Volver a funcionar como institución implicó para Vigil seguir en el frente de lucha para unir los pedazos rotos que dejó la dictadura. Este año el logro llegó de la mano de una cautelar que prohíbe al municipio de Villa Gobernador Gálvez avanzar con obras o proyectos sobre los terrenos en donde funcionó la Colonia antes del saqueo y genocidio cultural sufridos a partir de 1977.
Por Carina Toso / Fotos: Biblioteca Vigil
[dropcap]E[/dropcap]l último bien. Así llamó Natalia García en su libro “El caso Vigil. Historia sociocultura, política y educativa de la Biblioteca Vigil (1933-1981)” a los terrenos pertenecientes a esta institución ubicados en la ribera de Villa Gobernador Gálvez. Allí funcionó el “Centro recreativo, cultural, social y deportivo”, popularmente conocido como “La Colonia”. Un espacio donde los socios podían distenderse y pasar un agradable momento. Pero la llegada de la última dictadura cívico-militar hizo que esas 23 hectáreas quedaran en el listado de las más de 50 propiedades de la Vigil que se encargaron de intervenir y liquidar. Aunque con estos terrenos, los procesos de compra-venta irregulares continuaron también en democracia, allá por la década del ’90.
Durante este año, la comisión directiva de la biblioteca, que es parte querellante en la causa judicial que investiga los delitos económicos cometidos en su contra desde la intervención de 1977, inició el camino para recuperar ese espacio. Es así que el pasado 22 de junio, el juez federal Marcelo Bailaque, a cargo de dicha causa, hizo lugar a la cautelar presentada por la querella, a cargo de las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, para frenar el avance del municipio de Villa Gobernador Gálvez sobre la propiedad.
“Esta cautelar es un gran logro sobre todo con el clima general que se vive en relación a causas que investigan delitos de lesa humanidad”.
En noviembre del año pasado el Concejo de esa ciudad aprobó una ordenanza en la que declaró de interés público y social la recuperación de parte de las barrancas del río Paraná, hoy cubiertas de basura y pastizales. La iniciativa, que fue impulsada por el Frente Progresista, incluía a terrenos que pertenecieron al Club Ibaiondo, el Círculo de Canotaje y La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. En total la ciudad tiene 5.700 metros de costa sobre el Paraná, de los cuales 2.800 están ocupados por plantas industriales y emprendimientos privados: Swift, Paladini, Unilever y Cargill. Hay viviendas en otros 1.200 metros, la mayoría de pescadores, y unos 1.700 metros son baldíos.
“A partir de esto, presentamos el pedido ante la justicia para que intervenga porque esta ordenanza lo que también hace es dar la posibilidad de obtener créditos internacionales y con privados para terciarizar servicios o realizar contratos a cambio de infraestructura y un canon. Creemos que es un propósito plausible, porque de hecho ese área está en un estado de abandono, todavía está el asfalto y las luminarias que puso Vigil 40 años atrás. Pero no queremos que terceros sigan adquiriendo derechos y entendemos que es necesario expropiarlos”, afirmó Gabriel Caciorgna, secretario de la Biblioteca Vigil y agregó: “Esta cautelar es un gran logro sobre todo con el clima general que se vive en relación a causas que investigan delitos de lesa humanidad”.
La intención de la normativa es recuperar “los espacios libres para la utilización, el goce y disfrute del río y sus espacios costeros para la población en general, priorizando, además de la recreación, al deporte y las actividades de inclusión; la recuperación de los valores históricos, teniendo en cuenta los lugares y sitios que sean parte de la historia de la ciudad y de nuestro pasado; y la implementación de programas y circuitos comerciales que incluyan a los pescadores locales”. Recreación, valores, historia y pasado. Palabras que irónicamente se condicen con aquella Colonia que en esos mismos terrenos había montado la Vigil cuando la última dictadura cívico-militar cometió un genocidio cultural sobre la institución, además de secuestrar y torturar a toda su comisión directiva. Atropello que ya en democracia siguió avanzando de la mano tanto del Estado como de privados.
Vigil fue uno de los proyectos educativos más significativos de Latinoamérica. El saqueo sistemático que sufrió durante la última dictadura y que continuó en democracia, lo dejó trunco y devastó el esfuerzo de años de trabajo y organización popular y barrial. El primer ladrillo cultural lo colocaron cuando fundaron una Asociación Vecinal entre los barrios la Tablada y Villa Manuelita. En 1933 tenían una modesta biblioteca popular. Comenzaron a dictar talleres, charlas, conferencias. Se sumó la legendaria rifa, se abrió un jardín de infantes, la escuela primaria con doble escolaridad, el secundario. También una Universidad Popular, una escuela de astronomía, talleres de vanguardias artísticas, un departamento de taxidermia y un museo de ciencias naturales. Una imprenta. Un centro cultural deportivo. Una editorial. La Colonia.
La historia de este majestuoso emprendimiento cambió para siempre en mayo de 1977. En una misma noche detuvieron a todos los integrantes de la comisión directiva y se gestó la nefasta intervención de todo el complejo. Al otro día, los interventores comunicaron a través del diario La Capital que se “regularizará la situación de la Mutual Constancio Vigil”. En ese comunicado habían dicho que todo el proceso se hizo “ajustado a la ley” y lo justificaron agregando que la biblioteca era “una entidad apátrida y marxista”, adjetivos que para esos tiempos no eran apropiados para los uniformados. Para la navidad de aquel año todos había sido liberados por el propio Leopoldo Galtieri quien les advirtió: “Es la última oportunidad que tienen de reintegrarse a la sociedad, la próxima… Ni la vida tendrán”.
En todo el proceso de desguazamiento de las propiedades de la Vigil, en 1982, y según cuenta García en su libro, “la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez solicitó la cesión de los terrenos tasados en 115 mil millones de pesos para ejecutar un plan habitacional. Estos fueron finalmente cedidos con el decreto ley N° 9107/82 dispuesto por el gobernador de facto Roberto Casis. Llegado el año 1988, el barrio a realizar no se había comenzado, ni siquiera proyectado obras algunas orientadas a los fines que había justificado la grave irregularidad”. A esto le siguió una batalla político-burocrática entre interventores y municipio galvense, asentada en cientos de fojas en el expediente judicial. “Por primera vez, los custodios legales del patrimonio de la Vigil pelearon por el último bien, perdiendo finalmente ante la municipalidad en cuestión”. Así las cosas, el Ejecutivo se quedó con los fondos necesarios para realizar el viejo proyecto habitacional apelando a diversos organismos del Estado, llegando incluso a la Presidencia de la Nación en tiempos del primer mandato de Carlos Menem (1989-1995).
Para 2004, no solo no había rastros del plan de viviendas sino que se supo de un negocio entre el municipio y privado sobre esos terrenos. Esto disparó la denuncia penal de la Asamblea de Socios por la recuperación de la Biblioteca Vigil quienes afirmaron que el 13 de diciembre de 1995 se le vende a la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez los terrenos en donde se asentaba el camping por un total de 465 mil dólares, gracias a un crédito otorgado por el Estado provincial. Más tarde, parte de este terreno pasó a manos de un privado: Firgorífico Paladini S.A., en una venta también poco clara. “De la colonia solo queda un cordón interminable de basurales y villas miserias que rodean la propiedad privada del complejo Paladini. Un riguroso alambrado divide la concentración de la riqueza y la pobreza sobre el borde la barranca, en cuyas aguas contaminadas ya nadie puede bañarse. Las viviendas aún no se realizaron y la acusación penal por malversación de fondos terminó en un sobreseimiento años después”, concluye Natalia García.
“Estamos esperando que la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez tenga la misma actitud que tuvo el gobierno provincial, de devolver con su escritura definitiva los inmuebles pertenecientes a la Vigil».
La medida tomada por Bailaque significa que se considera a esos inmuebles como litigiosos y ordena a las autoridades municipales “abstenerse de realizar contratos y/o actos administrativos de cualquier índole que impliquen la adquisición de derechos permanentes o temporarios de terceros sobre los mismos, así como de efectuar modificaciones o innovaciones sobre éstos”. Vale aclarar que esto rige para las tierras que permanecen al municipio de Villa Gobernador Gálvez. Con relación a las hectáreas que luego pasaron a manos de privados, el magistrado consideró que atendiendo a los elementos con los que se cuenta hasta el momento en la causa, que está en etapa investigativa, correspondía excluirlos de la medida.
“La causa por delitos económicos, que se inició en 2012, abrió la investigación de los delitos económicos que se cometieron a partir de la intervención de Vigil pero no tiene cómo límite la dictadura, porque lo que hace el gobierno de facto es someter todo a una liquidación judicial, y ya entrada la democracia, en 1995, se seguían liquidando bienes. Los responsables de la liquidación de Vigil son los militares pero también hay civiles como contadores, abogados, psicólogos que tomaron el control de la escuela y del patrimonio. Hoy todos tenemos una conciencia de lo que son los delitos de lesa humanidad a partir de toda una construcción jurídica que se fue haciendo. Desde le ’83 los directivos comenzaron a presentar peticiones pero sin mucho resultado, todo quedó en un cono de sombra hasta que en 2004, con la nueva política de derechos humanos, recién se comienza a armar un relato para entender que fue una institución desaparecida”, explico Caciorgna.
Desde la recuperación institucional de la Biblioteca Vigil, no hubo por parte de las autoridades de Villa Gobernador Gálvez gestión alguna orientada a restituir las tierras, tal como lo hiciera el gobierno provincial con dos de los edificios en el marco de la ley 13.306. “Vigil tenía 52 propiedades, nosotros recuperamos, y por vía de una ley que es un antecedente concreto, el inmueble principal de calle Gaboto bajo la forma de una donación, que fue muy controvertido en ese momento porque muchos consideraron que era una restitución. Con estos terrenos aspiramos a que se abra una instancia de diálogo con las autoridades de Villa Gobernador Gálvez. Justamente en la ordenanza hablan de recuperar los valores históricos y de involucrar a las distintas instituciones. Así que tendremos que sentarnos a hablar. Seguramente vamos a ir por el diálogo”, aseguró el secretario de Vigil.
Por su parte, la abogada Gabriela Durruty dijo: “Estamos esperando que la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez tenga la misma actitud que tuvo el gobierno provincial, de devolver con su escritura definitiva los inmuebles pertenecientes a la Vigil que fueron injustamente saqueados por la última dictadura cívico-militar. También aspiramos a que no apelen la medida y, que por el contrario, comiencen a trabajar para realizar la restitución de los inmuebles sin esperar la orden de la justicia, que indefectiblemente llegará”.
