Se cumplen 13 años del asesinato de la meretriz Sandra Cabrera. Por estos días, en la misma zona de la Terminal donde ella trabajaba y donde la mataron, trabajadoras sexuales continúan denunciando malos tratos de la policía y complicidad de la fuerza con prostíbulos de la zona.
Por Martín Stoianovich
A Sandra Cabrera, trabajadora sexual y dirigente de Ammar, la asesinaron con un tiro en la nuca en la madrugada del 27 de enero de 2004. Tenía 33 años. Tres días antes había denunciado a la División de Moralidad Pública de la Policía de la provincia por coimear y detener a una compañera suya. Una larga lista de policías de distintas divisiones de la santafesina y la Federal figuran en el expediente judicial. Varios fueron removidos de sus cargos pero solo uno fue imputado, aunque al poco tiempo sobreseído. Si bien en los últimos días se conoció un giro que impide que la causa sea archivada, hace años quedó estancada y el crimen sigue impune. Trece años después esa impunidad marcó la cancha de la ciudad: no solo no hubo condena para el autor material del crimen, sino que además no se avanzó contra la red de complicidad policial con la venta de drogas y la explotación sexual que se desprendía de la investigación. Hoy, trabajadoras sexuales de la zona de la Terminal de Ómnibus donde asesinaron a Cabrera, continúan denunciando este entramado y dando cuenta de cómo la impunidad de aquel hecho abonó a la continuidad y crecimiento de aquellos delitos que la meretriz denunciaba.
A C., trabajadora sexual de 51 años de edad y varios en la zona de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, los vecinos le aconsejan que se cuide. En los últimos días, y a raíz de conflictos entre trabajadoras de la zona que tomaron trascendencia mediática por una violenta pelea, estuvo detenida dos veces en la Comisaría 7ma, que tiene jurisdicción en la misma zona en la que trabaja. En la segunda ocasión, en la cual además estuvo detenida junto a su hijo de 16 años, le iniciaron una causa por amenaza calificada. Ella asegura que esa causa fue armada sin motivo y que corresponde a un episodio más en una red de complicidad policial con locales nocturnos en los que, según C., hay venta de drogas.
“Los del bar de Castellanos le pagan a la policía para que nos metan en cana”, dice. De la misma forma, cuenta que en el interior del lugar le dan droga a las trabajadoras para que vendan en la calle. Está segura de lo que denuncia, y con nombre propio menciona a tres personas que supuestamente manejan el comercio de drogas en la zona. Y dice que son estas personas las que le pagaron a la policía de la Comisaría 7ma para que la detuvieran y le armaran una causa.
El último episodio se dio el pasado viernes 20 de enero. Según relata C., por temor a las consecuencias de la pelea del martes por la mañana, ese día fue a trabajar acompañada de su hijo, quien miraba los movimientos desde la plaza de Santa Fe y Castellanos. Como era de esperarse, se dio otra pelea en la calle y a los pocos minutos llegaron los móviles policiales. A C. y a su hijo se los llevaron a la Comisaría 7ma, donde estuvieron detenidos hasta la madrugada del sábado. “Me tiraron adentro de una chata y le pegaron a mi hijo”, relata. “Me manosearon los pechos para sacarme la plata que guardo, quedé seca, hasta la tarjeta del colectivo me robaron”.
No es la primera vez que atraviesa por una situación de este tipo. “No me callo más la boca, siempre tuve miedo de denunciar a la policía pero está vez no. Me llevaron injustamente y verduguearon a mi hijo delante de mis ojos. Sin motivos no me puedo comer una denuncia injusta”, dice. Sobre la causa por amenaza calificada que le iniciaron, insiste en que es un procedimiento armado: “Yo no soy tonta, tengo 30 años de calle como para darme cuenta cuando una causa es armada. Las causas las arma la policía cuando hay plata de por medio”.
El eterno punto en común
Esta trabajadora intenta dar a conocer un conflicto que así como tuvo un episodio televisado en los últimos días, también corresponde a un problema de larga data. Incluso del expediente por el asesinato de Sandra Cabrera se mencionan conflictos entre trabajadoras sexuales que por aquellos años trabajaban en locales que funcionaban como prostíbulos, y otras que andaban en la calle. Era una cuestión de competencia, que terminaba cuando alguna división policial, generalmente Moralidad Pública, intervenía deteniendo y corriendo a las trabajadoras que estaban en la calle. Las mismas denunciaban no solo que Moralidad recibía coimas de los bares, sino que además les cobraba a las propias trabajadoras en la calle para que puedan permanecer. Así se sostenía un conflicto del cual Moralidad Pública participaba como un eslabón clave en un tejido que también abarcaba otras divisiones de la fuerza provincial, y de la Federal. Tan expuesta quedó Moralidad, que apenas dos días después del crimen de Cabrera el gobierno Provincial anunció la disolución de la división.
La zona de la Terminal es un histórico escenario de la explotación sexual, del proxenetismo y de la circulación de drogas por un camino en el que cada negocio parece unirse en el punto en común de la policía como parte fundamental del engranaje. La Comisaría 7ma, la misma que una trabajadora sexual denuncia en el 2017 por armado de causa, quedó envuelta en una red de explotación sexual infantil que se dio a conocer en el año 2002 con una denuncia del periodista Carlos del Frade. Se exponía, con una escucha telefónica legal como evidencia, que desde la Comisaría 7ma no solo conocían casos de prostitución infantil, sino que además la garantizaban otorgando a las menores certificados falsos de extravío de documentos para ocultar la minoría de edad.
Las más de diez denuncias que Cabrera hizo entre 1999 y 2004, dejaron expuesto el entramado de complicidad de la policía con distintos negocios. Incluso ella misma formaba parte como informante de un policía Federal y a la vez como último eslabón en la venta de drogas. Las consecuencias de esas denuncias fueron para Moralidad Pública, llevando primero al desplazamiento en 2003 de Javier Pinatti y Walter Miranda, jefe y subjefe respectivamente, y luego del crimen de Cabrera a la disolución de la fuerza. Por el crimen, hubo puntos de la investigación que quedaron truncos. Diego Parvluczyk, entonces subjefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal, fue el único imputado como sospechoso de haber matado a Cabrera, quien era su informante pero con quien además compartía relación de amantes. A través de esa relación se desprendían contactos con otros agentes de Drogas Peligrosas y ex policías de la Federal. Como es el caso de la parrilla El Puente, a la cual iban a comer Cabrera y Parvluczik, y en la cual en el año 2007, su dueño, ex cabo Federal, cayó preso por venta de droga con complicidad policial.
Cuenta Macarena Cabrera, hija de Sandra, que tenía 8 años cuando mataron a su madre y que cuando al crecer y entrar en curiosidad con el hecho, su abuelo materno, también antiguo informante de la Federal, le confesó que al momento de su imputación el propio Parvluczyk amenazó con develar los pormenores que se escondían detrás del crimen. Las principales testigos del asesinato, y de todo el entramado que lo seguía, fueron las compañeras de Sandra. Pero sus testimonios no fueron tenidos en cuenta, e incluso las testigos más importantes no fueron a fondo en sus declaraciones por no contar con la protección necesaria. Seguían trabajando en la calle, y el temor a la policía lógicamente se había intensificado. Coincidencias o no, pero lo concreto es que luego de que el abogado Carlos Varela, representante de Parvluczik, pidiera la recusación por imparcialidad para el juez de la causa, Carlos Carbone, y se designara al juez de Instrucción Nº 10 Alfredo Ivaldi Artacho, el único imputado del caso quedó sobreseído por falta de pruebas.
Fiscales, abogados y compañeras de Cabrera hablan de “un pacto de silencio” que se acopló al desamparo y desprotección que sufrían las compañeras de la víctima que podrían haber brindado puntos clave para la causa. El único imputado y sospechoso de haber gatillado en la nuca de Cabrera fue sobreseído, y sobre el resto de policías que aparece en el expediente no recayó una investigación certera. Todo apuntó a Parvluczik, y el sobreseimiento llegó como un punto final a la búsqueda de justicia. Asimismo, en los últimos días se dio a conocer que el Ministerio Público Fiscal, en el marco del Sistema de Conclusión de Causas, solicitó continuar con la investigación del crimen, argumentando la trascendencia e impactó social del hecho.
