Las mujeres que están detenidas en la Unidad 5 de Rosario, saben cómo defender sus derechos y se hacen oir. En menos de 15 días denunciaron dos situaciones de violencia institucional. La organización que hace 11 años acompaña a través de diversos talleres convoca a una radio abierta frente al penal, bajo el grito “Basta de violencia institucional”.
[dropcap]E[/dropcap]l lunes 7 de agosto, cerca de las 15 horas, otra vez la alarma y el reclamo de la ONG Mujeres tras las rejas llegó a los medios de comunicación. Denunciaron una violenta requisa por parte del Servicio Penitenciario y el traslado compulsivo de una interna a la Unidad 4 de Santa Fe.
“Por favor que alguien nos ayude. No podemos vivir así. Ya nos sabemos a quién recurrir. Nos amenazan todo el tiempo, con que nos van a sacar a los chicos, con que nos van a trasladar. Tenemos miedo y cada vez que pedimos algo nos responden con represión y requisas. ¿Era necesario que nos rompan todo?”. El mensaje llegó a través de familiares que ese mismo lunes se acercaron hasta la puerta del penal, ubicado en barrio Refinería.
Quince días antes, las mujeres detenidas en la planta baja de la cárcel, donde se encuentran alojados siete niños/as en el pabellón de madres, ya habían sido victimas de otro hecho de violencia institucional. La secuencia se repite, esta vez, sin la presencia de los menores que fueron apartados del procedimiento. El 27 de julio pasado, las internas denunciaron el accionar represivo del Grupo de Operaciones Especiales integrado por personal masculino.
“Este hecho no fue un episodio aislado sino que se enmarca en una intensificación de la política represiva dentro del penal, entre las que se cuentan los traslados compulsivos e injustificados, el destrato por parte de las agentes penitenciarias, violencias hacia los familiares en los horarios de visita y acosos constantes hacia las internas”, expresó la ONG en un comunicado.
El reclamo que realizan desde la organización no se circunscribe únicamente a estos dos últimos episodios que tuvieron repercusión en los medios masivos de comunicación. Las voces de las Mujeres Tras las Rejas denuncian, desde hace tiempo, una constante violación a los derechos básicos de las internas: condiciones indignas de detención, mala alimentación, falta de acceso a la salud y violencia psicológica. También repudian “la utilización de la requisa para generar violencia institucional”. Y dicen: “Dichos procedimientos se realizan sin la presencia de las internas por lo cual, se presta al accionar malicioso de los oficiales a cargo y que este accionar se ha tornado implacable en las últimas semanas”.
En una anterior nota realizada en enREDando dábamos cuenta de los traslados coactivos efectuados en la Unidad 4 de Santa Fe, con internas que fueron llevadas intempestivamente al penal de Ezeiza y La Pampa. Desde el Programa Delito y Sociedad de la UNL sostuvieron en diversos comunicados de prensa que los traslados dentro de las cárceles son utilizados selectivamente por las administraciones penitenciarias como un “castigo dentro del castigo”. Y que en la mayoría de los casos se realizan de manera intempestiva, sin dar aviso previo. “Ser trasladadxs implica verse separadx de afectos, sufrir una dolorosa desvinculación de seres queridxs”.
En esta ocasión, el Servicio Penitenciario justificó el traslado de una interna argumentando que el mismo se debió como consecuencia de su “comportamiento agresivo hacia el personal penitenciario intentando provocar inestabilidad en el penal”. Desde la ONG, cuyas integrantes comparten diariamente horas de taller, diálogos y construyen vínculos con las mujeres presas, desmienten esa versión: “Ella es una interna con la que nosotros nunca habíamos tenido trabajo tan intensivo como hasta el año pasado, donde se decide a participar del Encuentro de Mujeres en Rosario y por primera vez, se decide ella a participar en grupo y hablar. Con nosotras siempre se mostró muy respetuosa y ni siquiera venía a pedir por su causa, o porque atiendan a sus hijas. Nada. Hoy, el Servicio Penitenciario dice que ella se convirtió en una líder negativa. No apoyo en lo más mínimo esa teoría. No es esa la discusión, que es innecesaria. La hemos visto a ella en una mesa de diálogo en el mes de abril y no demostró ser una líder negativa. También acompañamos a las internas 3 veces a la semana, tenemos un equipo con experiencia suficiente como para ningunear semejantes versiones y poner el eje donde verdaderamente esta: las internas a quienes les dimos herramientas 10 años atrás, saben sus derechos y están haciéndose oir, por primera vez dejamos de ser representantes para empezar a escucharlas. Queremos acompañar ese pedido. Lo que no vamos a permitir es más represión innecesaria”.
Además, aclaran que estos últimos hechos no son aislados, sino que agravan aun más, la dificil situación que ya se vive dentro de la cárcel: “La situación de violencia no es un hecho aislado. Proviene de un endurecimiento del accionar del Servicio Penitenciario. Si bien la requisa es una herramienta que tiene el Servicio Penitenciario, en este momento se ha convertido en un instrumento de represión. Requisar por un supuesto celular no les dá derecho a romper y a violar una cantidad de derechos que tienen las mujeres en la Unidad 5 de Rosario. Si bien esta vez sacaron a los niños y trataron de que tenga otra legalidad, la situación fue otra vez represiva. Esto viene de situaciones anteriores, de mucha violencia institucional, un destrato del personal hacia las chicas. Tenemos 11 años de recorrido dentro de la cárcel. Estas mujeres son sujetas de derechos y se han reconocido como tal. Son mujeres que reclaman por esos derechos y es ahí donde están paradas: solo han perdido el derecho ambulatorio, todos los demás derechos tienen garantía constitucional”, apunta con seguridad, la presidenta de la ONG, Graciela Rojas.
Frente a estos dos hechos de violencia institucional acontecido en un lapso de solo quince días, diversos organismos se encuentran interviniendo. El Servicio Público de la Defensa Penal viene realizando inspecciones y procedimientos para avanzar en la investigación de lo ocurrido. Entre las medidas, se destaca la visita tanto a la Unidad 5 de Rosario como a la Unidad 4 de Santa Fe. Además, la defensoría provincial informó mediante un comunicado de prensa que ampliará la denuncia efectuada oportunamente ante el Fiscal General Jorge Baclini, “incorporando nuevos elementos por los sucesivos hechos de violencia institucional ocurridos en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario.”
Por su parte, el Concejo Municipal a través de la Comisión de Derechos Humanos que preside la concejala Celeste Lepratti, comunicó que elevará un pedido de informes tras mantener una reunión con integrantes de la ONG. También, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes realizó el día miércoles 9 de agosto una mesa de diálogo con la participación de diversos actores: “miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario, de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de Santa Fe y de las Defensorías de Cámaras dependientes del Poder Judicial. Asimismo estarán presentes la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, responsables del Servicio Penitenciario Provincial, del Servicio Público de la Defensa, diputados provinciales y miembros de la ONG Mujeres tras las rejas”
En este sentido, desde la Defensoría que dirige Analía Colombo expresaron su preocupación: “por los hechos denunciados por las internas alojadas en el penal y, sobre todo, por las condiciones en las que se encuentran alojados niñas y niños que residen en el lugar por estar sus madres privadas de la libertad”.
Desde el Ministerio de Seguridad, el comunicado oficial no hace más que responsabilizar a las propias mujeres detenidas por su reacción frente a la requisa del personal penitenciario “Varias internas ocasionaron destrozos en la Unidad Penal, sobre todo en el área educativa con rotura de ventanas, mapas escolares y mampostería. Por eso, la fiscal María de los Angeles Granato inició una causa penal por los daños producidos por las internas”. También aclararon que el procedimiento había sido filmado y que la fiscal interviniente de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci, aseguró que, de acuerdo a lo registrado en las filmaciones, no se corroboran hechos de violencia contra las internas. Desde Mujeres tras las rejas, una de sus integrantes, responde: “Lo que nos preocupa es por qué el Servicio Penitenciario realiza una requisa filmada a una semana de establecer una denuncia que toma carácter internacional. Me parece que en su propio accionar estaría la respuesta tácita”.
Radio abierta
Visibilizar: eso es lo que exigen las mujeres privadas de su libertad. Eso es lo que vienen haciendo en este último año: empoderadas y reconocidas como sujetos de derechos, hacen valer su palabra y denuncian cada abuso que ejerce el personal penitenciario. Denuncian también, la doble violencia que sufren, no solo por estar presas sino además, por ser mujeres.
“Las chicas piden ayuda. Que la sociedad las vea, las considere. Ellas no están pidiendo más que visibilización. Es la primera vez que ellas piden que la sociedad sepa. Acá estamos hablando de otro tipo de violencia: de no apagar la luz para descansar, de un ninguneo constante, de alterar el sistema nervioso de personas con formas que son nefastas. No podés tener otra respuesta que no sea violenta después. Acá las mujeres no tienen facilitada la recuperación. Son mujeres jóvenes que no han tenido acceso a la educación, a la salud, ni a ninguna capacitación. La cárcel es un tiempo determinado. Hay que pensar que esas mujeres salen al mundo y necesitan herramientas reales para poder insertarse”, sostiene Graciela, mientras convoca a toda la ciudadanía a acercarse este sábado 12 de agosto a las 15 hs a una radio abierta frente al penal, en calle Ingeniero Thedy 375 bis.
