A más de dos años del hecho, comenzó el juicio por el asesinato de Jonatan Herrera a manos de la policía santafesina. La primer audiencia estuvo atravesada por una cuestión previa de larga data: la unificación de la querella, cuya resolución quedó pendiente para luego de un cuarto intermedio.
Por Martín Stoianovich
Fotos: Colectivo Raíz
Luego de una vigilia realizada en la puerta de los Tribunales Provinciales, en la mañana de este primero de marzo comenzó el juicio por el asesinato de Jonatan Herrera a manos de la policía santafesina. El día arrancó con una obra de teatro en la que participaron los familiares de la víctima, recreando aquel hecho del 4 de enero de 2015 en el que al menos cinco policías dispararon hacia Jonatan mientras lavaba su auto en la puerta de la casa. La primera audiencia del juicio estuvo atravesada por tres cuestiones previas que debían resolverse: dos propuestas para sumar nuevos testigos y la unificación de la personería de las querellas. Mientras que el Tribunal dejó la resolución pendiente para el próximo lunes, la familia de la víctima manifestó su enojo denunciando un nuevo intento de silenciar su reclamo de justicia.
Durante todo el 2016, desde que lo solicitó el fiscal de la causa, Adrián Spelta, la unificación de personería de las querellas que intervienen en la investigación ha sido un tema crucial. Desde fines de 2015 hay dos querellas distintas: Sabrina Geissler, madre del hijo de Jonatan, representada por los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman; y María Elena Herrera, madre de la víctima, representada por los abogados Salvador Vera y Analía Abreu. Los motivos por los cuales se dio esta separación fueron tema de varias audiencias durante el 2016. Uno de ellos, quizás el más importante, es que la querella por parte de María Elena propuso en todo momento llevar a juicio oral y público a todos los implicados en el crimen, y la otra parte adhirió al pedido del fiscal de cerrar la investigación a uno de los imputados con una condena por juicio abreviado.
Son diferencias que, a entender de ambos querellantes, no permiten la unificación con la que insiste el fiscal. Sin embargo, en noviembre de 2016 el tribunal de Investigación Penal Preparatoria, presidido por el juez Andrés Donnola, confirmó la unificación de las querellas, e incluso el juez de la Cámara de Apelaciones, Alfredo Ivaldi Artacho, rechazó la apelación de la querella de la madre de la víctima para que no se avanzara con esa definición. Ante esa negativa, se acudió a la Corte Suprema de Justicia, que todavía tiene pendiente su resolución. Por eso, desde la querella cuestionan que sea el Tribunal que llevará adelante el juicio oral y público el que defina esta situación.
“El Tribunal debe velar por el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales en el desarrollo del proceso, y nos parece que en ese sentido la decisión debería ser sencilla en torno a legitimar y permitir el desempeño de las dos querellas de manera autónoma”, sostuvo luego de la audiencia Salvador Vera, para quien el principal motivo por el cual no puede darse la unificación es la “ausencia de comunidad de intereses”. “Ahora entra a jugar verdaderamente el derecho de la víctima a ejercer un rol activo en el desarrollo de la investigación y el juicio”, agregó.
“No entendemos por qué este intento de cercenar la voz de María Elena en este reclamo de justicia por el asesinato de su hijo a mano de dos cuerpos de la policía de Santa Fe”, analizó Vera y volvió sobre la relevancia y trascendencia pública del hecho: “Es una causa atravesada por múltiples intereses”. En este sentido, se preguntó acerca de las responsabilidades del Ministerio de Seguridad que al momento del asesinato de Jonatan hacía tan solo unos meses que había estrenado la Policía de Acción Táctica.
Por su parte, María Elena Herrera, conmovida por la vigilia y por la intervención teatral, además de acongojada por el resultado de la primera audiencia, volvió a insistir en su reclamo. “Sería inútil unificar las querellas, vamos a seguir luchando aunque volvamos con el mismo tema, porque no tenemos los mismos intereses y lo hemos demostrado en la cantidad de audiencias que tuvimos”, explicó. Por el mismo lado fue Julieta, hermana de Jonatan, cuando expresó: “Intentan opacar la lucha que venimos haciendo, pero estamos más firmes que nunca, convencidos de que a mi hermano lo mató la policía y tienen que pagar por lo que hicieron”. “Vamos a seguir insistiendo, sabemos que la pelea está en la calle, pero queremos dejar entendido a fiscales y jueces que esta familia sabe cómo luchar, que vamos a estar siempre en la calles y no vamos a desistir”, finalizó.
El juicio por el asesinato de Jonatan comenzó este miércoles y se espera que se extienda durante todo marzo con la declaración de más de setenta testigos, la gran mayoría de ellos agentes de distintas divisiones policiales, hasta que en la primera quincena de abril se conozca el veredicto. Son cinco los policías imputados que llegaron a esta etapa. Alejandro Gálvez, de la Policía de Acción Táctica, había sido beneficiado con un juicio abreviado, condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de arma agravado por la función pública, pero el fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones, que a su vez dejó al imputado en libertad. Ahora llega con la misma imputación por parte de la Fiscalía, pero con una de las querellas acusándolo por tentativa de homicidio. Luis Sosa y Francisco Ramírez, ambos de la PAT, llegan al juicio acusados por tentativa de homicidio, con pedido de doce años de prisión por parte de la Fiscalía y de catorce por parte de la querella que representa a la mamá de la víctima. Mientras tanto, la pena más alta se espera para los agentes Ramiro Rosales y Gladys Galindo, de la PAT y el Comando Radioeléctrico respectivamente, quienes fueron acusados por homicidio calificado, por ser que de sus armas salieron los dos disparos mortales que recibió Jonatan.
En las calles
El caso Jonatan Herrera está atravesado por la misma historia que cruza a muchos casos de gatillo fácil que se dieron desde la vuelta de la democracia. Ante los obstáculos que las familias de las víctimas encuentran por parte del Poder Judicial al momento de pretender esclarecer los hechos y de conseguir justicia, surge la movilización popular. Queda la pelea que se da por fuera de los Tribunales. Queda la calle. Por eso los familiares de Jonatan insisten en que no abandonarán esa pelea. Por eso están acompañados de familiares de víctimas de otros casos de gatillo fácil que se dieron en los últimos tiempos en Rosario. Por eso, también, están acompañados por organizaciones sociales, políticas, académicas, gremiales y de derechos humanos, que además del pedido de justicia resaltan la responsabilidad política en estos casos. Responsabilidad que luego del hecho se extiende hacia la complicidad de las distintas instituciones del Estado que abonan a la impunidad de cada caso.
Con este horizonte, estas organizaciones, reunidas en la Multisectorial contra la Violencia Institucional, realizaron una vigilia y un festival musical la noche anterior al inicio del juicio. De la misma manera, recibieron el día con una intervención teatral sobre la puerta principal de los Tribunales. Primos y hermanos de Jonatan recrearon al chico en distintas etapas de su vida: el que jugaba a la pelota con la remera de River, el que estudiaba, el que escuchaba reggaetón y música electrónica, el que rezaba y el que hacía ejercicios diariamente. Y también, ante la mirada de quienes en la obra representaban a los poderes del Estado. recrearon el momento del asesinato. Ese momento en el que decenas de agentes de la PAT y el Comando Radioeléctrico, luego de detener al presunto ladrón de una juguetería, abrieron una ráfaga de disparos contra Jonatan, que intentaba resguardarse detrás de un árbol en la puerta de su casa.
