Este 6 de diciembre tuvo lugar la presentación del primer informe sobre “los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en Argentina”. Según el documento elaborado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) del total de las trabajadoras sexuales de modalidad calle encuestadas, un 90% admitió haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad durante el último año.
Por Eugenia Rodriguez / Fotos: Ammar
[dropcap]A[/dropcap]mmar se creó hace ya 22 años con el objetivo de agrupar y representar a quienes libremente deciden ejercer el trabajo sexual. Cuenta con más de 6 mil afiliadas y reconocimiento sindical por parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA). Como toda organización, ha recorrido diversas etapas en la lucha por la conquista de derechos. En ese marco se encuentra, por ejemplo, la creación de herramientas que permiten brindar información, ayuda y acompañamiento ante situaciones de violencia, como lo es una app para el teléfono celular abierta al público en general y que prevé desde manuales de procedimiento ante situaciones de acoso y violencia por parte de las fuerzas de seguridad hasta un botón de alerta a un grupo de abogadxs militantes y la Línea Roja, una línea telefónica gratuita de denuncia de situaciones de violencia institucional por parte de la policía.
En la misma línea y como parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y El Caribe –RedTraSex- la organización presentó recientemente el primer informe sobre “los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en Argentina”. Se trata de una herramienta que busca plasmar en números y estadísticas las situaciones de violencia que las trabajadoras atraviesan cotidianamente, ante el vacío normativo que incide en la vulneración de derechos a la que están expuestas. Este trabajo conjunto a nivel regional fue presentado en simultáneo en los 12 países que integran la Red.
“En nuestro trabajo territorial nos encontramos con la problemática de que la principal violencia que padecemos por ejercer el trabajo sexual es la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. A partir del 2016 pudimos ver un recrudecimiento de la violencia institucional con más casos que comenzaron a llegar a la organización, con pedidos de compañeras para que nos presentemos en comisarías. Empezó a ser una cotidianeidad que compañeras se acerquen con la preocupación de que estuvieron detenidas, que no sabían cuál iba a ser su situación legal porque nadie les sabia decir nada, si se les labró o no una causa, y así surgió la necesidad a nivel regional de hacer un informe para tener una herramienta más concreta de todo lo que vemos a diario que hacen las fuerzas de seguridad con nosotras”, explica a enREDando Georgina Orellano secretaria general de AMMAR nacional.
La recolección de los datos estuvo a cargo de trabajadoras sexuales de la organización garantizando un vínculo de confidencialidad y reconocimiento entre las partes. Los resultados confirman una certeza: que son las distintas fuerzas de seguridad (la policía, gendarmería y/o alguna otra fuerza de seguridad nacional o local) quienes ejercen mayor violencia institucional contra las trabajadoras sexuales. En particular, las que ejercen en modalidad calle sufren un constante hostigamiento. Las fuerzas de seguridad sin ninguna razón las requisan, les solicitan documento nacional de identidad, o les piden que “circulen” y no se queden detenidas en las esquinas.
El total de trabajadoras sexuales encuestadas fue de 363 de las cuales un 90% fueron trabajadoras de la modalidad “calle”, las restantes se distribuyen entre modalidad departamento privado, bares y boliches.
“En nuestro trabajo territorial nos encontramos con la problemática de que la principal violencia que padecemos por ejercer el trabajo sexual es la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. A partir del 2016 pudimos ver un recrudecimiento de la violencia institucional con más casos que comenzaron a llegar a la organización, con pedidos de compañeras para que nos presentemos en comisarías.”
“Pensamos en una encuesta de treinta preguntas, sencilla, que refleje el accionar por parte de la policía y como las trabajadoras actúan, si denuncian o no la violencia. Trabajadoras sexuales de la organización se formaron para llevar adelante la encuesta que estuvieron haciendo durante seis meses y un equipo de abogados y antropólogas realizó las estadísticas”, detalla Orellano.
Puntos clave de los resultados
“Las encuestas arrojaron que un 90% de las compañeras fue víctima de abuso por parte de la policía durante el último año y un 80% dijo que en el 2016 fue detenida más de una vez por averiguación de antecedentes y resistencia a la autoridad, que son las dos figuras que utiliza la policía para amedrentar a diario”, enfatiza el informe. Y continúa: “Un 90% dijo también que no denuncia en ninguna entidad estatal el accionar policial debido a dos motivos: por miedo a represalias y por el estigma que hay hacia el trabajo sexual”. Por su parte, “los sectores más afectados son las compañeras trans y las compañeras migrantes que en su totalidad suman más del 40% de las encuestas”.
Según señala Orellano “un 80% de las encuestadas dijo que creían que por ser trans sufrían violencia institucional, con un discurso transfóbico en las fuerzas de seguridad, que no respetan su identidad de género, las trataban en masculino y las requisas se la hace personal policial masculino. Y las compañeras migrantes dicen que hay un discurso fuertemente racista, que las amenazan con que las van a echar del país. Y con las mujeres cis uno de los discursos al que apelan como estigma es utilizar la palabra puta como insulto y cuestionar el rol como trabajadoras sexuales”.
Un 60% de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas verbalmente por las fuerzas de seguridad al ser interrogadas, el 58% fueron increpadas con la solicitud de sobornos para no ser trasladadas o que se les labre un acta contravencional. Un 73% declaró haber sido tratadas con un lenguaje inapropiado, lo cual implica referencias a su condición laboral o de género a modo de estigma. Y un 70% fueron tratadas de “putas” de modo despectivo, utilizando este término como condición de discriminación.
El informe detalla también que el 33% de las trabajadoras sexuales encuestadas no supera los estudios primarios, y si a ello le sumamos aquellas que no completaron el secundario estamos hablando de un 60% de la muestra. Este dato determina una mayor situación de vulnerabilidad, vinculado a una mayor exposición a abusos de derechos por parte de las fuerzas públicas. El objetivo de este informe es “sistematizar lo que todos los días vemos, con una herramienta para seguir denunciando, y también para buscar algún canal de dialogo, con alguna entidad estatal para que dejen de suceder estos hechos. Sabemos que mientras nuestra actividad siga en un marco de ilegalidad a nivel nacional, provincial, municipal, la policía tiene el campo libre para generar estas arbitrariedades”.
Estrategias de lucha
Al ser consultada sobre los ejes reivindicatorios y las estrategias de acción, Georgina Orellano es clara: “Somos parte de la Central de Trabajadores CTA, por lo que nuestra primera articulación en con los sectores sindicales. A la vez somos parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe y articulamos con movimientos sociales, con el movimiento feminista, entendiendo que nuestro trabajo genera tensiones al interior del movimiento de mujeres, sin embargo nos dimos ciertas estrategias desde la comunicación para dar la discusión en los espacios y generar apoyo desde un sector que entendió que más allá de la discusión de trabajo sexual sí o no, es una realidad que hay que trabajar para que no se vulneren los derechos de las mujeres que decidimos vivir del trabajo sexual”.
La dirigente de AMMAR también asegura que la principal reivindicación es el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. “El reconocimiento de derechos laborales que hoy no tenemos. En ese sentido este año comenzamos a articular con organizaciones de trabajadoras sexuales de Europa donde hay algunos países que tienen ciertas políticas reglamentaristas y regulacionistas en torno a nuestra actividad y queríamos ver de qué manera fueron llevadas adelante por el Estado, si las trabajadoras sexuales tuvieron participación, si hubo diálogo, estamos investigando y recorriendo algunos países para ver ventajas y desventajas a que el Estado tome control total del trabajo sexual como trabajo”.
También reseña las discusiones y debate al interior de AMMAR y sobretodo, la reapropiación de la palabra puta. ¿Qué significa? “Hemos hecho una maduración en nuestra organización, nacimos en los años 90 y como toda organización vamos pasando por instancias de crisis, de procesos internos, de debates, lo que intentamos hacer es que la organización no tenga un techo, que sea abierta a toda forma nueva de trabajo sexual, y que pueda salir a defender los derechos de todas las personas que ejercemos e trabajo sexual independientemente de la identidad de género o modalidad. En esas discusiones fuimos modificando las prácticas discursivas, las herramientas que generamos con las compañeras en territorio, en la militancia cotidiana, una es reapropiarnos de la palabra puta, hacerla parte de nuestra identidad política, reapropiarnos de la injuria, dar la lucha a través del lenguaje, sacarle la carga peyorativa, que ingresen compañeras de otras modalidades de trabajo como las que lo ejercen en las redes sociales que tienen otras problemáticas. Es discutir qué tipo de organización queremos ser, hoy tenemos muchas militantes que salen a dar la cara y llevan nuestras voces a distintos espacios”.
En octubre de año AMMAR lanzó una campaña por el pedido de derogación de los códigos contravencionales que están presentes en 18 provincias, que penalizan el trabajar en la vía pública y todas las normativas que criminalizan la promoción de los servicios sexuales. “Ya logramos derogarlos en 2003 en Entre Ríos, en 2005 en Santa Fe y 2008 en Santiago del Estero, queremos seguir con esa línea, impulsando la modificación de algunas leyes que a través de lo penal han prohibido ciertas forma de trabajo sexual y la derogación de algunos artículos que están vigentes desde la dictadura militar que son inconstitucionales, que le dan poder a las fuerzas de seguridad para que sigan violentando y hostigando a nuestras compañeras”, afirmó Orellano.
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina reclama por una regulación que garantice los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Además, pide una normativa que regule el trabajo sexual autónomo y proteja su ejercicio. En ese sentido, en 2018 presentarán un nuevo anteproyecto de ley en el Congreso que busca garantizar el reconocimiento de derechos laborales para trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país.
Link al informe: http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/informe_violencia_institucional_ammar_argentina.pdf
