Sector fumadores

A medida que crece la contaminación en el Cordón Industrial, también crece la organización de los vecinos. Las telarañas de las empresas intentan atrapar esa fuerza pero la resistencia es grande. Ésta es la historia de Daniel y José, y de tantas otras personas de a pie que reman contra la corriente por un territorio libre de humo.

Por Tomás Viú. Fotos: Joaquín Mena

Daniel Núñez es empleado municipal en Puerto General San Martín desde 1998. Es Analista de Sistemas y hasta hace un tiempo era Jefe de Digitalización de Proyectos y Catastro en la Secretaría de Urbanismo. Cuando trabajaba en la oficina técnica no imaginaba que algún día lo mandarían a trabajar al cementerio, como un castigo por sostener la lucha ambiental en una de las localidades más contaminadas del Cordón Industrial.

En 2006 Daniel empezó a investigar algunas cuestiones ambientales de Puerto San Martín y en 2010 se enteró de la existencia de Pelco, una empresa dedicada a la incineración de residuos peligrosos que se había instalado tres años antes. “Pelco se instaló en 2007 en completo secreto. Yo trabajo en la Secretaría de Urbanismo, en la parte de Catastro, o sea que cualquier modificación debería haberme enterado. Pero no me enteré hasta el 2010, cuando empecé a investigar qué empresa era”.

José Febre vive y trabaja en Timbúes, una localidad que está a ocho kilómetros de Puerto San Martín. Al igual que Daniel, es empleado municipal. Al igual que Daniel, es militante ambiental. Al igual que Daniel, es perseguido por esa lucha.

Pelco S.A. está en Puerto San Martín, en el límite con Timbúes. Antes de entrar a trabajar en la comuna, José trabajó en la parte de seguridad de la empresa. “Mi labor era recorrer la planta todo el día. Hacía recepción de llamadas y atendía a la gente y a los camiones que ingresaban”. Desde hacía varios años, en la casa de José sentían olores y veían un humo que no sabían de dónde salía. Con su mujer suponían que lo originaba un basural. Pero cuando entró a trabajar en la empresa se dio cuenta que había llegado al verdadero origen del humo y el olor. “Apenas ingresé me di cuenta las irregularidades de la empresa. Los trabajadores no tienen guantes ni máscaras y cuando incineran el horno está abierto, tragan todo el humo”.

José duró menos de un año en la empresa. Trabajó desde enero hasta septiembre de 2013. Cuando empezó a averiguar cómo funcionaba lo echaron. Él dice que le hicieron un favor. “Se ve que llegó a la oreja del jefe y ahí me largaron. No les interesa que la gente sepa lo que hacen”.

Hacía varios años que Daniel sentía un “olor químico muy fuerte”. Un día de 2010, decidió perseguir el olor. A medida que se acercaba a la calle de la ex Termonsan (hoy Pelco) el olor era muy fuerte. “Tenemos un sector industrial importante pero este horno está separado de ese sector porque justamente molesta a las otras industrias. Lo separaron del predio industrial que está contra el río y lo pusieron contra la localidad de Timbúes”. Los vientos predominantes en la zona son del este y del norte. Por eso, tanto José como Daniel sienten el olor ácido con la misma intensidad y comparten el banco de humo como paisaje cotidiano. Hasta este momento, José y Daniel no se conocían.

Pelco S.A. es una empresa nacional. Además de la planta de Puerto General San Martín, está instalada en Ricardo Rojas y en Benavidez, ambas en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Según cifras de la propia empresa, procesan más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales. Dentro de las cosas que incineran hay pilas, baterías y plaquetas de  computadoras. Entre los elementos hay asbesto, mercurio, antimonio y cromo. Entre sus clientes está Monsanto, Aluar, Cargill, Toyota, Quilmes, YPF, Walmart, Petrobras y Aerolíneas Argentinas. El horno funciona las 24 horas del día. Están repartidos en cuatro turnos rotativos de doce horas cada uno. Cada trabajador hace su turno durante cuatro días. Después descansa cuatro días y vuelve. Solamente la planta de Puerto San Martín quema entre 33 y 36 toneladas diarias.

Los incineradores de residuos peligrosos son a su vez generadores de residuos peligrosos. Lo que se quema se transforma en gases y en cenizas. “De los sólidos, el 30 por ciento se transforma en cenizas. Si quemás 30 toneladas, tenés 10 toneladas de cenizas”, explica Daniel. Esas cenizas, junto con los residuos que no pueden incinerar, son enterradas en los llamados rellenos de seguridad. “Todo lo que está en el suelo tarde o temprano termina filtrando de alguna forma. Cuanto mejor funcione el incinerador, o sea, menos contaminantes suelte al aire, más concentrados son los restos que quedan dentro del mismo; estos restos son los que se depositan dentro del relleno de seguridad”.

En marzo pasado, producto de un temporal que afectó a varias localidades del Valle de Paravachasca, en Córdoba, colapsó un terraplén y desbordó el relleno de seguridad de la empresa Taym. La corriente de agua arrastró los residuos industriales hasta el canal Los Molinos que abastece de agua potable a parte de la ciudad de Córdoba. En un principio Pelco mandaba todo a Taym. Dejó de tercerizar cuando le aprobaron la instalación de su propio relleno de seguridad en Puerto San Martín. En 2010 comienzan a hacer los trámites para instalar la cava pero hasta la instalación pasarían cinco años, la lucha de los vecinos, las asambleas, la junta de firmas, las denuncias y la promulgación de una ordenanza que prohíbe la instalación y el funcionamiento del horno y del relleno de seguridad.

Ladran Sancho

En 2010 los vecinos de Puerto San Martín decidieron formar una Asamblea Ambientalista. Hicieron una campaña y junta de firmas con un petitorio para impedir la instalación del relleno de seguridad y el funcionamiento del incinerador de residuos peligrosos. La base del pedido se basaba en el no cumplimiento del artículo 41 de La Constitución Nacional que garantiza el acceso a un ambiente sano que no comprometa a las generaciones futuras.

Dentro de los motivos del petitorio, presentado al Intendente de Puerto San Martín, figuraban: “La incineración de residuos peligrosos (industriales u hospitalarios) emite al medio ambiente diversos compuestos tóxicos, especialmente en las condiciones de operación actuales en nuestro país, donde aún los de más moderna tecnología funcionan de manera absolutamente precaria. Las tóxicas dioxinas, emitidas a través de estas plantas, ni siquiera pueden ser monitoreadas en Argentina”; “libera al medio ambiente residuos sin quemar, metales pesados y compuestos que se forman sólo en el proceso de incineración”; “está científicamente comprobado el grave efecto que causa en nuestra salud: defectos en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, diferentes tipos de cáncer”.

Con las más de mil firmas que juntaron, lograron que el Concejo Deliberante de Puerto General San Martín apruebe la ordenanza Nº 28/10 que prohíbe “la radicación de plantas de tratamiento de residuos peligrosos y/o plantas de disposición final de residuos peligrosos sean estos industriales y/o patológicos y/o sanitarios”. En sus artículos nº2 y 3 queda prohibida “la instalación, construcción y/o puesta en funcionamiento de plantas de incineración de residuos peligrosos,  de rellenos de seguridad y/o rellenos sanitarios”. Esa ordenanza está vigente pero no se cumplió nunca. Dice Daniel: “Cuando logramos la promulgación de la ordenanza que prohibía la incineración, no sólo que no se cumplió sino que instalaron un horno más grande. Ellos quemaban de 2 a 3 toneladas diarias y pasaron a quemar más de 30”.

El relleno de seguridad no estaba construido al momento de sancionarse la ordenanza en 2010 pero de todas maneras permitieron su instalación cinco años después. Hoy la cava está funcionando junto al horno. Daniel cuenta que “el relleno que tienen ya está lleno”. La lógica de la empresa indica que cuando se llena hacen otro. “El desastre ecológico que se está generando acá lo único que hace es agrandarse cada vez más”. El 12 de septiembre de 2011 se produjo un incendio en la empresa. Daniel escribía en el portal medioambiental “Ecos de la Sociedad”: “Hoy hemos respirado tantas dioxinas como las que se respiraron durante estos años que trabajó el incinerador sin la aprobación de los ciudadanos de Puerto y Timbúes, ya que las dioxinas se producen con la combustión de los residuos peligrosos”.

José vive a un kilómetro de la planta, en el barrio Las Quintas, más conocido como Petrolera. Cuenta que diariamente tienen sarpullido, picazón, irritación en los ojos, nauseas, diarrea y otros malestares. En 2014 se empezó a formar el grupo de Vecinos Autoconvocados. Hoy se juntan cada quince días. José cuenta cómo empezó. “Éramos mi mujer, otra pareja que vive en el barrio y yo. Nos empezamos a agrupar y a juntar. Cada vez se fue sumando más gente. Hoy en día somos once personas que estamos fuertes en la lucha”.

Daniel vive a tres kilómetros de Pelco y describe los mismos síntomas: problemas en la piel, ampollas, náuseas, irritación en la nariz y en los ojos y problemas respiratorios. En 2014, desde el Taller Ecologista y Vecinos Autoconvocados por la Vida, presentaron una nota al Secretario de Medio Ambiente, César Mackler, y al Director Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo, Oscar Baronio. El objetivo de la nota era denunciar que el humo no solamente salía de la chimenea sino también desde el interior donde están ubicadas las cámaras del horno. Hoy, el horno sigue quemando, la chimenea sigue humeando y las cenizas se siguen enterrando. La respuesta a la nota presentada, la siguen esperando.

Las vidas de Daniel y José empezaron a juntarse a través de la lucha. “A mediados del año pasado, José empezó a mandarme fotos. Yo le propuse empezar a hacer las presentaciones conjuntas entre Timbúes y Puerto. Cuando la contaminación pasa límites de localidades, es un poco más de presión hacia la provincia”, explica Daniel.

Hace un año, en mayo de 2016, presentaron una nota dirigida al Gobernador de Santa Fe. Plantean que Pelco está muy próxima a los ejidos urbanos, que los camiones cargados con los residuos peligrosos circulan por el frente de las casas y las escuelas. Las cenizas también se entierran en el predio de la empresa. Los rellenos de residuos peligrosos pueden tener fugas y contaminar el suelo y las napas de agua con tóxicos provenientes de los materiales depositados. En la zona hay varias cooperativas de agua potable y la empresa Aguas Santafesinas realiza extracciones para consumo humano.

En un informe de Ricardo Barbieri publicado en el portal “Tigre Verde”, se explica que la inhalación de partículas de menos de 10 micrómetros es muy peligrosa para la salud humana. “Entre 10 y 1 micrómetro las partículas son absorbidas por la tráquea mientras que las partículas de menos de 1 micrómetro llegan a los pulmones y a los tubos bronquiales. Las afecciones por exposición a corto plazo son irritación y constricción pulmonar causando dificultades respiratorias, tos crónica y asma. Algunos metales pesados, al ser liberados en forma de partículas ultra finas, adquieren mayor potencial de daño ambiental y sanitario que el que tenían en la masa original de residuos”.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre del año pasado se realizó en Timbúes el 28º Campamento Sanitario de la Facultad de Medicina de la UNR. Los datos arrojados, que corresponden a un estudio preliminar en base al censo que se realizó durante el Campamento, indican que de los 1.032 hogares censados, el 31.2%  nombró al cáncer entre los problemas de salud referidos. Las alergias ocupan el 12,3% y los problemas en la piel el 8,9%. Entre las causas de muerte más frecuentes se encuentran los tumores (32,3%) y los ataques cardiovasculares (20,5%). Dentro de los problemas de salud del último año, los problemas respiratorios ocupan el 47%, los problemas infecciosos el 8%, las afecciones dermatológicas el 7% y las digestivas el 6%. Entre las fuentes de contaminación referidas, el 37,8% nombró a las fábricas, el 10,6% a la incineradora de residuos, el 5,2% a los basurales y el 3,6% a las fumigaciones.

José cuenta que cuando se empezaron a contactar con los vecinos de Puerto San Martín, se dieron cuenta que ellos a la planta de Pelco la nombraban como si fuera una fábrica. Por eso, en relación con la pregunta del censo sobre la fuente de contaminación, José piensa que “la mayoría contestó ´fábrica´ refiriéndose al horno incinerador de residuos peligrosos”.

En septiembre los datos del censo se podrán complementar con los análisis de agua, aire y suelo. José dice que “la comuna escondió los resultados del estudio preliminar” porque no hizo propaganda para que la gente conozca lo que está pasando y cuando anunció los resultados lo hizo en un lugar privado y cerrado. “Fuimos solo nosotros. Estaban los cinco de la comisión, el intendente, el secretario de Medio Ambiente y cuatro personas más”. Cecilia Bianco, del Taller Ecologista, dice que habría que saber “si el presidente comunal tiene la intención de empezar a conocer las causas de los índices que arrojó el censo del Campamento Sanitario y ver si los casos de cáncer tienen relación con la contaminación ambiental”.

Toda empresa es política

Una nena de unos ocho años, rubia y de ojos claros, sopla una flor. Sobre su cara refleja el sol. Atrás se ve el pasto verde: “Gestión de residuos industriales” aparece en letras grandes. “Nos especializamos en la transformación y el tratamiento de los residuos industriales. Somos Pelco, un grupo que cuida a las personas cuidando al ambiente”.

La Directora Ejecutiva del Grupo Pelco, Claudia Kalinec, es a su vez la Presidenta de la Unión Empresaria de Tigre y referente de Ambiente del Frente Renovador. En una nota periodística dijo: “Es cierto que la contaminación causa sufrimiento humano y que hay muchas industrias que operan sin responsabilidad. Pero en Pelco trabajamos para colaborar con el Medio Ambiente al tratar un tipo de residuos que no se pueden desechar directamente. Somos parte de la solución, no del problema”. Desde la empresa aseguran que si fuesen ciertas las denuncias que recibieron, los primeros afectados serían los empleados. “Pelco tiene un total de 200 empleados y 20 años de existencia y no tenemos ningún antecedente de enfermedades profesionales o afecciones como las descriptas”. Sin embargo, José asegura que están en contacto con la gente de Tigre y que “allá tienen más de veinte denuncias, juicios y varias clausuras de la planta”. Daniel agrega que “hay muchos fallos contra Pelco en Buenos Aires” y que “los vecinos tienen las mismas afecciones”.

En agosto de 2014 Kalinec participó de un panel sobre “Sustentabilidad y producción más limpia”. La jornada fue organizada por el centro de estudios estratégicos de relaciones internacionales (CEERI) y auspiciada por el grupo Pelco. El cierre del evento estuvo a cargo de Sergio Massa, líder del Frente Renovador: “Hay que asegurar que las empresas puedan seguir desarrollando su actividad. Es un tiempo para cuidar a las empresas, no para pelearse o ponerle obstáculos”.   

Una de las plantas de Tigre estuvo clausurada en 2005, 2008, 2011, 2014 y 2015. En la última oportunidad el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible determinó que “en sus instalaciones había graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad”. En la inspección se detectaron residuos que figuraban como ya procesados pero que estaban sin tratar desde hacía más de tres años, depósitos desbordados y residuos sin identificación.

Hace un mes hubo una reunión en la cual funcionarios provinciales recibieron a los vecinos de Timbúes y Puerto San Martín. En principio iba a estar presente el Ministro de Ambiente, Jacinto Speranza, quien durante algunos años fue CEO de la empresa Vicentín. El Ministro finalmente no fue a la reunión, pero sí lo hizo un representante de la Secretaría de la Gobernación, el Secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, y el ingeniero Seguro, también de la Secretaría provincial. En la reunión también participó el Taller Ecologista. Cecilia Bianco, que integra esta organización que desde hace más de treinta años viene denunciando los problemas ambientales, cuenta la sensación que dejó la reunión. “No aseguraron que iban a mandar a alguien a inspeccionar sino que iban a buscar a la persona indicada para que fuera a ver el humo negro en los horarios en los que nosotros identificamos que es más notorio”. Comprometerse a buscar a la “persona indicada” es muy distinto a comprometerse a inspeccionar en una fecha concreta. “Dijeron que iban a buscar a una persona de la Secretaría de Ambiente que tuviera la autorización de clausurar en caso de que hiciera falta”, relata Bianco.

Antes de la reunión, los vecinos habían entregado un DVD con fotos y filmaciones en las que se ve cómo está operando el horno. “Si el humo es negro o si la pluma cae alrededor del horno es porque funciona mal. Si quemas madera, la ceniza va a tener que ver con la madera. Si incineras metales pesados, alrededor habrá metales pesados. El metal no se desvanece”, explica Cecilia.

Desde la Secretaria de Medio Ambiente no muestran los papeles sobre un posible plan de adecuación ambiental. Cecilia plantea que la Provincia le da a la empresa todos los plazos que necesitan y que esa es la realidad de muchas empresas del cordón industrial. “La sensación fue similar a las reuniones anteriores. Todo queda a plazo, todo queda por hacer. Hay que tomar acciones urgentes. El humo y las cenizas tienen sustancias tóxicas”.

En Francia cerró un horno incinerador de residuos peligrosos en 1938 y actualmente sigue prohibido el consumo de carne vacuna, huevos y leche que provenga de una distancia menor a veinte kilómetros de la zona en donde funcionaba el horno el siglo pasado. La contaminación que producen los hornos incineradores dura mucho tiempo y cubre un radio de alrededor de doce kilómetros. En el caso de Pelco no solamente se contamina a Timbúes y a Puerto General San Martín, sino también a San Lorenzo, Aldao, Andino, Villa La Rivera y Oliveros.

Los Vecinos Autoconvocados exigen el cierre total de la planta. “Dicen que está en condiciones, que el humo que larga es sano y que es imposible que llegue a nuestro barrio”, cuenta José, mientras aclara que tienen fotos donde el humo es negro y denso porque hay metales pesados. “El particulado está en el suelo y es bio acumulable en los tejidos grasos de los seres humanos. En la planta no crece vegetación a 30 metros a la redonda”.

 “Hemos pedido mediciones de metales, de dioxinas y de furanos, que son cancerígenos. La provincia no contesta esos pedidos de informes”. Daniel cuenta que hicieron un centenar de denuncias telefónicas y en papel. “Nos contestan que cuando ellos llegan a la planta el humo es blanco y que no sienten el olor”.

José plantea que durante los diez años en que el partido de Amaro González, intendente actual de Timbúes, estuvo luchando para entrar en la comuna, “la campaña se la bancó Carlos De Grandis, intendente de Puerto General San Martín”. Según José, la sociedad entre ambos explica el motivo por el cual no tuvieron respuestas en las cinco audiencias realizadas en la comuna de Timbúes con el objetivo de que González, como funcionario del gabinete, se encargara de hablar con De Grandis sobre la problemática que afecta a las dos localidades. Daniel dice que gran parte de las sumas extraordinarias de dinero que gana la empresa “lo usa para tapar a un montón de medios, políticos y funcionarios para que esto siga funcionando”.

A pensar al cementerio

Daniel tiene 43 años y dos hijos de 13 y 11, respectivamente. Hace 19 años que trabaja en la Municipalidad de Puerto San Martín. Por fuera de su trabajo, sostiene su militancia. Gracias a la lucha que llevó adelante junto a otros vecinos lograron la clausura de la empresa American Colors (ex Delta), que contaminaba con plomo a orillas del Paraná. Pero esa acción no fue gratuita. De hecho, le salió carísima: una suspensión por 90 días hábiles. Casi cinco meses sin trabajar. El motivo: colgar pasacalles y pintar tapiales. “No habíamos pintado tapiales. Lo que sí hicimos fue un pasacalles que decía ´Delta mata´. Por verme colgar el pasacalles me suspendieron aunque yo estaba fuera del horario de trabajo”.

Daniel cuenta que las represalias comenzaron antes de que empezaran a realizar las demandas. “Me reducen el sueldo un treinta por ciento cuando todavía no habíamos hecho denuncias legales contra la municipalidad. La reducción del sueldo vino con la primera junta de firmas para pedir que cierren el horno incinerador y para que no aprueben el relleno de seguridad”.

Además de la reducción del sueldo y la suspensión, a Daniel lo trasladaron desde la Oficina de Urbanismo, en la que era Jefe de Digitalización de Proyectos, hacia el cementerio. “Cuando vuelvo de la suspensión en 2013 me mandaron al cementerio municipal. Me quitaron las funciones que tenía en Urbanismo y me mandaron al cementerio a hacer nada. No me asignan tareas. A lo mejor dejan unos tornillos en la oficina para que los tenga por si algún personal los necesita”. Daniel cuenta que su tarea actual nada tiene que ver con la digitalización de planos, bases de datos o mantenimiento de redes. “Lo que hace el intendente es tratar de disciplinar para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. Por otro lado, es una demostración de poder ante el resto de los compañeros municipales que podrían estar luchando a la par mía”.

José trabaja en la comuna de Timbúes pintando los cordones de las calles, las escuelas públicas, las copas de leche. “Todo lo que haya que pintar”, dice. Cuando entró a trabajar estaba en la gestión el gobierno anterior. En diciembre de 2013 empezó el mandato de Amaro González y el partido UNITE. “En enero de 2014, en el primer cobro, no nos pagaron los sueldos y a mí me echaron”, relata José, mientras cuenta que despidieron a trece personas que trabajaban en negro en la comuna. “Amaro González decía que sobraba gente. Pero cuando nos echaron a nosotros entraron cien personas nuevas”. Después de dos meses de paro junto al sindicato José se reincorporó.

El año pasado, mientras se desarrollaba el Campamento Sanitario, José vio que estaban fumigando con agroquímicos en la plaza. “Vi que estaban fumigando en uno de los Fonavis nuevos. Fui a hablar con el chico que fumigaba y él lo entendió muy bien. Me dijo que hablara con quien lo había mandado, el hijo de Amaro González, que es el encargado de Obras Públicas”. En la ley Nº 11.273 de Fitosanitarios está la resolución 269069 que prohíbe la utilización de agroquímicos en las zonas urbanas de los municipios, sean espacios públicos o privados. José la recuerda como una de las primeras peleas dentro de la comuna. “Cuando le mostré esa resolución dejaron de fumigar en la zona urbana hasta el día de hoy”.

Otro episodio que tuvo como protagonista a José y a los Vecinos Autoconvocados se produjo este año cuando habilitaron cerca de su barrio un micro emprendimiento. “Hacían mesas y banquitos de plástico con envases de fitosanitarios (agroquímicos). Incineraban los envases contaminados y eso producía olor en el barrio y una descompostura bárbara”. Cuando fue la comuna a clausurar, el lugar estaba totalmente vacío. La comuna dijo que habían hecho una falsa denuncia y que el dueño del negocio había pasado un mal momento. “¿Qué casualidad no? Nos hicieron quedar a nosotros como mentirosos para desarmar el grupo de Vecinos Autoconvocados”.

Una calle me separa

El miércoles 24 de mayo José se levantó y fue a trabajar como todos los días. Cuando llegó quiso marcar la entrada pero el lector digital no reconoció su huella. Avisó y lo anotaron manualmente en una planilla. Trabajó en la limpieza de los cordones que debían ser pintados. Cuando se estaba yendo al mediodía recibió una llamada del Correo Argentino. Le avisaban que tenían una carta a su nombre: estaba suspendido. “Me suspenden cinco días y pierdo el presentismo. Eso me costó casi el 40 por ciento de mi sueldo. Me dolió mucho porque tengo una familia, una nena de 3 años a quien mantener. Ellos se la buscaron por el lado del bolsillo”.

En Timbúes las calles Bolívar y Solís son perpendiculares, se encuentran en una esquina. José estaba limpiando los cordones de la calle Bolívar y se había ido caminando hasta Solís. En el motivo de la suspensión figura que “cuando pasaron por Bolívar no lo encontraron”. José dice que el capataz hacía dos años que no les daba ninguna orden. Pero aparentemente él estaba en la calle equivocada. “Tienen toda la bronca desde un principio. Están buscando la manera de perjudicarnos. La denuncia ambiental fue la gota que rebalsó el vaso”. José dice que no les da motivos para que lo echen y que por eso buscan la manera de suspenderlo. Tres suspensiones son motivo de despido. Él ya tiene en el legajo la primera suspensión. “Me tendrían que haber mandado un telegrama previo con un sumario por apercibimiento donde yo hubiera podido hacer mi descargo dentro de las 72 horas. La Ley Nº 9286 de Empleado Municipal dice que las suspensiones tienen que ser firmadas por el jefe de gabinete o la Vicepresidenta. Pero fue firmado por Laura Pérez, que no es de planta permanente y está puesta políticamente”.

Además de José fueron suspendidos Darío Molina y Gustavo García. Los tres decidieron encadenarse en la comuna para mostrar su resistencia frente a lo que consideran como persecución política e ideológica. Después del encadenamiento, Amaro González hizo declaraciones públicas: “El señor Febre es un desubicado, un maleducado y una persona que al igual que Molina consume drogas. Las personas que consumen drogas no pueden discernir, no pueden estar con todas sus facultades a pleno, y esto hace que pertenezcan también a un movimiento político”.

José dice que está haciendo un reclamo como trabajador. “Si la suspensión fuese verdadera me quedaba en mi casa. Pero tuve que encadenarme porque es algo injusto lo que me hicieron”. Aclara que los Vecinos Autoconvocados no están en relación con ningún político. “Lo que nos importa es nuestra familia, nuestros hijos y las generaciones que vienen. Si nosotros no paramos este desastre ambiental no lo para nadie. Sin salud no hay trabajo ni nada”. Daniel también piensa que hay que seguir andando. “Seguiremos haciendo presentaciones y asambleas en lugares públicos. Hay que organizarse entre los vecinos y seguir adelante”.