Las querellas y la fiscalía habían solicitado prisión perpetua para los diez represores acusados en la Causa Guerrieri III. El Tribunal Oral Federal N° 1 falló este viernes 12 de mayo: la sentencia fue ejemplar. Todas perpetuas y con cumplimiento de la pena en cárceles comunes. El abrazo necesario en un contexto regresivo en materia de derechos humanos en Argentina.
Por María Cruz Ciarniello / Foto: enREDando
«Hoy salió el sol aunque el tiempo este bastante facho». Esas fueron las primeras palabras de Sabrina Gullino Valenzuela Negro al salir de la Sala de Audiencias de los Tribunales Federales, este viernes 12 de mayo, día en que se logró en Rosario, condenar a prisión perpetua a diez genocidas en el marco de la Causa denominada Guerrieri III. Sabrina es hija de los militantes montoneros Raquel Negro y Tulio Valenzuela, dos de las 47 víctimas de una causa que tiene a 24 de ellas desaparecidas.
Y fue justicia. Y fue abrazo colectivo. Este fallo llega en el momento más indicado: cuando la Corte Suprema de Justicia y un gobierno negacionista como el de Cambiemos intentan torcer un camino de justicia trazado y conquistado, escuchar la sentencia a cadena perpetua y cárcel común para represores resulta indispensable. Es una enorme bocanada de aire fresco que impulsa a continuar con más fuerza para todo lo que se avecina: en lo inmediato, el inicio de otro juicio de lesa humanidad en Rosario, la gigantesca causa Feced III que comenzará el 8 de junio y que cuenta con 14 imputados y 155 víctimas.
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La lectura del fallo estuvo a cargo del TOF N° 1. Fue pasado el mediodía cuando dio inició a lo que, fuera de los Tribunales, se esperaba con ansiedad. La lluvia copiosa no daba tregua. Tampoco la dio aquel 13 de octubre de 2016, día en que se inició este largo proceso oral que tuvo como principales condenados a los ex militares Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor Gonzalez y Alberto Enrique Pelliza y a quienes se desempeñaron como Personal Civil de Inteligencia, Walter Pagano, Eduardo Constanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
De todos, el único represor que hasta el momento no había sido juzgado era Isach, ex comisario de la policía provincial y PCI del Ejército. El motivo: Isach estuvo prófugo hasta el año 2012 cuando fue capturado en las playas de Ostende tras un allanamiento en su domicilio.
Todos los represores actuaron bajo la órbita del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército y fueron juzgados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos. Este accionar se dio en los centros clandestinos de detención conocidos como La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y Quinta de Funes.
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“Esta etapa es tan importante como los dos capítulos anteriores y los otros juicios en general que se desenvolvieron en Rosario. Para nosotros reviste suma importancia, porque estamos hablando de la revisión, la búsqueda de responsabilidades y el castigo por los crímenes cometidos de la última dictadura cívico-militar en la zona del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército, en un escenario político muy distinto del que tuvimos cuando recomenzaron los juicios”, decía aquel 13 de octubre en la primera audiencia del juicio, el concejal Eduardo Toniolli, querellante en esta causa por el homicidio de su papá, Eduardo José Toniolli.
Sobre Isach, una de las condenas más celebradas en este fallo, Toniolli expresaba: “La importancia de que haya un nuevo represor entre los acusados es que siempre tenemos las esperanzas de que aporte nuevos elementos, no porque confiemos en ellos sino porque creemos que el pacto de silencio puede romperse y traer algún dato sobre el destino final de nuestros compañeros que siempre fueron una incógnita y el caso de apropiación de menores, en este caso del hijo de Raquel Negro que estuvo secuestrada en ese circuito represivo”.
En su alegato, el fiscal general Adolfo Villate había señalado al acusado como el “autor directo de la matanza de los prisioneros del centro clandestino «La Intermedia», y remarcó que «la valoración realizada de la prueba por la Fiscalía pesó para su condena». Finalmente la justicia lo condenó como coautor de aquellos delitos.
Durante esa primera audiencia, tal vez la imagen más recordada sea la del represor Daniel Amelong. “¿Macri miente?, Sigue el curro”, decía el cartel que levantó ese día ante los fotógrafos que ingresaron a la sala. Con una sonrisa burlona tuvo sus cinco minutos de fama, hasta que uno de los jueces le pidió que lo guarde. “A dos de ustedes yo los conozco”, amenazó a los magistrados a gritos secundado por otro de los acusados, Jorge Alberto Fariña: “Yo tengo 73 años y también tengo derechos”.
Ocho meses después, Amelong escuchó en boca de esos mismos jueces, José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, una nueva condena en su contra: prisión perpetua.
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Homicidios, secuestros, desaparición, tormentos y torturas sobre 47 víctimas. No hay duda de que lo que se juzga en cada juicio de lesa humanidad, es un plan sistemático de desaparición de personas que operó en todo el territorio argentino.
Que la perversidad de los crímenes perpetrados no solo se ajusta a la desaparición de 30 mil personas entre 1976 y 1983 y cientos de sobrevivientes que ofrecen con valentía su testimonio para enjuiciar a sus verdugos.
Hablamos también de alrededor de 500 niños y niñas que fueron apropiados por el plan genocida. Hablamos de un pacto de silencio que existe entre los represores, negando la posibilidad de conocer no solo el destino de los cuerpos de los desaparecidos sino, y sobretodo, el destino de todos esos bebés que fueron parte del botín de guerra de los genocidas.
122 son los nietos y nietas recuperadxs hasta el momento por la enorme labor que lleva adelante Abuelas de Plaza de Mayo y el Banco Nacional de Datos Genéticos. 400 hombres y mujeres aún desconocen quién fue su papá, su mamá, sus abuelxs o si tienen algún hermano o hermana que espera su abrazo.
Es el caso, entre tantos, de Sabrina, quién no solo recuperó su identidad en el año 2009, sino que además hoy busca a su hermano mellizo. “Es una sentencia ejemplar, pero por toda la lucha que se viene dando en estos cuarenta años, donde hubo subidas y bajadas, pero el amor de las Madres, de las Abuelas, la tenacidad de mis hermanos, de mis compañeros de HIJOS, y de todos los sobrevivientes que con tanto valor, en momentos en que eran muchos más difíciles que ahora declarar, pudieron ir reconstruyendo lo que hoy son los juicios”, señaló al finalizar la lectura del fallo.
Para ese entonces, todo era lágrimas y alegría en el hall de entrada de los Tribunales Federales. Frente a ella, los ojos emocionados de Norma Vermeulen, Madre de Plaza 25 de Mayo, la iluminaban. Hacia ellos apuntaban las palabras de Sabrina: “Nuestros pueblo es el que va a poder doblar el destino para poder encontrar a todos los hermanos que nos faltan, saber qué pasó con nuestros padres, que hoy son nuestros compañeros, porque luchamos por su memoria”.
Después llegó el abrazo de las dos. El abrazo que habla por todos. El que fortalece y reconforta: el abrazo que vence cualquier vestigio de impunidad y olvido enmascarado en un vergozoso 2×1 supremo. El abrazo que hace justicia, en las calles, en las plazas, en los Tribunales. El abrazo de una madre a una hija que también es nieta.
Entre los muchos testimonios que declararon durante el juicio, se destaca el de Mariana Victoria Flores. Hoy tiene 39 años, fue secuestrada junto a sus padres cuando tenía seis meses. Daniel Flores, su papá, es quien permanece desaparecido. “Por más que yo haya perdido y me hayan quitado la posibilidad de tener a mi papá, esto, si bien no me lo devuelve, tiene un nivel restitutivo”, dijo Mariana frente al TOF 1. “Esto dejó de pasarme a mí y empezó a pasarle a la sociedad”. El 7 de junio de 1977 los tres fueron secuestrados por una patota de civil a la salida de un cine y conducidos al centro clandestino de detenciones “La Calamita”, ubicado en Granadero Baigorria, según pudo reconstruir con el tiempo Laura Repetti, su mamá. “Para mi estar acá es algo que desee toda la vida, yo lo único que deseaba es que los que eran responsables sean responsables”.
El deseo de Mariana es un deseo colectivo. Pero es mucho más que eso: es una sentencia de justicia que traspasa el ámbito personal para transformarse en un hecho político restitutivo. De eso se tratan las condenas ejemplares en los juicios de lesa humanidad.
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Un rol fundamental en estos juicios es el que lleva adelante cada unx de lxs abogadxs querellantes. Nadia Schujman, abogada de Hijos Rosario, profundamente conmovida, soltó algunas palabras. “En esta semana ganamos todas las batallas”. Y no es para menos. Hace apenas dos días, Nadia hablaba frente a una multitud en la Plaza 25 de Mayo, cuando se realizó la movilización en repudio al fallo de la Corte Suprema. Decidida, ratificó la necesidad de exigir el juicio político a los tres cortesanos que dictaron el beneficio para el genocida Muiño. “Es para festejar pero no para dormirnos en los laureles, porque el lunes la pelea sigue. Evidentemente este gobierno siempre va a querer poner en jaque nuestras conquistas, siempre va a querer amenazar lo que hemos conseguido, por eso siempre tenemos que estar alertas para defenderlo”.
También destacó la lucha colectiva. Imposible llegar a estas sentencias sin todo un trabajo militante previo, un camino que fueron trazando otrxs abogados, como Delia Rodriguez Araya, comprometidos con la defensa de los derechos humanos. “Los que no están”, dice Nadia y el recuerdo de todos ellxs se hace presente. Es que esas ausencias, en estos claros días de justicia, punzan en la memoria y en un profundo agradecimiento.
Santiago Bereciartúa, abogado de Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también expresó su emoción. “En estos juicios se respetan todas las garantías. El hecho de que tengamos 10 condenas más que probadas es importantístimo, más en esta semana, despues de un embate fuerte con un nuevo fallo de impunidad, las calles del país se han llenado y el pueblo le ha dicho que no a este cambio. Estoy muy eufórico. Cuando llegó al condena de Isach fue el doble de alegría porque estuvo prófugo. Hoy es un día de alegría terrible”.
El fallo del Tribunal fue ejemplar no solo por las diez prisiones perpetuas que había solicitado la querella como también la fiscalía a cargo de Adolfo Villate, sino porque la sentencia determina que la pena debe cumplirse en cárceles comunes, aunque existan represores que actualmente gocen de la prisión domiciliaria. “Esto representa que los militares también tienen los derechos” señaló el abogado quien además, agregó, dejando una reflexión que ejemplifica las enormes movilizaciones de estos días en repudio a una aministía encubierta por parte de la Corte Suprema de Justicia así como de las políticas de retroceso que lleva adelante el gobierno nacional. “Es muy importante que haya una condena de muchos años para que se reconozca lo que ocurrió y el rechazo que tiene el pueblo argentino para estos hechos que se han investigado y condenado”.
Fuentes: Fiscales.gob / Redacción Rosario / Notas de enREDando
