Trabajadores del Centro Preventivo Local de Adicciones “Juntos a la Par” continúan sin tener ninguna respuesta de las autoridades del Sedronar. A fin de diciembre finalizan los contratos vigentes y crece la incertidumbre y la preocupación frente a un cierre definitivo: exigen la continuidad de un espacio fundamental para el barrio Toba e Industrial de Rosario donde asisten alrededor de 60 jóvenes, además de mantener las fuentes laborales. Este jueves realizaran un festival en las puertas del lugar, en Juan José Paso y Travesía.
Por María Cruz Ciarniello
[dropcap]L[/dropcap]a incertidumbre, una vez más. Parece ser costumbre para el gobierno nacional dejar a la deriva a trabajadores que desempeñan funciones primordiales en instituciones públicas enclavadas en los barrios populares, en este caso, en Rosario.
Ocurrió a comienzo de año con el Centro de Acceso a la Justicia ubicado en Villa Moreno. El procedimiento parece calcado: sin definiciones certeras por parte de las autoridades, la agonía de no saber qué futuro laboral tendrán los empleados y el dolor de visualizar un posible cierre de espacios esenciales en los territorios donde cientos de vecinxs y jóvenes concurren diariamente.
La política de vaciamiento de organismos que dependen del Estado nacional ha sido una constante durante el primer año de la gestión de Cambiemos. Basta con recorrer los miles de despidos en el sector público y el recorte presupuestario en áreas sensibles como Ciencia, Educación y Derechos Humanos para entender cuál es la dinámica: achicar el Estado y dejar sin respuestas y sin contención a los sectores más vulnerables de la sociedad. El neoliberalismo se trata de esto, básicamente.
En esta oportunidad, la denuncia la realizan nueve trabajadores que desempeñan tareas en el Centro Preventivo Local de Adicciones “Juntos a la Par”, ubicado en el Barrio Toba e Industrial de Rosario, Travesía y Juan José Paso, en la zona norte de Rosario. La institución depende del Sedronar y se trata de un dispositivo territorial creado durante la gestión de Juan Carlos Molina en el año 2014, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N 26.657 y la ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Uno de los objetivos es abordar la problemática de las adicciones en los barrios mediante la restitución de derechos fundamentales y a través de diversas actividades (culturales, recreativas, deportivas, educativas y de formación laboral).
Los CePLA son, en muchos casos, el único acercamiento que jóvenes entre 14 y 25 años tienen con el Estado, desde un vínculo de inclusión y contención y por fuera de la lógica represiva que impera en los barrios, a través de las fuerzas de seguridad. Sebastián Butticé es uno de los 9 empleados que en este fin de diciembre, teme por el posible cierre del dispositivo, el único que en el horario de 16 a 21 horas está abierto para que alrededor de 60 pibes asistan a diferentes talleres que dicta la institución.
“Actualmente el dispositivo tiene 9 trabajadores, 3 son de salud, y el resto del Sedronar. El CePLA trabaja a través de distintos talleres, deportes, cultura y formación, otra pata de trabajo es territorial, donde se generó un vínculo entre instituciones y el barrio, y una tercera pata, que es la que trabaja más lo terapéutico, haciendo articulaciones con otras instituciones como centros de salud y escuelas”, explica Sebastián al ser consultado por enREDando. El temor es que este dispositivo deje de funcionar tal como está a fines de diciembre y que los jóvenes del barrio Toba e Industrial se queden sin un espacio de inclusión fundamental.
Las palabras de Butticé, que coinciden con la de sus compañeros, son de angustia. No solo por la incertidumbre laboral que -sostiene- “está en su segundo plano”, sino por el futuro de los chicos que encuentran en el CePLA, al menos, un lugar para delinear otros caminos, otros diálogos, otros sueños.
“A principios de diciembre nos dicen que los tres trabajadores que dependen del Ministerio de Salud van a estar asignados a otra instituciones que no va a ser el Cepla. Con lo cual quedaríamos 6 personas en esta institución, y de alguna manera dejaría de funcionar como tal. En esta teleconferencia que tuvimos con autoridades se pregunta qué va a suceder con la institución, supuestamente los 6 trabajadores pasaríamos a otra área, pero no hay oficialmente nada comunicado y no hay ninguna precisión, lo cual creemos que la intención de la Sedronar es cerrar este dispositivo. Este es un espacio para los jóvenes, si cierra no van a tener otro lugar, además de perder los puestos de trabajo, pero eso esta en un segundo plano, estos jóvenes que tienen una relación con el Estado que en general suele ser con el aparato policial y represivo, pueden perder este espacio que funciona entre las 16 y 21 horas, y no hay en el barrio otro lugar así”.
A través de un comunicado dieron cuenta de esta grave situación que llegó, incluso, hasta el Concejo Municipal de Rosario, donde, a través del Concejal Eduardo Toniolli, se realizó un pedido de informes al Sedronar y la exigencia de que se mantenga abierta dicha institución o, en su defecto, sea reemplazada por otra en el mismo barrio. Hasta el momento, aseguran los trabajadores, no hay ningún tipo de definición y es por eso que este jueves a las 17 horas llevaran adelante un festival en las puertas del CEPLA. “Desde septiembre de 2014 se viene sosteniendo este trabajo con muchas dificultades: falta de recursos para las actividades, precarización laboral y dificultades propias del trabajo en los barrios de nuestra ciudad, entre otras cosas. Pero lo nunca faltó en estos años es la ética y el compromiso de los trabajadores, y por sobre todo, la participación de los adolescentes y jóvenes de estos barrios que se han referenciado fuertemente con el CePLA”, anunciaron en el comunicado.
Lo único cierto es que faltan menos de 10 días para que finalice el año y con él, el contrato vigente de 6 trabajadores de la institución. Y que si no hay certezas en estos días sobre la continuidad laboral, la institución indefectiblemente deberá cerrar sus puertas. “Esta dolorosa noticia se presenta en un contexto muy complejo y difícil en la ciudad de Rosario: la realidad de los adolescentes y jóvenes de los barrios de nuestra ciudad, la situación crítica en la que se encuentra actualmente el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (dispositivos del 1 nivel y Dirección Provincial de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia) y la necesidad de políticas específicas y nuevas instituciones para el abordaje del consumo problemático de sustancias”.
El posible cierre de “Juntos a la Par” se suma al vaciamiento de lo que fue la Casa Educativa Terapéutica de Granadero Baigorria, pionera en su tipo, con el despido de 20 trabajadores, y se realiza en el marco de un brutal ajuste implementado por el gobierno nacional.
“Está cerrando un lugar para los pibes que casi siempre son estigmatizados. Acá se trabaja en lo preventivo, básicamente se trata de que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida alternativo”, refiere con suma preocupación Sebastián Butticé.
