Dos personas fallecidas después de ir a una fiesta de año nuevo. La re victimización, el consumo de drogas sintéticas, la ambición empresaria, las complicidades o negligencias políticas y el narcotráfico que asoma de fondo: los ejes de un debate ya instalado. Opinan el diputado provincial, Carlos del Frade y el presidente de Arec, Pablo Ascolani.
Por Martín Stoianovich
En la noche del año nuevo miles de jóvenes eligieron recibir el 2017 en la fiesta electrónica organizada por la productora LiveArt en el complejo Punta Stage de Arroyo Seco. La actuación del DJ internacional Sasha fue el punto de atracción para un mega evento que agotó las entradas anticipadas dos días antes de su realización. La propaganda de la fiesta y el valor de las entradas -desde 400 pesos- contrastó con lo ofrecido a los asistentes: hacinamiento, calor sofocante, difícil acceso al agua, entre otras dificultades que impidieron pasar la noche ideal. Algo usual en este tipo de fiestas organizadas en Argentina para emular eventos similares en otros lugares del mundo. Algo de lo que no se estaría hablando si no fuera por la muerte de Giuliana Maldovan y Lucas Liveratore, de 20 y 34 años respectivamente, quienes murieron horas después de asistir a la fiesta. La experiencia del festival Time Warp, realizado en el complejo Costa Salguero de Buenos Aires en abril de 2016, en el que murieron cinco chicos de entre 20 y 25 años por consumo de éxtasis, permitió que de antemano se relacionara las muertes de Arroyo Seco con la misma causa. Detrás de la mediática puesta en escena que provocó este hecho, con debates que van desde la re victimización de dos jóvenes que perdieron su vida a la estigmatización al consumidor, se asoman otras voces que apuntan a los organizadores, al gobierno local, y la deliberada venta de drogas en un escenario en el que abundan las luces pero se ve, o se quiere ver, muy poco.
Giuliana Maldovan se descompuso durante el evento y fue asistida por médicos del Sies que la trasladaron a un hospital de la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Su estado no mejoró y fue llevada al hospital Provincial de Rosario, donde la internaron en terapia intensiva y donde falleció pasada las siete de la tarde del domingo. Según indicó Susana Soplán, médica forense del Instituto Médico Legal, la muerte de la chica se produjo por una “hemorragia de todo el organismo” que ninguna intervención pudo frenar. José Luis Murina, el médico que la atendió primero, indicó que la joven estaba deshidratada y además “presentaba un cuadro de excitación psicomotriz”. Estas descripciones sirvieron para que los medios de comunicación titularan de antemano que la chica había consumido éxtasis, una droga sintética frecuente en este tipo de fiestas electrónicas. Sin embargo el fiscal de la unidad de Homicidios Culposos, Walter Jurado, que investiga el hecho, prefirió no dar certezas sobre la causa de la muerte al menos hasta que estén los resultados de las pericias toxicológicas que terminarán por confirmar si la joven consumió alguna sustancia.
Lucas Liveratore volvió de la fiesta junto a cuatro amigos y fue hallado sin vida en su casa de la ciudad de San Nicolás en la tarde del domingo. Según el fiscal nicoleño Patricio Mugica Díaz, a través de las primeras líneas de investigación se pudo conocer que Lucas efectivamente había consumido éxtasis. Y, aunque también prefirió esperar el resultado de las pericias toxicológicas para confirmar si la muerte se dio por dicho consumo, adelantó que el joven murió cerca de las ocho de la mañana del domingo por un paro cardiorrespiratorio provocado por una “falla en la bomba cardíaca” y que presentaba un cuadro de deshidratación.
A raíz de estos hechos y con el fin de avanzar en la investigación por la muerte de Maldovan, la Policía de Investigaciones de Rosario realizó una inspección en el complejo Punta Stage, donde se concretaron pericias fotográficas, planimetrías y levantamiento de rastros. Como resultado se secuestraron tres pastillas halladas en el suelo, que fueron a parar a un laboratorio para su análisis pero que por sus formas y colores se cree que efectivamente se trata de éxtasis. Hasta el momento, según indicaron voceros de la Fiscalía de Rosario, en forma separada se hicieron presentes abogados en representación de los dueños del local y de la productora LiveArt, se tomaron declaraciones a una amiga de Giuliana y al médico Murina.
Al hallazgo de las pastillas en Punta Stage se sumaron a algunos testimonios recolectados por el fiscal de San Nicolás, que aseguraron que en plena fiesta hubo venta de drogas. Así, dichos avances llevarán a que se abra un expediente en el fuero Federal por hallarse en las investigaciones de Rosario y San Nicolás distintas líneas que conducen a la venta y consumo de drogas ilegales durante el evento. Por lo pronto, el fiscal Federal Mario Gambacorta actuó de oficio, dispuso a la Policía Federal para intervenir en la causa, solicitó el allanamiento a la Municipalidad de Arroyo Seco, al boliche en cuestión y junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad ordenó a la división Antidrogas que también se allanen cinco propiedades relacionadas a Alan Van Broock, sindicado como responsable de LiveArt y organizador de la fiesta.
Enfocar la mira
Incluso desde antes de conocerse la muerte de estas dos personas, cientos de asistentes a la fiesta comenzaron a manifestar en las redes el disgusto a la productora LiveArt por las malas condiciones del evento. Uno de ellos, Emanuel, en diálogo con enREDando, contó que llegó al lugar junto a sus amigos cerca de las tres de la mañana, y que para entonces cientos de personas se acumulaban en la puerta de Punta Stage, que permanecía cerrada. Así, tal como contó, estuvieron media hora hasta que pudieron entrar a los empujones sin pasar por un control: “Ni nos pidieron entrada, yo nunca la saqué del bolsillo, así que imaginate las cosas que se pudieron haber pasado”. “Una vez que entramos fuimos a la barra donde también había gente acumulada y no atendían porque no había bebidas. Esperamos veinte minutos y cuando empezaron a vender estaba todo natural. Eso duró media hora porque cuando volvimos no había más”, explicó el joven que además contó que había un evidente exceso de personas en el lugar. Así, los testimonios continúan abonando a la hipótesis de que en el boliche se había superado ampliamente la capacidad máxima de asistentes que es de 4.500 personas.
Estas descripciones suelen repetirse entre las personas que frecuentan este tipo de eventos. Los conocedores en el tema aseguran que es sabido que en las fiestas electrónicas se consume éxtasis y que dicha droga genera deshidratación y por eso se requiere de constante consumo de agua para evitar complicaciones en la salud. Por este motivo, sumado al excesivo calor de la noche del 1 de enero, se supone que en Punta Stage había tanta demanda de agua. Por su parte, con un fino límite entre la negligencia y la especulación que deberá investigarse, la oferta de agua era escasa y cara: las botellas de medio litro valían 50 pesos. Estos malestares son moneda corriente en muchas de las fiestas electrónicas organizadas en la ciudad, pero que suelen pasarse por alto cuando la verdadera atracción pasa por la música ofrecida por DJ reconocidos mundialmente, como en este caso el destacado británico Sasha.
Finalmente, la muerte de Giuliana y Lucas le quitó el velo a un secreto a voces: las fiestas electrónicas son un escenario privilegiado para la venta de drogas sintéticas. Así como los barrios populares de la ciudad son los escenarios privilegiados para el comercio de cocaína, marihuana y psicofármacos. Este aspecto, que se constituye en un entramado ilegal, obliga a enfocar el eje de la discusión en una problemática que excede a las fiestas electrónicas y al consumo personal de drogas. Se trata de la venta de drogas, por ende del narcotráfico, y sus múltiples estrategias para desplegarse con éxito en todas las clases sociales.
Hacía este aspecto apuntó el periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade. “El narcotráfico es un negocio paraestatal y multinacional, que llega a todos los sectores sociales pero se nota mucho más cuando la vida que se traga es una vida de clase media como estos dos casos”, explicó en contacto con enREDando. En este sentido, apuntó a la necesidad de tratar seriamente el hecho, de quitar la mira puesta en los individuos y consumidores, y por el contrario enfocarla a las verdaderas responsabilidades que llevaron a estas muertes. “No son problemas individuales, sino negocios del sistema. Fuimos educados a ser consumidores de lo que sea. El problema está en los gobiernos nacional, provincial y municipal, que saben que en las fiestas electrónicas hay vía libre para la venta de drogas”, agregó.
También fue sobre el rol del Poder Judicial: “Debería investigar al encargado del negocio de fomentar e impulsar esas fiestas electrónicas, que se sabe que son lugares que funcionan como zonas liberadas de venta de drogas sintéticas, su relación política-empresarial con el municipio. Y si eso no es solo apología del delito sino complicidad política en la gran caja que genera esa venta de estupefaciente en las fiestas electrónicas”. En esa sintonía fueron, en un principio, los recientes allanamientos relacionados a Van Broock, quien podría quedar implicado en una causa por facilitar un espacio para la venta de drogas ilegales. Para del Frade, es necesaria una investigación seria que no se limite a la clausura del boliche, a la re-victimización de las personas fallecidas y al cuestionamiento a los padres. “Es una gran hipocresía. Lo que queda claro es que los que ganan son los que venden, que a mi entender lo hacen con el auspicio institucional de nichos corruptos de gobiernos nacional, municipal y provincial”, insistió.
Así, la opinión del diputado chocó de frente con la del gobernador Miguel Lifschitz, quien en diálogo con medios de comunicación fue contra las fiestas electrónicas, acusándolas de “lucrar con la salud de las personas” y aconsejó a las familias a hablar sobre el consumo de drogas, pero no dijo nada sobre el narcotráfico que se asoma como problema de fondo. Otro funcionario implicado que prestó declaraciones es el intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, que en con una mirada similar a la de Lifschitz apuntó contra los organizadores y dueños del boliche, excusándose de que el municipio no sabía que se trataba de una fiesta electrónica –prohibidas por ordenanza local- y que el evento fue “organizado por detrás”.
Otra arista que profundizó este hecho es el debate sobre las drogas sintéticas que ya ocupó a la opinión pública luego de casos como el de Costa Salguero. En este marco dio su parecer Pablo Ascolani, presidente de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC), organización que promueve la legalización de las drogas y la necesidad de informar y concientizar para un uso y consumo responsable. Para Ascolani las muertes de Giuliana y Lucas podrían haberse evitado en caso de que las condiciones del lugar hubieran sido aptas para que la fiesta se desarrollara con normalidad. “La responsabilidad es de los empresarios, por generar un ámbito de abandono de persona donde no había agua, había un hacinamiento impresionante, sin ventilación. La responsabilidad es de los inspectores que eran responsables de que no se diera esta situación, y lo homicida es la ausencia del rol del Estado como controlador de la actividad privada de empresario con ambición desmedida”, indicó y agregó: “Hay que correr el eje de la sustancia específicamente, porque en el mundo se consume masivamente éxtasis en festivales y no mueren personas porque se toman en cuenta estos tipos de recaudos”.
“Que se entienda que el consumo de éxtasis no implica irremediablemente un riesgo de muerte, esto es una falacia. Es una droga que si bien es tóxica tiene un margen de seguridad suficiente para que no se produzca ninguna muerte, como ocurre en festivales en otros lugares”, analizó haciendo referencia a eventos en donde hay médicos, puestos que realizan test de pastillas, dispensarios de agua y otras medidas que buscan promover la seguridad del consumidor. Sobre este punto recordó el proyecto de ordenanza tratado en el 2016 y aprobado por el Concejo Municipal, pero finalmente negado por el Ejecutivo local, que buscaba realizar en principio pruebas pilotos con test in situ de pastillas en fiestas electrónicas. “Es una manera de morigerar riesgos y daños pero las fuerzas políticas borraron con el codo lo que habían escrito con la mano”, analizó Ascolani.
Sobre este punto, que con el proyecto de ordenanza acercó por primera vez un debate sobre drogas con perspectiva de reducción de daños, del Frade también brindó su punto de vista. En su análisis, destaca que no se puede aplicar medidas de reducción de daños en una ciudad donde el consumo y tenencia de drogas es ilegal y donde el acceso a distintas sustancias se da también por vías ilegales relacionadas al narcotráfico. “Se le pone asistencia sanitaria al narco, se le da legalización y cobertura, y el daño se lo reducís al narco y no a los pibes. Una cosa es que se legalicen las drogas y esa es otra discusión, pero mientras siga siendo un delito, lo que se hace con esta medida es legalizar e institucionalizar la venta de droga privada”, analizó. En el mismo sentido marcó una notable diferencia respecto de la mirada que el Estado pone en relación al consumo de drogas: “La llamada reducción de daños nunca está presente en el consumo de cocaína o marihuana de mala calidad que se consume en los barrios. Ahí se ve la diferencia de clases”.
