Sin vueltas y llamando las cosas por su nombre, la licenciada en Ciencias Políticas y profesora de la UNR, Alicia Acquarone, analiza el discurso del gobierno nacional en relación al caso de Santiago Maldonado, critica duramente al Poder Judicial y habla del rol actual de los partidos políticos y de los medios de comunicación.
Por Carina Toso – Foto: enREDando
“Hoy la sociedad civil, con sus organizaciones u organismos, va actuando, reaccionando y ocupándose en la medida de sus posibilidades de defender los derechos humanos”, explicó la profesora universitaria Alicia Acquarone y aseguró que aunque esto es un trabajo invaluable para mantener los derechos adquiridos hasta ahora, estas organizaciones no pueden reemplazar al Congreso. “Son ellos los que deben ponerse a la cabeza de esta lucha y no lo están haciendo”, agregó. Sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, poco se les vio hacer a diputados y senadores. Mientras reina un silencio doloroso en este sentido, la voz del gobierno nacional acalla a quienes salen a la calle a reclamar justicia. ¿Cómo se gana terreno desde el campo popular sobre el poder económico y político que se ejerce desde el Estado? ¿Cómo se analiza el contenido en la televisión, la radio y las redes sociales? ¿Qué les pasa hoy a los partidos políticos? Las respuestas se van dando a lo largo de esta charla de enredando con Acquarone.
-¿Cómo ve el accionar del gobierno nacional en relación a las fuerzas de seguridad ante las protestas de distintos sectores, teniendo en cuenta que se dio el caso de una desaparición forzada en medio de un operativo de Gendarmería por la protesta mapuche en el sur del país?
-Alicia Acquarone: Desde antes de las últimas elecciones el PRO comenzó con un relato de la realidad absolutamente ajeno a los hechos y fue exitoso porque ganó. Y a pesar de que ya transcurrieron casi dos años de esa elección, sigue alimentando su relato que no sólo está alejado de la realidad sino que es absolutamente contrario. Con este caso de desaparición forzada, en un momento pareció que se habían dado cuenta de que no iban por buen camino y que iban a buscar la forma de seguir encubriendo esta desaparición forzada pero intentando tener un relato medianamente más consistente. Pero pasaron los días y seguimos igual con el agravante de que el juez que estaba a cargo de la investigación mandó gente a una peluquería de San Luis a buscar a Santiago. Creo que el nivel del relato oficial es una vergüenza, tanto de parte del Ejecutivo como de sus representantes, pero también del Poder Judicial. En este acontecimiento lo que más me preocupa no es que hay un gobierno que puede tener fallidos análisis o políticas que uno no comparte en absoluto, sino que me preocupa el Poder Judicial, que en estos años de democracia no hemos logrado democratizar, mejorar y profesionalizar. Sigue siendo un gueto de privilegio de todo tipo para un sector institucional. Es imposible pensar en un sistema democrático sin un Poder Judicial que se ajuste a derecho y acá salta a la vista que ni siquiera se ajusta a derecho.
-¿Y cómo ve las últimas novedades en la investigación judicial que terminaron con el cambio de juez en la causa a pedido de la familia de Santiago?
-A.A.: Es que todo rozaba lo burdo. Es preocupante que muchas cosas ni siquiera son verosímiles. Es todo tan ridículo que ningún ciudadano medianamente centrado, con sentido común, debería seguir sosteniendo la duda de si fue o no una detención forzada. Sin embargo, el gobierno dice que no fue lo que pasó. Por lo que debe tener demostraciones de que lo que hace sigue siendo eficaz. Me pregunto qué pasa en esta sociedad, qué nos pasó en este tiempo para que estas cuestiones, dichas como están dichas, puedan seguir teniendo eficacia en la política. En mis clases siempre les digo a los alumnos que son una “manga de posmodernos” y creo que una parte de la explicación está ahí. Una de las consecuencias que vemos en el comportamiento ciudadano es esta actitud que yo llamo posmoderna de no hacerse cargo de las responsabilidades públicas y colectivas. Esta situación, que fue un cambio cultural importante que se inicia en los `90 tuvo tanto éxito que hoy posibilita este discurso fuera de todo sentido común que tiene el gobierno.
-¿A qué le atribuye ese éxito?
-A.A.: Es un éxito internacional, ni siquiera es un logro nacional. Arranca en los países centrales en los `80, que dieron el plafón necesario para el avance del neoliberalismo en esos años en muchos países de Europa por ejemplo. Si bien no fueron exitosos en lo económico lo siguen siendo en lo cultural. Ese sería una punta para empezar a entender lo que nos pasa y empezar a trabajar para recuperar ese espacio cultural. En sociedades como las nuestras que son muy desiguales, si no tenés una política cultural dirigida a sostener y a alimentar lo colectivo, es muy difícil sostener una democracia.
-Con Macri se comenzó a hablar mucho de la posverdad, del marketing político en su mayor expresión y de una comunicación cuyo eje se ubicó en las redes sociales ¿Ésta es una consecuencia también de esa posmodernidad?
-A.A.: En los `70 ya se discutía la política mediatizada, que comparado con la de hoy hay una gran distancia, pero en esa época los especialistas en comunicación política ya hacían la diferencia entre lo que era una propaganda y lo que era una publicidad. Los cruces ya se habían empezado a visualizar. El marketing nunca estuvo ausente de la política, tenía otros componentes porque también los tenía la tecnología a la cual uno podía apelar. Acá la cuestión no es qué elementos se toman para el marketing político sino la posibilidad cierta del PRO de intentar debilitar el pensamiento colectivo y la fragilidad o pobreza de aquellos que decimos ser progresistas de no poder redefinir la política nuevamente y recrear lo colectivo. Esto no son sólo éxitos de los otros, son fracasos propios también. Ya pasó el tiempo suficiente como para empezar a repensar a través de la autocrítica y la modificación de las prácticas para recuperar la política. Tampoco hay posibilidad de democracia sin la política. El caso de Maldonado demuestra que a pesar de todo esto, la sociedad civil le puso freno al discurso oficial aunque no lo pueda combatir. Porque si no existiera una conciencia de defensa de los derechos humanos y del Nunca Más, este discurso del gobierno hubiera ocultado todo lo que pasó. Sin embargo se sigue resistiendo.
-¿Qué pasa hoy con esa resistencia del campo popular?
-A.A.: Acá hay otro problema grave: quienes se dicen progresistas, populares y que ocupan cargos públicos importantes como diputados y senadores, en medio de una campaña electoral están en silencio. El Congreso aún no trató este caso. Y hablo de los supuestos opositores. Hay un silencio, una inmovilidad preocupante de aquellos representantes del pueblo que se dicen opositores y que se dicen defensores de las políticas que estamos reclamando pero no actúan en consecuencia. Y ¿Hasta dónde puede llevar esto la sociedad civil? Hay un dicho de los `70 que dice que “Los pueblos no se suicidan”. Si no hay dirigencia que se pueda poner a la cabeza de la defensa de estos derechos que la sociedad civil reconoce cómo válidos y quiere sostener, no vamos a ningún lado, por eso la democracia es representativa. ¿Cuánto la sociedad va a resistir? En la medida en que se organicen o reaccionen los representantes del pueblo que sí responden a estos derechos y empiecen a poner en funcionamiento los distintos resortes que existen en una democracia, aunque sea una democracia débil como la nuestra. Hoy ese trabajo lo hace la sociedad civil con sus organizaciones u organismos. Van actuando, reaccionando y ocupándose en la medida de sus posibilidades. Pero no pueden suplir al Congreso. Ellos deben ponerse a la cabeza de esta lucha y no lo están haciendo. Y no sólo son diputados y senadores, también gobernadores, intendentes, universidades. Las organizaciones de la sociedad civil son el reservorio democrático de un pueblo pero solos no pueden sostener esto, si pueden luchar y defender los derechos que hasta aquí se consiguieron. Este cambio cultural pudo con muchas cosas, pudo vapulear a la política pero no puede, a pesar de sus esfuerzos, que el pueblo abandone la lucha por los derechos humanos.
-¿Cómo se deben interpretar aquellos rasgos de represión y acciones en un gobierno democrático que se reflejan más con los gobiernos de facto que con los elegidos por el pueblo?
-A.A.: Es peligroso cuando dicen que Macri es la dictadura. No hay que confundir porque ese es un elemento más que este relato de gobierno está usando para anular y acallar las verdades que se dicen desde la sociedad civil. No hay que cometer esos errores. La represión siempre está presente en una sociedad desigual. La sociedad capitalista requiere de esa desigualdad. No se puede pensar que la democracia neoliberal que tenemos en un terreno capitalista no sea represiva. Lo que hay que ver es si la represión es legal o ilegal. Y hoy es ilegal en muchos casos. Otra vez volvemos a lo mismo, acá no sólo es responsabilidad del gobierno sino fundamentalmente del Poder Judicial porque lo permite y lo fomenta a pesar de que es quien debería estar poniendo los límites. Como sociedad deberíamos apuntar fuertemente al Poder Judicial. De hecho muchas de las organizaciones de la sociedad civil están ocupadas y dirigidas al pedido de justicia, justamente porque en estos años de democracia, conseguidos con el sacrificio del pueblo, lo que queda claro es que no se puede avanzar porque el Poder judicial es vergonzoso. El Ejecutivo está donde está a través de elecciones, es democrático pero no tiene límites, se los tiene que poner el Poder Judicial que hoy está ausente y es cómplice de muchas situaciones porque en el medio de esta desaparición forzada se reabre la cuestión de Nisman. La utilización de la muerte, que fue el elemento principal de una dictadura militar no puede ser retomada en una democracia.
-En todo este panorama, ¿Cuál es el papel de los partidos políticos?
-A.A.: Son el otro gran ausente. Es muy difícil sostener una democracia sin partidos políticos. Con frentes electorales uno puede enfrentar la coyuntura pero no podemos sostener el sistema democrático. Los partidos deberían ser la hoguera de discusión de autocontrol de los candidatos de esos partidos, cosa que hoy no pasa. Por eso los diputados y senadores pueden hacerse los distraídos ante un caso como el de Maldonado. Si se recuperan los partidos políticos no van a ser los mismos de antes porque demostraron su ineficacia pero hay que pensar en nuevas estructuras.
-¿Y en cuanto al rol de los medios de comunicación?
-A.A.: Este gobierno asumió y dejó sin efecto una ley votada por el Congreso y no pasó nada. Me refiero a la ley de medios. Hacen lo que quieren con las leyes y cuánto más poder tienen parece que están exentos de tener que cumplirlas. Otra vez aparece el Poder Judicial que no puso los límites. Porque si este gobierno quería cambiar la ley de medios, lo que tenía que hacer era llevar una reforma al Congreso. Pero hizo todo a través de decretos. Todo lo que venimos charlando se da en un escenario de formación de opinión y de eso se encargan los medios de comunicación. La realidad se está viendo a través de un aparato de televisión, de radio, internet. Y que la información esté polarizada según el medio que se mira siempre sucedió, no es algo de hoy, pero antes había un compromiso con lo colectivo. Más allá de cómo cada uno entiende lo colectivo, a nadie se le ocurría pensar que lo individual estaba por encima de lo colectivo. Hoy eso también desapareció. Entonces los medios se dan el lujo de mentir, de crear noticias falsas y parece que no es delito. La impunidad de ciertos sectores sociales es una práctica habitual que en algunos momentos queda al descubierto, pero ellos no lo pueden comprender porque toda la vida se movieron fuera de la ley. Pero una cosa es el ámbito privado y otra cuando ya están en el público y son funcionarios. Esa gente siempre vivió impune. Hoy están en el gobierno, entonces es más grave porque son sus prácticas habituales. Para ellos el negocio privado y el público es una misma cosa.
-¿Cómo analiza la reacción de la sociedad con lo que pasa con la lucha de los pueblos originarios?
-A.A.: El caso de Santiago Maldonado en este sentido creo que es complicado por otra cosa: hay que reconocer que la lucha de los pueblos originarios nunca fue una bandera de ningún partido popular. Es una deuda muy grande que tenemos todos. Entonces al gobierno le fue más propicio. Se suma que hay un total desconocimiento de la situación agravado por la compra de tierras de extensiones extraordinarias por parte de extranjeros. Esto facilita el discurso vacío del gobierno de que son mapuches terroristas, que están financiados por Inglaterra y todas esas cosas.
-Desde el ámbito educativo también se intentó resistir a directivas del gobierno nacional de no hablar de Santiago en las aulas o a los excesos de Gendarmería como pasó en el Olga Cossettini…
-A.A.: Hay que separar lo que pasa en las distintas provincias porque en Santa Fe no fue una directiva no hablar de Santiago Maldonado en las escuelas. Y lo que pasó en el Olga Cossettini fue un exabrupto de la propia Gendarmería. Hay que tener en claro algo: la Gendarmería está siendo puesta por este gobierno nacional en el centro de la escena en dos cuestiones graves: una con Nisman para que digan que lo mataron y el caso Maldonado. Esta fuerza, que como tal es vertical, cuando tiene las cabezas enloquecidas pierde el control. Además hay que reconocer que, dentro de lo que son las fuerzas de represión, es la más bruta y siempre lo fue. Los forman para eso. Ahora, ese avance enloquecido, al menos en Santa Fe, no va a seguir y eso está claro porque apenas pasó llegaron a la clase pública se supo inmediatamente, la gente reaccionó y se frenó. Gendarmería y el gobierno nacional pueden actuar en los territorios que ellos manejan, en el resto no lo va a poder hacer. Fíjate las 30 escuelas tomadas en Buenos Aires. Eso pasa en respuesta a lo que pretenden hacer con los estudiantes. Con las mismas políticas de llevarse por delante a todo el mundo, de no discutir con docentes y con alumnos, quieren meter una reforma en la que, dentro de lo poco que se conoce, se pretende incorporar a los alumnos de 5º años a un ejército gratuito de trabajo. En vez de blanquear el trabajo en negro que tenemos, incorporamos mayor cantidad de personas a ese sistema y es terrible. Abren un merendero y creen que eso es política social. Esa gente se crio con una visión de lo social que es esa. Eso no justifica sus acciones sino que es una vergüenza, pero uno lo entiende desde ese lugar. No diferencia entre la beneficencia y las políticas sociales. El otro es un ajeno en los que hay días en los que hay que acordarse o reuniones de gala donde decimos que los ayudamos y van a esas reuniones a seguir haciendo negocios.
