Un nuevo femicidio: el de Anahí, con tan solo 16 años. Un brutal travesticidio en Rosario: el de Pamela Tabares, 35 años. La impotencia y angustia de una mujer que denuncia a su ex pareja por acoso y hostigamiento. Denuncias ante un Estado lento y ausente. La justicia, con su mirada patriarcal, que nunca llega. Y las desapariciones de las pibas en la sociedad del machismo: Nadia Rojas y Rosalía Jara. Seguimos gritando, con rabia y dolor: Vivas nos queremos, el Estado es responsable.
Por María Cruz Ciarniello
[dropcap]E[/dropcap]n todas estas historias hay un mismo entramado; un mismo sistema social y cultural, ideológico y político que opera con los mismos mecanismos. No son hechos ni voces aisladas. Hablemos de heteropatriarcado, de cómo ejerce su violencia machista sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestras vidas. Hablemos de cómo actúa o deja de actuar un Estado; de cómo lo hace el poder judicial, de la complicidad y la responsabilidad qué tiene la policía, la maldita policía.
Son las once de la noche y nos duele todo. 16 años tenía Anahí. Su cuerpo acaba de aparecer semienterrado en una Reserva de Lomas de Zamora. Era buscada por su familia y amigxs. Era otro de los nombres que suplicábamos que aparezca con vida.
En los grandes medios televisivos de Buenos Aires, otra vez, los minutos se rellenan bajo mil hipótesis posibles; siempre el mismo morbo que solo pretende vender. En ninguno, la violencia patriarcal se nombra como tal: porque es ésta la que se lleva los cuerpos de las pibas, las mujeres, las trans, las travestis: que son Anahí y también Micaela. Que son Daianas y Aracelis. Que fueron Melinas y Lucías. Que son Tamaras y Vanesas. La que nos revictimiza; nos cuestiona; nos rotula y nos estigmatiza. No estamos locas, no mentimos aunque una y otra vez quieran deslegitimar nuestro testimonio. Sufrimos a diario el acoso machista y cada 18 horas sufrimos, sobretodo, un nuevo femicidio..
Escribo y es rabia y es dolor y es llanto lo que atraviesa el impulso de las teclas. Porque no quedan demasiadas palabras frente al horror que nos provoca encontrar otra vez, a otra piba asesinada, arrojada en un camino rural. Ya no importa el escenario cuando se repite la misma secuencia: la búsqueda cuerpo a cuerpo; en las calles, en las redes sociales, en los grupos de wasthApp. El deseo enorme que aparezca con vida y después, el inenarrable dolor de saberla muerta: asesinada por uno de los tantos hijos sanos que parió el patriarcado. Muerte por asfixia, dirá la autopsia y a nosotras todo nos ahoga.
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Aún rebota el llanto de B., oculto entre sus manos mientras relata –con enorme coraje- el hostigamiento y acoso sistemático que ejerce sobre ella, su ex pareja, el empresario de medios Ramiro Ezequiel N. Su nombre es el que aparece en las reiteradas denuncias, desoídas, que realizó B. : en la comisaría, en los tribunales, en el Ministerio Público de la Acusación. Es ella la que con dolor y valor, describe su derrotero: el que padece desde hace dos meses cuando decidió terminar, un mes antes, con su relación de pareja de cuatro años; y el que también debió atravesar en cada una de las instituciones del Estado donde pidió ayuda.
Ramiro N. (h) es un empresario de medios en Rosario, productor televisivo vinculado al ámbito deportivo. Se sabe: es un hombre con poder. Por eso, el valor de dar testimonio fortalece lo que el feminismo asume como premisa: no estamos solas; nosotras nos tenemos, nosotras nos creemos.
Desde hace dos meses, B. sufre un acoso constante: “Esto empezó el 12 de junio cuando mi ex pareja se acerca a mi casa a insultarme, a golpearme contra la puerta de mi casa, y a decirme que esto recién empezaba. Que no iba a parar hasta destruirme, que me iba a quedar sin trabajo, que me iba a prender fuego el auto. Nada de lo que yo hiciera iba a dejar que el terminase con todo esto. Que no iba a poder salir a la calle tranquila, que no me merecía que me pasara nada nuevo. Yo le pedía que por favor parara, que dejara de mi gritarme”.
La primer denuncia de B. fue realizada en el Centro de Atención a la Víctima de Distrito Sur. De ahí fue derivada al Tribunal de Familia N° 4 para solicitar una orden de restricción de acercamiento que fue otorgada con fecha 15 de junio. “Logré que me la dieran, la llevé a la comisaría 5ta y a partir del 16 de junio empecé a llamar para saber si lo habían notificado”. De manera inexplicable, esa notificación no se efectivizó porque, según dijo la policía, nunca se lo encontró en su domicilio, tampoco en su trabajo.
Mientras tanto, el acoso no cesó. Todo lo contrario, narra B. Recibía mensajes en su teléfono celular; mails y cuentas de instagram a su nombre. Videos de su intimidad que él le enviaba a su empleador, usurpando su identidad. “Le escribía a mis contactos pasándose por mí”. Le decía: “fijate, todavía estás a tiempo de pedirme perdón”, cada vez que iba a enviar algún correo electrónico, a modo de amenaza y constante violencia psicológica. “Me decía que me iba a humillar de todas las maneras posibles y que nadie iba a confiar en mí”. Su auto fue empapelado con fotos privadas, cuenta. La persecución también fue física: “Iba al súper y él pasaba. La llamó a mi mamá para decirme que lo él quería era que yo tuviese miedo y vergüenza de salir a la calle”.
Su historia rompió el cerco informativo. Primero, a través de las redes sociales: el único lugar para que B. pudiera contar su historia en primera persona. Finalmente, su voz comenzó a escucharse en radios, primero en Radio Nacional Rosario, luego en televisión y portales de noticias, aunque el blindaje mediático y el guiño machista opere incluso con más fuerza. «Cada hecho que sucedía iba y lo denunciaba. Junté cuatro denuncias. Me decían que siga juntando denuncias y que había sido derivada al fiscal, Raquel Almada. En reiteradas oportunidades llamé a la policía. Nunca lo encontraban. Volví a ratificar la denuncia en la comisaría. Hice todos los pasos a seguir y me mantuve en el anonimato porque creía en la justicia. Quiero creer que van actuar antes que pase algo», declaró B. en Radio Universidad Rosario.
La pregunta se hace recurrente en éste y tantos otros casos de violencia patriarcal. ¿qué respuestas encuentran las mujeres cuando recurren al Estado?. ¿Qué respuestas encontró B? “Doy la dirección de su casa y su empresa. En principio, el oficio estaba mal hecho: tocaban en el departamento C y le decían que no había nadie porque el departamento era el D. De tantas veces que insistí, me llamaron para que les diera otro lugar donde encontrarlo. Fueron a su trabajo y nunca lo encontraron. De la Comisaría 4rta se presentaron en varias oportunidades pero todas las respuestas eran negativas. Él nunca paró de mandarme mensajes. Me pinchó cinco veces la rueda del auto. Realmente la justicia, hasta hoy, no está haciendo nada. Me cansé de ir y pedir que alguien me proteja. Si algo me pasa que sepan que yo no me quedé callada, por más miedo que yo tenga”.
Quiere vivir en paz. De eso se trata, eso suplica B. “Ninguna mujer merece soportar esto”, dice, como puede, con la voz quebrada. Su testimonio puede ser el de cualquier otra: sus denuncias y una actuación lenta de la justicia, también. La primera denuncia que efectuó B. había sido desestimada, según la informaron, por falta de pruebas. «Nadie me avisó que la habían desestimado. Nadie se acercó para brindarme ayuda». Ramiro N. cuenta ya con dos denuncias previas en su contra radicadas por su ex esposa, las que, por otra parte, también fueron “desestimadas” por “falta de pruebas”. Éstas denuncias fueron radicadas el 29/12/2015 y desestimada en febrero del año siguiente, y una segunda denuncia con fecha del 29/2/2016 y desestimada por «falta de evidencias» tres días después, según fuentes ofrecidas por el Ministerio Público de la Acusación.
“Una ruta crítica”, señalaba un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Y se refería a las decenas de denuncias que realizan las mujeres frente al acoso y a la violencia constante que sufren de parte de sus parejas y ex parejas. Denuncias que son descreídas o ni siquiera, asentadas en las comisarías. ¿Por qué la palabra de la mujer siempre se pone en duda? Porque así opera el patriarcado. Porque las “pruebas”, para la justicia, las deben aportar las víctimas cuando debería ser el proceso investigativo el que las recabe. Porque nunca el testimonio alcanza. Porque si “no hay golpes” pareciera que tampoco hay violencia, desconociendo lo que la Convención de Belem Do Para define como una de las tantas formas en que la violencia de género puede ejercerse.
“En fiscalía me decían que si no había golpes era todo mucho más difícil”, relata B. “El golpe no se necesita para que la justicia actúe. Es parte también de la violencia que te hostiguen, que te amenacen, que te persigan constantemente, eso también es violencia. Y nadie te da una respuesta. Ahora que esto se logró viralizar me llamaron. Al principio me dijeron que el botón antipánico demoraba diez días. Ahora, recién ahora, me dijeron que me lo van a dar el día martes. Ahora me dicen que van a buscarlo para notificarlo. Recién ahora”, dice quien además tiene que soportar que su agresor la amenace con denunciarla por injurias. “Me dice que me va a demandar, que yo soy la que miento, que nadie me va a dar bola”. Existe un activo movimiento de mujeres que acompaña a B. No está ni estamos solas ni calladas, ni avergonzadas, aunque así nos quiera el patriarcado.
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Duele todo porque al escribir recuerdo las palabras de las compañeras de Tamara frente a fiscalía hace apenas unos días. Ella, Tamara Tabares, también pidió ayuda al Estado. Y la lenta respuesta se transforma en una ausencia dolorosa: a Tamara la encontraron asesinada con cinco disparos en su cuerpo. Era travesti y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad social. Vivía en la calle, tenía problema de adicciones, se encontraba en situación de prostitución. ¿Quién reclama por su crimen? Frente al Ministerio Público de la Acusación, sus compañeras de militancia, referentes del movimiento travesti y trans en Rosario, salieron a exigir justicia. Y a dejar en claro que en este caso, como en todos los travesticidios, el responsable es el Estado. También lo es en cada uno de los femicidios que ocurren en Argentina, porque faltan políticas de prevención; porque falta presupuesto para las áreas destinadas a trabajar integralmente por la erradicación de la violencia machista, porque la Educación Sexual Integral en las escuelas se está desintegrando por propia voluntad política del gobierno nacional; porque no se aplica como corresponde la ley de Identidad de Género, porque aún en Argentina, el aborto sigue siendo ilegal y las muertes por abortos son femicidios de Estado.
Pamela Tabares había concurrido un día antes de su asesinato a la Comisaría de la Mujer. Tenía 35 años. Intentó allí radicar una denuncia pero se retiró antes de efectivizarla por razones que aún se desconocen. Su crimen fue un crimen de odio; como el de Vanesa Zabala en el norte de la provincia de Santa Fe. Pero además, Pamela había acudido en varias oportunidades al Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad para pedir una ayuda que tardó en llegar.
Michelle Mendoza, compañera de Tamara y militante del colectivo trans, no duda en señalar que su crimen “es consecuencia de la ausencia del Estado. Acá el Estado no puede decir que no se enteró de la situación. Ella venía pidiendo ayuda desde hace un año y medio. Había ingresado a la Estación hace más de 4 meses, y nosotros como organización venimos diciendole a la provincia y a la municipalidad, que este es el eje del problema: que este sector de la población travesti y trava es el más vulnerado de todos. Estamos planteando que el abordaje con consumo problemático no tiene que ser solo a través de un subsidio, que tenemos que buscar un abordaje integral y hoy, por ejemplo es imposible sentar a la secretaria de salud con diversidad de la Municipalidad”.
Parches. De eso habla Michelle Mendoza cuando se refiere a las acciones que realiza el Estado, a través de sus diversas dependencias.: “Es necesaria una definición política de abordaje frente a estas situaciones: qué se piensa hacer con la solución habitacional de las travas; cómo puede ser que hoy tengamos que pelear por la aplicación de la Ley de Identidad de Género; cuál es la línea de consumo problemático”.
Otra referente trans en la ciudad es Karla Ojeda. Y dice: “es un travesticidio más que ocurre. Queremos justicia, porque el colectivo trans sufre muchas necesidades, como el tema del acceso a la salud y tampoco se está cumpliendo la ley de identidad de género. Además, es muy difícil estar trabajando en la calle porque estás expuesta a todo tipo de problemas. Pamela pidió ayuda pero no hay políticas públicas. Hay muchas chicas que no tienen hogar, que no tienen laburo, que tienen problemas del consumo. Hay cientos de chicas que fueron anotarse para ingresar en el cupo laboral, eso indica algo: hay una necesidad de que seamos incluidas, esa cifra dice algo. Pamela estaba desprotegida, estaba viviendo en la calle, no tenía ingresos. Necesitamos un programa que sirva para atender las situaciones de consumo. Y no hay respuestas para las trans. Seguimos siendo nada para sociedad. Y así como matan mujeres cis también matan chicas trans. Sufrimos el machismo transfóbico que tenemos en la sociedad instalado”.
El único funcionario que se presentó en la fiscalía ese día, fue el Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón. Lo hizo, sobretodo, para presentar el pedido de querella del propio Estado Provincial en la causa donde se investiga el «homicidio agravado» de Tamara Tabares, su travesticidio. Consultado por enREDando, decía: «por supuesto que faltan políticas, nosotros hace un año y medio que estamos. Yo creo que el Estado tiene responsabilidad en la situación de discriminación y vulneración que vive el colectivo trans. Hoy estamos acá pidiendo justicia. Pamela estaba transitando espacios estatales, estamos trabajando hace meses con temas como éste, con trans que tienen problemas habitacionales y personales. Estamos para eso y lo más fácil sería quedarnos en la oficina sin decir nada. Venimos trabajando con cupo trans, con capacitación en oficio y en 25 ciudades mujeres y varones trans volvieron a la escuela, con becas y subsidios. Estamos intentando cambiar décadas y décadas de exclusión y no lo digo como disculpa, sino como una cruenta realidad que es difícil revertir en un año y medio».
Mientras tanto, todas sus compañeras continúan reclamando justicia y apuntándole al Estado, en todos sus niveles, las responsabilidades y todo lo que aún hace falta en políticas a favor de la vida para la población trans y travesti. El grito es también a la sociedad: «Señor, señora, no sea indiferente, matan a las travestis en la cara de la gente».
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Duele todo. Porque a medida que escribo, leo también que en Buenos Aires se convoca a una movilización motivada por la indignación, por la bronca, por la rabia profunda que provoca el reciente femicidio de Anahí. Duele porque a medida que escribo pienso en las ausencias: la de Rosalía que en el pequeño pueblo de Fortín Olmos, en el norte de Santa Fe, aún no aparece. El principal sospechoso está detenido, es el profesor de educación física Juan Valdes quien efectuó 14 llamados a su celular la misma noche en que se la vió a Rosalía por última vez. La policía hace rastrillajes y su familia, amigos y organizaciones, realizan marchas para exigir su aparición. Su aparición con vida. Rosalia tiene 18 años. Leo en Página 12: “El fiscal de Vera que tomó la causa durante la feria, expresó que «el jueves detuvimos a este profesor y el domingo le dictamos la prisión preventiva, porque había peligro de fuga. Esta persona se comunicó varias veces el último día en que se la vio a Rosalía, la pasó a buscar con el auto, la llevó a 5 kilómetros del pueblo y desde ese momento desconocemos el paradero de Rosalía. Por ahora, este hombre se negó a declarar».
De Rosalía aún no sabemos nada.
Nadia Rojas volvió a desaparecer el 3 de agosto pasado. “La adolescente que faltó de su casa, de su barrio, de su escuela durante más de un mes -entre el 9 de junio y el 12 de julio pasado- y que se encontraba bajo la guarda de un hogar para adolescentes víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual, falta nuevamente desde el 3 de agosto”. El Estado es responsable. “A Nadia no la perdimos ella ni nosotrxs, la perdió el Estado que no se hizo cargo de todas las tareas correspondientes para garantizar su cuidado”, denunció la Red de Docentes, Familias y Organizaciones de Bajo Flores.
Quien estaba a cargo de su custodia, a pedido de la fiscalía, era el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires. Nadia había desaparecido por primera vez, el 9 de junio. Nunca regresó a su casa después de la escuela. Todo indicaba que había sido secuestrada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Tras 32 días de búsqueda, Nadia fue encontrada e ingresada en un hogar de asistencia a niñas y adolescentes a la espera del avance de la investigación. Según describe la nota periodística elaborada por diversos medios autogestivos de Buenos Aires, “hace poco tiempo, Nadia comenzó a hablar acerca de sus días en cautiverio. Fuentes jurídicas ligadas al caso mencionaron que a principios de esta semana recibieron informes de especialistas que asistían a la adolescente en donde quedaron registrados los incipientes relatos de abusos sufridos por Nadia durante su desaparición. Pero la reacción del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño a cargo del cuidado de la víctima fue trasladarla a una nueva institución. ”A Nadia la trasladan el día lunes 31 de julio. Pedimos la cámara gessell, cuando nos enteramos que Nadia empezó a denunciar que la obligaron a tener sexo con varias personas. Hay chicas que pasan años y que no revelan la totalidad de los detalles de lo que vivieron”, manifestó el abogado de la familia de la joven”.
El Estado, a través de sus instituciones, era el responsable de garantizar la seguridad de Nadia. Este viernes 4 de agosto, un día después de su segunda desaparición, hubo una movilización para exigirle a la justicia que ponga a disposición todos los recursos existentes para encontrarla.
Mientras tanto, a B. la acompaña el movimiento de mujeres, así como a tantas otras mujeres que denuncian a sus agresores; a Rosalía la seguimos buscando. El grito es por todas las pibas que nos faltan. Justicia exigimos, vivas nos queremos.
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Fuentes: enREDando / Revista Nan / La Tetera / Radio UNR / Página 12
