Luego de un año de reuniones en el marco del Consejo Federal Minero, con asistencia de todas las provincias, miembros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y autoridades nacionales, se anunció el punto final a la redacción de un nuevo “Acuerdo Federal Minero”.
Fuente: Notas
Por: Pedro Galli
Luego de un año de reuniones en el marco del Consejo Federal Minero, con asistencia de todas las provincias, miembros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y autoridades nacionales, se anunció el punto final a la redacción de un nuevo “Acuerdo Federal Minero”.
El documento así consensuado será remitido al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales para su consideración final, de modo que pueda ser ulteriormente ratificado por el Congreso de la Nación en las sesiones que comienzan en marzo. En esos mismos días se llevará a cabo la principal convención de inversores mineros en Toronto, el encuentro de la “Asociación de desarrolladores y prospectores de Canadá” (PDAC).
La promoción de este nuevo acuerdo, donde no se reconocieron voces disonantes en torno a la actividad, forma parte del incesante esfuerzo del gobierno nacional por atraer más inversiones extranjeras al sector vinculado con la explotación de recursos naturales (beneficiados inicialmente por la quita de las retenciones). El texto viene a reemplazar el convenio anterior, firmado en 1993 bajo la administración de Carlos Menem, en el que las provincias establecieron algunos lineamientos para favorecer a las empresas nacionales e internacionales (principalmente beneficios de carácter impositivo).
¿Qué plantea el nuevo acuerdo?
Si bien el texto no ha sido divulgado, y según fuentes periodísticas sólo ha circulado entre miembros de la CAEM (“con la banda cruzada de confidencial”), se pueden ver algunos de sus puntos más importantes en declaraciones de los actores que participaron.
Según las diferentes fuentes que se hicieron eco de esta iniciativa, el acuerdo podría duplicar las inversiones (llegando en los próximos ocho años 25 mil millones de dólares). Para esto se propone asegurar la estabilidad impositiva a las empresas y buscar el “consenso de las comunidades locales y los gobiernos provinciales”.
La revista Panorama Minero sostiene al respecto que “Licencia social y Ley de glaciares son dos ejes fundamentales (…), ya que allí se fortalecen los argumentos de los grupos ambientalistas” y por los cuales ocho provincias actualmente no autorizan la megaminería metalífera en sus territorios (Chubut, Córdoba, Mendoza, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis y Tucumán). Son justamente estas legislaciones las que el gobierno busca “homogeneizar”. Es decir, que sean permisivas con la actividad como en el resto del país.
Conscientes de la dificultad que conlleva el avance de la actividad minera en cada lugar donde intenta instalarse, desde Panorama Minero sostienen que “la unidad es el medio que permitirá conquistar el desafío de aumentar los proyectos y posicionar al país entre los mejores destinos mineros”.
Otro artículo, en este caso publicado en el diario Clarín, sostiene que el nuevo texto plantea diferencias en cuanto a la distribución de la renta minera. Por ejemplo, el valor “boca mina” que antes era un monto fijo, pasaría a ser un porcentaje de la facturación. En segundo lugar, según detalla esa misma nota periodística se crearía un “fondo de desarrollo local” que implicaría un 1% de la facturación. Y, por último, se le daría mayor relevancia a la dimensión ambiental de la actividad, en pos de conseguir el consenso necesario.
Sin embargo, como trascendió luego de una información publicada por Infobae, el gobierno busca también flexibilizar la aplicación de la Ley de Glaciares, lo cual contradice lo dicho extraoficialmente sobre el nuevo acuerdo respecto a la protección ambiental. Bajo diferentes formas se busca exceptuar zonas hoy protegidas por su inclusión en el “inventario nacional de glaciares y ambiente periglacial”.
Frente a esta situación, asambleas ciudadanas que se oponen a la megaminería comenzaron a alzar nuevamente su voz de oposición. La recientemente surgida Red Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) repudió y exigió “la nulidad del Nuevo Acuerdo Federal Minero que se pretende impulsar desde el gobierno nacional con las provincias, donde se intenta una nueva estrategia para modificar y profundizar aún más el contexto legal, social y económico minero para facilitar el avance de la actividad”.
