Persecución, tiros y muerte. Una escena repetida que vuelve a protagonizar la policía santafesina. Otra vez una endeble versión de enfrentamiento intenta justificar lo que ya se asoma como un caso de gatillo fácil de manual. Familiares de las víctimas convocan a una movilización para el viernes 30 de junio.
Por Martín Stoianovich
Foto: RosarioPlus
El pasado viernes 23 de junio una caravana de agentes del Comando Radioeléctrico (CRE) y la Policía de Acción Táctica (PAT) persiguió a tiros el auto en el que circulaban David Campos, de 28 años, junto a Emanuel Medina, de 32, dos amigos que la noche anterior habían encontrado un motivo para salir a festejar. Instantes después del hecho, la policía instaló la versión de siempre: una persecución con tiroteo y delincuentes abatidos. Pero, esta vez y para piedad de dos familias destrozadas, la construcción del relato encubridor se vio obstaculizado por distintos factores que hicieron que, a menos de una semana del hecho, haya 18 policías en la mira de un caso de gatillo fácil. Sin embargo, ya se empiezan a poner sobre la mesa otras cartas, como la hipótesis de un accidente que habría desencadenado la balacera, que pareciera buscar justificar o amainar la brutalidad del accionar policial. Es que ninguna autoridad va a admitir lo que Germán, hermano de David, se anima a decir con dolor y con certeza: “La policía está muy racista, está matando gente de barrio, chicos de barrio, chicos trabajadores. Esa es la policía que tiene Pullaro, la mejor policía de la provincia”.
Todavía con el auto estrellado contra el árbol que, junto a una ráfaga de disparos, puso punto final a la persecución en la intersección de Callao y Arijón, el mismo día del hecho el fiscal Adrián Spelta brindó a los medios de comunicación la versión que había fabulado la policía. Dijo que pasadas las once de la mañana, en la zona de Grandoli y Gutiérrez, los jóvenes, que iban en un VolksWagen Up fueron interceptados por un control policial y emprendieron una fuga que duró 35 minutos. “Según me informan repelen desde adentro con uno o dos disparos y luego el personal policial desde afuera”, dijo Spelta luego de afirmar que de ese supuesto enfrentamiento ningún efectivo policial resultó lastimado. Ese fue el primer aspecto que puso en duda el relato policial. “No es robado”, dijo después sobre el auto en el que circulaban los pibes, brindando un segundo aspecto que profundiza la duda. Otro detalle fundamental terminó por debilitar el relato: uno de los chicos tiene nueve disparos y el otro tres. El hecho reúne las características de una ejecución sumaria y por eso hasta el propio Spelta cree que las dos armas de fuego encontradas en el vehículo fueron plantadas por la policía en el transcurso de la hora que pasó desde consumada la masacre hasta que el fiscal llegó al lugar del hecho.
“Se está desarmando todo el vehículo para buscar proyectiles, determinar las direcciones y trayectorias, de qué armas venían esos plomos hallados en el lugar y en los cuerpos de las víctimas para determinar quiénes fueron los autores de los disparos”, especificó Spelta a comienzos de la semana. A la hipótesis del enfrentamiento también la debilita el hecho de que el auto en el que iban los chicos siempre tuvo los vidrios levantados, y esa duda será saldada cuando se conozcan los resultados de las pruebas de dermotest realizadas sobre los cadáveres para comprobar si dispararon las armas que fueron halladas en el vehículo. Hasta el momento, los únicos disparos verificados fueron de parte de la policía y es por ese motivo que hay unas treinta armas secuestradas, entre pistolas y escopetas, correspondientes a los 18 policías que participaron de la persecución y de la balacera. Spelta dispuso que todas las medidas de prueba serán tomadas por la Policía Federal, para evitar las dudas que suelen surgir cuando de la investigación participa la propia policía involucrada. Hasta el momento, declararon los once policías del CRE y los siete de la PAT, para luego quedar en libertad y trabajando en tareas administrativas.
En diálogo con enREDando, Germán Campos duda de varias afirmaciones que surgieron en torno al hecho. Pone en duda que la balacera final haya ocurrido pasadas las once y media, y dice que “gente que vio” le dijo que ocurrió varios minutos antes y que “la policía tuvo un tiempo largo para tapar todo”. También cuestiona el lugar de inicio de la persecución. “Empieza en Pueblo Nuevo, donde lo ven a mi hermano salir disparando y una moto atrás tirándole tiros. Era un uniformado de la PAT pero no sabría decirte si era una moto policial o particular”, explica. Este rumor se alinea con la versión de que la persecución no comenzó con un supuesto control policial evadido por los chicos, sino que arrancó en un encontronazo aislado con un policía, que luego se convirtió en una persecución a la cual se fueron sumando refuerzos. Germán también pone en cuestión otro aspecto que refuerza la idea del encubrimiento policial y el plantado de pruebas: “Hay un audio que tiene que tener el fiscal, que no se tiene que tapar, en el que la policía está pidiendo fierros, diciendo que se mandaron un moco, que se mandaron la cagada del año”.
Spelta, por su parte, adelantó que sobre los 19 policías involucrados no recaerán las mismas responsabilidades. “Hay policías que participaron de una persecución, hay policías que llegaron a interceptar a estas personas en el lugar del hecho, y hay policías que arriban después de perpetrado el hecho, hay que diferenciar el grado de participación”, explicó. Los últimos avances de la investigación, brindados por las primeras declaraciones policiales, fortalecen la hipótesis de que la mayoría de los tiros vinieron de dos policías. Primero dijeron que fue un agente que había estado dos años con carpeta psiquiátrica, pero al paso de las horas esta persona quedó en segundo plano porque se estima que era el conductor de uno de los vehículos que protagonizó la persecución, y por lo tanto la mayor responsabilidad cayó a otro uniformado: un policía del Comando Radioeléctrico que vació su cargador contra los pibes. Asimismo, las primeras pericias determinaron que al menos tres policías gatillaron sus armas.
“Es como que le quieren echar la culpa a un policía solo, al loquito que vació el cargador, pero son 19 los que participan, algunos le tiran a los chicos pero todos los otros llegan atrás y son cómplices, porque meten en el auto dos armas que no estaban y encubren todo”, supone Germán con el deseo de que estas irregularidades sean investigadas. “Que no empiecen a tapar la causa, que no la quieren dar vuelta como una tortilla como pasó con tantos casos”, dice y asegura: “Vamos a ser querellantes y vamos a pedir justicia por mi hermano y su amigo”.
El viejo cuento del accidente y el derrotero del gatillo fácil
En un artículo publicado en la edición impresa del diario La Capital de este miércoles 28 de junio, se desliza la versión de que la balacera se originó cuando un policía reaccionó ante lo que pudo haber sido un disparo accidental de otro uniformado. Así, se vuelve a hablar de accidente para intentar hallar una explicación lógica a semejante despliegue policial con posterior fusilamiento de dos personas.
Cuando en enero de 2015 asesinaron a Jonatan Herrera, en un hecho que reúne varios puntos en común con este caso, la policía disparó al menos cincuenta balazos cuando el joven que había robado ya estaba reducido por la policía. Tres de esos disparos mataron a Herrera, que al momento del tiroteo lavaba su auto en la calle y solo atinó a esconderse. Después de dos años del hecho, el juicio culminó con un cuestionado fallo para los principales apuntados como homicidas. Una mujer del CRE fue absuelta y un agente de la PAT fue condenado a seis años y seis meses de prisión por el delito de homicidio culposo. El Tribunal entendió que la muerte de Herrera, de 23 años, se dio por accidente, que Rosales solo había atinado a repeler el ataque del supuesto ladrón, incluso sin reparar en la evidente contradicción que supone que el ladrón estuviera reducido en el piso.
Luego de aquel hecho corrió el rumor de que la mujer del Comando fue enjuiciada a sabiendas de que no había sido la autora del disparo por el cual se la acusaba, y que el verdadero homicida nunca fue identificado. Es que, aseguran fuentes de la causa, la investigación que comandó el mismo fiscal Spelta estuvo condicionada por la presión que ejerció la cúpula del Comando Radioeléctrico no solo sobre la Fiscalía sino también sobre el Ministerio de Seguridad que en 2015 todavía estaba al mando de Raúl Lamberto. El caso Herrera no solo evidenció el poder de fuego del Comando Radioeléctrico, sino también la capacidad de incidir sobre el desempeño de las investigaciones.
Lo que se espera a raíz del asesinato de David Campos y Emanuel Medina es que el hecho no corra la misma suerte que la mayoría de casos de gatillo fácil que ocurrieron en Rosario en los últimos años. Se cuentan más de veinte hechos desde enero de 2015, y hasta el momento solo el crimen de Jonatan Herrera llegó a juicio. En los otros casos son pocos los policías imputados y son muchos los reclamos que hablan de impunidad. El avance en el caso Herrera lo permitió el mismo factor que incidió en que la investigación de este nuevo crimen no descansara en la versión policial. A pesar de que Emanuel Medina contara con un viejo antecedente por robo, se conoció a tiempo que las víctimas eran trabajadores y eso llegó a sensibilizar incluso a la misma Fiscalía que suele buscar el archivo de la mayoría de causas en la que las víctimas son pibes de barrios vinculados a actividades delictivas. El 23 de junio pasado volvió a evidenciarse la brutalidad policial que, esta vez, no pasó desapercibida ni encuadra en las distintas estrategias del relato policial que suele legitimar al gatillo fácil.
Dos nuevas familias en pie de lucha
Familiares y amigos de los jóvenes asesinados invitan a una movilización que se convoca para el próximo viernes 30 de junio a las 18 en la intersección de Oroño y Arijón. Desde ese punto se partirá hasta Arijón y Callao para elevar los primeros gritos de justicia.
