Uno de los miembros del tribunal, el juez Villafuerte Ruzo, realizó una presentación en la que afirma que no puede viajar dos veces por semana a Rosario para el proceso oral. Ahora Casación deberá designar a un nuevo miembro. Por otro lado, peligra la representación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en este juicio, ya que el abogado Santiago Bereciartúa fue despedido esta semana. Convocan a repudiar ambas medidas este jueves a las 17 en la ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo.
Por Carina Toso
[dropcap]“[/dropcap]En todos estos años, nunca pasó que dos días antes de que comience un juicio, un juez avise que no puede ser parte del tribunal”, aseguró con desconcierto Gabriela Durruty, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que representa a 140 de las 155 víctimas de la causa Feced III, cuyo juicio oral iba a comenzar el jueves 8 de junio. En una presentación, Carlos Villafuerte Ruzo, uno de los miembros del Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2) que estará al frente del proceso, aseguró que no puede viajar desde San Nicolás dos veces por semana a Rosario para las audiencias, ya que integra otros tribunales en otras causas y argumentó que se le superponen las audiencias. “Esto fue lo que nos notificaron telefónicamente desde el tribunal oral”, explicó Durruty. Ahora, la Cámara de Casación Penal deberá designar un nuevo magistrado para acompañar a la jueza Lilia Carnero y al juez Francisco Miño. Este trámite suele tardar muchos meses por lo que el inicio de este juicio queda totalmente en suspenso.
Las audiencias se iban a realizar los días jueves y viernes de 9,30 a 17 horas aproximadamente. Esta es la segunda suspensión que sufre este proceso oral. El comienzo había sido anunciado para el 16 de marzo pero se pospuso para el 8 de junio. La nueva fecha aún no se conoce. “En esa oportunidad, como querella, la APDH apeló la postergación ante Casación y ante una nueva demora lo vamos a volver a denunciar y a vamos a exigir que se el nuevo tribunal se integre lo más rápido posible”, afirmó Durruty. Desde HIJOS Rosario afirmaron que “es imposible que el juez se diera cuenta de esto dos días antes del juicio. Esto es una dilación más de este juez, como lo hizo en diferentes causas que investigan delitos de lesa humanidad”.
Esta tercera etapa de la megacausa que juzga delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía, recibió otro golpe: el abogado que representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa, fue despedido a través de una carta documento el martes pasado. “Los términos utilizados fueron que prescindían de mis servicios. Lo importante que hay que resaltar es que soy el único abogado con poder de representación en juicios de la Secretaría para la provincia de Santa Fe y la región. Por lo tanto no se hizo un traspaso prolijo, no se notificó el despido con el mes de preaviso que corresponde y en el mientras tanto elegir a otro abogado para poder hacer una transición en la representación”, explicó Bereciartúa y agregó: “Esto pasa a pocos días de empezar Feced III. Sabían que empezaba la causa más importante de Rosario. De esta forma demuestran un gran desinterés al no haberme remplazado”.
Hoy la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no tiene entonces un abogado que la represente en el juicio oral por esta gran causa. Una vez que se notifique al TOF2 de esto, seguramente gire un oficio a la dependencia del Gobierno para que designe a un nuevo abogado. Vale aclarar que la esta querella puede ser parte del juicio como no. la Secretaría tiene la posibilidad de desistir de su querella y eso no influye el desarrollo del juicio.
“Ante esta definición, la Secretaría de Derechos Humanos estaría desistiendo de su querella y cometiendo una aberración jurídica ante una de las causas más emblemáticas que investigan los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en la región”, afirmaron desde distintos organismos de derechos humanos en un comunicado emitido para repudiar dicho despido y exigir al titular de la secretaría, Claudio Avruj, la inmediata reincorporación del abogado.
“Esta decisión –un nuevo golpe que se suma al fallo del 2×1 para represores dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, tiene como marco el discurso negacionista del genocidio practicado por parte de las más altas autoridades del gobierno. Y debe inscribirse en el desmantelamiento de las áreas gubernamentales que se habían ido creando para avanzar en el proceso de investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, surgidos del reclamo histórico de las organizaciones de derechos humanos, el pueblo argentino y los pactos internacionales que ha suscripto el Estado nacional y tienen rango constitucional”, continúa el comunicado.
Feced III: la gran causa
En esta etapa se juzgará por primera vez en la provincia a un miembro de la iglesia católica por delitos de lesa humanidad: se trata del ex capellán de la policía de la provincia de Santa Fe, Eugenio Zitelli. Además serán juzgados 13 ex policías santafesinos, dos de ellos también por primera vez: Héctor Gianola y Daniel González. El resto son: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra y José Rubén Lofiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara.
Es el tramo más grande la causa Feced. La causa que engloba 155 casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de la Policía de Rosario. Los delitos que se juzgarán son homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita. Del total, 80 son casos nuevos, es decir que no fueron juzgados anteriormente. Por los tribunales federales rosarinos pasarán unos 300 testigos.
Hace pocos días, la querella representada por la APDH, envió una solicitud al Vaticano. En el marco de este juicio para entreguen toda información que posea “acerca del accionar del encartado Eugenio Zitelli durante la última dictadura eclesiástico – cívico – militar, considerando que desde su rol de capellán de la policía de Rosario, y como partícipe de la represión ilegal en nuestra zona, ha elevado indudablemente informes a las autoridades de la Iglesia con detalles que seguramente resultarán de interés al objeto de autos”. Este pedido se realizó después de que la Iglesia diera a conocer el denominado “Protocolo para la consulta del material archivístico relativo a los acontecimientos argentinos (1973-1983) conservados en la Conferencia Episcopal argentina, la Nunciatura Apostólica y la Secretaría de Estado de la Santa Sede”.
Ronda de repudios
“Una constante provocación desde el gobierno nacional contra el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad”. Así calificaron los organismos de derechos humanos de Rosario miembros del Espacio Juicio y Castigo a la suspensión del juicio por Feced III y el despido de Santiago Bereciartúa. Por eso convocan a manifestarse este jueves a las 17 en la ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo.
“A dos días de comenzar la causa Feced III, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, miembro del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, elevó una presentación que frena el juicio, al indicar que debe asistir a otro tribunal en calidad de subrogante”, expresaron las organizaciones y remarcaron: “Pero la conformación del tribunal se conoce hace tres meses, luego de una primera postergación”.
Abuelas, APDH, H.I.J.O.S., Familiares y sobrevivientes de la dictadura de Rosario, entre un amplio espectro de organizaciones, llamaron a “toda la comunidad rosarina a marchar junto a nuestras Madres en la ronda de todos los jueves”.
