La Multisectorial contra la Violencia Institucional nació en agosto de 2016. Es un espacio que nuclea a más de 20 organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, barriales, organismos de derechos humanos y a familias víctimas de la violencia y represión estatal. Uno de los desafíos: disputar sentidos y construir justicia para enfrentar la brutalidad de los tiempos que corren. En la voz de las mujeres, un recorrido por este nuevo espacio de lucha y praxis política.
Por María Cruz Ciarniello – Foto: El Pulso
Historias
[dropcap]M[/dropcap]artín Basualdo y Héctor Gomez desaparecieron un 16 de junio de 1994, en Paraná. Pasaron 23 años, pero sus cuerpos jamás aparecieron. La tierra no se traga a las personas: “A mi hijo lo levantó el personal policial de la Comisaría 5ta” asegura hoy Isabel, la mamá de Martín Basualdo.
Ella sabe de lo que habla. Efectivos de esa misma comisaría hacía tiempo que hostigaban a su hijo. Cinco veces lo detuvieron durante los meses previos a su desaparición. La última vez, Martín recibió una brutal golpiza que él mismo denunció ante la justicia. Con Héctor se conocían por patear las mismas calles del barrio popular La Floresta de la capital entrerriana. Ese día, juntos habían concurrido a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos para buscar leche y trabajo. A la salida, según pudo reconstruir la propia familia y abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fueron “levantados” por personal policial de la comisaría 5ta que se trasladaba en un Ford Falcón de color azul oscuro. Fue la última vez que se supo algo de ellos.
El poder judicial de Entre Ríos jamás –en estos 23 años – demostró interés por avanzar en una investigación profunda de los hechos. La causa se archivó bajo la carátula de “averiguación de paradero”. En ese entonces, no existía como tal la figura de desaparición forzada de personas. El juez a cargo, Héctor Toloy, rechazó el recurso de hábeas corpus que Isabel había presentado a 48 horas de la desaparición de su hijo. El abogado de la LADH, José Ipaguirre había señalado tiempo atrás: “como organización de Derechos Humanos, denunciamos que en la causa había claros vínculos entre sectores de la policía con la desaparición de estos chicos. La gravedad de la situación es que durante un período constitucional, desaparezcan personas y no se sepa absolutamente nada de ellas, es altamente preocupante”.
En el barrio, las organizaciones recuerdan a los pibes con murales y la memoria no se detiene. La “quinta” tiene en su infierno historial otro antecedente: fue el lugar donde por última vez fue visto con vida Marcelo Pérez, a quién le decían Totin, desaparecido el 11 de marzo de 1994. Su cuerpo sí fue encontrado: un año y tres meses después apareció con un disparo en la cabeza.
A la lista de los desaparecidos que tiene Paraná se suma el nombre de Elías Gorosito. Lo vieron por última vez el 13 de febrero del año 2002. No es casualidad: Elías fue interceptado por un móvil policial que pertenecía a esta misma comisaría. En esta causa sí hubo avances: se demostró el accionar de la fuerza policial y en el año 2012, después de un largo recorrido judicial, la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná condenó a 12 años de prisión a los policías implicados, Lisandro Rodríguez, Diego Salvador y Jesús Salvador López, como autores “del delito de secuestro coactivo”. Sin embargo, la mamá de Elías, que en ese entonces tenía 19 años, falleció sin poder encontrar el cuerpo de su hijo. Del mismo modo falleció Elsa Godoy, la mamá de Franco Casco. Recién, a tres años de su desaparición forzada y posterior asesinato, hay 31 policías detenidos. Tres años transcurrieron. Elsa, que marchó junto a las Madres de la Plaza 25 de Mayo, falleció sin poder respirar este aire de justicia por la causa de su hijo.
Isabel Vergara dice algo más: “En estos encuentros sentís que tu lucha no es en soledad”. Minutos después de hablar con enREDando, Isabel escuchará la voz enérgica y emocionada de Julieta Riquelme, la hermana de Jonatan Herrera, asesinado por la Policía de Acción Táctica de la provincia de Santa Fe, en barrio Tablada de Rosario, mientras lavaba su auto en la vereda de su casa. Isabel viajó desde Paraná a Rosario para ser parte de la presentación de la Multisectorial contra la Violencia Institucional que nació en nuestra ciudad hace un año atrás.
“Aprendes de otras madres y te sentís acompañada”, vuelve a decir Isabel. Madres que con solo mirarse entienden el dolor de la otra. Conocen los mismos códigos; recorren las mismas instituciones; se topan con la idéntica impunidad judicial. Caminan las mismas baldosas frías de los Tribunales y también las más calientes: las que arden en las calles de sus barrios donde alzan las banderas con los rostros de sus hijos cada vez que se cumple un nuevo aniversario.
Alejandra viajó desde el partido de San Martín. Integra el Movimiento Evita de Malvinas Argentinas y se ocupa de sostener un merendero que alimenta a 150 niñxs por día: “La Casita de Walter”, se llama. El nombre de su hijo está allí, todos los días, inscripto en un territorio que le disputa al perverso sistema, un proyecto de vida para los pibes. Y no es casual: aquí en Rosario, en la villa Banana de la zona oeste de la ciudad, Claudia Romero supo levantar un comedor comunitario que también lleva el nombre de su hijo. Lo hizo Rosa, la mamá de Miguel Bru desaparecido hace 24 años en La Plata, quien fundó una Asociación que trabaja incansablemente por la defensa de los derechos humanos frente a los abusos del poder policial e institucional. Es que en esas luchas que se escriben con las ausencias de los hijos, las mujeres apuran los pasos para transformar las realidades; las más injustas, las más violentas.
A Walter lo asesinaron cuando le quedaba poco tiempo para recuperar su libertad. Hacía 4 años que estaba preso en el Penal 46 de José León Suarez, partido de San Martín, Buenos Aires. Era el encargado de la Granja de la Unidad porque, según cuenta su mamá, amaba los animales. “Los animales eran su mundo, le servía para no estar todo el tiempo adentro”.
Lo apuñalaron con dos arpones letales el 31 de marzo de 2013. Para Alejandra y su abogado no hay duda del rol que cumplió ese día el personal del Servicio Penitenciario. “En una pelea inventada en la Unidad 46 de San Martin dos personas lo fueron a buscar para pelear, el peleó y gana la pelea, cuando se va para la celda, esas personas le dan dos arponazos, en la cervical y en el cuello, los arpones tenían de 4 a 5 metros de largo”, cuenta a enREDando. Los involucrados en la pelea fueron absueltos pero actualmente hay una investigación en curso de la Fiscalía 1 de San Martín. “Por la zona liberada y la cantidad de arpones y facas que había adentro es evidente la responsabilidad institucional”, señaló al portal Cosecha Roja Alberto Palacios, el abogado de la familia. Dicen sus compañeros que a Walter lo llevaron envuelto en una frazada hasta la reja de la celda suplicando que lo trasladen a Sanidad porque se estaba muriendo. No hubo atención inmediata. Cuando lo llevaron al hospital, Walter ya estaba muerto.
“Hace 4 años, 3 meses, y 17 días que no voy a parar hasta que no tenga justicia”. Con precisión, Alejandra Rosales cuenta los días, los años y los meses que lucha por esa justicia lenta que en muy raras ocasiones suele llegar. En el año 2014 el caso fue a juicio. Alejandra llegó a esa instancia “sin abogado ni una cita previa con la fiscal a cargo. El TOC 4 de los Tribunales de San Martín absolvió a los tres acusados -José Manzanilla, Arispe Oviedo y Horacio Chávez Mesa- porque no pudieron “acreditar su participación en el hecho”. También procesaron por falso testimonio a los dos compañeros que se animaron a ser testigos en la causa. La fiscalía apeló y desde septiembre espera una respuesta de la Sala 2 de la Cámara de Casación bonaerense”, se lee en la investigación de Cosecha Roja del año 2015. Hoy, Alejandra dice: “La justicia siempre nos dá una cachetada pero tenemos que continuar. Por eso, estar acá en Rosario, nos nutre, nos fortalece. Compartimos el mismo dolor.”
Raquel Wittis no duda en describir lo que significa la violencia institucional: “son prácticas represivas sistemáticas ejercidas por las fuerzas de seguridad del Estado”. A su hijo de 23 años lo fusiló un oficial de la policía bonaerense que también fusiló en ese mismo momento a Darío Riquelme, de 16 años. Todo transcurrió en la mañana del 21 de septiembre del año 2000 cuando Mariano fue tomado de rehén tras la huida de Darío y otro joven luego del asalto al Banco Itaú de Béccar.
Durante la persecución policial, el compañero de Darío logró fugarse. Él quiso rendirse. Minutos antes de morir, arrojó del auto su arma oxidada –que además no tenía ninguna utilidad- para entregarse a la policía. El oficial Rubén Champonois no contempló ningún grito, ninguna súplica. Les disparó a los dos por la espalda. La versión oficial construyó la mentirosa versión de un enfrentamiento para encubrir el fusilamiento de Mariano Wittis y Darío Riquelme.
Un largo proceso judicial que incluyó la sentencia a 8 años por el homicidio de Mariano y la absolución por considerar la legítima defensa en el caso de Darío, finalmente terminó, luego de apelaciones, en una condena de 15 años por el homicidio de los dos jóvenes. Eso no fue todo: Raquel y Ana – la mamá de Darío – compartieron la misma lucha y el mismo objetivo: desmontar los sentidos comunes fuertemente instalados que dictaminan quién puede o no morir bajo las balas policiales. “Luchamos contra un Estado que en este momento es violador de los derechos de las personas, y tenemos que crear una conciencia colectiva y cambiar los discursos. No hay enemigos, no es el joven que vive en los barrios populares nuestro enemigo, todas las personas somos dignas y nuestros derechos deben ser respetados. Hay discursos sociales que consideran que hay personas que son más dignas que otras”, refiere Raquel.
Una práctica sistemática
Tres mujeres frente a una multitud que las escucha en silencio. Julieta, Eugenia y Marilé serán las encargadas de explicar de qué se trata la Multisectorial – única en el país – que nuclea a más de veinte organizaciones sociales y familias violentadas por la represión estatal, en Rosario.
“La violencia institucional es una práctica sistemática, extendida en el tiempo, focalizada en ciertos sectores sociales, no todos la sufren por igual y es una práctica sistemáticamente negada por el Estado”, dirá Eugenia Cozzi, abogada e integrante de la Cátedra de Criminología de la UNR. Es esa sistematicidad la que revelan los distintos testimonios de las madres de cada uno de los pibes asesinados por la policía. No hay demasiadas distancias cuando el entramado desnuda la perversión de una práctica abusiva y de mecanismos judiciales que operan de manera repetida. Con claridad, lo explica Eugenia: “la policía se investiga a sí misma, altera la escena del hecho, construye un relato policial sobre lo sucedido, ese relato oficial que la mayoría de las veces es presentado como un enfrentamiento, llega a la fiscalía, se reproduce allí y se convierte en un relato oficial sobre lo sucedido, que además es reproducido por los medios y por el Poder Ejecutivo. Entonces para las víctimas de violencia institucional resulta muy trabajoso, primero romper con ese primer relato, producir prueba, intervenir en las causas judiciales para luego avanzar en la investigación”.
En este marco, conformar un espacio aglutinador de fuerzas, saberes, resistencias y abrazos, resulta reparador. Porque además de contención, la Multisectorial nace para desarmar ese proceso de legitimación de la violencia institucional que construye, en un trinomio efectivo, el poder ejecutivo, el judicial y en su gran mayoría, los medios masivos de comunicación.
¿De qué manera? En primer lugar, trabajando en cada una de las causas particulares que desde la Multisectorial acompañan en busca de justicia. En segundo lugar, y no menos importante, realizando un abordaje más integral y general. “Inscribimos al espacio de violencia institucional en la lucha por los derechos humanos. Y en ese sentido es importante esta Multisectorial para visibilizar las luchas y los casos, y acompañar este proceso político”, plantea Cozzi. Correr tras la agenda que impone la justicia es la urgencia. Instalar el debate propio para avanzar en nuevos consensos es el desafío que también se proponen.
Es Julieta, una de las familiares que integra la Multi, quien dá cuenta de la importancia afectiva, sorora, potente, del espacio: “cuando asesinan a mi hermano nosotros no sabíamos ni qué hacer, ni qué decir, ni adónde ir”. Estaban a la intemperie. En ese momento se conformó una Multisectorial por el caso de Jonatan Herrera. También había otras multisectoriales trabajando en otros casos, como el de Franco Casco. La idea fue conformar una sola “y encarar esa lucha a pesar de las diferencias porque un punto en común que tenemos es luchar contra la policía que nos arrebató a los pibes y de ahí, poder dar una larga pelea”.
Marilé Di Filippo integra el Club de Investigaciones Urbanas, otras de las organizaciones que forma parte de la Multisectorial. Resalta la necesidad de que este espacio sea visible para que otras familias que transitan por lo mismo, puedan acercarse. Pero también destaca algo fundamental. “Politizar el dolor”, dice. Tal vez, la frase que mejor describe la construcción política de una “organización de derechos humanos de nuevo tipo”, como la definen. “Es necesario generar esa economía de recursos que ya tenemos, esos saberes acumulados, esas solidaridades que ya sabemos cómo circulan y ponerlas a disposición de otros porque las fragmentaciones tienen que ver con eso también, con una imposibilidad de que puedan circular esos modos de politizar el dolor, que es clave en este momento”.
Recorridos
En agosto de 2016 comenzaron a juntarse. Un año después, la presentación pública se realiza en el Centro Cultural La Toma. Se proyecta un video que punza; que emociona. Muchas de las actividades que realizan se concentran en los Tribunales, tanto federales como provinciales. En las calles y en las marchas. Pero también, cada semana, todos los miércoles por la tarde, se reúnen en la Asociación de Trabajadores del Estado, en Rosario. Son alrededor de 40 o 50 personas, todas integran algún espacio político, estudiantil, social, barrial. Además, se organizan en comisión: la de familiares, la jurídica, la de comunicación, la de investigación.
“Cada 28 horas muere un pibe a manos de la policía, esto es brutal. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y por condenas que hemos recibido nosotros, el caso de Jonatan es la única causa que llego a un juicio oral y público, y sabemos que por esas decisiones bochornosas de los jueces, van a venir más casos porque de alguna manera le otorga más impunidad a la policía, sabemos que van a venir y poder recibirlos de esta manera, acompañarlos en el dolor, es importantísimo”, señala Julieta, la misma joven que arengará con toda su fuerza, la multitudinaria marcha nacional contra el Gatillo Fácil que tuvo lugar en Rosario.
En todo este año, los aprendizajes fueron muchos. Construir consensos aún en las diferencias. Ese será uno de los más significativos. “Con el tiempo empezamos a transitar ciertos caminitos de consenso y respeto. Rosario tiene mucha historia de luchas alrededor de búsqueda de justicia, no solo desde los organismos históricos. Podemos recordar el caso de los padres del dolor, la asamblea del 19 y 20, esta es otra instancia más en un momento donde se recrudece el contexto, y las practicas policiales empiezan a acrecentarse nuevamente. Es un nuevo espacio de organización”, reseña Marilé.
El otro gran aprendizaje tiene que ver con la práctica. Saber qué caminos recorrer y qué estrategias desarrollar, cada vez que ocurre un nuevo caso de gatillo fácil o violencia institucional en Rosario. Cómo empezar a disputar sentidos en los medios de comunicación. Cómo abrazar a los familiares que llegan en la más absoluta soledad, frente al desamparo del propio Estado. Y cómo también, pisar las calles ante una pregunta necesaria que se hace la Multisectorial: ¿Cómo hacer justicia? ¿Cómo construirla? “Cuando nos planteamos qué es la justicia, el activismo en las calles es clave. Y en ese activismo vamos aprendiendo cómo generar otros recursos de protesta que puedan incidir de algún modo en las decisiones políticas y judiciales”. Se trata también de construir una agenda propia: una agenda afirmativa, plantea Marilé. Y en este sentido, señalará tres urgencias necesarias en el debate:
1. Pensar otra vez qué es la justicia y cuáles son los modos y las imaginaciones para conseguirla. “Con la justicia legal no alcanza”, dice. “Sabemos que se viene un horizonte negro como lo han demostrado los recientes fallos que consolidan impunidad. Es necesario pensar otros modos de entender la justicia y la forma de demandarla
2. Recrear formas en qué lo colectivo sea posible. “Generar y pensar organizaciones que potencien nuestras pertenencias originarias, pero que puedan pensar otras figuras de lo común, otros modos de articulación que puedan neutralizar las mezquindades y construir otras formas que en las que organizativamente nos podamos encontrar”.
3. Cómo imaginar nuevos pactos como sociedad. “Cuando decimos que señalamos al Estado como responsable de la violencia institucional siempre decimos que es necesario atender siempre el componente civil de la violencia institucional, a ese consenso represivo que es el colchón, extendido socialmente que permite y legitima las prácticas de violencia institucional. Por eso creemos que un espacio como este también tiene ese gran desafío: poder volver a trazar los umbrales de la soportabilidad política, generar nuevos pisos de empatía común que nos permita afrontar esta época que tenemos enfrente”.
“Mi hermano no vale lo que ellos dicen que vale”
Julieta Riquelme lleva en cada marcha, la remera con la foto de su hermano Jonatan. No solo ella. En la última marcha contra el Gatillo Fácil, casi todos los familiares abrazaban alguna estampa o cartel con el rostro de los pibes –porque siempre son pibes- víctimas de la violencia institucional. En la presentación de la Multisectorial, Julieta dice: “Mi hermano no vale lo que ellos dicen que vale”. Y le apunta directamente a los jueces, fiscales y abogados que intentaron abreviar la causa judicial. “Le querían poner precio a la sangre de mi hermano”. Como familia, dijeron basta. Así empezaron a recorrer un camino mucho más sinuoso y doloroso. Pero clave: “Durante dos años y siete meses aprendí que ya no me duele solamente mi hermano. Ahora me duelen todos los pibes”.
La historia detrás de las crónicas policiales. La historia detrás de las cifras de homicidios cada año. La historia detrás de las estadísticas que dicen cuántos jóvenes murieron por las balas policiales. La historia que habla de la vida y los afectos y los sueños y las sonrisas. La que tenía Franco en su Florencio Varela natal. La que tenía Alejandro Ponce o Alexis Berti. La historia de Pichón Escobar, la de Emanuel Medina y la de David Campos. La historia de Maxi Zamudio y Jonatan Ojeda. La Michel Campero y Carlos Godoy.
Dice Julieta: “No vamos a descansar. Todos tienen que saber que hay jueces y fiscales cómplices y un Estado que viola nuestros derechos. Que somos amenazados y hasta expulsados de nuestros barrios cuando la policía está del otro lado. Destruyeron nuestras vidas pero lo que buscamos es que no vuelva a pasar. No solo somos una familia que carga una remerita y una foto. Tenemos una historia y hay familias que luchan incansablemente para buscar justicia.”
La constitución de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional en Rosario disputa ese horizonte. Lo construye con dificultad y dolor. Lo politiza. Y posibilita una nueva forma de organización. Porque sin esa potencia no hay futuro posible. Porque es ahora y es urgente. “Rearmarnos como comunidad para enfrentar la brutalidad de los tiempos que corren”, dirá Marilé.
…
Organizaciones que la integran:
Aire Agrupación Estudiantil
AMSAFE Rosario
APDH
Ateneo John William Cooke
Cátedra de Criminología y Control Social, UNR
Ciudad Futura
Club de Investigaciones Urbanas
Colegio de Psicólogos
Corriente Peronistas Descamisados
El Pulso
Fundación Igualar
HIJOS
Iniciativa Popular
Izquierda socialista
La Cámpora
Madres
Movimiento Evita
Nuevo Encuentro
Patria Grande
Peronismo Militante, Santa Fe
Proyecto inscribirte en la historia
