La medida fue ejecutada por el gobierno provincial como establecía la Ley aprobada en 2014, cuya autoría era de la diputada Gutiérrez.
Fotos: Documenta Baigorria
[dropcap]El[/dropcap] gobierno de Santa Fe llevó a cabo la expropiación del inmueble conocido como la Quinta La Calamita, en Granadero Baigorria, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar en el cual, se estima, estuvieron detenidas más de un centenar de personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
El proyecto de Ley, presentado por la diputada provincial Alicia Gutiérrez, fue aprobado en 2014, luego dos intentos anteriores en los que había perdido estado parlamentario. “El objetivo de la medida es preservar para la memoria colectiva uno de los sitios donde se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado”, explicó la legisladora del Si. “Nos complace ver que, a diferencia del gobierno nacional y sus políticas negacionistas del genocidio, en Santa Fe el gobierno de la provincia ha hecho efectivo esta medida que va a trasformar un símbolo de la represión y la violencia estatal durante la dictadura en un lugar que cumplirá un rol social, educativo y cultural fundamental para que las próximas generaciones conozcan el pasado reciente”, aseguró.
La Calamita constituyó uno de los más importantes Centros Clandestinos de Detención de militantes sociales, políticos y sindicales que funcionó en el territorio de Santa Fe bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército. Como se desprende de los testimonios, documentos y pruebas recolectadas por la Justicia, se presume que por este lugar pasaron más de cien hombres y mujeres que fueron secuestrados, torturados y hoy se encuentran desaparecidos, como así también embarazadas cuyos bebés fueron apropiados. La mayoría de la casos de desparecidos en La Calamita están incluidos en la Causa Guerrieri III que se tramita actualmente en la Justicia Federal de Rosario.
La Ley de expropiación tiene como antecedentes las leyes 12.192, de 2003, y 12.462, de 2005, de los diputados Eduardo Di Pollina y Alfredo Cecchi respectivamente. En ambos casos, al no iniciarse el proceso durante el gobierno de Jorge Obeid dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente, que estipula un límite de dos años, se abandonó la expropiación.
Fuente: www.aliciagutierrez.com.ar
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