Un enorme retroceso se consumó para las trabajadoras y trabajadores de prensa y la comunicación. El último día hábil de 2016 y través del decreto 1340/16 firmado por Mauricio Macri se materializó un hecho económico/comunicacional inédito en la Argentina: se derribaron las barreras regulatorias y técnicas entre los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones, con la pretensión política de restaurar –bajo un nuevo escenario- el estado previo al debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por Colectivo de Trabajadores de Prensa, para Anred
Semejante movimiento se hizo sin dictar una sola norma de protección al empleo y a las condiciones de trabajo de nuestro gremio.
Otra vez el gobierno utilizó un decreto para establecer (o expresar reglas establecidas por el capital concentrado) un nuevo mapa de las comunicaciones intentando conformar a los principales actores del mercado (Clarín y Telefónica). Fue presentado como un decreto «regulatorio» de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.077 (Argentina Digital) cuando, en verdad, supone el despojo de los últimos vestigios que quedaban presentes de aquellas normas, a contramano del sentido republicano que pregona el gobierno.
El nuevo decreto está a tono con los preceptos políticos dogmáticos que expresó el gobierno: «No existe concentración en la industria de medios» (Miguel de Godoy); «La mejor ley de medios es la que no existe» (Oscar Aguad); o «Se terminó la guerra contra el periodismo» (Marcos Peña). Si no existe concentración, nada impide abrir más las reglas regulatorias a los principales operadores del mercado. Y así ocurrió.
La norma allanó el camino para que el Grupo Clarín pueda brindar telefonía móvil en 4G (al que ingresó comprando partes no autorizadas del espectro) y le garantizó el uso por cuatro años de la red que tienen las empresas que ya ofrecen la conexión móvil. También lo autoriza a usar las antenas para el roamming entre compañías y, de esa forma, lograr alcance nacional hasta tanto tenga propias. A la vez, el decreto autoriza a que las telefónicas brinden televisión por cable y compitan con Cablevisión (Clarín) y Telecentro (Alberto Pierri), a partir del primero de enero de 2018, en Buenos Aires y Rosario. La norma también permite que DirecTV siga prestando servicios de internet, cuyo permiso vencía con el final del año.
El único esfuerzo regulatorio que mostró el gobierno –por encima de la mano invisible del mercado- fue el intento de quedar bien, al mismo tiempo, con Clarín y Telefónica, un equilibrio imposible ya que, a esta altura del desarrollo del mercado, sólo les quedan intereses contradictorios.
Al mismo tiempo, en silencio, el gobierno suspendió el reordenamiento de frecuencias que la administración anterior había dispuesto sobre la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA). Todos los canales de aire tradicionales, que se encuentran emitiendo en forma experimental en la TDA, debían «mudarse» a nuevas frecuencias para habilitar espacios en el espectro a nuevos actores de la comunicación que debían llegar mediante concursos públicos. Nada de esto sucedió. El gobierno cedió ante la presión de la poderosa cámara empresarial Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) y consolidó una «nueva» grilla de TV que dejó a todos los lugares de aire allí donde ya estaban.
Esa concesión fue vestida bajo la novedad de la creación de una frecuencia (la 32) en donde serán reubicados los cuatro canales comunitarios (Urbana TV, Barricada TV, Pares TV y la Cooperativa Castelucci) que habían ganado concursos durante la gestión anterior y que no habían tenido pantalla real, en buena medida porque la gestión kirchnerista no promovió del cumplimiento integral de la LSCA.
Mientras se prepara una ley de «comunicaciones convergentes», se ha prefigurado un nuevo esquema regulatorio en el que habrá menos y más poderosos actores. Las trabajadoras y trabajadores de prensa ya conocemos el despliegue de estas políticas y el costo que tuvo en relación con el empleo, los salarios y los contenidos. Lejos de una lluvia de inversiones que genere más empleo, la gran cantidad de decretos con la cual el macrismo gobierna no hace más que concentrar el ya de por sí oligopólico mundo de las telecomunicaciones.
Desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP), como siempre, seguimos peleando por la tutela del derecho a la comunicación de nuestro pueblo, que necesita un Estado al servicio de la diversidad de expresiones y como promotor del trabajo y no como un mero escriba del capital concentrado. En esa pelea, el SiPreBA debe cumplir un rol central junto a todos los sindicatos, medios alternativos, cooperativas y organizaciones que luchen por los derechos de las y los trabajadores involucrados y por una comunicación al servicio del pueblo.
