En mayo de 2017 una chica sale en coma de una comisaría. La misma comisaría en la que en 2014 fue visto con vida por última vez un joven de 20 años detenido por averiguación de antecedentes. El tema sacude la agenda y la violencia institucional parece asomarse en la boca de los que piden más policía como solución a todos los males.
Por Martín Stoianovich
[dropcap]L[/dropcap]a recepción de la Comisaría 7° parece un lugar amable. Salvo por el humo denso que permanece en el aire y delata a las oficiales que fuman desde su escritorio, el resto del lugar responde a un ambiente ordenado y limpio. Parece, nada más parece, un lugar amable. Resulta difícil y da cierto escalofrío pensar que pasando esa puerta, de la cual se asoma un pasillo que se torna oscuro incluso en pleno mediodía, haya corrido tanta sangre. Resulta fácil, en cambio, imaginarse que hace dieciocho días por esa misma puerta haya salido en camilla y en estado de coma Elina Rivero, de 27 años. La misma puerta por la que en 2014 ingresó con vida Franco Casco y hasta el momento no se sabe qué pasó, qué le hicieron y por qué apareció 25 días más tarde muerto en el río Paraná. El caso de Elina Rivero tomó trascendencia, quizás porque pudo sobrevivir y reponerse para contarlo, y puso a legisladores locales a hablar del tema. Año 2017, la cuenta regresiva que se acerca a las elecciones y, otra vez, la misma historia.
“A ella le pasó eso por drogadicta”, dice Cristina, una mujer policía de pelo corto teñida de rubia que varios mediodías a la semana se ocupa de la recepción de la Comisaría 7°, de Cafferata 342. Se refiere a Elina y los golpes en la cabeza que la dejaron en coma durante ocho días después de una discusión el viernes 12 de mayo por la noche en el bar Pacific, de Cafferata y Catamarca, a pocos metros de la seccional. Cristina, y una compañera que se para a su lado, parecen estar muy conmovidas por todo lo que se habla de la 7° y su violento historial. “Es una injusticia que siempre le echen la culpa a la policía y después nos pidan seguridad”, dice y asegura que “todo lo que dijo la chica es mentira”. Lamenta que el jefe de la comisaría no quiera acceder a una entrevista y dice que cualquier información hay que pedirla al encargado de prensa de la Unidad Regional II de la policía provincial.
No hay demasiado lugar en esta crónica para la versión policial. Ya tuvieron varias páginas de diarios y recursos por otros medios para decir que Elina Rivero se autolesionó. Que la detuvieron por disturbios, que le indujeron el coma porque padeció convulsiones como producto de su adicción a las drogas y que el golpe que tiene en la cabeza nunca podría ser de tanta gravedad. Elina, sin embargo, arrastra un pie para caminar, habla despacio, se cansa mucho y tiene para un mes más de antibióticos para prevenir una infección en el corte que tiene en la parte de atrás de su cabeza. Cristina, en la comisaría, dice que esa noche Elina fue llevada al sector conocido como “la iglesia”, y que ahí ella se autolesionó, golpeándose contra la pared, que en el bar Pacífic conocen la verdadera versión de los hechos. En el mismo bar dicen que la versión de los hechos la tienen las cuatros cámaras del local que seguramente captaron todo lo sucedido. “Entrá a su Facebook y vas a ver qué clase de persona es”, dice la otra mujer policía que varios minutos más tarde alertará por teléfono que hay cámaras de Canal 5 filmando la fachada de la comisaría.
Una de las hipótesis en la investigación por la desaparición forzada y asesinato de Franco Casco, ocurrido en octubre de 2014 luego de que el joven de 20 años estuviera detenido en la propia Comisaría 7°, es que el hecho se dio en el marco de un “ámbito de violencia institucional y una práctica habitual” en dicha seccional.
Para conocer a Elina mejor que su Facebook es hablar con ella. Es la misma que alguna semanas atrás pidió unos pesos para tomar unos tragos en la plaza de Mitre y Tucumán. Es la misma que en el ambiente del punkrock es conocida como La Cebra y que en varias ocasiones se la vio entre tumultos violentos. Elina es lo que ella misma admite: “No soy para nada tranquila”. Pero eso no justifica, coincide, que la policía la haya dejado en coma. Recrea, con lo poco que recuerda y con lo que le pudo contar una amiga suya, lo que sucedió aquella noche del 12 de mayo. Lo dijo para el diario Rosario 12, y para todos los canales y radios que se le acercaron: “Me rompieron la cabeza contra la pared”. Y teme, realmente, que la crean capaz de darse la cabeza contra la pared hasta el punto de quedar inconsciente y al borde de la muerte por tanta pérdida de sangre y tanto frío en ese rincón aislado de la comisaría. Que la hayan dejado desnuda -supone que porque su ropa estaba bañada en sangre y esta teoría la corrobora el hecho de que no le hayan devuelto sus prendas-, y que la hayan maltratado física y verbalmente es suficiente para que Elina hable de que abusaron de ella como mujer.
Una de las hipótesis en la investigación por la desaparición forzada y asesinato de Franco Casco, ocurrido en octubre de 2014 luego de que el joven de 20 años estuviera detenido en la propia Comisaría 7°, es que el hecho se dio en el marco de un “ámbito de violencia institucional y una práctica habitual” en dicha seccional. Los golpes y las torturas son moneda corriente en la 7°, sobre todo durante las noches de los fines de semana, en las cuales las calles del barrio se pueblan de jóvenes que andan por bares y boliches de la zona. Un ingreso a la 7° por averiguación de antecedentes se puede convertir en un largo padecimiento que en el peor de los casos hará que el rostro de la víctima de dicho procedimiento vuelva a ser vista solo en carteles de búsqueda de paradero y luego en pancartas que reclaman justicia. Cuando fue hallado el cadáver de Franco Casco el personal de la 7° fue removido, pero al parecer no las prácticas que ahí adentro se acostumbran.
Que los nombres propios cambien, que los policías sean removidos, parece no tener implicancia en las prácticas cotidianas en la zona de la Terminal de Ómnibus. Lo denunció Sandra Cabrera antes de ser asesinada en el 2004 en un crimen no esclarecido que supone la participación y encubrimiento policial. Los patrulleros de la 7° rondando el barrio aquella noche de enero del 2004, las denuncias por detenciones arbitrarias y maltratos a sus colegas que la meretriz dejó asentadas en Tribunales y luego fueron parte de la causa, se condicen también con el presente. Como lo denunció, en enero de 2017 y en charla con enREDando Claudia, una trabajadora sexual de 51 años de edad que ejerce en la zona. Ella y su hijo fueron, y frecuentemente son, detenidos, maltratados y amenazados con el armado de causas por motivos que, lejos de no tener explicación, están ligados a los pequeños kioscos de la policía con los privados de la zona que se ven afectados por el trabajo callejero.
Que el cambio de nombres propios no significa nada también lo saben los mismos vecinos del barrio Luis Agote, que a raíz de la ineficiencia estatal en torno a la seguridad ciudadana tuvieron que comenzar a juntarse a pensar y repensar la forma en la tienen que exigir su derecho a vivir tranquilos. “Estamos hablando de ciudadanos, sean del color político que sea, del sector social que sea, tengan los hábitos, las virtudes o los defectos que sea, hablamos de ciudadanos y es lo que hay que proteger, del delincuente común y del delincuente institucional. No podemos seguir así, cambiando de figuritas. Nos han prometido en las reuniones en la comisaría que van a mejorar la fuerza institucional, estuvimos en Jefatura, en todos lados, y resulta que todo está en veremos”, dice José, un vecino, en la reunión de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal de Rosario.
A la misma reunión fue invitada Elina para contar lo que sucedió con ella y junto a los vecinos del barrio poner en alerta a los legisladores sobre la violencia institucional que ahora viene a implicar otro temor en el barrio. Minutos antes de iniciar la reunión son los concejales y sus allegados lo que se acercan a Elina para presentarse. Como el hermano del concejal Diego Giuliano, que se esfuerza por hacerle entender a Elina que él es “del palo”, que es “rockero”, y que va al teatro Vorterix “a ver bandas de rock”. Elina dice que está ahí, principalmente, para hacerle el aguante a los vecinos que le tendieron una mano.
Basta con mover el archivo más reciente para saber que el mismo Diego Giuliano, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo, es el edil que desde su puesto impulsó la Declaración de Emergencia en Seguridad. Proyecto que buscó aumentar el presupuesto destinado a un modo de impartir “seguridad” relacionado a la creación de destacamentos policiales en los barrios en los que los derechos básicos cubiertos se cuentan con una mano, a la instalación de cámaras de videovigilancia por toda la ciudad, a la creación de patrullas y a la puesta en ejercicio de policías retirados que sean considerados “aptos” para afrontar el derrotero de homicidios que se empeña en mantenerse por encima de los cien anuales. Lo mismo sucede con el candidato a concejal Roberto Sukerman, que pide el cierre de la 7° después de haber hecho campaña a intendente en el 2015 con un spot a bordo de un auto negro llegando a un operativo policial cual agente de civil, hablando de seguridad entre sirenas azules.
La demagogia electoralista alcanzó a la violencia institucional como tema de agenda. Al menos por unos días. Quizás, hasta que la propuesta de más y más policías en las calles vuelva a ser el denominador común en el ranking de promesas de cara a las elecciones por venir.
