracratización del pedido concreto de interrupción del embarazo en curso, dilatando plazos innecesariamente. Por otro lado, la objeción de conciencia de la cual se han valido tantos médicos, médicas y hasta instituciones enteras, no se utiliza como un derecho ético de cada profesional, sino como una salida para obstaculizar el protocolo, abandonar a la mujer, incumplir con sus derechos y obligarla a realizar un aborto de forma clandestina o llevar adelante un embarazo traumático y no deseado.
«Nosotras vamos a seguir estando para que los y las legisladoras sientan realmente que hay un clamor de parte de la sociedad a lo cual le tienen que dar repuesta.» (Viviana Della Siega)
El resto de las propuestas presentadas contienen también diferencias en relación a la producción de la droga posibilitadora de abortos seguros Misoprostol, la figura de «persona gestante», la incorporación de consejerías pre y pos aborto, políticas de prevención – desconociendo la existencia de la Ley de Educación Sexual Integral -, la objeción de conciencia o simplemente proponen sólo la ampliación o regulación de los casos no punibles actuales, corriendo el eje de la legalización total.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto plantea la importancia de la legalización sobre la despenalización. Dos conceptos a primera vista similares, pero que contienen un peso diferente. Mabel Gabarra, otra de las históricas militantes por el aborto legal e integrante de la Campaña Nacional en Rosario explica que «la despenalización tiene que ver con sacar del Código Penal el aborto como crimen, despenalizar a la mujer cuando se realiza un aborto, dentro de un plazo determinado y dentro de las causales ya existentes en la ley. Es decir, no penalizar ni a la mujer ni a los profesionales salvo que la práctica sea en contra de la voluntad de la mujer. En cambio, la legalización implica la obligación estatal que se materializa en todas las disposiciones que nuestro proyecto establece respecto a la garantía del Estado para ser realizado en todos los efectores de salud y que las Obras Sociales cubran la práctica. Hacer que todas las mujeres de nuestro país, independientemente de su condición social puedan acceder a la práctica sin costo, que esa práctica sea cubierta y realizada en las mejores condiciones. De lo contrario, despenalizar solamente implicaría que cualquiera puede poner una clínica de aborto, que sabemos que no es «cualquiera» sino las corporaciones médicas, que brinden los servicios pero que a esos servicios sólo puedan acceder las personas que tienen dinero para pagarlo. Quedarían excluidas todas las mujeres que hoy se mueren por abortos clandestinos»
Viviana, por su parte, se reconoce positiva en este primer día de debate «por la cantidad de números que estamos manejando, por los que están a favor y en contra». Sin embargo platea su preocupación porque «hay muchas presiones sobre lesgisladorxs que todavía no tienen una definición, presiones de todo tipo. Confío que en Diputados salga a delante pero somos conscientes que Senadores es una cámara más conservadora, sobre todo porque están los representantes de las provincias más conservadoras de la argentina, pero, bueno, la lucha se gana en la calle. Así que nosotras vamos a seguir estando para que los y las legisladoras sientan realmente que hay un clamor de parte de la sociedad a lo cual le tienen que dar repuesta.»
«La legalización implica la obligación estatal que se materializa en todas las disposiciones que nuestro proyecto establece respecto a la garantía del Estado para ser realizado en todos los efectores de salud y que las Obras Sociales cubran la práctica. Hacer que todas las mujeres de nuestro país, independientemente de su condición social puedan acceder a la practica sin costo, que esa practica sea cubierta y realizada en las mejores condiciones». (Mabel Gabarra)
Los #MartesVerdes en las plazas del país y pañuelazos, como acción concreta en las calles acompañando los días de debate en comisiones, llegaron para quedarse. Se les suman los días jueves, para llegar a mitad de año, adelantarnos al Mundial de Fútbol y lograr escuchar a casi 700 oradorxs en el recinto que tienen previsto usar los 7 minutos reglamentarios para argumentar su postura a favor o en contra de la promulgación de la ley, responder preguntas y habilitar discusiones.
“Cuando empezamos poníamos las primeras mesitas en la calle y nosotras teníamos que correr a la gente para que nos viniera a firmar las planillas, en los últimos tiempos hemos puesto mesas con planillas simplemente para que la gente se dé el gusto de firmar porque decían ¿dónde hay que firmar? Desde aquellas primeras encuestas vemos que el porcentaje de la población ha crecido muchísimo. Hemos tenido políticas de ampliación de derechos, la ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, todos esos debates que se dieron en la sociedad y que han permitido destruir tabúes. Hay un avance, sobre todo, de las mujeres jóvenes en entender cuáles son sus derechos”, analiza Viviana.
Estamos haciendo historia. Decidir sobre nuestras vidas y cuerpos es un derecho humano que a las mujeres no nos viene dado. La maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado, ni una causa de muerte o cárcel para las de siempre, las pobres. Mientras, las que pueden pagan sumas inauditas a profesionales que lucran con la falta de un derecho, para poder abortar de forma segura y seguir con sus vidas. La cuestión de género, clase, salud pública y derechos, se entretejen en una trama que se vuelve peligrosa cuando otrxs proponen la pena, la gestación obligatoria, la adopción y hablan del aborto como desaparición forzada de personas. No contemplan el derecho de toda mujer al disfrute sexual e igualitario, a sus derechos sexuales y reproductivos, a ser soberana de su cuerpo, como históricamente lo son los varones, porque a ellos, como dijo Dora Barrancos en su exposición el mismo martes y se la oyó en la plaza «el sexo no embaraza. Pero el embarazo cambia de cuajo la vida de cualquier mujer».
