Llega a Rosario el documental “Campo de batalla, cuerpo de mujer”, una recopilación de testimonios de diferentes provincias del país, sobre cómo el aparato represor se ensañó particularmente con las mujeres en los centros clandestinos de detención, mediando relaciones jerárquicas de poder atravesadas por cuestiones de género. Se presentará el viernes 18 de agosto a las 18 horas en la sede de ATE (San Lorenzo 1879).
Por Carina Toso
[dropcap]L[/dropcap]a última dictadura cívico-militar fue un ámbito en donde el patriarcado ejerció al máximo su poder sobre las mujeres. Esas mujeres que habían trascendido todas las fronteras que los represores consideraban que no debían atravesar: militaban, salían a las calles, eran parte activa de la lucha popular y lo más criticado por ellos: no les tenían miedo. Por eso, dentro de los centros clandestinos de detención (CCD) fueron muy castigadas por el solo hecho de ser mujer. Fueron maltratadas, violadas y torturadas por ser consideradas “subversivas” y por ser mujeres. Esto es justamente lo que el documental “Campo de batalla, cuerpo de mujer” relata en cada minuto de su duración. Es un trabajo dirigido por Fernando Álvarez y con la investigación de Lizel Tomay y Victoria Álvarez, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Con 17 testimonios de mujeres, y uno de un hombre, recolectados en diferentes provincias del país, relata cómo durante el terrorismo de Estado las mujeres presas y detenidas-desaparecidas fueron sometidas a situaciones de violencia atravesadas por una relación jerárquica de género. La película será presentada este viernes 18 de agosto a las 18 horas en el Salón Héctor Quagliaro de la sede de ATE (San Lorenzo 1879). La actividad es organizada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) Provincia de Santa Fe; CTAA Regional Rosario; Asociación Trabajadores del Estado Seccional Rosario; Asociación Gremial de Docentes e Investigadores Universitarios (COAD) y Movimiento de Acción Popular Santa Fe (MAP).
La llegada a Rosario de “Campo de batalla…” es el mérito de Lea Medina, familiar de desaparecidos. “Es importante mantener la memoria activa, y hoy la realidad se presenta con algunas situaciones como las que vivimos en la dictadura sobre todo con las mujeres. Por mucho tiempo la violación sexual se tomó como tortura y en realidad no es eso, es un delito grave que tiene que ser juzgado por separado”, aseguró Lea. Además de los realizadores del documental, estarán presentes mujeres que estuvieron detenidas en el Servicios de Informaciones de Rosario, como Laura Ferrer y Teresita Marciani, y también Beatriz García, familiar de desaparecidos, quienes sumarán sus experiencias en primera personas y compartirán sus duras vivencias. “Esta es una oportunidad para aprovechar y reflexionar en este contexto. Vemos como todo se vuelve a repetir y ahora desde una democracia, que es lo más grave y lo más peligroso. Algunas cosas que pasan nos hacen revivir lo que pasó en dictadura, es muy grave que las personas hoy sigan desapareciendo, ya sea por la trata, la droga, pero desaparecen y nadie sabe donde están”, agregó Medina.
El contenido de este documental visibiliza una de las modalidades utilizada por los represores pero también silenciada durante la última dictadura: la violación. Las significaciones sociales sobre el cuerpo de la mujer, ese cuerpo que fue tomado como campo de batalla en esa guerra donde los principales agresores eran hombres, quedan a la luz de una relación dominante de poder donde las víctimas femeninas estaban puestas en un lugar simbólico muy diferente al de las víctimas masculinas. Sus cuerpos eran claramente un objeto y ellos podían apropiárselos.
“Estaba sola en una habitación de la comisaría 1° de la ciudad de Santa Fe. Había un sillón de cuerina blanco. Ahí, recibía siempre golpes y manoseos. Una única vez, que me sacan de ese lugar y me llevan a un primer piso, me desnudan completamente y me torturan con agua y picana. El manoseo sucedía cuando pedía ir al baño, cuando volvía la persona que me llevaba me manoseaba, por eso decidí no pedir más ir al baño y hacerme encima”, relató ante la cámara Milagro Almirón, quien fue secuestrada cuando tenía 14 años, en julio de 1976.
Los testimonios de estas mujeres hablan de embarazos y torturas, de la jerarquía militar y sus abusos, las modalidades de la violación, el abuso sexual, y cómo hicieron para resistir y sobrevivir a todo esto. Son mujeres que pertenecen a distintas clases sociales y provincias argentinas, con realidades diferentes. Y esto demuestra que a pesar de sus diferencias, la violación fue una modus operandi durante los años de represión.
Charo Moreno, fue secuestrada el 4 de noviembre de 1975, cuando todavía gobernaba Isabel Perón y desde diciembre del ’75 hasta el ’85 detenida política: “Me detuvieron embarazada de casi cuatro meses. En un operativo muy pomposo, con helicópteros. Eramos unos cuantos en una casa. Hubo un ensañamiento en un momento particular con golpes en la panza. Me decían <vos te crees que vamos a dejar que nazca un guerrillerito más>. En diciembre nos pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y me llevan a Olmos. Estaba en el pabellón de madres, el 49. Cuando rompí bolsa me llevaron a una salita, y ahí parí. Y después, me fui caminando con el bebé hasta mi cama”. La dureza de las palabras de estas mujeres se repite testimonio tras testimonio. «Esto chiquita es un coito eléctrico, ahora ya no vas a poder tener hijos», le decían a Liliana Reynaga, de Tucumán, secuestrada en julio del ’75, mientras le ponían la picana en la vagina.
Fernando Rule, es el único hombre que forma parte de este documental, es de Mendoza y fue secuestrado en 1976. estuvo en el D2. Su relato habla de cómo utilizaron a su mujer, también detenida, para torturarlo e intentar que entregue a sus compañeros. “En un momento me sacaron del calabozo y me dijeron <te vamos a mostrar lo que le hacemos a tu mujer>. No me sacaron la venda de los ojos pero me obligaron a tocarla. Estaba colgada de uno de los marcos de la puerta del calabozo, desnuda. La violaron. Todos éramos objetos, querían dejarnos en claro que podían hacer con nosotros lo que quisieran y así intentaban que colaboremos”, aseguró Fernando y reflexionó: “Así como nos robaban la heladera y el televisor, nos robaban las mujeres, con eso nos demostraban que nos iban a despojar de todo, y para ellos despojarnos es sacarnos todas las cosas, y entre las cosas estaba también la mujer”.
Lizel Tomay, junto con Victoria Álvarez, estuvieron al frente de la investigación para lograr la realización de esta película. Su trabajo comenzó el 2010. “En el marco de los juicios de lesa humanidad se comenzaron en ese momento a considerar a los delitos referidos a las relaciones jerárquicas de género como un delito autónomo y no incluido en la figura de torturas y tormentos. Fue un salto en el reconocimiento en la autonomía a las mujeres y a sus derechos. Porque muchas de ellas padecieron situaciones terribles por el solo hecho de ser mujeres”, contó Lizel a enREDando. “Entonces se abrió la posibilidad de denunciar a un represor como violador y juzgarlo por ese delito. Así que hablamos con Fernando Álvarez para comenzar a pensar este documental y en base a los testimonios de las mujeres se estructuró un guión”, agregó.
El primer fallo de la justicia que consideró la violencia sexual como delito de lesa humanidad e independiente del de tortura y tormentos fue la sentencia contra Gregorio Molina, que en junio de 2010 dictó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Molina es un ex suboficial de la Fuerza Aérea que fue condenado a prisión perpetua por diversos crímenes, entre los cuales se encuentran cinco violaciones agravadas y una tentativa del mismo delito, cuyas víctimas fueron dos detenidas. Durante el juicio, se probó que Molina fue autor directo del delito de violación sexual. El Tribunal sostuvo que “era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos de Detención fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes o sufrieran otro tipo de violencia sexual. Las violaciones perpetradas, como se dijo, no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”.
En segundo lugar, en la ciudad de Santa Fe, un tribunal oral consideró delito de lesa humanidad a la “violencia sexual” en abril de 2011 cuando condenó al represor y ex espía del Ejercito, Horacio Américo Barcos a 11 años. «Los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (…) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad», dice dicha sentencia que fue dictada por los camaristas José María Escobar Cello, María Ivón Vella y el subrogante Daniel Laborde.
Mientras que en noviembre de ese mismo año, en Rosario, el juez federal Marcelo Bailaque también consideró que una violación cometida durante la última dictadura es un delito de lesa humanidad. Por lo que, bajo esta imputación indagó en ese entonces a Mario Alfredo Marcote, alias «el Cura», quien fuera denunciado por Stella Hernández como el autor de la misma en el centro clandestino de detención que funcionara en el Servicio de Informaciones.
Durante esa indagatoria, Bailaque lo imputó por el delito previsto en el artículo 119 inciso 3 del Código Penal, que es el de la violación mediando fuerza o intimidación. Lo importante de que este delito sea considerado de Lesa Humanidad es que se convierte en imprescriptible. “Si había algo que me molestaba era pensar que cuando él (Marcote) estaba en el Tribunal, muchas compañeras no podían denunciar lo que este tipo había hecho, yo lo califiqué como un violador serial. Y yo sentía que había una doble impunidad: él estaba frente a sus víctimas que no lo podían denunciar. Seguía siendo impune. Entonces, sentí que pedir que la violencia sexual sea un delito de lesa humanidad fue liberador y espero que sirva para abrir el camino a otras voces, a otros testimonios que no lo han podido decir. No es sencillo sentarse ante un tribunal, testimoniar ante la prensa, la sociedad, es muy complejo y difícil. Hemos pasado por un trauma, una catástrofe que no es individual. Nos pasó como sociedad, a todos. De este trauma, solo se sale con la reparación que nos dá la justicia”, había dicho Stella en una nota anterior a enREDando.
Así, con el avance dentro del campo judicial muchas mujeres decidieron contar sus trágicas experiencias y sumar sus casos para poder dar un paso hacia las condenas a represores por el delito de violencia sexual. “Pero aún hay mujeres que no quieren contar sus historias. Otras se sumaron por iniciativa propia. Hubo un proceso en estos años en el cual esas mujeres fueron elaborando y hablando de esta cuestión y animándose a hacerlo público. Algunas lo pudieron hacer durante la misma dictadura, otras se fueron animando con el tiempo”, aseguró Tomay y agregó: “El denominador común entre ayer y hoy es el mismo, las mujeres todavía son vistas como un cuerpo cuya propiedad es de los varones, entonces creen que la soberanía sobre esos cuerpos la tienen ellos. En el momento particular del terrorismo de Estado este trato fue además disciplinador. Estas mujeres habían infligido su calidad de mujeres, habían salido a la calle, se habían interesado en cuestiones políticas que encima estaban en contra de quienes ejercían el poder. Hoy estamos en democracia, pero mucho de eso sigue pasando aunque las mujeres ganamos mucho en autonomía y en derecho”.
