El rescate de los pibes que encerró Niñez

Dos madres denunciaron a la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia por las condiciones a las que fueron sometidos sus hijos en la comunidad terapéutica San Camilo, de la provincia de Buenos Aires. El duro testimonio pone en evidencia la aplicación de torturas, casos de sobremedicación, golpes y brotes de sarna en los internos. Este martes volverán los chicos que quedaban en la institución bonaerense. De todas maneras, organizaciones exigen la renuncia de autoridades provinciales y piden una audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz.

Por Martín Stoianovich

Dibujo: Tomás Muller

No alcanzó con el testimonio de una joven de 17 años que se escapó de la comunidad terapéutica privada San Camilo, de la localidad bonaerense de Pilar, para denunciar lo que le tocó vivir a ella y otros 16 jóvenes en aquella institución a la que fueron enviados desde Rosario por la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. No alcanzó con la denuncia de organizaciones sociales, trabajadores del Estado y concejales de la ciudad en la Audiencia Pública que tuvo lugar en el Concejo Municipal el pasado 12 de junio. No alcanzó con los testimonios publicados en el libro La Comunidad, del periodista Pablo Galfré, que continuó con la imputación de los directivos de San Camilo en la causa judicial por la muerte de un interno. Este lunes, para variar, aparecieron nuevas denuncias: la de dos madres que pudieron ver con sus propios ojos el destino que el Estado provincial le depara a los jóvenes que son intervenidos por distintos tipos de problemáticas subjetivas. Como consecuencia, en la mañana de este martes fueran retirados de San Camilo todos los chicos y chicas que estaban alojados por orden de la Dirección de Niñez.

Débora y Claudia, madres de dos chicos intervenidos por la Dirección de Niñez y enviados a San Camilo, llegaron a la institución el pasado viernes en el marco de una visita a sus hijos. Estar ahí un par de horas, sentir el aire tenso que se respira, ver la precariedad del lugar y reconocer en la mirada de sus hijos que algo andaba mal, las empujó a romper el protocolo de visitas en el cual los diálogos en privado están prohibidos y por ende siempre controlados por algún funcionario. Supieron ahí mismo que sus hijos son sobremedicados, torturados y sometidos al castigo constante: nada más lejos de lo que supone la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley nacional de Salud Mental 26.657.

Claudia y otra madre no dudaron y exigieron a las autoridades de San Camilo que les permitieran retirar a sus hijos en ese mismo momento. Débora tardó en convencerse un par de horas, cuando de regreso a Rosario los propios chicos se quebraron y contaron detalladamente lo que vivieron en San Camilo durante meses. Esos relatos sirvieron para que este lunes por la mañana se juntaran para denunciar estos hechos y exigir que vuelvan a Rosario los demás chicos que están bajo custodia y responsabilidad de Niñez.

“Quiero denunciar a la Dirección Provincial de Niñez de Rosario y a la Fundación San Camilo de la localidad de Pilar ya que mi hijo fue trasladado a la Comunidad Terapéutica nombrada, producto de la intervención de la Dirección. Quiero denunciar a los funcionarios de la Dirección Provincial de Niñez por incumplimiento de los deberes de funcionario Público por el sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Comunidad, en la que mi hijo es sistemáticamente víctima de diversos castigos crueles y degradantes, sobremedicación, aislamiento, sujeción física y mecánica, y encierros prolongados”, dice el primer párrafo de la denuncia que ya ingresó a la Fiscalía.

Algunas semanas atrás, el hijo de Débora, junto a otro chico, lograron escaparse de San Camilo, pero al llegar a un peaje fueron alcanzados por un auto en el que iba el director de la institución junto a un interno que lo ayudó a retener a los chicos. Débora asegura que a su hijo y al otro joven los ataron y los subieron separados: uno en el baúl y el otro en el asiento trasero. «Lo ataron con los cordones de las manos y de los pies, lo dejaron en calzoncillos en plena época invernal y le pegaron”, dice la denuncia sobre el castigo al que fue sometido su hijo cuando volvió a San Camilo. Desde la institución, sin embargo, por vía telefónica le dijeron a Débora que el castigo, naturalizando esta modalidad por más leve que sea la penitencia, consistiría en estar una semana sin teléfono. Pero el castigo duró cinco días, en los que estuvo atado a la cama y fue inyectado a cada rato con ansiolíticos y antipsicóticos que lo mantenían dormido o en un estado de poca conciencia. «Como dormidos pero con los ojos abiertos», dijo en su momento la joven que escapó de San Camilo.

Este chico le contó a su madre que cada noche le daban tres pastillas de Clonazepam y que en distintas ocasiones era sujetado por varias personas, lo inmovilizaban y le inyectaban otra medicación en el cuello. “Después de inyectado se queda todo duro por doce horas más o menos. Me alcanza a decir que el que realiza las inyecciones es una persona que no es enfermero”, dice la denuncia. Otro hecho de gravedad que destaca la mujer es que desde la Dirección de Niñez nunca le notificaron la aplicación de medida excepcional, mecanismo de la ley 12.967 que permite la institucionalización. Dice que tampoco le notificaron qué juez intervino y en qué marco legal fue trasladado el joven. Sobre los tratamientos de medicación a los que fue sometido el chico, la denuncia indica que diariamente les daban Etumina y Haloperidol, dos fuertes antipsicóticos con los cuales quedaban totalmente sedados. Los días de visitas, para contrarrestar el efecto y dar a los familiares alguna impresión de bienestar, les daban Akinetón, que terminaba por despabilarlos.

Claudia, la madre de uno de los chicos que está de vuelta en Rosario, también mencionó las situaciones vividas por el chico desde su ingreso a San Camilo en el mes de enero. “Yo pasé tres días y tres noches en IRAR, ahí estaba mejor que en San Camilo”, dice el joven, dando un ejemplo que alcanza para dimensionar de qué se está hablando. El IRAR, cárcel de menores maquillada con el nombre de instituto de recuperación, es el peor depósito de pibes que tiene el Estado provincial.

Los detalles de la vida diaria en San Camilo impactan: tienen que pedir permiso para ir al baño, no hay calefacción,  no tienen agua caliente en las duchas, una frazada es un lujo para las noches de frío y el menú de comidas con raras excepciones se mueven de la opción polenta y fideos pegados. En muchas ocasiones ven o padecen maltrato físico, golpes y los clásicos engomes: son encerrados en celdas, atados y medicados. Entre esta cotidianidad, el hijo de Claudia evitó en una ocasión el suicidio de un interno, auxiliándolo en el momento en que pretendía ahorcarse con unos cordones de zapatillas.

El pasado 30 de junio, día de la visita, estas madres vieron con sus propios ojos lo que hasta el momento solo habían escuchado en las recientes denuncias públicas. Claudia vio que su hijo tiene sarna y no estaba siendo tratado, vio que estaba más flaco de lo normal por la mala alimentación, y vio a otro chico con heridas de arma blanca. También vio a su hijo babeando, lo que relaciona a la sobremedicación, y con serias dificultades para expresarse.

Piden la renuncia de autoridades provinciales

Las denuncias de estas madres dan cuenta del fundamento de los reiterados reclamos que recayeron en el último tiempo sobre la Dirección y la Subsecretaría de Niñez, posicionándolas como responsables directos de las prácticas a las que son sometidos los chicos y las chicas trasladas a distintas instituciones privadas. Pero estos reclamos no se limitan solo a la situación de San Camilo.

El Estado provincial, a falta de instituciones estatales en condiciones dignas que sirvan como lugares de alojamiento de los chicos, articula con instituciones privadas que son el destino cantado para estos pibes. Lo que sucede puertas adentro de estas instituciones pareciera no conocerse y ni la Subsecretaría ni la Dirección de Niñez brindan información. Quienes conocen estos procesos, confían en que escasean los controles de los que habla la ley 12.967. Así es que se dan hechos terribles como la muerte de Lucas Figueroa en el Sanatorio Neuropático, episodio del que poco se conocerá mientras no se cumpla con la profunda investigación por muerte dudosa que exige el Órgano de Revisión de la ley nacional de Salud Mental en casos de muertes en instituciones. Por eso no es solo San Camilo.

Este martes, los chicos que están en San Camilo volverán a Rosario, o al menos serán retirados de ese lugar. La cuestión, entonces, es cómo el Estado se hará cargo de estos chicos. Que los manden a otras instituciones fuera de la provincia o locales, también denunciadas con anterioridad, es la duda y el temor no solo de los familiares de estos chicos sino también de las organizaciones que acompañan. La preocupación se concreta cuando desde la Dirección de Niñez confirman que una de las principales opciones es la Comunidad de Restauración Evangélica Argentina (CREA), otra institución cuestionada por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla desde adentro.

Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, desde ATE Rosario y junto a la concejala Celeste Lepratti, apuntan sobre esta preocupación. “Exigimos que los organismos competentes se hagan cargo con responsabilidad de las distintas problemáticas que sufren nuestros chicos y chicas. Que si se trata de consumo problemático se les ofrezca tratamiento acorde a las leyes actuales, que si no pueden estar en su entorno familiar o sus barrios porque sus vidas corren riesgo, que, tal como lo establece la ley 12.967, articulen los distintos ministerios para garantizar la seguridad e integridad de los jóvenes. Que no sean expulsados de sus barrios, que no sean depositados en instituciones por el hecho de que no existan recursos para garantizar sus derechos. Basta de deshacerse de los pibes y las pibas”, dice un comunicado difundido recientemente y firmado por estas organizaciones y la concejala. A esta intervención se suma el reclamo que hicieron las concejalas Norma López, Marina Magnani y Fernanda Gigliani en medios de comunicación a raíz de un pedido de cierre de San Camilo impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria, de Buenos Aires, y a raíz de episodios de presión sobre trabajadores que denunciaron la situación de la comunidad bonaerense.

Respecto de la situación de San Camilo, el documento que firman la Asamblea de Niñez, ATE Rosario y Lepratti puntualiza: “El principal vínculo que mantiene Niñez con San Camilo es económico. Por lo cual estamos en condiciones de decir, mal que pese, que el Estado le paga a San Camilo para que torture y viole los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Y continúa: “Pero el Estado paga para que se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes no solo en San Camilo, sino en toda institución privada. Por eso nos oponemos rotundamente a que la respuesta a esta denuncia sea el traslado de los jóvenes a otra institución de similares características”.

En la misma línea, apuntando hacia las responsabilidades políticas, remata: “Entendiendo que a esta situación se llega por decisión política, exigimos la renuncia de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Andrea Travaini, y de la titular de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia en Rosario, Claudia Aguilera. Como así también exigimos una inmediata audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz, responsable principal del funcionamiento de estas entidades”.