Familiares, amigos y colegas de la bibliotecaria que falleció en la comisaría 10° marcharon para pedir justicia y para que se investiguen los motivos de esta muerte. Estuvieron acompañados por gremios, centros de estudiantes y organismos de derechos humanos. Se trata de un caso en donde los únicos sospechosos son policías. La mujer fue detenida por la fuerza, aparentemente golpeada y esposada. Estuvo detenida en una habitación de la seccional de barrio Alberdi sin cámaras de seguridad. Cuando sus hermanos fueron a buscarla porque estaba con una «crisis nerviosa» se encontraron con la noticia de que había muerto por un paro cardiorrespiratorio.
Por Carina Toso – María Cruz Ciarniello / Fotos: Fernando Mut
[dropcap]E[/dropcap]l dolor, la impotencia y un pedido de justicia marcharon una vez más por las calles de esta ciudad. Caminaron desde los tribunales provinciales de Montevideo y Oroño hasta las puertas de la sede de Gobernación, frente a la plaza San Martín. Anduvieron bajo la lluvia, a la luz de las antorchas, con lágrimas compartidas. A cada paso surgía una pregunta que no encontró aún su respuesta por una nueva muerte, la de María de los Ángeles Paris, en manos de la policía,
“Dudas tenemos mil, certezas ninguna”, dijo el hermano de la víctima, Guillermo Paris. “Fuimos a buscar a mi hermana porque tenía una crisis de nervios pero la vimos salir en la mortera del Sies”, dijo Claudia. “Necesitamos como familia que se esclarezcan los hechos y saber qué paso con mi mamá en esa comisaría”, dijo Érica, la hija de María de los Ángeles. Ellos marcharon este jueves junto a las comunidades educativas de las escuelas en donde esta docente de 46 años trabajaba como bibliotecaria, la Técnica N°464 de Pueyrredón y Tucumán, y la escuela Gurruchaga. También marcharon centros de estudiantes de distintos establecimientos educativos. Se sumaron gremios, encabezados por Amsafé, y organismos de derechos humanos. A pesar del mal tiempo la convocatoria tuvo una respuesta masiva.
María de los Ángeles Paris era bibliotecaria. El 3 de mayo salió de la escuela Técnica N° 464 caminó por Peyrredón hasta Santa Fe y entró al supermercado Carrefour. Ahí se encontró con una colega y su esposo, con quienes estuvo charlando un rato y quienes después la acompañaron a tomarse un taxi. Eran cerca de las 20 horas. Poco después moría en una celda de la comisaría 10°, ubicada en Darragueira 1156 del barrio Alberdi. Estaba esposada. Dijeron que fue un paro cardiorespiratorio. Que sufrió una crisis pero no se conoce el motivo. Tampoco explicaron por qué María de los Ángeles estuvo en esa seccional ese día. Su hija y su hermana la llamaron por teléfono porque no volvía a su casa. Los que atendieron el celular fueron los policías que se negaron a pasarles con Paris. “La tienen que venir a buscar acá”, les dijeron. Pero cuando llegaron la noticia fue que ya estaba muerta. No les dejaron ver el cuerpo. Les devolvieron sus cosas, algunas porque otras todavía no aparecen. El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro dijo, a los dos días, que ya no había nada que investigar. Ahora confirmó que recibirá a la familia este sábado en sede de Gobernación. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos provincial, brilla por su ausencia.
“Fuimos a buscar a mi hermana porque tenía una crisis de nervios pero la vimos salir en la mortera del Sies”, dijo Claudia.
Ante la gran cantidad de dudas y de irregularidades que fueron asomando tras esta inexplicable muerte, y ante los antecedentes de la policía provincial, la familia de Ángeles se constituyó como querellante en la causa que investiga su “muerte dudosa”, con el acompañamiento de los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Cátedra de Criminología y Amsafé. Ya pasaron más de quince días y no hay avances, no hay pruebas y no hay un camino que se abra hacia una explicación clara de cómo y por qué murió la docente.
En este marco, los casos de Franco Casco, Pichón Escobar y Jonatan Herrera, resuenan a cada instante. Tres víctimas de la violencia institucional, tres víctimas de la policía. Tres víctimas de la impunidad que rodea a esa institución. Es más, mientras el caso de María de los Ángeles comenzaba a recorrer los medios locales y los nacionales, se supo que el viernes 12, una joven de 27 años, Elina Rivero, fue detenida en la seccional 7° donde fue “salvajemente golpeada por la policía aunque la vergonzosa versión policial sostuvo que se «autolesionó» y que estaba alcoholizada. Hoy la joven se encuentra en un estado de salud muy delicado y pelea por su vida”, señalaron desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional a través de un comunicado. Según la versión oficial la chica había sido detenida por ocasionar disturbios en un bar de Catamarca y Cafferata, tras salir de un recital en Vorterix. La policía aseguró que ella misma se había causado lesiones en la cabeza por “presentar un alto grado de intoxicación”. Elina fue trasladada de la seccional al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde fue internada en terapia intensiva.
Un grupo de amigas de Elina se sumó a la marcha de este jueves para exigir justicia por el caso de la joven. Durante el acto leyeron esta carta: “El pasado viernes Elina Rivero fue a un recital a encontrarse con sus amigos de siempre. Una mala mujer para esta sociedad machista, con su actitud punk y sus botas de cuero. Esa noche se la tenían jurada. Una supuesta denuncia hecha por algún vecino por molestar era la excusa para la que estuvieran esperando enfrente del mini que queda a la vuelta de la comisaria 7°, amenazando a sus amigos con que iban a hacer lo mismo con ellos si se acercaban ayudarla. Creemos que no fueron mas de dos horas las que tuvo Elina antes de que la ambulancia del Sies la buscara para dejarla en el HECA. Un machetazo en la nuca, un traumatismo en el cráneo no se lo pudo haber hecho sola y también sabemos que la esta peleando”.
En referencia a este caso y al de Paris, la Multisectorial afirmó: “Ambas mujeres fueron violentadas por la policía en comisarías. Se trata de casos en los que hay una evidente violación a los derechos humanos por lo que el Estado, en vez de excusarse, tiene la obligación de investigar de manera pronta, imparcial y efectiva lo sucedido y sancionar a los responsables”.
Que la justicia investigue y no mire para otro lado
Frente a la sede de Gobernación este jueves se levantaron las banderas y se exigió justicia una vez más por un hecho que involucra como responsables principales a policías, miembros de la fuerza de seguridad provincial que no pueden dar respuestas a preguntas simples y concretas. El cariño que familiares, amigos y colegas sentían por María de los Ángeles invadió el aire y se transformó en un reclamo colectivo por el esclarecimiento de su muerte. Bety Jouve, una de sus colegas, le dedicó estas palabras: “A María de los Ángeles: Debo romper el nudo que oprime mi garganta. Debo poner palabras. Debo contar esta historia. Debo, aunque me pese, escribirla en tiempo pasado. María de los Ángeles era bibliotecaria. Trabajaba en dos escuelas porque con una sola el salario no le alcanzaba para vivir dignamente. Tenía una hija, a quien tanto amaba. La conocí en la escuela. Siempre fue muy responsable y comprometida con sus tareas. Más de una vez planificamos juntas la hora del cuento. ¿Qué autor les gustaría más a los chicos y las chicas de los primeros grados? ¿Laura Devetach, Elsa Borneman, Gustavo Roldán? ¿Se disfrazaría o haría títeres? Muchas de estas ideas motivaban sus charlas. Cuando consiguió la casita propia sintió que mejoraría su situación. Lo único que quedaba tan lejos, allá en la Zona Cero. Cuando regresaba sola a la noche, después del doble turno, más de una vez sentía miedo, por eso mucha plata del sueldo se le iba en taxis. Aunque el dinero no le sobraba, prefería estar segura, porque tenía por quién velar.
Por esas cosas de la negación esa mañana salteé la noticia del portal, por eso me enteré en la escuela. No lo podía creer. Una pesadilla siniestra nos conmovía: María de los Ángeles había muerto la noche anterior en la comisaría… El Estado debe darles una respuesta a los chicos y las chicas de primero porque su bibliotecaria ya no se sentará en la ronda a contarles el cuento que tanto esperaban”.
Su hija Érica y su hermana Claudia también fueron parte activa de este acto: “Necesitamos como familia que se esclarezcan los hechos y saber qué paso con mi mamá en esa comisaría porque tenemos más dudas que certezas, vamos a seguir marchando todos los días” dijo Érica y Claudia afirmó: “Esos policías siguen ahí y no los separaron de su cargo. Queremos que se separe a la policía que estaba en ese momento y que se tome declaración a más testigos. Queremos saber por qué la esposaron, por qué la insultaron. Hay personas que nos dijeron que la volvieron a entrar a la comisaría de los pelos. Cuando ella se estaba yendo, la fueron a buscar y la ingresaron nuevamente”.
“Ambas mujeres fueron violentadas por la policía en comisarías. Se trata de casos en los que hay una evidente violación a los derechos humanos por lo que el Estado, en vez de excusarse, tiene la obligación de investigar de manera pronta, imparcial y efectiva lo sucedido y sancionar a los responsables”.
Por su parte, Gustavo Téres, secretario general de Amsafé Rosario, gremio al que pertenecía María de los Ángeles, fue contundente en su discurso: “Venimos hablando hace mucho de la Santafesina S.A. Pullaro está llevando adelante una política de encubrimiento que termina llevando a las políticas de impunidad. No vamos a tolerar eso, hay responsables directos y están en la comisaría 10°, todavía siguen ahí. También hay responsables políticos. Esta es una larga lucha que no termina en esta marcha. Vamos a seguir presentes y en las calles, todos somos María de los Ángeles. Si tenemos que ir a un paro de todos los trabajadores de la educación para que se haga justicia lo vamos a hacer”.
A Guillermo el pedido de justicia por la muerte de su hermana le brotó entre la bronca y el dolor: “Estamos certeramente comprometidos y vamos a seguir hasta el final para esclarecer esta muerte absurda de una persona dulce, extraordinaria, con unos valores enormes, muy trabajadora, que tenía un corazón enorme. Vamos a estar esforzándonos para que esto se esclarezca. Aquellos que debieran de cuidarnos desde el Estado no lo hacen. Le pedimos al fiscal que investigue más fehacientemente, aceptó las reuniones que le pedimos, pero queremos que investigue más a fondo, con más firmeza y que se aceleren los tiempos para que las pruebas no se esfumen”.
Qué pasó con María de los Ángeles
Desde la APDH, la Cátedra de Criminología y Amsafé Rosario, que están acompañando a la familia de la docente en el proceso judicial, expresaron que los pedidos concretos tanto a la justicia como al Ministerio de Seguridad de Santa Fe son: que se investigue rápidamente para que las pruebas un se esfumen y que se separe a los policías que esa noche estuvieron en la comisaría 10° de la investigación. La causa aún no tiene carátula pero se estaría investigando como “muerte dudosa” por parte del fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Unidad de Homicidios Dolosos.
“Le pedimos al fiscal una serie de pruebas y que aplique dos protocolos internacionales que son obligatorios para este caso: el de Minesota y el de Estambul. El primero dice cómo deben investigarse casos en los que con la intervención policial una persona termine muerta. Y el segundo se aplica ante la posible comisión de torturas y actos degradantes. Si ellos dicen que estaba en una crisis y la intervención es correrla, tomarla del cuello, meterla en la comisaría, esposarla y dejarla en un lugar que ni siquiera es una celda, creemos que hubo un trato degradante y hasta de apremio. Queremos que se separe a cualquier división de la policía provincial de la investigación”, explicó Enrique Font, abogado de la Cátedra de Criminología de la UNR. Por el momento, la revisión de las cámaras de seguridad está a cargo de la policía federal. Una de las zonas que se está relevando es la de Pueyrredón y Santa Fe, donde la docente se tomó el taxi para intentar identificar el coche y al taxisa.
La preocupación más grande es qué pasó adentro de la comisaría. María de los Ángeles habría ido a hacer una denuncia de la que no hay constancia. Personas que estaban en una sala velatoria frente a la seccional aseguran que la vieron salir enojada y gritando que “la policía y los delincuentes son lo mismos”. Enseguida vieron como personal policía salió a correrla, la agarró de los pelos y la ingresó nuevamente al edificio esposada. “No sabemos que pasó adentro de la comisaría. Sabemos por el informe forense que se murió de un paro cardiorespiratorio pero no sabemos que se lo provocó. Ella estaba en medio de una crisis. Pero así y todo la aislaron y la esposaron”, agregó Font.
“Hay cosas que ya se perdieron. Por ejemplo, cuando el fiscal llega a las 11 de la noche a la comisaría, no secuestra los celulares de todos los policías que estaban ahí presentes. Eso es importante para saber si a las ambulancias las llamaron antes o después de que se murió”, dijo Font. Tampoco se sabe que pasó con el guardapolvo que la docente llevaba puesto y faltaron algunas cosas de su cartera, entre ellas un anillo. “Nos preocupa que el fiscal repita la versión oficial y no tenga hipótesis. Lo que reconocen los policías ya es gravísimos. A nivel político es un escándalo. Pullaro dice que no son responsables. Pero un policía festeja un gol en un partido de central y dicen que lo van a investigar hasta las últimas consecuencias, una docente muere en una comisaría y dicen que no hay responsabilidad policial”, manifestó Font.
“Pensé que con Pichón Escobar y con Franco Casco se iba acabar la impunidad, pero desde la policía y la justicia están asegurando hoy que esa impunidad siga. Pullaro no puede asegurar las condiciones mínimas para esclarecer el hecho, y eso le estamos exigiendo, expresó el abogado de la APDH, Sebastián Sancevich quien además dejó en claro que “la familia quiere llegar hasta el final en este caso, quiere justicia sí o sí para María de los Ángeles. Acá empezamos un largo camino de lucha”.
Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos en Amsafé, contó a enREDando cómo desde el gremio están haciendo todo lo posible para aportar datos a la investigación judicial. “Pudimos reconstruir su día hasta las 20, hora en que ella se subió a un taxi. Ese día salió de la Gurruchaga y se fue a la Técnica. Después fue al Carrefour de Pueyrredón y Santa Fe, se encontró con una compañera que hacía un tiempo que ya no trabajaba con ella. Charlaron hasta las 20 y la acompañó a tomar el taxi. Hasta ahí estamos seguros. Después habría ido a hacer una denuncia de un robo pero que no fue de ese día”, afirmó y agregó: “De algo ya no hay dudas y es que hubo violencia institucional y que tienen responsabilidades los funcionarios porque a ella en la calle la violentan, la esposan y la vuelven a meter adentro de la comisaría sin haber cometido ningún delito. La dejan privada de la libertad en un cuarto y esposada todo el tiempo”.
Otro dato a destacar es que en la habitación que la dejan detenida, que no es una celda, no hay sistema de vigilancia ni de cámaras por lo que no se puede saber qué paso en ese lugar el tiempo que la docente estuvo encerrada.
Cuando la familia llamó a su celular para intentar ubicarla, la policía atiende y le dicen que la tienen que ir a buscar ahí y que estaba con una crisis de nervios. Cuando llegan el panorama fue desolador. “Apenas llegué a la comisaría no me permitieron ver el cuerpo ni reconocerlo. La policía de investigaciones llegó y sacó fotos. Pedí verla después de eso pero llegó el furgón y se la llevó a la morgue. Jamás la pudimos ver. Todo lo que hicieron me da muchas dudas, estaba incomunicada y detenida no sabemos en calidad de qué. Son cosas que la policía va a tener que aclarar. ¿Qué quieren esconder? Porque si hicieron todo bien no hay nada que ocultar. Dudas tenemos mil, certezas ninguna. Hubo ocultamiento hasta el último minuto. Ir a hacer una denuncia y terminar muerto es una bestialidad.”, aseguró Guillermo.
Por su parte Claudia, supone que para cuando el Sies llega a la seccional 10°, su hermana ya estaba muerta. “Una mujer policía decía todo el tiempo que estaba rígida. Le pregunté al médico del Sies porqué le hizo RCP a una muerta, no me pudo decir qué signo vital tenía, no me respondió, se fue, lo tuve que correr por la comisaría”. La mujer también agregó que uno de los policías tenía “arañazos”. “Fuimos a buscar a mi hermana porque tenía una crisis de nervios y la sacó la mortera del Sies. No entendemos que pasó.
Le pedimos al taxista que la llevó que por favor se presente a declarar a la fiscalía, que no declare ante ningún policía”, dijo.
Vergara afirmó que desde el gremio harán todo lo posible para “poner blanco sobre oscuro y pedir por la integridad física de los testigos y de la familia. Son culpables de que ahí hubo una muerte de alguien que estuvo ilegítimamente privado de su libertad. No queremos mas muerte en las comisarías. Queremos que se termine con esta impunidad”.
La preocupación de la ONU
Hace pocos días, el Comité de Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió duras críticas contra el Estado argentino por la violencia institucional que se ejerce en el país. El organismo expresó su preocupación por la “persistencia de la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro y otros ámbitos que dependen de las fuerzas de seguridad, el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes” y exigió al gobierno “establecer un sistema eficaz de recopilación de datos estadísticos a nivel nacional”.
En este contexto, María Eugenia Mistura, miembro de la Cátedra de Criminología se refirió a este informe y afirmó: “Vemos como la muerte de María de los Ángeles se inscribe en un fenómeno muy extendido y sistemático de violencia institucional que ocurre principalmente en Rosario. Lo cierto es que fue una detención ilegítima y que se trató de una muerte en custodia. Solicitamos al Estado que no niegue estos hechos y que las investigaciones que se lleven adelante sean adecuadas y se ajusten a los parámetros internacionales. El pasado 12 de mayo la ONU comunicó al Estado nacional que le preocupa mucho las investigaciones que se están llevando adelante en estos casos ya que no pueden seguir a cargo de la misma institución que está sospechada en el hecho. Es muy necesario que todos acompañemos la lucha para poder revertir la negación por parte del Estado de este fenómeno”.
Sobre las prácticas vulneratorias de derechos por parte de las agencias de seguridad del Estado, la ONU exigió “investigar sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores. Cuando corresponda, el Estado debe castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas”.
Además, el Comité señaló su preocupación por la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, “en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conductas delictivas”.
