La APDH pidió la elevación a juicio oral de la cuarta parte de la causa Guerrieri. Hay dos aspectos particulares de este nuevo tramo: uno es que se llevará a juicio casos de detenidos que no cuentan con testigos directos gracias al conocimiento del mapa de represión ilegal desplegado en la región. Y el segundo es que por primera vez se juzgará en Rosario a personal de la Policía Federal Argentina por su participación en los operativos.
Por Carina Toso / Foto: Diario de los Juicios
[dropcap]M[/dropcap]ientras el juicio oral y público por el tercer tramo de la causa Guerrieri transita su última etapa, las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentaron a finales de abril el pedido de elevación a juicio de la cuarta parte de esta causa, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito de quintas que utilizó el ejército en Rosario y el Gran Rosario. El escrito se presentó ante el juez federal de instrucción Marcelo Bailaque y, en el caso de confirmarse la elevación a juicio por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1).
Un hecho hace que el futuro juicio oral tenga una particularidad: a partir del conocimiento del mapa de la represión ilegal desplegada en la región a la que se accedió a raíz de las diversas causas desarrolladas en Rosario, permite que la justicia federal esté en condiciones de llevar a audiencia casos de compañeros y compañeras cuyos secuestros, y muchas veces sus cautiverios y posterior homicidio, no cuentan con testigos directos.
Muchos de los datos e información fundamental para reconstituir los más de cien casos que componen esta causa fueron aportados por el Centro Documental del Museo de la Memoria de Rosario.
“El desarrollo de las investigaciones posibilitó conocer cómo se organizaban las fuerzas represivas con un grado mayor de detalle al que teníamos antes de la reapertura de las causas con contenido punitivo”, expresaron las abogadas Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini y Julia Giordano, representantes de la querella de la APDH y de casos particulares y agregaron: “Es por ello que pudimos elevar a juicio, con el grado de certeza necesario para un procesamiento penal confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones 124 casos de víctimas que en su inmensa mayoría pasaron por el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Calamita, en relación a 19 responsables, integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, personal civil de inteligencia, así como por primera vez integrantes de la policía federal”. Este último punto suma la segunda particularidad de Guerrieri IV.
Muchos de los datos e información fundamental para reconstituir los más de cien casos que componen esta causa fueron aportados por el Centro Documental del Museo de la Memoria de Rosario.
“Celebramos esta posibilidad de justicia que sólo es posible gracias a la labor incansable de quienes con gran valentía sostienen los juicios prestando su valioso testimonio cada vez que son convocados al efecto. Memoria Verdad y Justicia son nuestros objetivos permanentes hasta que el último de los perpetradores del genocidio, sea miembro de las fuerzas de seguridad o civil ,sea juzgado”, afirmaron las abogadas.
Los imputados se dividen entre quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario: Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Marino Héctor González; quienes eran Personal Civil de Inteligencia del Destacamento: Pablo Vera, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Daniel Isach, Walter Salvador Dionisio Pagano y Eduardo Rodolfo Costanzo; y los integrantes de la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: Roberto José Mónaco, Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Luis Paulino Coronel, Enrique Andrés López, Osvaldo Jorge Tébez, José Luis Troncoso y Oscar Roberto Giai.
Éstos últimos, ex miembros de la policía federal, serán juzgados por primera vez en un proceso de lesa humanidad. Según afirma la información recopilada en los expedientes, es en los legajos de estos policías y bajo el título de “actos meritorios – recomendaciones”, donde en muchos casos se consigna la “destacada labor” de los imputados en procedimientos de secuestros en medio de la noche a personas indefensas, con fecha y ubicación exactas. “Prueba irrefutable de su participación en la represión ilegal”, dijeron las abogadas.
Mónaco fue jefe de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA) desde el 20 de diciembre de 1976 hasta el 1º de diciembre de 1978. Almeder se desempeñó entre el 5 de enero de 1976 y el 3 de enero de 1977 con el cargo de subinspector en Rosario. Faccendini era sargento, Retamozo, durante la época en que ocurrieron los hechos que le fueran imputados, fue cabo y Coronel fue sargento primero, cargo que asumió en agosto de 1976, y en su legajo se puede leer la recomendación y “felicitación” por “abatir extremistas (E.R.P.)”. Este reconocimiento también figura en el legajo de otro imputado: López. En igual sentido el legajo del agente de la PFA Tébez, consigna recomendaciones por destacada participación en la lucha antisubversiva, y reseña diversos procedimientos. Idéntica circunstancia se da en el caso de Giai, subinspector luego ascendido a inspector de la Delegación Rosario.
Las víctimas
Durruty, Pellegrini y Giordano además de representar a la APDH como querellante también representan a José Busaniche, Mariana Bosso, Mabel Coutada, Oscar Bustos, Lucas Federrico, Martín y Bárbara Mac Guire, Viviana Adela Nardoni, Juan Rivero, Ramón Verón, Florencio Rodriguez Suppo, Silvia Carina y Juan Leonardo Laborde.
Se juzgarán más de un centenar de casos, una parte de ellos ya han sido tratados en las elevaciones anteriores, por lo que los hechos se encuentran probados, debiéndose ahora solo establecer la relación de los nuevos imputados con cada uno de ellos. “Pero también se elevarán a audiencia de debate muchos casos nuevos, que nunca habían alcanzado la posibilidad de que sus secuestros y cautiverios sean ventilados en un juicio público y oral.
Es por ello que esta porción de Guerrieri será muy importante”, explicaron las abogadas de la APDH.
En este tramo de la causa se incluyen casos de la Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas ya juzgados. Se suman algunos de La Calamita, importante centro clandestino ubicado en Granadero Baigorria del que hasta hoy se juzgaron muy pocos casos. Mientras que los casos que llegan por primera vez permitirán ahondar aún más en la suerte corrida no solo por ellos, sino por otros compañeros y compañeras que transitaron por el circuito de centros de detención ilegal establecidos en la zona.
Algunas de las víctimas y testigos que prestarán declaración ante el tribunal son: Santiago Mac Guire, Eduardo Garat, Roberto Pistacchia, Graciela y Susana Busaniche, Pedro Delgado, Gustavo Rodríguez Suppo, Olga Vaccarini, María Isabel Salinas, Carlos Alberto Bosso, Ricardo Massa, Susana Becker, Viviana Nardoni, Luis Megías, Domingo Laborde, Mario Alberto Ramos, Emilio Etelvino Vega, María Esther Ravello y Adriana Tasada.
El rol de la Federal y el Destacamento de Inteligencia 121
La PFA comenzó sus tareas de inteligencia y accionar represivo mucho antes del golpe de Estado del ’76. En 1971, bajo la conducción del comisario mayor Jorge Cáceres Moiné, se realizó una reforma estructural en la fuerza para adecuarla al control político y social de la población. La Superintendencia de Coordinación Federal pasó a cumplir un rol importante en la realización de tareas de inteligencia y se estableció que el comando de la Federal debía ser encarnado en un militar designado por el Ejecutivo para comenzar a subordinar la fuerza al ejército. La idea era alcanzar una total subordinación para el año 1976.
Así, se crearon dependencias de inteligencia en el ámbito de todas las fuerzas federales del país. Si bien las tareas eran coordinadas en el marco de la “comunidad informativa”, las mismas demandaban la articulación permanente entre las policías y el ejército.
La PFA comenzó sus tareas de inteligencia y accionar represivo mucho antes del golpe de Estado del ’76. En 1971, bajo la conducción del comisario mayor Jorge Cáceres Moiné, se realizó una reforma estructural en la fuerza para adecuarla al control político y social de la población.
En esta etapa de la causa Guerrieri existe un amplio material probatorio que vincula de manera directa al personal de la Policía Federal Argentina en distintos operativos realizados en forma conjunta con el Ejército Argentino. Por ejemplo, en un expediente de la fuerza del año 1977, se encontró que por la actuación de miembros de la Delegación Rosario en distintos procedimientos, les fueron otorgadas “recompensas”.
De estos expedientes también surge que la PFA participó de procedimientos en la ciudad como el de calle Dorrego 4717 y el de calle Tupungato y Rodríguez, de los que fueron víctimas María Irma Ferreyra y Omar Fernando Bravo; Isabel Soto de Cian y Héctor Cian; y José Alejandro Ruggero, Marta del Pilar Luque e Irma Edith Parra Yakin.
En el caso de Roberto Miguel Valetto y María de los Ángeles Castillo, la actuación de la Policía Federal Argentina surge del legajo de CONADEP de Valetto. “Allí consta que el día 21 de septiembre de 1977 a las nueve de la noche dos hombres de civil que se identificaron como de la Policía Federal, fueron a la casa del padre de Roberto (Miguel Roberto Valetto) y le pidieron documentación por la camioneta, lo llevaron detenido y se llevaron la camioneta, dejándola en la puerta de la delegación de la Policía Federal de calle 9 de Julio de esta ciudad de Rosario”, según el expediente y sigue: “Tal como lo señala el Dr. Bailaque en la resolución del 9 de septiembre de 2014, el análisis probatorio desarrollado en base a esos casos particulares, hay que compaginarlo con las características de los procedimientos llevados a cabo que tenían una finalidad, en este caso muy específica, que era la persecución de integrantes de la Organización Peronista Montoneros o de personas sospechadas de integrar la organización o participar, de algún modo, en ella para su aniquilamiento”.
