La causa por la desaparición forzada y asesinato de Pichón Escobar se encuentra virtualmente paralizada. Es la justicia federal la que investiga lo sucedido entre el 14 y el 21 de agosto de 2015. Después de una semana de búsqueda, el cuerpo de Pichón fue hallado sin vida, flotando en el río Paraná. Meses antes, la escena se repetía con el caso de Franco Casco. El reclamo de justicia de su familia y la Multisectorial que acompaña sigue intacto.
Por María Cruz Ciarniello / Foto: Raíz Comunicación desde Abajo
[dropcap]D[/dropcap]os años pasaron y la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Gerardo Escobar se encuentra paralizada. A Pichón lo desaparecieron un 14 de agosto de 2015, a la salida del boliche La Tienda, en el centro de Rosario. Una semana después, el 21 de agosto, su cuerpo fue encontrado sin vida, flotando en las aguas del Paraná. Ese día, la memoria fue punzante: meses antes, el mismo río había devuelto el cuerpo de otro joven, tras desaparecer en la Comisaría 7ma de Rosario, Franco Casco.
Pichón y Franco son dos de los nombres que en Santa Fe dan cuenta del mecanismo sistemático con que se ejerce la violencia institucional. Desaparecer cuerpos, ocultar evidencias, plantar testigos, distraer a la opinión pública con falsos testimonios. Y mientras tanto, arrojar a las aguas de un río, un cuerpo asesinado, con golpes y marcas que revelan signos de tortura. La justicia se encarga de aportar a ese mecanismo perverso, su enorme funcionalidad: no investiga en las cruciales primeras horas de búsqueda, dilata los tiempos en el hallazgo de evidencias y en el peor de los casos, dicta sobreseimientos que luego deben ser apelados por las querellas.
En ninguna de las dos causas hay policías detenidos. Ni en el de Franco, ni tampoco en el de Pichón, cuyos imputados fueron dejados en libertad, luego de un lamentable fallo del juez federal Marcelo Bailaque: el sobreseimiento de todos los implicados, desacreditando así todas las pruebas que se habían producido en el marco de la órbita de la justicia provincial. “El juez entiende que no hay elementos para vincular a los imputados con la desaparición de Gerardo, siendo que, por ejemplo, el primer rastreo del GPS que realizan sus amigos, dá cuenta que el celular de Pichón estaba en la dirección de uno de los imputados que es Cristian Vivas, y que en ese famoso video que tomó estado público se lo ve golpeando a Gerardo, con un adicional: en las indagatorias Vivas reconoce que le pega y reconoce que hay testigos alrededor de ellos que gritan que pare de pegarle, que lo iba a matar”, había señalado en ese momento uno de los abogados querellantes, Nicolás Vallet. En este fallo, Bailaque también había desestimado la participación policial a pesar del testimonio de un testigo que ese día estuvo detenido en la Comisaría 3era y asegura haber escuchado golpes y gritos de un detenido que ingresó esa misma noche así como las irregularidades en los informes de los GPS de los móviles de la seccional, o los trece contactos policiales que se encontraron en el celular del patovica Cristian Vivas –cuyas cámaras de seguridad lo muestran golpeando a Pichón a la salida del boliche- y los chalecos tácticos que se le secuestraron al momento de ser detenido.
Finalmente, ese fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones dictó una falta de mérito para los agentes Luis Noya y Maximiliano Amiselli y los tres patovicas Cristian Vivas, César Ampuero y José Luis Carlino. Todos están libres.
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Lo que motoriza el reclamo de justicia que se escucha en las calles y que hierve en la sangre de las familias, es la conformación de multisectoriales: el apoyo incondicional de organizaciones sociales, abogados de derechos humanos y militantes de diferentes espacios. Entonces, la sonrisa de esos pibes y sus sueños arrebatados por la violencia policial, se transforman en bandera. Y ahí están sus rostros, multiplicados en remeras, en pancartas, en trapos que se cuelgan de una esquina a otra, en canciones que escriben sus amigos, en las palabras de sus maestras, en la tierra que es sabia y que siembra esperanza a pesar de todo.
Luciana Escobar es la hermana de Pichón. Su vida cambió definitivamente hace dos años atrás. Así como también cambió la de Julieta Riquelme, la hermana de Jonatan Herrera, fusilado por la Policía de Acción Táctica. Así como cambiaron las de la mamá y la hermana de Sergio Filiberto, uno de los 7 jóvenes que murieron calcinados, encerrados y asfixiados en la comisaría 1 de Pergamino. Así como cambió la de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, quien se puso al hombro la búsqueda y también, la denuncia que evidencia la responsabilidad del gobierno nacional en su desaparición forzada.
La vida de toda una familia cambia.
Primero, porque la esperanza siempre es encontrar a esa persona viva, aunque pasen las horas, los días, los meses. Después, porque el reclamo se hace carne en cada pasillo de los Tribunales, en cada movilización, en cada abrazo con otra familia que atraviesa el mismo camino de impunidades, dilaciones, injusticias.
“Al día de hoy yo no puedo saber quiénes fueron los responsables de la muerte de mi hermano”, dice Luciana Escobar. Impunidad es la palabra que se clava en sus ojos. La que provoca la rabia a pesar de la fuerza con la que Luciana se planta arriba de un escenario para pedir por Pichón y por todos los pibes que mató la policía. Para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, otra desaparición forzosa que desde hace 15 días nos duele en el cuerpo.
“¿Como no sentir lo mismo cuando alguien desaparece abruptamente en manos de la fuerza de seguridad?”, se pregunta y responde al mismo tiempo. Es imposible; las historias se parecen demasiado.
24 meses pasaron. «¿No se preguntaron qué hubiera sido de la vida de Pichón? Eso de seguir trabajando en Parques y Paseos. Eso de seguir alentando por Rosario Central. De salir con sus amigos a bailar y divertirse. De ver crecer a sus sobrinxs. De conocer el amor, de hacerse fuerte con el dolor. De soñar. De estar triste. De vivir. ¿No se preguntaron por qué? Por qué un asesinato. Por qué una desaparición. Por qué el silencio que quieren imponer. Pasaron 24 meses. Y acá estamos. Yendo al frente. Por Gerardo Escobar. Pero también por cada pibe y cada piba a lxs que les arrancan la vida». Las palabras son de la Multisectorial que acompaña el reclamo por justicia.
En un festival frente a los Tribunales Federales que organizaron para hacer memoria y visibilizar la inacción del poder judicial, un amigo de Pichón, Martín Carballo, le dedicó una canción: “la vida le arrebataron, que injusto señor, arrancaron de raíz sus sueños, se llevaron la ilusión. Tus compañeros gritamos, alzamos nuestra voz, queremos justicia, justicia por vos. Pichón Escobar, justicia por Pichón Escobar”.
No fue el único que habló de él. Nancy fue una de sus compañeras de curso. Es que Pichón estaba completando sus estudios primarios en la Escuela nocturna para Adultos N° 30. “Era un pibe lleno de sueños y proyectos”, cuenta. Y ellas, sus compañeras que lo superaban en edad, era casi como una mamá para Gerardo. Que él era casi como un hijo para todas. Y Nancy pide que no seamos indiferentes frente a estas historias de pibes desaparecidos o gatillados por la policía. Sus maestrxs destacan su solidaridad. Es que Pichón era también uno de los que más alentaba y acompañaba a sus compañeros para que terminasen la escuela. Para que no bajen los brazos. Por eso quieren impulsar el día del estudiante de escuela para adultos: el mismo día en que Pichón cumpliría años. “Y no solo porque lo matan en el momento en que pertenecía a las escuelas sino porque es representante de todos esos pibes y esas pibas que están en las escuelas dándole pelea al sistema educativo que en algún momento lo dejó en banda. Peleando por una sociedad mejor, sabemos de que Pichón era muy solidario y siempre tenía una palabra de aliento para sus compañerxs”, dicen sus docentes.
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“La causa está virtualmente paralizada porque hay una serie de cuestiones fundamentales que no avanzan”, puntualiza y detalla uno de los abogados que integra el equipo de la Asamblea por la Niñez y la Juventud y que acompaña a la familia de Gerardo Escobar. Guillermo Campaña señala cuáles son las medidas pendientes.
. El perito de parte de la querella determinó que el cuerpo de Pichón tenía signos de violencia en la zona del cráneo y en la zona de los genitales. Todavía no se ha logrado el peritaje de las muestras que se recogieron luego de la autopsia. El cuestionamiento es también para el Instituto Médico Legal “por su claro encubrimiento en todos los casos de violencia institucional”.
. Todavía no se ha logrado establecer cuál ha sido la ruta que siguió el teléfono celular de Pichón. “Lo mandaron al FBI cuando todavía estaba la causa en la provincia y nos muestran datos hasta abril. Y eso no nos sirve. No tenemos datos del teléfono en la semana del 14 al 21 de agosto y no se hizo nada sobre eso”, señala Campana.
. Los videos de la cámara de seguridad de la calle Sarmiento entre Tucumán y Catamarca que es por donde se va Gerardo después de haber sido golpeado por los patovicas de La Tienda están claramente cortados en ese momento. Es decir, hay unos 20 minutos que faltan en la grabación. Sin embargo, nunca se pudieron peritar con exactitud esas imágenes. Recién, dos años después, informan que existe una nueva tecnología que podría develar una manipulación en las imágenes de las cámaras de seguridad. Para avanzar con ese peritaje es necesaria una autorización judicial pero la causa de Pichón, y tras el apartamiento de Bailaque, no tiene un juez asignado.
. Todavía se esperan que se completen las declaraciones testimoniales de todas las personas que estuvieron detenidas en la comisaría 3 de Rosario el día en que Pichón desaparece. “Con suerte hubo seis testimoniales en lo que va la estadía de la causa en la justicia federal”, aporta Campana y sostiene: “El paso es muy lento, no se ha avanzado en nuevas hipótesis y tampoco se han reforzado las hipótesis que venían de la justicia provincial”.
Consultado por los posibles motivos que generan la dilación en la investigación, Campana no especifica solo uno. Son múltiples: “por un lado, la demora provino de las decisiones judiciales que fueron dilatando la causa. Estuvimos discutiendo la competencia durante casi 8 meses. Y luego por la lentitud propia de las fiscalías en causas complejas como éstas. Las fiscalías federales no están dotadas de tecnología ni de personal para investigar desapariciones forzadas de personas. Si una decisión política fuerte, sin una constancia y sin una intensidad suficiente para llevar adelante las investigaciones, cada medida que proponemos lleva 3 o 4 meses en realizarse. Y el paso del tiempo conspira contra el esclarecimiento de los hechos”.
Las pruebas fundamentales se perdieron durante los primeros quince días, apunta Campana. Tenían que ver con el peritaje de las cámaras de seguridad. “Se dejó pasar el tiempo, a dos años no tenemos una pericia sobre una cámara. No es tan dificultoso. Lo mismo ocurre con la declaración de testigos que a dos años no fueron llamados a declarar”.
Difícil es destacar avances en esta causa, absolutamente frenada en el fuero federal, con dilaciones determinantes cuando estuvo en la órbita de la justicia provincial. Sin embargo, Campana destaca uno solo: que este hecho se caratule como debería ser caratulado. “Esta muy clara la hipótesis de la participación policial, los imputados desde un primer fueron dos policías y lo primero que pudimos demostrar es el acuerdo de seguridad que había entre la Tienda, la Comisaría 3ra y los agentes del comando radioeléctrico. La configuración mixta del grupo de seguridad de La Tienda estuvo demostrada desde un principio. De allí en adelante no se hizo nada por buscar testigos claves y hay una oscuridad en relación a lo que pasó con Gerardo después de ser golpeado hasta que apareció en el río que es muy grave para la causa”.
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Empieza a caer la tarde y se escuchan las voces de otros familiares, víctimas de la misma violencia institucional que anuda en estas historias. Se trata de la hermana de Sergio Filiberto, uno de los siete pibes que murieron calcinados en la comisaría primera de Pergamino en marzo de este 2017. Su relato detalla qué pasó ese día y revela todo lo que la policía no hizo para salvar sus vidas. O todo lo que sí hizo para dejarlos morir bajo las llamas del incendio. “Cerraron las puertas para que se mueran. Había matafuegos y no los usaron. Cerraron puertas que tenían que estar abiertas, no les habilitaron el agua de las duchas, se fueron y los abandonaron ahí. No usaron los dos matafuegos que están en óptimas condiciones. Hubo un llamado a los bomberos que llegó 40 minutos tarde. Y los policías lo único que hicieron fue tratar de evitar el accionar de ellos, diciendo que se había perdido la llave con la que minutos antes los habían dejado encerrados. Cuando los bomberos, desde donde estaban, no podían apagar el fuego, e intenta buscar herramientas para romper la puerta, ahí aparecieron las llaves. Solo estaban entorpeciendo. Cuando ingresan los bomberos los chicos ya estaban fallecidos. Murieron 7 y se salvaron 12 chicos. Son las 12 voces que tiene esta causa. Estamos buscando justicia”.
En esta causa, cinco policías se encuentran cumpliendo arresto domiciliario. Uno de ellos a tan solo dos cuadras de una de las familias de las víctimas. “Es una provocación”, dicen. El mayor responsable de esta dependencia, el comisario Alberto Donza se encuentra prófugo desde el mes de abril. “Queremos que se termine la impunidad para los policías”, dice la hermana de Sergio.
Otro testimonio que se escucha es el de la mamá de Alejandro Ponce, el pibe que también murió en las aguas del Paraná. El tercer cuerpo encontrado en el río, después del de Franco y Pichón.
“A mi hijo hace dos años que lo mató la policía. Lo ahogaron. Vamos a seguir apoyándonos unos a otros”, dice Mirta, con las palabras que le salen. 23 años tenía Alejandro cuando el 2 de noviembre de 2015 fue encontrado sin vida en el río. Uno de los testigos principales es su hermano Luis. Cuenta que aquella tarde estaban pescando en la orilla del río por la zona de los Silos Davis cuando apareció un grupo de policías que comenzó a amedrentarlos. Los chicos se tiraron al agua y comenzaron a ser agredidos a piedrazos por parte de los policías. Luis recibió un fuerte golpe en la cabeza que le dejó una herida profunda y alcanzó a volver a la orilla, para luego ser detenido en la Comisaría 3ra. Mientras tanto, Alejandro, que no sabía nadar, pidió por favor que lo ayudaran a volver. Fue en vano. “Morite negro de mierda”, dicen sus familiares que era la respuesta constante de los policías que miraban desde la orilla.
El otro caso es más reciente. Se trata del fusilamiento de Emanuel Medina y David Campos. 21 policías participaron de una cacería que culminó con decenas de tiros en sus cuerpos. “A mi hermano le dieron 14 balazos, un tiro en la cabeza que termino con su vida. A David le tiran en la nuca. Y cuando ya estaban muertos, le siguen tirando. Nosotros pedimos que nos apoyen. Están matando pibes, cada vez son más los policías. A mi hermano lo acribillaron como un perro”.
Laura es la mamá de Brandon Cardoso. A Nano , como le decían, lo mató un policía de civil en la madrugada del año nuevo de 2016. “Estoy acompañando a Mirta, a Luciana, a María Elena, entre nosotras nos tenemos que ayudar, salir a la calle y reclamar por nuestros seres queridos”.
Esa madrugada del 1 de enero, Brandon estaba con su familia y amigos en una fiesta, organizada y convocada por las redes sociales, en la esquina de Centenario y Entre Ríos, en la zona sur de Rosario. Cerca de las 4.30 de la madrugada se desató una pelea entre algunos presentes que del cruce de botellas y piedras pasó a los disparos. Según la investigación, Emiliano Martín G., un policía de 26 años de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, disparó al menos siete veces. Uno de esos balazos impactó en la cara de Brandon, quien murió minutos después en el Hospital Roque Sáenz Peña. Rosario tuvo en sus primeras horas del año el primer caso de gatillo fácil.
Nano tenía 16 años y era el único hijo de Laura. Silvia también perdió a su único hijo en el incendio de la Comisaría de Pergamino. Con todo ese dolor que cargan, cada uno de los familiares dice, compartiendo el mismo grito ante la impunidad “Acá estamos y acá seguimos. De pie”.
