Los cuerpos de los jóvenes de los sectores populares están en la mira de un sector social que avala linchamientos y justifica el gatillo fácil. Salir a las calles, organizados, ocupar el espacio recreativo que siempre les es vedado, jugar, reir y denunciar la violencia institucional, es parte de la propuesta de las organizaciones que defienden proyectos de vida en los barrios mientras los nombres siguen engrosando la dolorosa lista de pibes asesinados.
Mario y Rocío tienen entre 15 y 16 años, nacieron en barrio Tablada y desde hace más de un año integran el espacio Rancho Aparte. Sus gargantas vociferan lo que viven a diario: toda esa violencia que aguantan cada vez que caminan las calles de su barrio o visitan las del centro de Rosario. No callan aunque apenas se les escuche la voz. Ahí están, levantando las máscaras que pintaron sus manos con el símbolo de una calavera. «Basta de matar a los pibes», dicen.
– Cada día muere uno de los nuestros
-¿Por qué nos tienen que cagar a palos?
-La gente de plata no sabe lo que es la calle
-Y los que matan no saben lo que es la vida de los pibes
-Nosotros también sufrimos violencia.
-A las 12 de la noche, estamos en la puerta de nuestras casas, pasa la yuta, nos bardea, nos verduguea.
-Y a veces zafamos porque salimos corriendo.
-Pero no queremos sufrir más esta violencia
-Nosotros, los pibes de barrio, no vamos a ir a matar a todos los políticos que nos roban la plata y nos dejan sin comer.
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-Nos enteramos 12 horas después. Ellos no tenían comunicación. Aparentemente la policía venía en persecución de una moto y pararon dos patrulleros ahí, mi hijo estaba con una chica en uno de los bancos, a los otros chicos le dan la orden para que vayan al móvil para una requisa. Y se acerca un policía y le pega un cachetazo sin mediar ni una palabra. Mi hijo le dice “pará que hacés”, saca la reglamentaria y le pega culatazos en la nuca, y mi hijo como acto de defensa tira la mano, como una cuestión instintiva, y una oficial le tira un escopetazo en las piernas. Sasha sale corriendo, y la suboficial avisa a otros móviles que se dio a la fuga un chico con rastas. Llegan dos móviles y dos motos más, eran cerca de 8 policías, lo reducen golpeándolo. Cuando sale corriendo mi hijo, uno de los policías saca la reglamentaria y lo apunta, los amigos le dicen que pare, que lo estaban apuntando, y ahí se frena con las manos en alto. Ahí lo agarran, le pisan la cara, lo patean, lo esposan, y esposado, un policía saca un cuchillo, le apoya la rodilla en la espalda y le corta las rastas. En la comisaría 14, los llevaron a un patio, al aire libre, no podían dormir, orinaban en botellas, la chica estaba apartada, le dieron un balde para que tomaran agua, no le daban posibilidad de ir al baño. Le sacaron las pertenencias, y no hicieron actas de pertenencias. Los chicos fueron sometidos a torturas psicológicas.
Sergio es el papá de Sasha y dos días después de que su hijo fuera violentado y golpeado por oficiales del Comando Radioeléctrico y las PAT durante la madrugada del 23 de marzo, cuenta a enREDando lo ocurrido. Con precisión y bronca detalla lo que Sasha y su grupo de amigos soportaron aquella madrugada en las Cuatro Plazas. En la foto que se viraliza por redes sociales, su hijo tiene el rostro desfigurado. Sergio se suma a participar de una caravana de jóvenes de los barrios por el centro de Rosario. Siente que ahí tiene que estar, acompañando la denuncia colectiva contra la violencia policial que, a horas de un nuevo aniversario del golpe de Estado, rememora viejas prácticas de tortura y detención arbitraria. Esta vez le tocó a su hijo.
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«Hoy el Bachi amaneció de duelo. Ayer por la noche, después de que hubiera terminado nuestro Carnaval Villa Manuelita Resiste (esa hermosa tradición que sostenemos para llenar de alegría y colores nuestro barrio), mataron a Fede, un joven estudiante del Bachi. Hace años que denunciamos que Tablada es un barrio tan histórico como olvidado, donde la vida vale poco y la justicia no existe, donde las tramas de la violencia y la tranza ocupan los espacios de los que el Estado se corre, donde ese mismo Estado que no puede ofrecer un futuro con igualdad de oportunidades se expresa en el territorio en forma de fuerzas de seguridad, las cuales oscilan entre la complicidad con los circuitos delictivos y el verdugueo y maltrato a lxs pibxs. Fede, como muchos jóvenes de Rosario llevaba una vida difícil, de pocas oportunidades y entornos de violencia, pero había elegido “rescatarse”, como dicen lxs pibxs cuando se reinventan un futuro. En ese camino decidió encontrarse con otrxs en el Bachi y comenzó a cursar primer año, pero la lógica perversa y violenta que atraviesa nuestros barrios populares le arrebató la vida antes de tiempo. Desde que empezamos las clases, Fede participó activamente y con entusiasmo. Todavía tenemos fresco el recuerdo del miércoles pasado, donde en el marco del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, eligió escribir en su pañuelo que este 24 marchamos por “respeto y que no haya maltratos”.
El grito colectivo de dolor es del grupo de docentes que integra el Bachillerato Popular de Tablada. Acaban de perder a un compañero, un alumno, un amigo: Federico Ayala. Los mueve el dolor, la bronca, la rabia, la tristeza, la impotencia. Pero aún así, no renuncian al sueño de construir un territorio un poco más habitable para los pibes, aunque todos los días enfrenten esa violencia que se hace carne en la ausencia de pibes cada vez más chicos. Construir la escuela popular, sostienen, es un horizonte para encontrarse, cuidarse, para defender la vida e intentar hacer de Rosario «una sociedad menos desigual».
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–Uno puede ser la solución de cualquier comisaría. Por la portación de cara, por dónde vivís. Pueden darte un hecho tranquilamente y los pibes no tienen cómo defenderse. Tenemos que aprender a defendernos y es necesario que los barrios se movilicen. La represión es también institucional. ¿Qué pasa con los pibes que están intervenidos por Niñez? En el Irar siguen haciendo módulos. Hay pibes abandonados por el Estado en la calle. Y están a la deriva. Queremos tomar el espacio recreativo, por eso hicimos esta caravana desde Pellegrini hasta Oroño.
Javier Ruiz Diaz habla despacio. Camina rápido, canta, baila, motiva a los pibes de Tablada. Es uno de los coordinadores de Rancho Aparte, el espacio que supieron sembrar y construir para paliar tanto desamparo en la calle. «Queremos que nos vean, queremos mostrar que nuestros barrios también existen. «Luchamos contra la violencia social. Contra aquellos que nos bardean porque nuestra cara no corresponde a la calle que estás caminando», dice. La tarde de domingo en el parque se va llenando de esas voces que Javier intenta que se escuchen. «Que hablen ellos» porque no es lo mismo que otros «hablen por ustedes», arenga. Y los pibes toman el micrófono. Tímidos, sonrientes, dejan en evidencia lo que muchas veces los medios comerciales suelen mostrar de su barrio. Están en pleno Boulevar Oroño, denunciando que el abuso policial es un crimen de Estado.
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Tucumán. Rosario. Las cuatro plazas. Un pibe linchado y asesinado en San Juan. Un proyectil policial que le quema la nunca a un niño de 12 años. Su nombre es Facundo. Un celular arrebatado y una turba de personas pegando patadas hasta quitarle la vida a un joven de 18 años. El fusilamiento de un ladrón que huye, ya desarmado y el policía fusilador condecorado por la más alta autoridad nacional: el presidente de la Nación. La pena de muerte se instala de hecho. El condenado sin juicio, sin posibilidad de defensa, sin garantías procesales es Juan Pablo Kukoc.
Un grupo de jóvenes son hostigados y golpeados por más de ocho policías en una plaza de un barrio de una gran ciudad. Y en la lejanía de otro barrio, un pibe es acribillado a balazos desde una motocicleta. Un pibe que intentaba estudiar en un Bachillerato Popular, que buscaba que otro destino sea posible para su vida.
El verdugueo policial es constante, dicen los chicos. Tablada, la Sexta, Ludueña, Las Flores. Enumerar se vuelve tedioso porque el territorio es el mismo. También en el centro sus vidas corren peligro. Ahí los pibes pueden caer bajo las balas del gatillo fácil o quizá, linchados por una sociedad anestesiada de tanto consumo o tal vez, detenidos, humillados, hostigados, apremiados, torturados, en cualquier comisaría. Es que esas calles céntricas no albergan ni sus rostros, ni su ropa. Su cuerpo es el blanco al que la mira apunta, ya sentenciado. Como si ese cuerpo castigado, estigmatizado, señalado, configurara un delito irreparable.
Por eso, un domingo de sol en una calle recreativa, que siempre es propiedad de los sectores medios-altos, los pibes de los barrios de Rosario inician una caravana tan solo para mostrar que aquí están, siendo objetos de una violencia institucional que no solo es policial. Y marchan durante más de quince cuadras, y juegan en el Parque y hablan por ellos y por ellas. Y dicen que ya no aguantan más, que basta de gatillo fácil, que no a la Doctrina Chocobar, que los están matando.
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Sergio es el papá de Sasha, el joven de 21 años que padeció la violencia policial en Rosario, el día previo al 24 de marzo. A más de una semana de los hechos que fueron denunciados en la justicia y también, a través de los medios de comunicación, dos policías se encuentran con prisión preventiva. Están los organismos de derechos humanos actuando en defensa de los jóvenes que fueron violentados y torturados en la plaza y en la comisaría 14. Están las familias acompañando a sus hijos.
¿Pero qué ocurre cuando no hay quiénes respondan por ellos? Las organizaciones barriales disputan el sentido de lo posible. Lo hacen con carnavales en el barrio, con las comidas populares, con las marchas, con los juegos. Lo hacen con la educación popular como herramienta transformadora.
Ahí estaba Federico, sumándose de a poco a las actividades del Bachillerato Popular de Tablada. “Intentando rescatarse”, dicen desde el Bachi. A Fede lo mataron, como matan a tantos pibes en tantos barrios de esta ciudad, colmando las crónicas policiales de los diarios. Y pocos se preguntan quién era, qué hacía, qué sentía. «Hay una realidad más grande y estructural que se lleva a los pibes en nuestras caras», dice Laura Venturini, una de las coordinadoras del espacio. «Por respeto y no más maltratos», había escrito Fede en su pañuelo, en el marco de la actividad previa al 24 de marzo de la que él participó junto a sus compañerxs, días antes de que fuese asesinado.
Las balas queman los cuerpos en las barriadas, y la vida en el centro de la ciudad continúa. Pero allá, en esos territorios delimitados por las anchas avenidas, las calles sin asfalto, las casas sin agua potable y las vías de un tren fantasma, las muertes y los asesinatos van sumando una estadística dolorosa. Allá sí lloran a los pibes que ya no están. Y los recuerdan. Y gritan por justicia.
Así fue como el grito de Facundo Ferreira estremeció. Es que tenía 12 años, y nada más. Es que la policía lo fusiló con un disparo en la nuca. Es que era un nene abrazado a su abuela, refugiado frente a tanto mundo cruel.
Si robó o no, acaso ¿importa? El relato se impone. Pareciera que hay crímenes que conmueven menos porque el asesinado es un “pibe chorro”. Entonces no hay marchas que clamen por justicia porque la justificación actúa como atenuante. Las imágenes son elocuentes: a Juan Pablo Kukoc lo remató, sin ningún marco legal que lo ampare, el policía Luis Chocobar. Pero una buena parte de la sociedad avaló el crimen de Estado. El crimen que fue “felicitado” por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Sobre los dos últimos años, 721 días de gobierno de Cambiemos, Correpi registró que 725 personas fueron asesinadas por el aparato represivo en sus diferentes modalidades. En menos de 24 horas muere una persona por violencia institucional. Si durante el gobierno kirchnerista cada 28 horas asesinaban a una persona, en el gobierno macrista la cantidad de horas se redujo a menos de 24. Con Macri el Estado asesina, al menos, a una persona por día.
A Cristian Cortez, de 18 años, lo lincharon a patadas, y así murió en una ciudad de San Juan tras intentar arrebatar un teléfono celular. Cuatro años antes, a David Moreira lo mató a puro golpe y puño un grupo de vecinos de Barrio Azcuénaga de Rosario. No hubo demasiadas marchas por ninguno de los dos. O muy pocas y muy pocos fueron. Esos asesinatos colectivos no conmueven demasiado y el gran desafío es interpelar el sentido común porque ningún pibe nace chorro y porque hay todo un sistema diseñado para que esos pibes no tengan demasiadas posibilidades de vida en un mundo que los sentencia a muerte. En el caso de David Moreira, los avances en la investigación judicial fueron escasos porque el acceso a la justicia es también un derecho vulnerado.
Los nombres, siempre decimos, duelen. Porque engrosan una lista que nunca acaba. Porque la desaparición forzada también tiene a sus víctimas en Rosario: Pichón y Franco. Y el río tiene a sus ahogados por las fuerzas de seguridad: Alejandro y Santiago. Porque las balas tienen a sus pibes acribillados porque sí, porque estaban lavando un auto, porque estaban defendiendo la tierra, porque estaban huyendo de una cacería, porque algo, dice la versión policial, algo estaban haciendo: Rafael y Jonatan, por nombrar solo algunos.
“La policía actúa de manera selectiva y en esa selectividad criminaliza y persigue a determinados grupos, sectores sociales. Facundo pertenece a una de las villas más pobres de Tucumán, a la Bombilla. Sobre él y el resto de los adolescentes que viven en esos barrios se aplica el accionar violento legitimado por la Doctrina Chocobar. La policía tucumana elige a estos grupos como destinatarios en su forma de prevenir el delito. Hay una vinculación oficial y social entre el adolescente, negro, pobre y delincuente, peligroso. Estos chicos ya son culpables por ser pobres, por ser negros, por usar gorra, por vivir en donde viven. La única posibilidad de vida que tiene un niño que nace en una villa en Tucumán hoy es el destino de Facundo. El Estado los excluye y solo los incluye para reprimirlos, criminalizarlos y asesinarlos”, señaló a Página 12 la abogada de la organización Andhes, de Tucumán.
«Si matar para robar un celular es un crimen, pero matar para recuperar un celular es un acto de justicia, estamos claramente dándole más valor a un bien material, a una cosa, que a la vida misma, mientras que concedemos el derecho de matar a cierto sector de la sociedad y a otro no. Ese es el trasfondo de la doble moral de nuestra sociedad. Una doble moral hipócrita, clasista y muy peligrosa, que ya es hora también de empezar a cuestionarnos», escribieron los pibes de Tablada, en Rosario.
Javier Ruiz Diaz tiene las marcas de la violencia policial en su cuerpo. “Ahora se está visibilizando”, dice pero asegura que esto pasa desde siempre. Y entonces convoca a una juntada en el barrio para salir a la calle. Para tomar el espacio público. Para que los jóvenes que forman Rancho Aparte y otras organizaciones barriales, digan lo que quieran decir.
Los carteles son el grito que nace de los barrios. Son sus banderas: “No es abuso policial, es crimen de Estado”, señalan. Y punzan cuando piden respeto. Cuando gritan que el gatillo fácil es política de Estado, cuando ríen y, rabiosos, se preguntan porqué la policía los muele a palos. Cuando escriben “no disparen” porque en los barrios ningún pibe sobra, que no son peligrosos, que están en peligro.
