Organizaciones sociales, políticas, gremiales, organismos de derechos humanos y otras instituciones, denunciaron la represión sufrida por allegados a Kevin Aguirre, durante el cortejo fúnebre del pasado 11 de febrero. Exigen que se investigue y se sancione el accionar policial, entendiendo que fue orquestado para amedrentar al testigo clave del hecho. Además, denuncian la complicidad policial con el negocio de las drogas.
Por Martín Stoianovich
A Kevin Aguirre lo asesinaron en barrio Ludueña el pasado jueves 9 de febrero por la noche. Después de discutir con otros pibes del barrio en la zona de Humberto Primo entre Felipe Moré y Formosa, cuando ya se iban del lugar en una moto, lo alcanzó un balazo de 9 milímetros que le entró por la espalda y lo dejó tendido en el suelo. Tenía 16 años, participaba de la Comunidad Sagrada Familia y del Club Social y Deportivo Edgardo Montaldo, dos espacios del barrio que buscan contener a la pibada en tiempos dónde ese horizonte es cada vez más lejano. El sábado 11, mientras se realizaba el cortejo fúnebre, los familiares y amigos de la víctima fueron reprimidos por la policía. De ese episodio se llevaron detenido y herido con un balazo de plomo a Micha, primo de Kevin y testigo clave del asesinato. La versión de la policía, defendida por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, dice que los jóvenes estaban disparando hacia arriba y que las fuerzas intervinieron para detener esa situación. Una extensa denuncia firmada por organizaciones sociales, políticas, gremiales y organismos de derechos humanos, contradice esta versión y apunta a un procedimiento orquestado para amedrentar y amenazar a la familia de la víctima, y principalmente al testigo del crimen.
“El sábado 11 de febrero por la mañana, familiares, amigos y allegados de Kevin, se dirigían a enterrar sus restos en el Cementerio Público La Piedad, cuando furon sorprendidos por una feroz represión policial: participaron miembros de la Policía de Acción Táctica, la Policía Comunitaria, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 12, resultando severamente heridos amigos, familiares y allegados a la familia de Kevin, así como integrantes de diferentes organizaciones que los acompañaban”. Así se expresa el comunicado firmado por las 38 organizaciones e instituciones que fue leído en una manifestación realizada en las puertas de los Tribunales Provinciales este viernes 24 de febrero. El acto fue la antesala a que se presentara la denuncia en la Fiscalía de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Carina Bartocci. Exigen que se investigue el hecho y se esclarezcan las responsabilidades ideológicas y materiales del hecho.
En la denuncia se acusa a la policía por su accionar, encuadrado en los delitos de torturas, apremios ilegales, tentativa de homicidio calificado, allanamiento de morada sin orden judicial, abuso de armas, lesiones, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Incluso, se detallan las numeraciones de al menos seis móviles policiales, que podrían facilitar de antemano la identificación de los agentes que participaron de la represión.
“Repudiamos enfáticamente el accionar de las fuerzas policiales y responsabilizamos políticamente al gobierno provincial, especialmente al Ministerio de Seguridad. Repudiamos las declaraciones del ministro Maximiliano Pullaro en los medios de comunicación en relación al caso justificando el accionar policial. Estos hechos se encuadran en la continuidad e intensificación de políticas de seguridad represivas que tienen como principales destinatarios a los jóvenes de sectores populares”, continúa el escrito. Además se denunció al MPA con críticas a su intervención, considerando que no se dieron respuestas en tiempo y forma. Las demandas también alcanzaron al ejecutivo provincial, para que garantice la protección, acompañamiento y asistencia de las víctimas y testigos del hecho. Es que en Ludueña por estos días todavía dura el temor a represalias y resuenan las amenazas sufridas por distintas personas.
La noche en la que mataron a Kevin, vecinos del barrio incendiaron la casa del presunto autor del crimen. Los rumores en el barrio dicen que ese lugar hacía las veces de depósito de drogas. Algo más que un búnker y una simple boca de expendio: se trataba de un depósito que funcionaba como distribuidor de sustancias para dealers de Ludueña y otros barrios de la ciudad. Y se dice, también, que un lugar así no puede permanecer en funcionamiento si no es con la connivencia de la policía. De esta forma, se vuelve a apuntar a la Comisaría 12. “Venimos denunciando que no es que el Estado no está, sino que la forma en la que se hace presente el Estado es así: controlando, matando, torturando a los pibes, defendiendo a los narcos. Es una cuestión política y estructural en la que está vinculada la policía”, dice Varón Fernández, militante del Bodegón Cultural Casa de Pocho, organización de Ludueña.
Por otra parte, sobre la causa por el asesinato de Kevin, hubo novedades luego de que el joven Alan Daniel L., de 20 años, apuntado desde un principio como el autor del hecho, se entregara a la justicia a comienzos de esta semana. El pasado 22 de febrero fue imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego, acusado de haber disparado en ocho ocasiones contra Kevin y de matarlo con un balazo en la espalda. El imputado, que el día del crimen hacía 8 días que había salido en libertad condicional luego de una condena a tres años por tentativa de robo y robo calificado, admitió el asesinato y dijo que tiró el arma al río. De esta forma quedó en prisión preventiva efectiva y se espera que la investigación avance a juicio. En la audiencia, el propio fiscal de la unidad de Homicidios, Pablo Pinto, reconoció que Alan L. tiene relación con familiares del “Diente” y de “Caracú”, reconocidos como narcotraficantes por la propia Fiscalía. Mientras tanto, las organizaciones que acompañaron a la familia de Kevin, además de pedir justicia por el crimen, exigen que se vaya en profundidad contra estas relaciones conocidas que, detrás del hecho puntual, esconden un entramado de complicidades que propician la distribución de drogas y de armas de fuego en Ludueña.
